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Manuel Miranda anuncia más información a la ciudadanía y transparencia respecto a la actividad sísmica en el Teide

El consejero de Política Territorial explica en el Parlamento que los científicos del PEVOLCA no ven indicios de erupción a corto plazo, “pero no podemos olvidar que vivimos en un archipiélago de origen volcánico”

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana en el Parlamento que su departamento trabaja, con el asesoramiento de los expertos del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEVOLCA), en la elaboración de una nueva estrategia de riesgos y de divulgación a la ciudadanía.

En respuesta a una pregunta parlamentaria sobre la actividad sísmica en Tenerife, Miranda ha valorado el trabajo de los científicos que realizan un seguimiento a dicha actividad, y ha defendido la transparencia informativa y el rigor científico como claves en la gestión de cualquier emergencia.

El consejero de Política Territorial ha recordado que su departamento trabaja con el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) en los planes de monitorización de la actividad vulcanológica, así como con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el seguimiento constante de la actividad sísmica en las islas.

Además, el nuevo proyecto VOLCAN promovido por el CSIC y la Dirección General de Emergencias y financiado por la Comisión Europea aportará en los próximos dos años una sustancial mejora de la gestión de riesgos asociados a erupciones volcánicas “en un territorio que, no podemos olvidar, tiene origen volcánico”. Dicho proyecto supondrá, entre otros, la elaboración de mapas de peligrosidad, así como la formación de personal técnico y la divulgación a la ciudadanía.

El consejero ha querido trasladar un mensaje de “tranquilidad y prudencia”, así como de “confianza en los expertos que nos asesoran, pues están realizando un seguimiento permanente de toda la actividad sísmica en la zona”. Miranda ha asegurado que Gobierno y Cabildo Insular de Tenerife “trabajamos de manera coordinada, apostando por la transparencia, la comunicación y la formación a la ciudadanía”.

 

Conclusiones del comité científico

Respecto a las conclusiones de la sesión del Comité Científico de Evaluación de Fenómenos Volcánicos (CCES), celebrada el pasado 23 de enero, el consejero ha afirmado que los expertos no ven “indicios que permitan aventurar una nueva erupción en el corto plazo, entendiendo corto plazo por semanas o pocos meses, aunque sí han constatado un aumento continuado de las emisiones de gases desde 2016”. Ante este hecho, que “no permite extraer conclusiones definitivas, los científicos recomiendan reforzar la vigilancia, tanto en lo relativo a este aumento como en relación a una pequeña deformación superficial en Las Cañadas”, ha informado al Parlamento

Los expertos, ha indicado Miranda, han determinado que para enfrentarnos a incertidumbres de esta naturaleza es conveniente “aumentar el conocimiento de la realidad volcánica de las islas y difundir las medidas de autoprotección necesarias, también en el sistema educativo”.

El consejero ha reiterado, por último, que el “rigor científico, la información y la transparencia son la base de la mejor política pública de protección civil” y “minimiza las consecuencias negativas de la desinformación y los bulos”.

El Estado deja a Canarias sin los 20 millones de subvención comprometidos en 2024 para inversiones en aguas

El consejero de Política Territorial lamenta que proyectos estratégicos para el archipiélago puedan verse comprometidos, “en una situación de crisis hídrica en todas las islas”

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha denunciado esta mañana que la subvención de 20 millones de euros que el Estado había comprometido en 2024 con el archipiélago para obras hidráulicas no ha llegado aún a las islas. Según la información extraoficial facilitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el trámite habría quedado bloqueado en el Ministerio de Hacienda al cierre del pasado ejercicio presupuestario.

Manuel Miranda ha lamentado que, de confirmarse este hecho, “nueve actuaciones estratégicas en diversas islas podrían ver comprometida su financiación”. Esta advertencia la ha realizado durante una intervención parlamentaria para explicar los objetivos del futuro convenio de obras hidráulicas con el Estado, “para cuya primera reunión no disponemos todavía de fecha”.

El responsable de Aguas del ejecutivo autonómico ha añadido que desde el pasado 17 de enero “se solicitó por escrito explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la falta de estos fondos correspondientes a 2024, y no hemos recibido respuesta”.

