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Aprobado definitivamente el protocolo de exhumación de desaparecidos en la guerra civil y la represión franquista

Aprobado el Protocolo de exhumación de desaparecidos en la guerra Civil y represión franquista

El BOC publica hoy la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez

Esta guía metodológica, rigurosa y completa, recoge las actuaciones para la localización, exhumación, identificación, conservación y reparación moral de los restos de las personas desaparecidas, así como el correcto acompañamiento psicológico de las familias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se aprueba el protocolo de actuación para la localización, exhumación, identificación, conservación y reparación moral de los restos de las personas desaparecidas durante de la Guerra Civil y la represión franquista en la Comunidad Autónoma de Canarias. Con esta resolución, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias, se aprueba definitivamente esta guía metodológica tras el informe favorable emitido por la Comisión Técnica de Memoria Histórica.

Con esta actuación se cumple con el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista. Dicha norma establece que la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de memoria histórica aprobará, previo informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y reparación moral de restos de personas desaparecidas durante el periodo que abarca dicha ley.

Además, recoge que dicho protocolo deberá garantizar, en su caso, un correcto acompañamiento psicológico a las familias durante todo el proceso.

Las actuaciones para la localización, exhumación, identificación, conservación y reparación moral de los restos de las personas desaparecidas implican la intervención de distintos profesionales de antropología, arqueología, historia, psicología, derecho, biología o patología forense, entre otras especialidades. Por ello, el protocolo permitirá coordinar las actuaciones de las personas profesionales implicadas con la finalidad de lograr su agilidad, rigor, buena práctica y el respeto y acompañamiento psicológico a las familias afectadas. Asimismo, este instrumento contiene las previsiones relativas a la coordinación y cooperación judicial.

Guía metodológica rigurosa

El protocolo, como guía metodológica rigurosa y completa, establece actuaciones de investigación preliminares, previo al inicio del procedimiento de exhumación, para determinar, con la mayor exactitud posible, la identidad de la persona desaparecida, la historia del caso y el contexto histórico local.

Recoge asimismo la necesidad de realizar un proyecto de investigación arqueológica que requerirá un informe previo sobre la ubicación y características de la fosa, así como un proyecto de intervención arqueológica único que englobe, como primera fase, la de prospección del entorno de la fosa, para su localización exacta, y una segunda fase de excavación.

El protocolo señala los pasos a seguir una vez que se decide acometer la excavación y esta se autoriza por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Entre ellos, la planificación, que deberá contener la dirección, identificación de las personas integrantes del equipo, distribución de tareas, plan de excavación y material necesario. También establece la necesaria documentación de las tareas realizadas y señala que las actuaciones realizadas deberán documentarse mediante texto, foto, vídeo y/o fotogrametría.

En cuanto al proceso de excavación, en la guía metodológica se indica que a las intervenciones arqueológicas son de aplicación las previsiones del Título V, relativas al patrimonio arqueológico, de la Ley 16/1985, de 25 de julio, sobre Patrimonio Histórico Español, la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias, así como lo dispuesto en el Decreto 262/2003, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre intervenciones arqueológicas en la Comunidad Autónoma de Canarias o la normativa posterior que le sustituya.

Levantamiento de restos

Respecto al levantamiento de restos, el protocolo establece que se realizará siempre con la participación de personal experto en antropología forense, garantizando la cadena de custodia a fin de reflejar todas las incidencias de la muestra, desde que se realiza la toma hasta que se destruye o devuelve.

Los siguientes pasos son la investigación forense, fase en la que se realizan los estudios en laboratorio de restos óseos y demás evidencias; y la elaboración de un informe completo, que será distribuido a las familias, a las asociaciones interesadas o que hayan podido participar en las actuaciones, a la entidad local responsable o interviniente, y a la Comunidad Autónoma donde se ubiquen los terrenos.

Una vez se hayan estudiado los restos, si estos han sido identificados se entregarán a las familias para que lleven a cabo la ceremonia que consideren. En el caso de que los restos no hayan sido identificados se inhumarán en el cementerio de la población donde se halla la fosa.

Acompañamiento psicológico a las familias

El protocolo señala también que las familias directas de las víctimas deberán recibir información puntual y actualizada de cada fase del proceso y de los avances obtenidos, pudiendo asistir, si así han manifestado su deseo, a los procedimientos de excavación.

