El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca la importancia de regular una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención y, en algunos casos, temida

Julio Pérez señala que en Canarias hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería con máquinas tipo B1 instaladas y 4.656 máquinas tipo B1 instaladas en dichos establecimientos

En la actualidad, juegos y apuestas generan en las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha defendido este jueves en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, y ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Julio Pérez ha explicado que los objetivos del proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario, y que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección y alejamiento de los lugares concurridos por los menores, que pasa de 50 a 300 metros; el refuerzo de los controles de acceso a la actividad y su ejercicio, pues hoy es demasiado fácil; y la prohibición de la publicidad en aquellos ámbitos en los que el la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, la RTVC y el deporte. Además, se ha referido a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, ha recordado que, hoy en día, en España el juego es una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención por la sociedad y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal. Ha señalado, también, que está regulada, con una especial intensidad, por todos los ordenamientos jurídicos modernos del mundo europeo y no europeo, y que es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla y el Estado está obligado a ello.

En Canarias, según ha enumerado, hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería de hostelería con máquinas tipo B1 y 4.656 máquinas tipo B1 en dichos establecimientos. En la actualidad, juegos y apuestas generan para las arcas públicas de las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros, de ahí la importancia de establecer unos gravámenes que permitan un aprovechamiento colectivo de las ganancias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

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José Antonio Valbuena aclara que esta inversión corresponde al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias se encuentra trabajando en el control de las poblaciones de exóticas invasoras que afectan al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente de La Palma.

El consejero autonómico responsable del Área, José Antonio Valbuena, ha explicado que la inversión prevista para estas actuaciones es de 400.000 euros, correspondientes a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El plazo de desarrollo de este plan de acción será de 24 meses y se realizará a través de un encargo a la empresa pública Tragsa.

Estas labores están orientadas principalmente al control de las especies Arundo donax (caña), Cenchrus orientalis (rabogato) y varias especies del género Opuntia (tuneras), mediante la eliminación de los ejemplares establecidos, así como la disminución máxima de la presencia de propágulos o semillas de estas especies en el territorio. Todos los restos vegetales derivados de estas intervenciones son gestionados adecuadamente para su eliminación.

Las acciones previstas se llevan a cabo de forma paulatina y progresiva en la cuenca del Barranco de las Angustias, desde los límites del Parque Nacional hacia la desembocadura, empezando por las cotas más altas. Además de las especies citadas, también se actúa sobre otras variedades invasoras como el Foeniculum vulgare (hinojo) en el borde de la carretera LP4, por encima de los 1.600 metros de altitud, y las carreteras interiores del Observatorio Astrofísico.

Estos trabajos consisten en el desbroce y eliminación de las especies del interior de las áreas establecidas, además de la limpieza de restos de ramas y otros despojos vegetales de la propia planta asilvestrada con medios manuales de corte para las especies que no pueden ser arrancadas. El corte se realiza entre dos tierras o por debajo del cuello de la raíz.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Seguridad para avanzar en este sentido

Interior muestra su mayor predisposición para que la Comunidad Autónoma de Canarias ejerza estas facultades en su territorio y propone la creación de un grupo de trabajo que se reunirá el 19 de septiembre

Según la última memoria elaborada por este sector, en las islas existen actualmente 72 empresas dedicadas a esta materia

El Gobierno canario pretende asumir, antes de que acabe la presente legislatura, las competencias en Seguridad Privada, lo que incluye, según recoge en su artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Para ello, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro este martes con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director de general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez, quienes han mostrado su mayor predisposición para colaborar y coordinar el traspaso de estas competencias. De hecho, han propuesto la creación de un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo día 19 de septiembre, con el objetivo de valorar las circunstancias y situación real para desarrollar esta labor de la forma más efectiva y eficaz posible.

Julio Pérez, que ha estado acompañado en la citada reunión por el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Santos; y el jefe del Servicio Jurídico de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Martín, ha explicado que, según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en Canarias existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

Entre los trabajos que asumiría el Gobierno de Canarias, una vez traspasadas las competencias, están, por ejemplo, el control y seguimiento de aquellos establecimientos obligados a tener seguridad, así como la labor que desarrollan las empresas que realizan traslados de fondos o los detectives privados.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma en el Parlamento que hay que insistir en la prevención, y anuncia que en los próximos días se establecerán medidas prohibitivas y limitativas de la actividad de personas en las masas forestales canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer martes que Canarias dispondrá este verano de 1.450 efectivos, 150 vehículos y 15 medios aéreos para la campaña de incendios forestales de 2021, sin perjuicio de los que se puedan ir incorporando adicionalmente, y contará también con el sistema de mando y control y el sistema de coordinación. No obstante, destacó que si bien la extinción, el control y la coordinación son importantes, más aún es insistir en la prevención de cara a evitar incendios.

“Por muchos que sean los medios y muy buena sea la coordinación en el origen de los incendios forestales hay siempre una conducta humana, por tanto, hay que insistir en la prevención, que depende más de seres humanos concretos que de las administraciones públicas”, destacó Pérez en el Parlamento de Canarias tras ser preguntado sobre los trabajos que se están llevando a cabo para el desarrollo de la campaña contra incendios de 2021.

