La consejera valoró la recta final de una vendimia que se ha visto mermada por los episodios de altas temperaturas que han ocasionado un daño del 90 por ciento en los viñedos de malvasía

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, acompañada por el vicepresidente y consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández; la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuencaliente, Patricia Hernández; el concejal de Agricultura del consistorio local, José Antonio Hernández; el presidente del Consejo Regulador de la DOP Vinos de La Palma, Adalberto Martín; su gerente, Eva Hernández; y el director técnico de Bodegas Teneguía, Carlos Lozano, visitó hoy, viernes 27 de agosto, las parcelas de viñedo en Llanos Negros (Fuencaliente) afectadas por el temporal de viento y calor que azotó a varias zonas agrícolas de la isla durante la pasada semana.

La responsable regional del área valoró la recta final de una vendimia que se ha visto mermada por los episodios de altas temperaturas que han ocasionado un daño del 90 por ciento en los viñedos de malvasía, uno de los tesoros varietales de esta zona de La Palma.

“Tras un invierno positivo, los problemas derivados de la ola de calor han afectado negativamente al cultivo de la viña, con pérdidas de producción importante”, apuntó Vanoostende. La titular de Agricultura apeló a la “necesidad de asegurar los viñedos, más si cabe cuando las ayudas del POSEI a la hectárea de viñedo para los tomadores del seguro son mayores que para los agricultores que no estén bajo esa cobertura; el seguro agrario es prioritario para nuestro sector”.

El vicepresidente del Cabildo de La Palma, José Adrián Hernández, hizo balance de los daños en los cultivos y destacó que “existen zonas muy afectadas como Llanos Negros, Machuqueras o Las Manchas, por lo que nuestros técnicos están haciendo las valoraciones en fincas con producción por debajo de 400 kilos por hectárea para que tengan derecho a la ayuda correspondiente, así como las evaluaciones a efectos fiscales para que los afectados puedan acceder a las deducciones que les correspondan”.

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, Adalberto Martín, insistió en los efectos de la inesperada ola de calor “que ha incidido en la vendimia de este año”, y señaló “la prioridad en las ayudas para sufragar todas estas pérdidas a los agricultores”.

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La Consejería incrementó en 571.000 euros los créditos asignados para esta subvención

El Tablón de Anuncios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha publicado hoy, martes 25 de mayo, la resolución por la que se conceden de forma definitiva las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por los vientos acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife en febrero de 2020, así como por los incendios en los municipios de Santa Úrsula y La Aldea de San Nicolás, cuya cuantía asciende a un millón de euros y a la que han podido acceder 67 solicitantes.

El departamento autonómico incrementó en 571.000 euros los créditos asignados para atender así a todas las solicitudes que cumplen los requisitos con un porcentaje de subvención del 100% de las actuaciones auxiliables.

Las subvenciones tienen por objeto las inversiones realizadas por agricultores y agrupaciones de productores para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por los temporales de viento acaecidos en dichas islas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señala que “estas ayudas, con el incremento económico, tienen el objetivo de intentar compensar gran parte de la pérdidas en la producción agrícola en un contexto complicado como el actual”.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias declaró el 23 de julio de 2020 la situación de desastre natural para el sector agrario por el temporal de febrero tras considerar los informes presentados por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, determinando que los daños en el potencial de producción agrícola superaron el umbral del 30%.

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Esta modificación establece ayudas por importe total de 1,5 millones

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha incrementado en 571.000 euros los créditos asignados a las subvenciones destinadas a la reconstrucción del potencial de producción agrícola dañado por los vientos acaecidos en las islas de La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife en febrero de 2020, así como por los incendios acaecidos en los municipios de Santa Úrsula y de La Aldea de San Nicolás.

Esta modificación establece ayudas por importe total de 1,5 millones, permitiendo así atender a todas las solicitudes que cumplen los requisitos con un porcentaje de subvención del 100% de las actuaciones auxiliables.

Las subvenciones convocadas tienen por objeto las inversiones realizadas por agricultores, agrupaciones de productores y entidades públicas para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por los temporales de viento acaecidos en dichas islas. En las próximas fechas se publicará en el Tablón de Anuncios de la Consejería la Resolución de la Viceconsejería por la que se conceden provisionalmente las subvenciones convocadas.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, señala que “este incremento en la subvención tiene el objetivo de intentar compensar gran parte de la pérdidas en la producción agrícola en un contexto complicado como el actual”.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias declaró el 23 de julio de 2020 la situación de desastre natural para el sector agrario por el temporal de febrero tras considerar los informes presentados por los cabildos insulares de La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, determinando que los daños en el potencial de producción agrícola superaron el umbral del 30%.