Asimismo, recoge que las personas promotoras de la actividad y las Administraciones Públicas implicadas garantizarán que les sea prestada la asistencia psicológica y acompañamiento que pudieran requerir.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dará traslado en primer lugar a las familias de las víctimas de los informes y resultados obtenidos, acordándose con ellas la trascendencia o publicidad que deba darse a los mismos.

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Autorizados 2,5 millones para el Colegio de Abogados de Las Palmas por la asistencia jurídica gratuita

La subvención contempla también los importes facturados en el cuarto trimestre de 2020 por las actuaciones dirigidas a garantizar una atención letrada adecuada y digna a las personas migrantes

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, jueves 25 de marzo, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondiente al cuarto trimestre de 2020, por importe 2.555.424,95 euros.

Las actuaciones certificadas recogen en gran medida la atención a las personas migrantes que han llegado a las costas del Archipiélago y han repercutido significativamente en los importes facturados.

En los cuatro últimos meses de 2020, llegaron a las costas canarias 16.942 personas migrantes, siendo el ámbito geográfico del Colegio de Abogados de Las Palmas (Gran Canaria y Fuerteventura) el más afectado por el fenómeno migratorio.

Canarias experimentó en el año 2020 la emergencia humanitaria causada por el repunte en la entrada de personas extranjeras. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 llegaron a las costas canarias 23.023 personas, lo que supuso un incremento del 756% con respecto al año 2019, en el que llegaron 2.687 personas.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, consciente de la emergencia humanitaria, tras reunirse con los diferentes colegios de abogados de Canarias y con el objetivo de garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas que llegan a las costas canarias, aprobó con fecha 21 de octubre de 2020 una resolución en relación con el Turno Especial de Extranjería.

Dicha resolución se dictó con el objetivo de garantizar una asistencia jurídica adecuada y digna a las personas migrantes, limitando el número de personas asistidas por letrado o letrada que se venía prestando.

El salto cualitativo y cuantitativo en los importes certificados en el Turno Especial de Extranjería para el cuarto trimestre de 2020 recoge en buena medida la gran afluencia del número de cayucos y pateras que han arribado a las costas del Archipiélago canario y la consiguiente entrada irregular de personas en los últimos tres meses de 2020, motivando un despliegue de servicios de toda índole para afrontar esta crisis humanitaria.

Entre esa atención se encuentran los servicios de asistencia letrada, lo que ha repercutido significativamente en los importes facturados por los colegios de abogados en el cuarto trimestre de 2020 y en la correspondiente solicitud de subvención.

El Gobierno aprueba la prórroga del contrato de seguro de vida del personal de la Administración canaria

La póliza ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 25 de marzo, la prórroga del contrato de seguro de vida del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo que abarca entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, por importe de 3.750.000 euros.

La póliza de seguro ampara a 75.032 personas y cubre los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente por cualquier causa del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El personal asegurado comprende las siguientes categorías:

-Personal funcionario –de carrera e interino-, incluidos los funcionarios docentes no universitarios y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

-Personal eventual.

-Personal laboral (fijo y temporal, ocupen o no puesto de trabajo en la respectiva relación de puestos de trabajo).

-Personal laboral en situación de excedencia forzosa con derecho a reingreso automático (cargo público o sindical).

-Trabajadores y trabajadoras en situación de suspensión de contrato por cualquier causa.

-Trabajadoras y trabajadores con contrato de trabajo de alta dirección.

-Personal estatutario del SCS.

Cuatro nuevos pronunciamientos judiciales ratifican las medidas del Gobierno de Canarias contra la COVID-19

Interior de la sede de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

Julio Pérez: “Que los tribunales revisen nuestros actos es una garantía de los ciudadanos y una oportunidad para corregir lo que sea preciso, si lo hubiera”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza los argumentos esgrimidos por tres particulares contra el uso obligatorio de las mascarillas o el derecho de reunión, entre otros

Un auto estima el archivo de un recurso contencioso-administrativo de una asociación de consumidores de otra comunidad autónoma por no existir un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación no guardan relación con el procedimiento

Cuatro pronunciamientos judiciales vuelven a ratificar las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia de la COVID-19, que se suman a los autos y sentencias previas pronunciadas en este mismo sentido en los meses pasados. En esta ocasión, se trata de tres sentencias y un auto —este último ya firme— del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que derivan de la defensa llevada a cabo por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, sobre las decisiones adoptadas en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13, 20 y 27 de agosto de 2020.