Al respecto, el consejero anunció que en los próximos días se establecerán medidas prohibitivas, que incumben sobre todo a los cabildos, y medidas limitativas de la actividad de las personas en las masas forestales canarias. Es posible, recalcó, que el cumplimiento de estas medidas tenga una importancia mucho mayor para evitar los incendios forestales que la multiplicación de medios que se puedan incorporar cuando llegue el incendio.

Sobre los medios disponibles para la campaña contra incendios 2021, Pérez explicó que la mayor parte de ellos son de los cabildos insulares, unos 950, y el resto, unos 500 medios, son de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, que también incorporan el sistema de mando y control y el sistema de coordinación.

Detalló que hace unos días se celebró una reunión preparatoria de cara a la campaña de incendios forestales con el objetivo de revisar las capacidades y disponibilidades y para mejorar los sistemas de mando y control, así como para integrar las lecciones aprendidas de anteriores incendios forestales.

El consejero resaltó los esfuerzos que se realizan para mejorar las condiciones laborales de los efectivos de extinción de incendios forestales y dijo que todos los que se hagan serán pocos. “Tener equipos profesionales que intervengan con acierto es tan importante como la cantidad de dichos equipos”, indicó.

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El presidente de Canarias asegura que los 1.144 millones del Estado para empresas y autónomos hacen justicia con las Islas; indica que esa partida estará disponible antes de 10 días tras la firma del convenio con el Ministerio de Hacienda

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó esta mañana como imprescindible que haya controles sanitarios en los puertos y aeropuertos de las Islas para seguir vigilando al máximo la COVID-19 en el Archipiélago, una vez se levante el estado de alarma, bien el próximo 9 de mayo (como ha anunciado el presidente Pedro Sánchez) o más tarde. Durante el pleno del Parlamento regional, el jefe del Ejecutivo canario consideró una buena noticia que decaiga el estado de alarma porque eso está vinculado al control y a una menor incidencia de la pandemia en todo el país. No obstante, también cree clave que persista la preocupación en el Archipiélago por las entradas desde puertos y aeropuertos y que se mantenga la vigilancia de la pandemia, para que no se produzcan nuevos repuntes mientras se avanza en la vacunación y así se impulse cuanto antes la recuperación económica.

Torres recordó que el levantamiento o no del estado de alarma debe decidirlo el Congreso de los Diputados y que, durante 2020, hubo diversos problemas o bloqueos para su continuidad por cálculos partidistas de formaciones que deberían primar la visión de Estado, pero que sucumbieron a prioridades más egoístas. El presidente también recordó que el 16 de marzo de 2020, dos días después del primer estado de alarma, Canarias ya decidió ese control de sus puertos y aeropuertos, lo que se confirmó como determinante para frenar el virus en esa etapa inicial, con tanta incertidumbre ante algo desconocido.

Aunque se levante el estado de alarma, el presidente de Canarias cree necesario que se mantengan los controles en las reuniones, en lugares de culto, privados o públicos, así como que se atienda en los sitios de entrada a las Islas por mar o aire si las personas están ya vacunadas o no en su totalidad, si han pasado la enfermedad o si portan pruebas PCR o test de antígenos que den las máximas garantías sanitarias. “Esto ya se lo hemos trasladado al Gobierno del Estado”, avanzó Torres. Sobre la evolución de los datos pandémicos en Canarias y España, subrayó que los últimos prueban “que las cosas van aparentemente bien, aunque nunca hay que lanzar falsas esperanzas”. Además, recordó que otras comunidades españolas han ido levantando sus restricciones en las últimas semanas.

Ayudas del Estado a Canarias “justas y valientes”

Durante la sesión de control a su Ejecutivo, el presidente también se pronunció, en diversas ocasiones, sobre los 1.144 millones de euros en ayudas aportadas desde el Estado a las empresas y autónomos de Canarias, que volvió a presentar como una respuesta “justa” a las consecuencias de la pandemia en las Islas. Torres aseguró que el primer real decreto ley del Gobierno central “ya era bueno” por reconocer la singularidad y la mayor afección de la crisis en el Archipiélago, pero que las mejoras que planteó su Ejecutivo permitieron que, “en vez de dos de cada 10 empresas y autónomos, ahora se beneficien 10 de cada 10 si han tenido pérdidas de más del 30%”, que es el mínimo obligatorio que fija la legislación europea y estatal.

Esa ampliación ha posibilitado que no solo puedan acceder empresas de la hostelería o vinculadas, sino del sector agrario, industrial o compañías afectadas en 2019 por quiebras como las del operador Thomas Cook. Según confesó, le ha trasladado al presidente Sánchez, a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y a la de Hacienda, María Jesús Montero, que esas ayudas “no solo son justas, sino valientes”.

