La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo inaugura las Jornadas Técnicas Observatorios Regionales de Empleo, que se celebran de manera virtual hasta el 20 de noviembre con la participación de 17 comunidades autónomas

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, puso en valor este lunes la tarea de análisis del mercado laboral que llevan a cabo los observatorios de trabajo a la hora de definir las nuevas políticas activas de empleo, una labor que ha convertido a estos gabinetes en un “instrumento fundamental para la obtención de datos y un mejor conocimiento del mercado de trabajo y sus tendencias a la hora de planificar la acción del Gobierno en cuanto a políticas activas de empleo”. La consejera inauguró las Jornadas Técnicas Observatorios Regionales de Empleo, organizadas por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan), que se celebran de manera virtual hasta el próximo 20 de noviembre con la participación de técnicos en la materia de 17 comunidades autónomas.

Máñez arrancó su intervención felicitando al Obecan, y de manera extensiva al resto de observatorios autonómicos, por el intenso trabajo realizado durante la pandemia de la COVID-19, una crisis que “ha puesto a prueba” a unos gabinetes que si hasta ahora eran muy importantes a la hora de obtener datos, en estos momentos se han convertido en “un instrumento fundamental para tener un mejor conocimiento del mercado de trabajo y sus tendencias para planificar las políticas de empleo”.

En este sentido, explicó que la COVID-19 “nos ha colocado frente a muchos retos clave, en un contexto en el que “la realidad va cambiando a diario y se requiere un esfuerzo mucho más intenso y constante”. Como ejemplo, citó la adaptación que tuvo que hacer el Obecan al inicio de la pandemia para contabilizar y analizar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), “una variante que de un día para otro cobró una nueva dimensión” y ante la que “hubo que hacer un gran trabajo para tener en tiempo récord los datos”.

La consejera, que subrayó la dificultad de “tener certidumbres ante una crisis de estas características”, afirmó que la COVID-19 “ha acelerado los cambios y las tendencias” y ha situado a la transformación digital como un objetivo irrenunciable de las administraciones y las sociedades, ya que “ha abierto nuevos paradigmas que afectan a nuestra forma de trabajar, así como a la manera que tienen los observatorios de plantear sus informes y prospectivas”. Así, afirmó que en este terreno “se están operando cambios” y destacó la importancia de los fondos europeos de recuperación económica que puede captar Canarias como “una gran oportunidad para seguir avanzando”. “Ahí el Obecan será fundamental para establecer las nuevas tendencias del mercado laboral”, apuntó.

“Gracias a este encuentro vamos a contar con una buena hoja de ruta de hacia dónde deben avanzar los observatorios de empleo, haciéndolos más capaces a la hora de ofrecer la mejor información al conjunto de la ciudadanía en un aspecto clave como es el comportamiento del mercado laboral”, concluyó.

Espacio de colaboración

Las Jornadas Técnicas Observatorios Regionales de Empleo se consituyen en un espacio de colaboración en el que compartir metodologías y recopilar ejemplos de buenas prácticas entre los gabinetes de las comunidades autónomas, un espacio de divulgación colectiva y de mejora de la capacitación. En ellas se abordan temáticas como el diseño de los estudios de prospectiva sobre el mercado de trabajo ante la transformación del modelo económico; las necesidades formativas en el ámbito de la nueva normalidad; la gestión de la incertidumbre en una crisis sanitaria de estas características y el papel que juegan los observatorios de empleo en un contexto de crisis económica.

Para estas jornadas, 100% virtuales, se han organizado grupos de trabajo rotatorios en los que participan las distintas comunidades autónomas, con comunicación telemática constante para el debate de las distintas ponencias, y la creación de mesas de trabajo que permanecerán abiertas hasta la próxima edición para profundizar en las conclusiones del encuentro.

Más información en el sitio web de las jornadas: https://jornadasdeobservatorios.es/

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La encuesta de la población activa del tercer trimestre de 2020 muestra un aumento del 21,15% en las personas desempleadas hasta un índice de paro del 25% a causa de la pandemia del coronavirus, frente al máximo histórico 35% alcanzado en 2012

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, analizó este martes el incremento de 47.800 personas desocupadas durante el tercer trimestre de 2020 en Canarias, un 21,15% más con respecto al periodo anterior, hasta un total de 273.700 sin trabajo y una tasa de paro del 25,04%, según la última Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Es un dato previsible por la falta de actividad económica”, explicó Gustavo Santana antes de atribuir el aumento del desempleo “a la finalización de contratos temporales, sobre todo en el sector servicios, porque muchas empresas deciden no renovar las relaciones laborales ante la elevada incertidumbre a causa de una crisis inusual, de origen sanitario pero con múltiples efectos”.