Esta subvención anual se distribuye entre los consejos insulares, que son quienes priorizan los proyectos que se verán impulsados por estos fondos. En concreto, los 20 millones de euros correspondientes a 2024 iban destinados a la ampliación de la depuradora de Playa Blanca, en Lanzarote; a la mejora del Depósito de Hoya Lava y la ampliación de la depuradora de Teror, en Gran Canaria; o la adquisición de una nueva planta desaladora portátil para la isla de El Hierro.

También se verían afectados un proyecto de mejora de la red de transporte de agua en La Gomera; la ampliación de la depuradora de Puerto del Rosario, en Fuerteventura; la mejora del túnel de trasvase y el canal LP-II en La Palma; o la mejora de la depuradora de Buenos Aires, en Tenerife, proyecto destinado a mejorar la calidad del agua para el sector primario del sur de esta isla.

Manuel Miranda ha lamentado que esta falta de cumplimiento por parte del Estado llegue “en un momento en el que Canarias está sufriendo una emergencia hídrica que tres islas ya han declarado formalmente”.

El consejero ha explicado que el pasado 18 de septiembre la Dirección General del Agua del Estado comunicó la existencia de dicha subvención nominativa. “De manera inmediata”, ha explicado Miranda, “se remitió la propuesta de reparto de dichos fondos, previa consulta a los consejos insulares”. Desde la aprobación en el Ministerio, el pasado 21 de octubre, “no tenemos noticia de la llegada de dicha subvención, ni se ha respondido a la solicitud de información trasladada al MITECO”.

Miranda ha asegurado que “no vamos a renunciar a esos fondos, que pediremos se sumen a los 20 millones que nos corresponden en 2025, y así se lo vamos a solicitar al Ministerio”.

Respecto al futuro convenio de obras hidráulicas, el consejero ha recordado que en noviembre de 2024 los consejos insulares aprobaron el listado de obras hidráulicas para ser propuestas como de interés general, “en cumplimiento de las leyes canarias y estatal sobre aguas”. Este listado, que contiene 127 obras por importe de unos 1.401 millones de euros, fue convalidado por el Consejo de Gobierno de Canarias en el mes de diciembre. Durante el pasado mes de enero, ha informado Miranda, “se solicitó a la ministra de Transición Ecológica un primer encuentro para sentar las bases de la negociación de un nuevo convenio, solicitud que a día de hoy continua sin respuesta”.

Delgado: “La lucha contra la desigualdad social exige reforzar la financiación y las acciones”

La consejera de Bienestar Social expuso en sede parlamentaria las medidas que su departamento está impulsando con el fin de combatir la pobreza y la desigualdad social, que llegan a 850.000 personas

Delgado anunció el incremento de las ayudas a los bancos de Alimentos en 1,2 millones, así como la partida de más de 104 millones de euros para la Renta Canaria de Ciudadanía

Reiteró la necesidad de que el Gobierno del Estado incremente los fondos del plan contra la pobreza y que modifique la legislación nacional para poder desarrollar el complemento a las pensiones no contributivas

“La respuesta a la lucha contra la desigualdad en Canarias pasa por contar con la implicación y el apoyo de todas las instituciones, empezando por el incremento de los fondos de lucha contra la pobreza por parte del Estado. En los últimos años hemos recibido 30 millones de euros, pero, dados los índices de pobreza en las islas, necesitaríamos entre 80 y 100 millones de euros para poder atender a la población que se encuentra en esta situación”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, en una intervención parlamentaria sobre los propósitos de la acción del Gobierno en la lucha contra la desigualdad y el refuerzo del Estado del Bienestar.

La titular del departamento insistió en que “para poder revertir este problema estructural es fundamental reforzar las acciones que estamos desarrollando desde el conjunto del Gobierno, pero, además, es imprescindible mantener e impulsar aún más las acciones que ya estamos desplegando en colaboración con los cabildos y ayuntamientos. Este Gobierno pretende sentar las bases para lograr un verdadero cambio social en Canarias y, para ello, estamos trabajando en diferentes acciones como es la aprobación del Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias, que transformará el concepto de los servicios sociales en nuestra tierra”.

