El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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Contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021

CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT intervendrán en una mesa redonda sobre la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público, moderada por la catedrática del Derecho del Trabajo de la ULL Margarita Ramos

Organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, puede seguirse tanto de forma presencial como a través streaming

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, ha organizado, en colaboración con la empresa LA LEY Formación, una jornada que, bajo el título ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público, y, en especial, el Decreto 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El plazo de inscripción, tanto para asistir de forma presencial, con un aforo limitado a 200 personas, como vía streaming, ya está abierto.

La jornada, que tendrá lugar el viernes 22 de abril, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, será inaugurada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, y contará con la presencia, entre otros, de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, quien disertará sobre los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Autora del Manual de Derecho del Empleo Público, editado en 2021 en Valencia, Remedios Roqueta ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo (2008-2017) y magistrada suplente de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (2008-2014).

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Canaria (IC), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

Esta iniciativa, según la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, forma parte de los encuentros, reuniones y jornadas organizadas por este centro directivo con el objetivo de “fomentar la formación permanente, la reflexión y el debate sobre temas de interés para la administración”.

A su juicio, la situación de la temporalidad necesita de un análisis y reflexión conjunta de la Ley 20/2021 (y del Real Decreto-ley 14/2021), pues “su aplicación es compleja, porque tiene muchas aristas, y es vital que se haga con garantías”. De ahí que el propósito de estas jornadas sea “contribuir a despejar dudas y avanzar en los criterios que van a trasladarse a los procesos de estabilización”.

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Estas plazas se sumarían a los casi 500 funcionarios ya nombrados y a los 245 que lo serán este año fruto de procesos de selección que se están desarrollando

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad aboga por acelerar la convocatoria y los procedimientos de selección ordinarios, y simplificar y agilizar la selección del personal interino

Julio Pérez defiende la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta para alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación a quienes la padecen

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha anunciado este martes que, con los nuevos procesos selectivos ordinarios que se van a llevar a cabo en los próximos meses, correspondientes a las OEP de 2019, 2020 y 2021, se van a convocar más de mil plazas de personal funcionario.

Además, según ha explicado, desde el inicio de la presente legislatura se han incorporado casi 500 nuevos funcionarios a la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que hay que sumar 245 más que van a ser nombrados este año, fruto de los procesos de selección que se están desarrollando.

Julio Pérez ha señalado, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento de Canarias, que una de las líneas esenciales que integran la política de su departamento, para mejorar las administraciones públicas y la selección de personal, es la aceleración de las convocatorias y la celebración de los procesos selectivos ordinarios, con el fin de que no haya demora y que la duración de estos se acorte.

“El medio normal de acceso de empleadas y empleados públicos -ha remarcado- no puede ser la interinidad o la temporalidad, deber ser el procedimiento general y ordinario de incorporación de nuestro personal, y no convertir la temporalidad en lo habitual”. En este sentido, ha indicado que “nuestro objetivo es que los procesos selectivos -oposiciones y concursos- se celebren regularmente y su duración sea la estrictamente necesaria”.

A su juicio, otras líneas esenciales para transformar las administraciones públicas en un instrumento útil, eficaz, motivado, estable y al servicio de la ciudadanía son simplificar y agilizar el procedimiento de selección de personal interino y eliminar la temporalidad abusiva y fraudulenta.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha defendido la necesidad de eliminar la temporalidad abusiva, alcanzar la estabilidad del personal y liberar de esta situación abusiva a quienes la padecen. Para ello, ha abogado por hacerlo mediante los procedimientos establecidos por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y a través de las competencias autonómicas, con la debida participación sindical.

Julio Pérez ha valorado también la creación de las listas de empleo complementarias a las vigentes, para el nombramiento del personal funcionario interino al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, de sus organismos autónomos y entidades, a las que se han inscrito 47.625 personas.

Ha calificado como positiva la idea de crear dichas listas, no solo por el número de personas, sino también por el procedimiento seguido, y porque es la primera vez que se forman listas para el empleo de interinos sin partir de procesos anteriores.

“No se entiende la función de estas listas si no se perciben como una pieza más de un conjunto de actuaciones que, en materia de personal, constituyen, en conjunto, una parte esencial de nuestra política de mejora de las administraciones públicas y de la selección personal”, ha subrayado Julio Pérez.