El consejero estima que “la revisión de nuestros actos por los tribunales es una garantía de los ciudadanos, y una oportunidad para rectificar lo que podamos haber hecho incorrectamente.”

“Es una satisfacción, sin duda, que hasta ahora hayan sido ratificadas todas las medidas adoptadas, teniendo en cuenta que es una materia jurídicamente delicada, tan delicada y compleja como relevante. Restringir movimientos o actuaciones de los ciudadanos, o limitar actividades sociales y económicas, son actos que deben adoptarse con especial cuidado y respeto a sus derechos, y así lo hemos tratado de hacer en todos los casos, durante un año largo de actuaciones administrativas, intentando proceder de la manera más escrupulosa que sea posible”, añadió Julio Pérez.

“Y si hubiera algo que corregir, procederíamos del mismo modo”, apostilló.

Las tres sentencias, que todavía no son firmes, son todas de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y condenan a las partes demandantes al pago de las costas, mientras que el auto no se pronuncia al respecto.

En la primera de las sentencias, del pasado mes de enero, el litigante recurría las medidas adoptadas el 27 de agosto de 2020 y defendía que el uso obligatorio de mascarillas en el ámbito laboral y educativo para todo el territorio y toda la población de Canarias suponía un “grave atentado” a los derechos fundamentales. El fallo desestima el recurso resaltando entre sus argumentos que el interés general de protección de la salud pública debe prevalecer frente a las objeciones que se plantean por su uso.

En febrero, el TSJC respaldó las medidas tomadas el 13 de agosto de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria. En esta ocasión, una ciudadana argumentaba en contra del uso de la mascarilla porque su obligatoriedad guarda “semejanza con algunos conflictos provocados por los intentos de regular (…) cuestiones como el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público o la práctica del topless en playas o piscinas públicas”. Para la Sala, este argumento “no se sostiene” porque no guarda relación alguna la salvaguarda del derecho a la protección de la propia imagen, que es un derecho individual, con el derecho a la protección de la salud.

Así mismo, esta persona defendía que los acuerdos también vulneraban el artículo 9.3 de la Constitución Española, por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es descartado por el tribunal por el mero hecho de que con la demanda se estaba defendiendo frente a las medidas tomadas por el Gobierno.

También sostenía la contendiente que la imposición de la mascarilla tendría que venir acompañada de explicaciones por las que se obliga al uso de la misma y acompañaba su pretensión con un informe pericial de un doctor en Medicina crítico con tal medida. El TSJC reseña, entre otros argumentos, que la salud de la ciudadanía es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos y que estas medidas adoptadas tienden a la supervivencia de la comunidad dado que los cubrebocas no presentan riesgos particulares para las personas que los llevan, pero su uso es eficaz para reducir el riesgo de contaminación por el virus.

De hecho, apunta que la intervención en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Por último, el TSJC concluye que no ha existido vulneración del derecho al honor y a la propia imagen dado que esta persona sostenía que era “estigmatizada” por rechazar el uso de las mascarillas. “Ser receptor de crítica por rechazar el uso de mascarillas entra en el ámbito de la polémica sobre una cuestión de suma actualidad sin que pueda calificarse, de entrada, como deshonroso”, apunta la sentencia.

En la tercera sentencia, también del mes de febrero, una denunciante recurría los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias el 20 de agosto de 2020. En esta ocasión, la Sala recalcó que las medidas implantadas por el Ejecutivo, entre las que estaban la reducción de aforo y distancia de seguridad, la prohibición de salida de los residentes de los centros sociosanitarios o la obligación del uso de la mascarilla, se revelaban necesarias y proporcionadas para evitar o minimizar los contagios tanto en espacios públicos como privados.

Archivado el recurso de una asociación de consumidores

A estas tres sentencias hay que añadir un auto de finales de 2020, ya firme y también resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en el que se estimó la alegación de la Comunidad Autónoma de Canarias de archivar un recurso contencioso-administrativo presentado por una asociación de consumidores contra los acuerdos del 13 de agosto de 2020 por no tener un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación expuestos en sus Estatutos no guardan relación con el procedimiento, ni consta un conjunto relevante de asociados en Canarias. De hecho, su ámbito territorial se circunscribe a otra comunidad autónoma.