Aumento de la partida destinada a bancos de alimentos

Entre las diferentes líneas de actuación que desarrolla el departamento de Bienestar Social que tienen como objetivo combatir la desigualdad social, la consejera anunció que, en cuanto a ayudas concretas, su departamento incrementará este año de nuevo las ayudas destinadas a bancos de alimentos para garantizar las necesidades básicas. Estas ayudas se duplicaron el pasado año pasando de los 500.000 euros destinados en 2023 a un total de 1,1 millones de euros en 2024 y en 2025 suben a los 1,2 millones de euros este año.

Las ayudas para combatir la pobreza llegan a casi 850.000 canarias y canarios

“Solo para combatir la pobreza, Bienestar Social destina, en el área de Servicios Sociales, 222,23 millones de euros que benefician a cerca de 850.000 canarios y canarias”, enfatizó Delgado, quien explicó que a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas, cuya inversión asciende a 93 millones de euros, se atiende a 480.000 personas en las diferentes áreas de acción y que mediante las líneas de subvenciones que gestiona este departamento solo para servicios sociales, se atiende a 350.000 personas en situación de vulnerabilidad, con una inversión de 17,5 millones de euros.

 

104 millones de euros para financiar la Renta Canaria de Ciudadanía

En relación a la Renta Canaria de Ciudadanía, a través de la cual se llega a más de 13.000 personas de forma mensual, Delgado señaló que este año se destinará a estas ayudas más de 104 millones de euros. La nómina mensual de enero de 2025 de la Renta ascendió a 9,3 millones de euros, 1,5 millones de euros más en menos de dos años.

A este respecto, Delgado recordó que su departamento está trabajando para ampliar la cobertura de la Renta Canaria de Ciudadanía en relación con la población en riesgo de pobreza, “para lo que es fundamental mejorar el alcance del Ingreso Mínimo Vital y que la Renta Canaria asuma solo el papel complementario previsto cuando se creó”. Con el fin de conseguir este objetivo, la Consejería está negociando con el Ministerio de Inclusión el establecimiento de una pasarela que permita agilizar el reconocimiento del IMV a familias que ahora mismo solo reciben la renta canaria.

En su intervención, la consejera de Bienestar Social aclaró que, en materia de pensiones no contributivas, que son gestionadas por la Comunidad Autónoma, aunque con financiación estatal, Canarias ya ha solicitado al Estado que emita el decreto “que permitirá a este colectivo aumentar sus ingresos sin que ello les suponga un perjuicio”. Esta solicitud se ha reiterado en diversas ocasiones, sin que el Gobierno del Estado haya acometido la reforma legislativa necesaria para que el Gobierno autonómico pueda desarrollar un complemento a las pensiones no contributivas que no genere un perjuicio -o incluso la pérdida de la pensión- a los pensionistas.

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Nieves Lady Barreto impulsa en El Hierro encuentros con colectivos para perfilar la figura del facilitador judicial

Asiste también en Frontera a la primera sesión formativa y de acompañamiento para asociaciones que organiza su departamento por todas las islas y que contará con el apoyo del 012

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, se reunirá mañana en el Cabildo de El Hierro con los colectivos de personas con discapacidad intelectual y asociaciones de mayores de la isla para continuar perfilando la figura del facilitador judicial que su departamento pondrá en marcha.

“El objetivo de tener profesionales que asistan a las personas que tienen especiales dificultades para desenvolverse en un entorno complejo, con el fin de proteger la tutela judicial efectiva y que no haya indefensión. Queremos que puedan entender y hacerse entender para que estén en igualdad de condiciones”, señaló Nieves Lady Barreto, que estará acompañada por el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, y el consejero insular de Derechos Sociales, Amado Carballo.

Con la regulación de esta figura, la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias da cumplimiento a lo dispuesto en la última modificación de la legislación civil y procesal para el apoyo a personas con discapacidad, posicionándose entre las primeras comunidades autónomas en su desarrollo. En este sentido, la iniciativa ya ha finalizado el periodo de consulta pública previa para recabar aportaciones, mientras que, paralelamente la consejera Nieves Lady Barreto mantiene reuniones, isla por isla, para recoger las propuestas de los colectivos y asociaciones que ayuden a definir el perfil profesional de los facilitadores.