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El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública aprueba una comisión de trabajo para crear un registro de docentes y actualiza las retribuciones de las personas que imparten los cursos

El programa consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas

Julio Pérez considera la formación continua como “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía

El consejo de administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado este lunes el Plan de Formación 2022, que incluye, entre otras materias, actividades dirigidas a formar al personal público para implementar la Dirección por Objetivos y la evaluación de las políticas públicas, así como impulsar los instrumentos de participación ciudadana en el marco del Gobierno Abierto. Según ha manifestado Julio Pérez, la formación continua constituye “una herramienta imprescindible” para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación y de mejora de la calidad de los servicios a la ciudadanía.

El Plan recoge también acciones dirigidas a ampliar el conocimiento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, incrementar la capacitación del personal en competencias digitales para la transformación digital de la administración, promover el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación, como valor a compartir en el ámbito público, y promover la formación del personal en habilidades directivas.

Además, ofrece actividades formativas sobre novedades legislativas, aumenta los contenidos de autoformación, incrementa la oferta de idiomas (inglés, francés y alemán) e introduce un nuevo nivel en el aprendizaje de la lengua de signos española.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado que el objetivo principal de este programa formativo es satisfacer las necesidades formativas prioritarias para el desarrollo de las competencias profesionales del personal empleado público y su carrera profesional, así como proporcionar herramientas para afrontar los nuevos retos derivados de un contexto de transformación sin precedentes.

“Su finalidad es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales del personal al servicio de la Administración Pública y que repercuta en una gestión eficiente y de calidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía”, ha remarcado Pérez.

Junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, forman parte del consejo de administración del ICAP, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, como vicepresidente, y la directora del Instituto, como secretaria. En calidad de vocales, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, la secretaria general técnica, las directoras generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de la Función Pública, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, dos representantes de la Fecai y uno de la Fecam, un representante por cada una de las universidades públicas canarias y tres personas en representación de las organizaciones sindicales, en este caso IC, Sepca y CCOO, aunque también estaban invitados CSIF y UGT.

Ejecución del Plan

El programa formativo, que se ejecutará entre abril y diciembre de 2022, está dirigido al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el archipiélago.

Con un presupuesto de 806.864,90 euros, consta de 270 ediciones, con 6.285 horas lectivas y 13.354 plazas. Del total de plazas, 12.954 corresponden al personal de la Comunidad Autónoma y las 400 plazas restantes al de otras administraciones públicas en Canarias.

La directora del ICAP, Eva de Anta, ha explicado que tanto en el diseño como en la ejecución del plan se ha hecho hincapié en incrementar el desarrollo de actividades formativas con metodologías no presenciales -en la modalidad en línea o presencial en línea a través de sesiones virtuales-, una adecuación ya recogida en los dos planes anteriores motivada por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.

De Anta ha agregado que la oferta de actividades presenciales o mixtas con clases presenciales se ha limitado a los casos en que se haga imprescindible para su desarrollo, por su naturaleza o carácter más especializado, y siempre condicionadas a las circunstancias sanitarias del momento.

Además de los cursos, el plan contempla también la celebración de jornadas, como actividades formativas de duración limitada, para abordar temas de actualidad y de especial interés para el personal público, lo que permite el encuentro e intercambio de experiencias.

Registro de docentes

El consejo de administración del ICAP ha aprobado también la creación de una comisión de trabajo, integrada por la dirección del organismo autónomo, su personal y todas las organizaciones, para determinar, de manera consensuada, los criterios y procedimientos para el establecimiento de un registro de docentes y su selección, con base en los principios de transparencia, calidad, e igualdad de trato, para colaborar en la impartición de acciones formativas incluidas en los distintos planes del ICAP.

Asimismo, ha valorado el esfuerzo y la calidad del personal docente y ha acordado mejorar los recursos y herramientas que se requieren para la formación de las empleadas y empleados públicos, así como la actualización de la baremación sobre las retribuciones a percibir por el personal que imparte las acciones formativas.