En opinión del viceconsejero de Empleo, “la alta temporalidad es uno de los déficits estructurales que venimos arrastrando durante la última década en Canarias y ahora se evidencia más” en una situación marcada por el freno productivo como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

“Es lógico que la tasa de paro sea negativa tras un cero turístico, pero encontramos un índice similar del 25,68% durante el primer trimestre de 2015, en plena fase de expansión económica, y sufrimos el peor dato durante la anterior crisis, con un 34,76% durante el tercer trimestre de 2013”, recordó Gustavo Santana.

Tras argumentar que las “medidas de protección como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) acompañan a las empresas canarias y a las personas trabajadoras para poder resistir sin una previsión clara de la evolución sanitaria”, el dirigente autonómico apeló a “seguir insistiendo y confiando en el diálogo social y la negociación colectiva durante los próximos meses para continuar en la búsqueda de mecanismos alternativos que prioricen el mantenimiento de los puestos de trabajo frente a las extinciones de contratos, como los ERTE por causas económicas pactados con la representación sindical”.

En definitiva, “es una dato negativo pero no tanto como hubiera sido de esperar si la gestión de la crisis hubiera sido otra”, resumió el viceconsejero de Empleo  para concluir con un “llamamiento a la corresponsabilidad social con las medidas sanitarias para impulsar también la reactivación económica”.

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El vicepresidente aboga por que cada institución se centre en sus competencias, en el caso del Gobierno canario, con prioridad para la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda y las carreteras

Cabildos y ayuntamientos recibirían este año por el Bloque de Financiación Canario 204 millones más respecto a las previsiones que había formulado la Agencia Tributaria Canarias en abril y que ha actualizado en julio.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno canario, Román Rodríguez, ha abogado por “recorrer el camino para afrontar la peor crisis económica conocida de forma cooperada desde la UE, el Gobierno de España y las instituciones canarias, de modo que cada administración se centre en sus competencias para ser eficientes en la gestión pública. Es clave la coordinación”, enfatizó.

Rodríguez respondía así en una comparecencia parlamentaria sobre las medidas de apoyo a los autónomos y pymes de Canarias, en la que aclaró que “la Seguridad Social y protección laboral es competencia estatal y podemos ayudar con granos de arena como los 11 millones para los autónomos que han cesado su actividad por la crisis, los 14 millones para emprend¡miento, los 6 para la tarifa plana o promoviendo la liquidez de las empresas, aunque teniendo claro que las políticas en esta materia las genera el Gobierno de España”.

El vicepresidente ahondó en que “nuestras competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía y, pese la pérdida de ingresos por la crisis, donde vamos a dar el do de pecho es en no rebajar el gasto público porque nos compete garantizar el derecho a la salud de nuestra gente y, en vez de recortar, gastaremos al menos 300 millones de euros más de lo presupuestado en sanidad, en educación vamos a contratar con muchas dificultades presupuestarias a miles de profesores, ya hemos puesto en marcha un plan de vivienda después de una parálisis de una década y hemos reactivado las obras de carreteras”.

Relató que “hay que reconocer que el Gobierno de España ha estado del lado de la gente, con los ERTE, donde hemos llegado a tener 204.00 trabajadores en Canarias, o las prestaciones por cese de actividad, de las cuales se beneficiaban 67.000 autónomos a 30 de junio en las Islas”.

Fdcan

En una intervención sobre el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), Román Rodríguez confirmó que el Gobierno canario mantiene lo previsto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma y en el decreto regulador, de manera que se transferirán a los cabildos todos los recursos previstos. “Lo que estamos haciendo es adaptar la gestión del fondo a las demandas de las instituciones, que, salvo en el caso de Tenerife y La Gomera, han pedido aplazamientos hasta finales de 2021 por un retraso en las certificaciones justificable por el momento que atravesamos”.

De otro lado, y en esa línea de “búsqueda conjunta de respuestas a la crisis”, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha comunicado que cabildos y ayuntamientos recibirían este año 204 millones más por el Bloque de Financiación Canario (BFC) respecto a las previsiones que había formulado la Agencia Tributaria Canarias en abril, entonces con una previsión de pérdidas de 593 millones, y que ha actualizado en julio con mejores expectativas sobre la situación de la economía canaria, que últimamente ha presentado indicios de recuperación y supondría reducir aquel pronóstico a una merma de 389 millones.

Esas son las cantidades referidas a la parte del BFC que se transfiere a las corporaciones locales (58%). Globalmente, incluida también la parte correspondiente al Gobierno (42%), la ATC ha pasado de una previsión de caída de ingresos fiscales de 1.548 millones de euros para el año en curso a un pronóstico de rebaja recaudatoria de 928 millones.

No obstante, Rodríguez ha insistido en que “se trata de estimaciones que se van ajustando según los datos de evolución de economía. Por eso, en septiembre volveremos a evaluar”.