Movimientos asociativos

Por la tarde, la consejera asistirá en La Frontera a la primera de las jornadas formativas de asociaciones que organiza la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana por todas las islas, incluida La Graciosa.

Estas reuniones presenciales tienen como objetivo proporcionar a estas entidades las herramientas y conocimientos necesarios para la correcta tramitación de la documentación, inscripción y actualización en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Canarias. Como novedad, se contará con un servicio de acompañamiento a través del 012, que incorpora otras formas de acceder a la información, como las videollamadas, con la intención de proporcionar mayor cercanía en el trato y mejorar la atención.

 

Reunión facilitadores: 11:30 horas. Cabildo Insular de El Hierro.

Reunión formativa asociaciones 18:00 horas Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) El Hierro, C/Tigaday, 11, La Frontera.

 

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La Consejería impulsa la digitalización en las residencias escolares con una inversión de 40.000 euros

Educacion impulsa la digitalización en las residencias escolares

Cada uno de los trece centros de este tipo que actualmente existen en las islas recibirá una dotación de 3.076 euros destinada a la adquisición de material tecnológico para fines educativos

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha aprobado una inversión extraordinaria de 39.988 euros destinada a la adquisición de material tecnológico con fines educativos para cada una de las trece residencias escolares que actualmente existen en el archipiélago. 

En concreto, cada una de ellas recibirá una dotación de 3.076 euros para invertir en equipamiento tecnológico (pizarras interactivas, tabletas o portátiles, entre otros) con el que poder reforzar el proceso de aprendizaje de sus residentes, de tal manera que puedan disponer de las herramientas adecuadas para la realización de trabajos académicos, así como mejorar sus competencias digitales, clave en la educación actual.

Las trece residencias beneficiadas de estas ayudas, gestionadas a través de la Dirección General de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, que coordina David Crego, están repartidas por todo el archipiélago: cuatro de ellas se encuentran en Gran Canaria (La Ladera, Manuel Sosa, Santa María de Guía y Siete Palmas), otras tres, en Tenerife (San Andrés, Pedro García Cabrera y Hermano Pedro) y La Palma (Jarra Canaria, Mirca-San José y San Miguel), y una en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Gomera (Haría, Puerto del Rosario y San Sebastián de La Gomera, respectivamente).

Estos centros, que dependen de la Consejería de Educación, acogen a más de seiscientos estudiantes canarios de todos los niveles, incluidos universitarios, y están supervisadas por tutores, quienes proporcionan apoyo escolar y orientación académica para reforzar el aprendizaje del alumnado residente, así como por la figura del estudiante becario o colaborador que, siendo mayor de edad, realiza funciones de tutoría y orientación a los residentes más jóvenes a cambio de una estancia subvencionada.

Las residencias escolares en Canarias tienen como principal objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, ofreciendo alojamiento y apoyo a aquellos estudiantes que, por diversas razones geográficas, familiares o personales, puedan ver dificultada su escolarización. Son espacios que dan respuesta al alumnado que, durante el curso escolar, debe pernoctar fuera de su hogar de lunes a viernes e, incluso, en algunos casos, los fines de semana, cuando la distancia con su domicilio familiar así lo requiere.

Estas instalaciones no solo atienden a estudiantes cuyo hogar se encuentra en otra isla o en zonas rurales alejadas, sino que también proporcionan apoyo a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, ya sea por dificultades económicas, problemas de convivencia familiar o necesidades específicas derivadas de alguna discapacidad. De este modo, las residencias escolares actúan como un recurso clave para evitar la desigualdad educativa y fomentar el desarrollo integral del alumnado.

Además de su función principal como espacios de residencia y acompañamiento académico, estos centros también pueden ser utilizados para la realización de actividades culturales y recreativas, siempre con la debida autorización y garantizando el correcto funcionamiento de su actividad ordinaria. Esto permite que las residencias escolares sean, además, un punto de encuentro para la comunidad educativa y un entorno de crecimiento personal y colectivo para el alumnado que las habita.

Actualmente, las residencias escolares canarias permanecen abiertas de lunes a jueves, con la excepción de los centros de Mirca-San José (La Palma) y Pedro García Cabrera (Tenerife), con un régimen distinto al resto, ya que también permanecen abiertas el fin de semana.