Las organizaciones sindicales participantes en el consejo de administración han valorado de forma positiva su desarrollo, al haber salido adelante propuestas como la comisión de trabajo para implantar la lista de empleo de docentes o las tutorías específicas en los puestos de trabajo incluidas dentro del programa de acogida. El representante de Intersindical, David Ortuño, ha manifestado estar “muy contento” y su homóloga de CCOO, Flor Acosta, ha calificado “muy positivamente” la política participativa que ha impregnado la reunión, así como el talante de la directora del ICAP y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Por su parte, el representante de SEPCA, Jesús Piñeiro, ha destacado que estamos ante un plan ambicioso que responde a las necesidades formativas de los empleados públicos y ha mostrado su esperanza de que antes de final de año se puedan alcanzar los objetivos programados. A su juicio, también se están dando los primeros pasos para aumentar la plantilla del ICAP y que funcione como un centro de formación de referencia, orientado a perfeccionar a los empleados públicos y mejorar su carrera profesional.

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La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el centro de estudios universitarios suscriben un convenio que persigue también mejorar las políticas de recursos humanos

Gracias a este acuerdo se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios por cualquiera de las administraciones firmantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación, que estará vigente cuatro años, cuyos objetivos son mejorar las políticas de recursos humanos y el uso compartido de las listas de reserva constituidas por ambas administraciones para el nombramiento de personal funcionario interino.

Estas listas de reserva, conformadas por personas aspirantes a un posible nombramiento como personal funcionario interino, son un instrumento del que se han dotado las administraciones públicas con el fin de, dentro de las limitaciones legalmente establecidas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y su propio funcionamiento interno.

Según ha explicado Julio Pérez, a través de esta vía, por un lado, se garantiza el acceso al empleo público, de forma temporal, respetando los principios constitucionales de igualdad, publicidad y libre concurrencia, así como de mérito y capacidad, y, por otra parte, se permite una gestión ágil y eficiente para la provisión, con carácter urgente, de puestos de trabajo ante situaciones de necesidad de prestación de servicios.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha indicado que este tipo de convenios se han suscrito ya con otras administraciones y se aplica siempre y cuando una de ellas no dispusiese de lista de reserva propia para un determinado cuerpo y escala funcionarial, estuviesen agotadas o no hubiese persona aspirante en situación disponible. De este modo, gracias al acuerdo, se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios.

En cuanto a la mejora de la gestión de las políticas de recursos humanos, la rectora de la ULL ha apuntado que ambas instituciones se comprometen a colaborar en ámbitos de interés mutuo y a mejorar y simplificar la gestión de los procedimientos selectivos de personal que lleven a cabo.

Rosa María Aguilar ha manifestado que la ULL pone a disposición de la Dirección General de Función Pública los medios de que dispone, por ejemplo, para la realización de pruebas selectivas para el personal de la Comunidad Autónoma, estudios, análisis y su colaboración para el desarrollo de procesos selectivos mediante sistemas telemáticos o escritorios virtuales para realizar pruebas informáticas.

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La gestión de estos fondos permitirá continuar con la prioridad del Ejecutivo canario en la formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, reitera el propósito de lograr la máxima calidad y excelencia en la formación del capital humano de las administraciones públicas

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, recibirá en el año 2022 un total de 2.712.300 euros en partidas procedentes del Estado para gestionar los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas, tras el acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas celebrada este mes de diciembre con la presencia de la directora del ICAP, Eva de Anta.

En la citada comisión estuvieron presentes las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como representantes sindicales y de la Administración General del Estado. Según el acuerdo alcanzado, Canarias recibirá 1,87 millones de euros correspondientes a los fondos autonómicos y 835.870 euros para los fondos locales.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, recalcó que en el próximo ejercicio el ICAP continuará con la labor de lograr la máxima calidad y excelencia en la formación del capital humano de las administraciones públicas, con el fin de que desempeñe su labor de manera eficiente, sin olvidar el fomento del desarrollo de su carrera profesional y la prestación de un superior servicio a la ciudadanía.

Eva de Anta, por su parte, insistió en que la gestión de estos fondos permitirá continuar con la prioridad marcada por el Ejecutivo canario de ofrecer formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos del Gobierno de Canarias.