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El ICAP formará al personal público en la gestión de los fondos ‘Next Generation’ y principios de Gobierno Abierto

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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Aprobada la Estrategia para la transformación digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023

Tiene como misión contribuir a la prestación de un servicio público moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

Pretende ser el instrumento de los órganos judiciales y fiscales, así como de los y las profesionales de la justicia y de la ciudadanía

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 18 de marzo, la Estrategia para la transformación digital del servicio público de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, que tiene como objetivos afrontar de manera óptima la situación derivada de la Covid-19 y los retos futuros a los que se enfrenta la justicia.

Además, esta estrategia afronta consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, promover una mayor eficiencia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio. Se trata de un documento que se alinea con el Plan Justicia 2030, promovido por el Ministerio de Justicia, y es la primera Estrategia de modernización y transformación digital elaborada en Canarias y España que aborda la situación post-covid con los retos de evolución tecnológica.

Dado que el escenario actual de las Administraciones Públicas viene principalmente determinado por  la transformación digital y todas las consecuencias originadas por la crisis sanitaria de la Covid-19, el Ejecutivo canario quiere dar respuesta con este nuevo instrumento a la exigencia de la sociedad para que la administración se sume al uso de las nuevas tecnologías. Pero, más allá aun, que reconecte con las personas administradas a través de nuevos canales y formatos más cercanos y útiles para la ciudadanía, ofreciendo así, un servicio público de mayor calidad.

La Estrategia tiene como misión contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Todo ello con métodos y procedimientos avanzados de menor complejidad, dentro del ámbito de competencias propio y en coordinación con el resto de instituciones competentes para dar respuesta a la situación provocada por la pandemia del coronavirus.

Este documento pretende ser el instrumento de los órganos judiciales y fiscales, así como de los y las profesionales de la justicia y de la ciudadanía, para ofrecer un servicio público moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente y contribuir a la mejora del Estado social y democrático de derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

Operativa, abierta y participativa

Para diseñar la Estrategia se ha realizado un análisis interno mediante encuestas al personal al servicio de la Administración de Justicia y un análisis externo, en el que se identificaron prácticas de interés en materia de respuesta a la Covid-19 y de modernización de la justicia puestas en marcha en otras Administraciones Públicas del conjunto español.

Por ello, se ha elaborado un documento de carácter integral, operativo, dinámico, abierto y participativo. Tiene como finalidad definir las acciones necesarias para abordar de forma óptima el impacto que la crisis sanitaria de la Covid-19 está generando en la Administración de Justicia de Canarias, entre otras cuestiones, la paralización de la actividad de los juzgados, el impulso de las nuevas formas de trabajo de las personas funcionarias o la necesidad de impulso a la relación por medios electrónicos.

Asimismo, pretende dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta la Administración de Justicia en Canarias, como la modernización de instalaciones y sistemas; cooperación; gestión de piezas de convicción y depósitos judiciales o fortalecimiento de los recursos humanos y materiales.

Esta nueva Estrategia pretende dar cumplimiento a los compromisos establecidos por el Ejecutivo de Canarias en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio para Canarias relativo a la defender la regeneración política y la modernización de las administraciones públicas. Además, el documento incluye las correcciones necesarias respecto de las áreas de mejora y oportunidad identificadas en el proceso de evaluación de la Estrategia 2017-2019, especialmente en lo relativo a llevar a cabo un proceso de elaboración abierto, participativo y realista.

Sistema de objetivos

El planteamiento de la Estrategia se basa en los valores de gestión orientada a resultados que mejoren la calidad de vida de las personas, estableciendo un sistema de objetivos evaluado periódicamente; liderazgo y compromiso con la calidad, promoviendo la innovación y mejora continua; sentido de pertenencia a la organización y trabajo en equipo, buscando alianzas que persigan los mismos fines y coordinando actuaciones, así como mejora de la comunicación interna y externa, de colaboración y cooperación.