Esta inversión se enmarca dentro del compromiso del área que dirige Poli Suárez con la modernización y digitalización del sistema educativo de las islas, con una apuesta por la inclusión digital y la mejora de los recursos disponibles para el alumnado que es acogido en las residencias escolares canarias.

 

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Migdalia Machín exige un compromiso firme del Estado para dotar a Canarias de un buque oceanográfico permanente

Migdalia Machín

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura advierte en el Parlamento de que la falta de esta infraestructura compromete la soberanía científica del archipiélago

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha insistido en el Parlamento en la necesidad de que Canarias cuente con un buque oceanográfico de uso permanente. La falta de esta infraestructura afecta al avance de investigaciones estratégicas y limita la formación académica en ciencias marinas.

“Disponer de un buque oceanográfico no es solo una cuestión técnica, sino una necesidad para garantizar nuestra soberanía científica. Canarias debe poder gestionar sus recursos marinos con autonomía y seguir liderando la investigación en este ámbito”, ha afirmado la consejera.

Machín ha recordado que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que alberga la primera Facultad de Ciencias del Mar de España, sigue sin acceso garantizado a tiempo de barco, lo que ha obligado a recurrir a embarcaciones privadas con prestaciones limitadas. “Mientras la universidad pública tiene que sortear obstáculos para formar a sus estudiantes, se firman convenios con empresas privadas para el uso de este recurso. Es una situación inaceptable”, ha denunciado.

La consejera también ha señalado que la falta de respuesta del Estado compromete proyectos científicos esenciales como el convenio entre AEMET, IEO, ULPGC y PLOCAN, fundamental en la monitorización del cambio climático. “El retraso en la asignación de tiempo de barco pone en riesgo la serie de datos oceanográficos más importante de España y debilita la presencia de Canarias en redes internacionales de investigación”, ha advertido.

En este sentido, la consejera, apuntó que “llevamos dos años esperando a la renovación del convenio por parte del Instituto Español de Oceanografía, cuestión esencial para la realización de las prácticas del estudiantado y para la realización de los distintos proyectos de investigación”, y, añadió que “lo que se está solicitando por parte de la comunidad científica es disponer del buque dos veces al año durante cuatro días”.

Para Machín es incomprensible “que el Instituto Español de Oceanografía se salte una orden ministerial y niegue horas de barco a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria”.

Por ello, ha exigido al Estado un compromiso firme para dotar al archipiélago de un buque oceanográfico que garantice la continuidad de la investigación y la formación en ciencias marinas. “Canarias no puede permitirse retrocesos en este ámbito. Es imprescindible contar con esta infraestructura para abordar los retos del cambio climático y la singularidad de nuestros ecosistemas marinos”, ha concluido.

Zapata: “Estamos en la fase de autorización de los proyectos para evitar futuros apagones en Canarias”

Transición Ecológica avanza en el concurso de potencia adicional para cubrir el déficit en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura a cargo de las empresas Disa y Sampol mediante la aprobación de los proyectos, la búsqueda de las ubicaciones y su  autorización administrativa

Esta acción confirma los esfuerzos del Ejecutivo por garantizar el suministro eléctrico, tras aprobarse por el Miteco este proceso sin precedentes, nunca antes llevado a cabo por ninguna administración y para el que la Consejería está dando todos los pasos pertinentes

La consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata, avanza en la gestión de las medidas de emergencia para paliar el déficit energético en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, manifestado por el operador del sistema (Red Eléctrica).

El consejero Zapata explicó en comparecencia parlamentaria los avances que se están llevando a cabo en la tramitación del conocido comúnmente como ‘concurso exprés’. Una  acción derivada de la emergencia energética, declarada en octubre de 2023 por el Ejecutivo regional, y cuyo fin último es el de garantizar la seguridad del suministro, ante una situación crítica y de vulnerabilidad de nuestro sistema eléctrico.