Desde el inicio del mandato la Consejería y el ICAP han abogado por la actualización permanente del conocimiento por parte del persona público para optimizar el servicio que se presta a la ciudadanía, y muestra de ello son los cursos anuales de formación que organiza el ICAP o las I Jornadas de Dirección Pública Profesional y su Proyección en la Administración Pública celebradas los pasados 15 y 16 de diciembre.

En la comisión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se aprobó también el Programa de actividades complementarias de interés general de mejora del empleo de las Administraciones Públicas para 2022.

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El plazo para la incorporación de estos nuevos investigadores se estipula para finales de 2022

El Gobierno canario refuerza la proyección científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) con la oferta pública para personal del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarias de 5 plazas de escala técnica y 9 plazas de escala científica, doblando así el número de investigadores de la RPT actual.

La Dirección General de la Función Pública anunció en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) del 19 de noviembre la apertura del plazo de inscripción para los procesos selectivos de las escalas y especialidades del Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, incluidos en la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017.

Así, el ICIA cubrirá todos los departamentos, orientando su trabajo en función de los diferentes proyectos del instituto en especialidades como análisis agrarios y agroalimentarios; agricultura ecológica; gestión integrada de plagas; fisiología de la producción vegetal; recursos genéticos; o producción animal, entre otras.

El plazo para la incorporación de estos nuevos investigadores se estipula para finales de 2022, y dará la posibilidad de participar en más proyectos de investigación y convocatorias públicas de I+D+I que repercutirán sustancialmente en la transferencia de los resultados a las buenas prácticas de gestión en los sectores agrarios.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, puso de manifiesto “el apoyo decidido por dotar de mayores recursos al ICIA para continuar con su excelente trayectoria científica reconocida internacionalmente”.

En este sentido, la responsable regional del área apuntó que “hemos constatado nuestro compromiso con el ICIA en los presupuestos de la comunidad autónoma para 2022 con un aumento del 7,1% respecto al pasado año hasta alcanzar los 10,7 millones, donde destacan 630.000 euros para proyectos de I+D+i, 300.000 euros para la divulgación científica, 200.000 euros para eficiencia energética y otros 300.00 euros para la innovación estratégica agroecológica”.

Enlace al BOC: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/238/017.html

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Con estos procesos se culmina la ejecución de la Oferta de Empleo Público para el año 2017

La Dirección General de la Función Pública, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha convocado 19 procesos selectivos para cubrir 145 plazas en diversos cuerpos y escalas, en ejecución de la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. Las convocatorias, publicadas hoy en el Boletín Oficial de Canarias, recogen 94 plazas para ingresar por el sistema de acceso libre y 51 por promoción interna.

De estos procesos selectivos, que quedaban pendientes de convocar de la Oferta de Empleo Público de 2017, un total de 12 son para ingresar por el sistema de acceso libre. Por cuerpos y escalas, así como por número de plazas son los siguientes:

• Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (31 plazas).
• Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Técnicos Estadísticos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (dos plazas).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Archiveros (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (una plaza).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Bibliotecarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (una plaza).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, (cuatro plazas).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (seis plazas).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores, Especialidad de Ciencias Químicas (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (tres plazas).
• Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, Escala Científica, Especialidades de Control Biológico y Lucha Integrada de Plagas, Fisiología de la Producción Vegetal, Producción Animal y Recursos Fitogenéticos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (nueve plazas).
• Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios, Escala Técnica, Especialidades de Agricultura Ecológica, Analítica Agrícola y Analítica Agroalimentaria (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (cinco plazas).
• Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (diez plazas).
• Cuerpo de Auxiliares Técnicos, Escala de Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ( 11 plazas).
• Agrupación Profesional de Subalternos (Grupo E), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (11 plazas).

Promoción interna

Respecto a las prueba selectivas para ingresar por promoción interna horizontal y vertical, por cuerpos, escalas y número de plazas son las siguientes:

• Cuerpo Superior Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (cinco plazas).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (cuatro plazas).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Inspectores Médicos (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (una plaza).
• Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (una plaza).
• Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (siete plazas).
• Cuerpo Administrativo (Grupo C, Subgrupo C1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (23 plazas).
• Cuerpo Auxiliar (Grupo C, Subgrupo C2), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (diez plazas).

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La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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