La Conferencia Sectorial de Empleo acuerda la distribución territorial entre las comunidades autónomas de los fondos procedentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social junto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La asignación al Servicio Canario de Empleo a cargo del presupuesto ministerial crece en once millones con respecto a 2022
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó este viernes la dotación presupuestaria de 171.112.063 euros a Canarias para políticas activas durante 2023 en el marco de la distribución territorial para la gestión autonómica de fondos procedentes tanto del Ministerio de Trabajo y Economía Social como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe total de 2.803.847.030 euros.
En concreto, el organismo de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas destinó este viernes a las islas un total de 157.279.193 euros a cargo del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), once millones más que el pasado año, y 13.832.870 euros a cuenta del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), principal herramienta para canalizar los fondos destinados por la Unión Europea frente a los daños provocados por la pandemia de covid-19 a través del instrumento Next Generation EU.
Con participación telemática de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, la Conferencia Sectorial de Empleo también acordó, por primera vez, la concesión presupuestaria con carácter excepcional de 521.419 euros a Canarias para financiar el próximo desarrollo de diversas acciones de prevención de riesgos laborales, entre otros asuntos del orden del día.
Además, la actual asignación de la conferencia sectorial a la administración autonómica se sumó a las anteriores aportaciones para políticas activas con cargo a los fondos estatales como el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), por importe de 45 millones, o la segunda edición del plan específico para La Palma tras la erupción volcánica, por valor de 30 millones, hasta rozarse los 250 millones en materia laboral durante 2023 para el archipiélago.