En este sentido, Zapata dio cuenta de los importantes y ágiles pasos que se han ido dando desde la Consejería hasta el momento, con los proyectos de las empresas beneficiarias Disa y Sampol.  “Actualmente contamos con las soluciones técnicas  de conexión así como la disposición de los terrenos de estas futuras instalaciones, que ahora se encuentran en su fase última, en la que se deberán conceder las autorizaciones administrativas lo antes posible, antes de final de año” apuntó el consejero.  A lo que añadió que,  una vez se hayan concedido todos los permisos,  “se podrá comenzar con su construcción y puesta en servicio, en última instancia”.

Asimismo, el consejero Zapata explicó que además de estas propuestas, que ya están avanzadas, “se sigue trabajando en una segunda fase con otras entidades para cubrir el déficit de potencia restante”.

Sobre el proceso, el consejero explicó nuevamente que este concurso y su resolución, “surge tras el compromiso por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) el pasado año, mediante el que asumían la totalidad de los costes del proceso,  que ha sido planteado  y será  gestionado por el Ejecutivo regional, en lo que ha sido un hito histórico y sin precedentes en España.

También, Zapata recordó en su intervención que se trata de unas medidas “de emergencia, de carácter extraordinario y temporal” y que se mantendrán “mientras persistan esas situaciones de riesgo”. Lo que implica que “no pueden ser estructurales y de ahí que haya habido que trabajar en ofertas con características muy específicas”.

Finalmente, apuntó que “este Ejecutivo sí está tomando todas las  medidas necesarias para garantizar el suministro energético en las islas, a pesar del intenso trabajo que supone, pues es una prioridad en nuestra hoja de ruta hacia la garantía de nuestro suministro eléctrico”.

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La Consejería refuerza su estrategia de vivienda con más iniciativas y busca la cooperación de las administraciones

La Consejería refuerza su estrategia de vivienda con más iniciativas y busca la cooperación del resto de administraciones

La Consejería ha iniciado obras en Tenerife, después de más de seis años sin nuevas construcciones, ha entregado 16 viviendas en Ingenio y 26 en Agaete, tras nueve años, y ha impulsado numerosas propuestas de apoyo al alquiler y a la adquisición de vivienda

El Decreto Ley 1/2024 declaró la emergencia habitacional y ha sentado las bases para agilizar la disponibilidad de suelo e impulsar la construcción de vivienda

Rodríguez ha recordado que el Ejecutivo canario trabaja en una nueva norma con el objetivo de agilizar las licencias urbanísticas y también en el desarrollo de la figura de las viviendas asequibles incentivadas, convirtiéndose en el primer territorio en hacerlo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado en sesión parlamentaria que el Ejecutivo continúa desarrollando su estrategia en materia de vivienda, con la puesta en funcionamiento de más instrumentos e iniciativas que den una respuesta global a la emergencia habitacional en Canarias desde todas las perspectivas posibles.

Pablo Rodríguez ha señalado que “este Gobierno, con esta capacidad de desarrollar más instrumentos y más herramientas que nunca hasta la fecha, lo que ha logrado es movilizar al sector de la construcción vinculándolo, en este caso, a la construcción de vivienda protegida, así como sumar a todas las administraciones competentes -en referencia a cabildos y a ayuntamientos- para trabajar juntos y avanzar para ofrecer soluciones factibles”.

El consejero Pablo Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo reconoció oficialmente la emergencia habitacional en las islas mediante la aprobación del Decreto 1/2024, un hito que marcó el comienzo de un compromiso firme para abordar el problema estructural de la falta de vivienda en nuestras islas. “Uno de los logros más importantes en este ámbito ha sido el inicio de obras en Tenerife, después de más de seis años sin nuevas construcciones. Además, se han entregado 16 viviendas en Ingenio y 26 en Agaete, en la isla de Gran Canaria, tras nueve años. Asimismo, en el año 2024 se ha avanzado en la construcción de 1.000 viviendas y, durante este año, se iniciarán otras 1.000 en el conjunto del archipiélago”, ha apuntado Rodríguez.

En este sentido, ha puntualizado que en Canarias existen más de 27.000 inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda, pero, de estos, cerca de 17.000 personas demandan una vivienda privada en alquiler o en propiedad, “y solo podremos darles respuesta si establecemos sinergias entre el sector público y el privado”.