Combustibles

El sobrecoste de los combustibles en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro centró otra intervención del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, “un problema que estamos afrontando tras una década en la que no se había hecho nada”. Expuso que, ante “unas diferencias no fáciles de explicar”, el Gobierno canario ha adoptado varias decisiones, como incluir 1,5 millones de euros en el presupuesto de este año y encargar dos estudios, uno en noviembre para analizar la estructura y costes del sector del transporte y almacenamiento de combustibles en las Islas, especialmente los derivados de la doble insularidad, y otro en febrero sobre el funcionamiento de los mercados minoristas de hidrocarburos para automoción.

Además, la Dirección General de Asuntos Europeos ha emitido un informe en el que argumenta el complejo encaje legal comunitario de una hipotética concesión a los proveedores de ayudas al funcionamiento, que debería comunicarse a la Comisión Europea para que evaluara su viabilidad, trámite que se demoraría, como mínimo, nueve meses.

Por todo ello, se han establecido conversaciones con el proveedor habitual de esas tres islas para buscar soluciones, dado que la situación actual distorsiona el mercado.

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En el Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020” participarán en marzo, entre otros, Protección Civil de Canarias, la Policía Canaria y la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un escenario de crisis de máximo nivel que tendrá lugar en el Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Luis Manuel Martínez, anunciaron hoy la realización del Ejercicio Conjunto Combinado “Canarias 2020”, que consiste en un simulacro de una situación de emergencia de nivel 3 (el máximo) que tendrá lugar entre el 21 y 26 de marzo del próximo año.

También acudieron a la presentación el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, el subcomisario del Cuerpo General de la Policía Canaria, Jesús González, el director del CECOES 1-1-2, José Domingo Linares, y el técnico del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Jorge Parra. Por parte de la UME asistieron el coronel del Departamento de Relaciones y Evaluación, coronel Marí y Marín, que a su vez dirigirá el Ejercicio, el jefe del II Batallón de la UME, del que depende la UIEM Canarias, teniente coronel Garcés Menduiña, y el jefe de la UIEM Canarias, comandante Álvarez Viana.

Se trata de un ejercicio que lleva a cabo la UME cada año y que le permite estar en las condiciones idónea para dar una respuesta inmediata en la dirección de una emergencia de interés nacional. La UME planifica, programa y dirige este ejercicio combinado, que será el décimo de este tipo. Servirá de adiestramiento en la transición de la dirección de la crisis desde el nivel 2 (Comunidad Autónoma) a nivel 3 (Estado), además de gestión de la propia crisis, coordinación con otros organismos y traspaso de responsabilidad en la fase de normalización de la emergencia.

Este simulacro de emergencia de interés nacional estará originado por un riesgo principal de erupciones volcánicas, tras el cual emergerán riesgos secundarios como seísmos, incendios forestales o accidentes aéreos. También serán incluidos Riesgos Tecnológicos. En concreto, la situación de emergencia se producirá como consecuencia de un terremoto tectónico de magnitud 5.2 a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro a pocos kilómetros al norte de Santa María de Guía (Gran Canaria). El Instituto Geográfico Nacional (IGN) le asigna una intensidad máxima VII-VIII.

La sacudida es muy potente y se registran numerosos heridos y algunos fallecidos. Además, se producen daños muy graves en edificaciones y numerosos deslizamientos de ladera. Ante esta situación, el Plan Especial de Riesgo Sísmico se coloca en nivel 2 de emergencia, y el Plan Territorial de Protección Civil se coloca al mismo nivel. El IGN no emite alerta de maremoto para todo el Archipiélago.

Pero al poco de producirse el terremoto, se detecta una elevación repentina de dióxido sulfúrico y dióxido de carbono en Tenerife. Los datos de la red GPS e imágenes de satélite indican deformaciones muy notables del terreno, por lo que el semáforo volcánico de información a la población se sitúa en naranja, de “erupción inminente”, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación de alerta máxima.

Una vez producida la erupción en Tenerife, comienza una fase explosiva y una columna eruptiva de dos a tres kilómetros de altura. Aparecen columnas de lava, flujos piroclásticos, expulsión de fragmentos volcánicos y bombas hasta 200 metros fuera del cono. Además, son muchos son efectos asociados: deslizamientos de ladera, desprendimientos rocosos, incendios forestales, emanaciones tóxicas no mortales, pero que contaminan acuíferos. El semáforo volcánico se sitúa en rojo, y el Plan Especial de Riesgo Volcánico de Canarias pasa a situación operativa 2.

Valorada la situación en ambas Islas, y tras evaluar el nivel de daños, el Gobierno de Canarias propone al Ministerio del Interior que declare la situación de Emergencia de Interés Nacional de los Planes Especiales de Riesgo Sísmico y Volcánico. Para la gestión y resolución de esta emergencia serán necesarios diversos medios, unidades, organismos y entidades de todos los niveles (local, autonómico, nacional e internacional).

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