La responsabilidad y rigor profesional en el trabajo desarrollado, la integridad, ética profesional y respeto al Código de Conducta de las y los empleados públicos; la potenciación del conocimiento compartido, y la creencia en la necesidad de adecuar su organización y desarrollo a la realidad social, son otros de los valores en los que se basa la estrategia.

El documento contempla cuatro ejes estratégicos: Eficiencia y profesionalidad en la prestación de servicios; transformación digital y seguridad de la información; comunicación y relaciones, y seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. Los cuatro ejes contienen 12 objetivos estratégicos y 46 acciones, con su temporalización y con indicadores asociados, tipo de línea y fase. El coste total del proyecto asciende a 11.500.000 euros.

 

Canarias recibirá este año 1,5 millones de euros de fondos europeos para proyectos tecnológicos en Justicia

Julio Pérez, mientras participa en la Conferencia Sectorial de Justicia del 18 de marzo de 2021

Las líneas de actuación de esta partida serán la deslocalización de los puestos de trabajo, la inmediación digital, la atención a la ciudadanía y la ciberseguridad

Canarias recibirá este año 1.462.509 euros del Fondo de Recuperación Europeo Next Generation para la implantación de reformas estructurales en la administración de Justicia en las Islas. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, destinará dicha partida a proyectos tecnológicos como la deslocalización del puesto de trabajo y la mejora de los sistemas de grabación y salas de vistas. Se trata de la parte acordada para 2021, a la que seguirán otras en los próximos años.

El reparto de dichos fondos se acordó este jueves en la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y de la que forma parte el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. En la reunión participaron de manera telemática el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

La Conferencia Sectorial acordó que estos fondos actúen en cuatro líneas. La primera de ellas es la inmediación digital y tiene como objetivo ampliar la posibilidad de realizar actuaciones judiciales telemáticas, en especial juicios, con plena seguridad jurídica. Se busca con ello que, para el año 2022, entre un 30 y un 50% de los órganos jurisdiccionales puedan realizar  sus actuaciones online.

La línea de puesto de trabajo deslocalizado busca ampliar el concepto tradicional de teletrabajo a una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el desempeño del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, reuniendo las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, la línea de atención ciudadana y cita previa habilitará un nuevo canal de atención a la ciudadanía y profesionales, que permita prestarla de manera ordenada mediante sitios web corporativos de cita previa, para la selección del día y turno para la prestación del Servicio Público de Justicia, canal conectará con los restantes de atención ciudadana basados en la inmediación digital.

Por último, está la línea de ciberseguridad, con la que se pretende establecer un servicio de seguridad gestionado destinado a proporcionar protección a las Administraciones y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, buscando sinergias con otros organismos europeos en esta materia.

Así mismo, la Conferencia Sectorial también ha aprobado por unanimidad un protocolo de teletrabajo que elaboraron los integrantes de la Comisión y que se constituyó en grupo de trabajo, entre los cuales estaba Canarias.

El protocolo permitirá la regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y su fin es la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Como explica la viceconsejera de Justicia, la necesidad de regular estos parámetros se ha puesto “muy de manifiesto” con la actual crisis sanitaria y para su implantación será necesaria, previamente, pasar por negociación sindical.

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Entra en funcionamiento la Sede Electrónica Única, que optimiza la relación de la ciudadanía con la Administración

Centraliza en un único punto toda la gestión de los distintos departamentos del Gobierno y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo, para simplificar, identificar y facilitar el acceso a las actuaciones administrativas

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron el pasado sábado 13 de marzo para evitar las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los procedimientos en marcha

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Direcciones Generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ha puesto en funcionamiento este fin de semana la Sede Electrónica Única, en la que se puede consultar la información sobre los procedimientos y servicios que se tramitan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y acceder a su tramitación electrónica. Este único buzón, que optimiza la relación con la Administración y hace este servicio más eficaz y eficiente, permite a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desee acceder y facilita el trabajo del personal público.

En la Sede Electrónica Única están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo.

La Consejería que dirige Julio Pérez cumple así con el acuerdo del Ejecutivo canario del pasado mes de diciembre de modificación del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

La implantación de la Sede Única ha supuesto cumplir una meta en el camino hacia la simplificación y facilidad de acceso de la ciudadanía a la Administración, más en la situación actual donde el acceso por vía telemática se hace tan necesario, señala la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, quien indica que se ha modificado la apariencia de la sede, que es más intuitiva y organizada.