El ámbito territorial de las ayudas será el de los municipios siguientes:

– La Gomera: Agulo, Vallehermoso y Valle Gran Rey.

– La Palma: Garafía, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Tijarafe.

– Gran Canaria: Teror, Arucas, Moya, Firgas, Valleseco, Artenara, Telde, Valsequillo, Ingenio, Gáldar, Santa M.ª de Guía, Agaete, Agüimes, Santa Lucía, San Bartolomé de Tirajana, La Aldea de San Nicolás y Mogán.

– Tenerife: Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos, La Guancha, San Juan de La Rambla, La Laguna (zona costera La Punta-Valle Guerra), Tegueste, Granadilla, San Miguel, Arona, Vilaflor, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide.

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Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

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Elena Máñez recuerda que los trabajadores y trabajadoras no tienen que hacer ninguna gestión ante los servicios de empleo en los casos de ERTE

Explica que las prestaciones están garantizadas aunque se carezca del periodo de cotización necesario

“Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”, afirma

Los trabajadores y trabajadoras sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por la emergencia del COVID-19 no tendrán que hacer ninguna gestión para su inscripción como demandantes de empleo y para el cobro de la prestación por desempleo, ya que las empresas tramitarán las solicitudes y estas serán reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin mediación de los afectados y afectadas. Así lo reitera la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, que asegura que la ciudadanía “puede estar tranquila” y afirma que Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos “estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”.

Dado que son presentados por las empresas y que los trabajadores y trabajadoras afectadas no tienen que hacer ningún trámite ni solicitud, los servicios de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo solicitan que no se contacte con el SEPE para hacer consultas en relación a los ERTE, dado el volumen actual de datos con el que se está trabajando y la posibilidad de colapsos del sistema, afectando a otros usuarios y usuarias que sí necesitan atención.

Como explica Máñez, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 recoge una serie de medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada entre las que se establece que las pérdidas de actividad consecuencia de esta emergencia tendrán la consideración de fuerza mayor, al tiempo que se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así se persigue, apunta la consejera, evitar que “una situación coyuntural como la que vivimos estos días tenga un impacto estructural en el empleo”. En este sentido, señala que flexibilizar la tramitación de los ERTE permite evitar la destrucción de puestos de trabajo, “ya que se trata de regulaciones temporales que priorizan el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”. Se trata, en definitiva, de “poner en pausa” contratos mientras dure la emergencia, en vez de suprimirlos.

Prestaciones garantizadas

Elena Máñez recuerda que el Real Decreto-ley garantiza y refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, “dando acceso a la prestación por desempleo aunque se carezca del periodo de cotización necesario”. Además, el periodo de suspensión del contrato o reducción de la jornada durante el que estén recibiendo la prestación no computará a efectos de consumir los plazos máximos de percepción establecidos.

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Colaboración con los cabildos para valorar los daños en las explotaciones y facilitar posibles compensaciones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, valora el compromiso de las entidades bancarias con los agricultores que han visto dañadas sus explotaciones tras el temporal de viento y calima que sacudió las islas el 22 y 23 de febrero.

Vanoostende pone de manifiesto “la sensibilidad y colaboración” de entidades, como por ejemplo, Caixabank o Cajasiete con el sector primario a través del adelanto del pago de las indemnizaciones de los seguros agrarios o la generación de líneas de crédito a bajo interés. En este sentido, no se descarta que otras entidades se sumen o trabajen ya en diferentes acciones de ayuda a los agricultores afectados por los daños del temporal.

“Las distintas entidades han demostrado su compromiso y sensibilidad con los trabajadores de nuestro sector a la hora de facilitarles su recuperación económica tras los devastadores efectos del temporal; es importante que, para agilizar lo máximo posible el cobro del adelanto de las indemnizaciones por los daños del viento, los asegurados se pongan en contacto con dichas sucursales”, apunta.

La consejera explica que desde el Gobierno de Canarias “se está trabajando en colaboración con los distintos cabildos insulares en los informes técnicos sobre los daños en las explotaciones para decidir sobre posibles compensaciones, además de estudiar la posibilidad de habilitar una línea de subvenciones destinadas a sufragar daños en infraestructuras a través de medidas del Plan de Desarrollo Rural”.

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