El presidente espera que, en cuestión de horas o de días, se firme el convenio definitivo con el Gobierno central y anunció que ya le han propuesto al Ejecutivo de Sánchez que, si hiciera falta, se prorrogue un mes más el periodo para acogerse a estas ayudas. Para ello, considera muy importante el decreto ley de agilización administrativa que aprobó su Gobierno para gestionar más rápido los 165 millones extras de ayuda regional, con la partida para el IBI en hostelería (80 millones) o la de los autónomos y empresas (85), al tiempo que éstas se puedan ir entregando mientras se tramitan otras peticiones. De esos 85 millones, destacó que ya se han repartido 10 millones entre un millar de las 18.000 solicitudes.

Torres señaló que, una vez se firme ese convenio, los 1.144 millones llegarán a las Islas en diez días y que, luego, se activará un nuevo decreto ley regional para su reparto, texto en el que ya trabajan diversas áreas del Gobierno de Canarias, de manera que “el dinero llegue cuanto antes”. Según explicó, se pretende que las ayudas atiendan a la afección de la crisis según unos tramos establecidos y que tengan en cuenta el número de trabajadores y el mantenimiento del empleo.

El presidente de Canarias remarcó la relevancia de los proyectos de modernización, sostenibilidad (30% de los recursos europeos), digitalización y electrificación verde para las Islas. En este sentido, resaltó que, de los 70.000 millones de ayudas directas para España con origen en la Unión Europea, 16.000 serán para el turismo y que en Canarias hay hoteles que pueden recibir entre 4 y 5 millones de euros por su mayor afección, peso del empleo y reformas aplicadas durante la pandemia.

Según indicó, las ayudas extras en Canarias, que alcanzan hasta ahora casi los 500 millones, contrastan con los 13 entregados por Andalucía de los 50 millones previstos inicialmente o con la ausencia de entregas que aún presentan comunidades como Madrid. “Estamos haciendo lo máximo que podemos. Las ayudas están llegando, dejamos el menor superávit en 2020 de los últimos años y ahora lo estamos utilizando”, indicó. Además, dentro de los fondos REACT-UE, el presidente detalló que ya se han destinado 165 millones para modernizar los equipos sanitarios en las Islas y que se reforzará la lucha para reducir las listas de espera con 595 millones. Una partida que se destinará también a potenciar la telemedicina, la coordinación telemática entre los nueve hospitales canarios (para que los especialistas puedan atender en las ocho Islas), las oficinas virtuales y toda la información en la red, con lo que se minimizan también los riesgos de contagios.

Torres se preguntó además por qué no se aprovechó en el pasado, cuando llegaban hasta 17 millones de turistas, para avanzar en sostenibilidad, regenerar las infraestructuras, mejorar las condiciones de los trabajadores y bajar del 20% de paro en las Islas.

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Los controles, que se activan media hora antes de la llegada de cada vuelo en seis aeropuertos de las Islas, los llevan a cabo cerca de 20 personas de Cruz Roja que colaboran con el Gobierno de Canarias en este dispositivo. En ningún caso fue necesario activar el protocolo de intervención previsto

El Gobierno de Canarias, a través de los recursos aportados por Cruz Roja Española, ha realizado desde el pasado jueves 19 de marzo y el domingo 22, un total de 1.791 controles de temperatura a otros tantos pasajeros llegados a las Islas por vía aérea en alguna de las 17 conexiones que se mantienen abiertas con el resto del territorio nacional mientras dure el estado de alarma decretado para hacer frente a la propagación del coronavirus o COVID-19.

La Isla en la que más controles se realizaron fue Tenerife, con 905 en sus dos aeropuertos, seguida de Gran Canaria, con 803, y, a gran distancia, Fuerteventura con 65. En ningún caso fue necesario activar el protocolo de intervención previsto.

Dispositivo de unas 20 personas

Una veintena de personas integra el dispositivo desplegado por Cruz Roja en los seis aeropuertos canarios que reciben vuelos de la península. Se trata de una acción coordinada con la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que supervisa el funcionamiento del mismo.

El pasado viernes, el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del presidente, por el que se establecen medidas para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19.

El mismo incluye controles específicos destinados a quienes lleguen al Archipiélago por aire desde la península. Se trata de seis vuelos con destino a Gran Canaria (dos procedentes de Madrid; dos, de Barcelona; uno, de Bilbao, y uno, de Sevilla), otros seis con destino a Tenerife Norte (dos de Madrid, dos de Barcelona, uno de Bilbao, y uno de Sevilla), así como uno procedente de Madrid que llega a Tenerife Sur. También incluye uno que llega a Fuerteventura procedente de Madrid, otro en La Palma procedente de Madrid, y dos en Lanzarote (uno que llega de Madrid y otro de Barcelona).

Temperatura y declaración responsable

El decreto establece, entre otras cosas, que quienes viajen en esos vuelos deben justificar la necesidad de viajar a Canarias mediante una declaración responsable que deben cumplimentar antes de efectuar el desplazamiento aéreo.

El personal técnico encargado de tomar la temperatura al pasaje se sirve de termómetros de medición a distancia. Si alguna persona muestra síntomas de un cuadro febril, el personal de Cruz Roja comunica esta situación al Servicio de Urgencias Canario (SUC) a fin de que adopte las medidas que correspondan. También comunica a las autoridades policiales del aeropuerto la incidencia para que procedan, según su protocolo con la persona afectada, hasta la llegada del personal del SUC.

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