Ha añadido que “a esto se suma que también debemos dar respuesta a las clases medias y a aquellas personas que encuentran dificultades para acceder a la vivienda en el mercado libre, por eso estamos desarrollando la figura de la vivienda asequible incentivada; una vivienda que no es protegida, es decir, vivienda libre, pero que tiene un precio fijado para el alquiler, con unos máximos”.

Pablo Rodríguez ha insistido en la importancia de aunar consensos y de la participación de todas las fuerzas políticas en la estrategia de vivienda. “Todo lo que sea bueno para Canarias y ayude a paliar la emergencia habitacional, lo vamos a apoyar sin dudarlo, contando, siempre, por nuestra parte, con la cooperación y coordinación de todas los actores implicados”.

Canarias como referente en políticas de vivienda 

Durante su intervención, Pablo Rodríguez ha explicado que el Ejecutivo canario ha asumido un papel activo frente a la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno del Estado y las dificultades de los ayuntamientos para abordar el problema de la vivienda en toda su dimensión.

En este sentido, ha insistido en que muchas de las medidas anunciadas por el Estado para fortalecer el derecho a la vivienda, ya se están aplicando en Canarias. “Mientras otros anuncian, nosotros ya estamos actuando. En muchas de estas cuestiones, Canarias está marcando el paso”, ha indicado Rodríguez.

En esta línea, el consejero ha enumerado algunas de esas medidas que ya se están desarrollando en Canarias, como el blindaje del parque público de vivienda en el decreto ley 1/2024, “donde se cita que tienen carácter permanente”; las deducciones al IRPF, donde las que más han incrementado su importe son las destinadas a paliar el precio de adquisición de las viviendas habituales y del arrendamiento de viviendas, especialmente para los menores de 40 años; la Hipoteca joven canaria, que permitirá a los jóvenes, de 18 a 40 años, financiar hasta el 95% del valor de la vivienda, superando el límite habitual del 80% que suelen ofrecer las entidades financieras, o la limitación de compra a extranjeros, una línea que el Gobierno de Canarias está explorando en Europa, a pesar de las dificultades iniciales que presenta el marco normativo estatal y europeo.

“Ahora trabajamos en el nuevo decreto ley, en el desarrollo de la vivienda asequible incentivada, así como en un nuevo convenio con entidades financieras para fomentar el régimen de cooperativas de vivienda, una propuesta que ya comenzó a trabajarse en septiembre de 2024, adelantándonos a iniciativas recientes planteadas a nivel estatal, y seguimos impulsando la propuesta para que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) pueda materializarse para la construcción de vivienda destinada al alquiler asequible, tras la modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, ha concluido.

Medidas impulsadas en 2024

En cuanto a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo en 2024, destacan los programas de apoyo al alquiler y a la adquisición de vivienda.

Por un lado, el Bono Alquiler Joven, que ha contado con una dotación de más de 21 millones de euros, otorgando a más de 3.700 personas una ayuda mensual de 250 euros durante 24 meses. Por otro, también se ha impulsado el Programa de Ayuda al Alquiler de Vivienda, para el que se ha destinado una financiación de más de 37,4 millones de euros para el periodo 2024-2025, el mayor presupuesto destinado a esta ayuda por el Gobierno, y que ha permitido conceder 8.295 ayudas, agotando el crédito asignado para la convocatoria.

Durante el pasado año, se ha fomentado la adquisición de vivienda joven, ofreciendo subvenciones a las personas menores de 35 años, de hasta el 20% del coste de adquisición, con un máximo de 11.000 euros; en la convocatoria de noviembre de 2024 se resolvieron 385 subvenciones. También el Ejecutivo ha destinado 18 millones de euros para la empresa pública VISOCAN, que llevará a cabo una convocatoria para la adquisición de más de 120 viviendas, que se incorporarán al parque público bajo la modalidad de ‘llave en mano’.

Asimismo, se ha ampliado el crédito destinado a la Promoción Privada de Viviendas Destinadas al Arrendamiento a 4 millones de euros, lo que ha permitido otorgar subvenciones para la promoción de 425 viviendas destinadas al alquiler. Además, se ha fomentado el cohousing y las viviendas colaborativas con un crédito presupuestario de un millón de euros y, se ha colaborado con la FECAM, impulsando un programa dirigido a la rehabilitación de viviendas en municipios con menos de 20.000 habitantes.

 

 

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