Relación con la ciudadanía

Con la Sede electrónica, manifiesta, no solo se cumple con las exigencias de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permitirá que el camino que deba recorrer el ciudadano sea más directo y accesible, sino que también se mejora la relación electrónica del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, permitiendo la interconexión con el punto único de notificaciones y el registro electrónico de apoderamientos y otras futuras mejoras que redundarán en un servicio más eficaz, eficiente y sostenible, al reducir los actuales costes de mantenimiento y la complejidad de las adaptaciones ante eventuales cambios técnicos, organizativos y normativos.

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron en un solo día, el pasado sábado 13 de marzo, para evitar en el máximo posible las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los importantes procedimientos en marcha, aunque supusiera un importante esfuerzo de la Administración. No obstante, el trabajo de coordinación de todo el Gobierno para hacerlo posible ha llevado varios meses.

El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, explica que el proceso, desde su vertiente logística, se ha desarrollado en 24 horas para acotar inconvenientes a procedimientos tan relevantes como los de ayudas a las PYMES y personas autónomas o los de matrícula de alumnado de educación infantil, primaria y secundaria. Cumplir estos objetivos fijados, remarca, supuso involucrar el día 13 a más de 20 personas que, en muchos casos, han trabajado 10 horas de forma continuada y con disponibilidad las 24 horas.

Asimismo, destaca que dichas tareas no se hubiesen podido llevar a buen puerto sin el trabajo previo de aún más personas y de muchas más horas para preparar los distintos escenarios, hacer pruebas previas y definir los protocolos para enfrentar las incidencias.

Implantación

La implantación de la Sede Única de Gobierno de Canarias ha conllevado un trabajo de estandarización de la gestión de solicitudes, consulta de expedientes o requerimientos que facilitará tanto su uso como también su mantenimiento y la implementación de nuevas funcionalidades a la misma. Para ello se han abordado diferentes tareas, tanto desde los servicios centrales como departamentales, que dotan de mayor versatilidad a la tramitación electrónica pasando el foco de los departamentos a los procedimientos, dando a estos un papel más relevante y, por tanto, centrándose en ‘lo que se quiere hacer’.

En las tareas desarrolladas se han visto involucradas las principales plataformas horizontales de Gobierno (Sede, Platino, Hiperreg, Platea, …), múltiples gestores departamentales (Mayte, Sinergia, Gporta, FAP, SEFLOGIC, …), así como la gestión de varios recursos informáticos y de comunicación del Gobierno. Asimismo, con esta migración se ha pasado de 14 ‘sedes tipo’ a sólo tres (Sede Única, Sede Servicio Canario de Empleo y Sede de la Agencia Tributaria Canaria).

Melián cita algunas tramitaciones presentadas de los procedimientos en curso desde el sábado 13 de marzo al lunes 15 de marzo (hasta las 14:00 horas) como las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas, con un total de 317, o la admisión de alumnado de centros públicos y privados concertados de educación infantil, primaria y secundaria, con un total de 129 tramitaciones presentadas.

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El Gobierno canario implanta un sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica

Implantación sistema sistema de comparecencias judiciales a distancia, geolocalizadas y con identificación biométrica

Se sustituye la personación física por una identificación remota que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria un sistema remoto de comparecencias por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Se trata de una experiencia pionera en todo el Estado que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, explica que se trata del Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto (SCAAR), desarrollado por la empresa Inetum para la Administración de Justicia de Canarias y cuya implantación implica gran cantidad de ventajas, tanto para la persona sobre la que se fija la medida judicial de comparecencias periódicas, que podrá sustituirlas, si así lo consiente, por su verificación remota a través de su teléfono móvil, como para la propia Administración de Justicia.

Vallejo detalla que mediante esta tecnología se pasa de un proceso netamente manual y humano de verificación de comparecencias a un sistema íntegramente digital que, además, se integrará dentro del Sistema de Gestión Procesal generando notificaciones y alertas inmediatas. Destaca que se gana en eficiencia y maximización de las capacidades de recursos humanos de la Administración de Justicia al informatizar una labor que antes solo podía hacerse a través de la presencia física directa.

Asimismo, resalta su especial trascendencia y virtualidad en estos momentos de crisis sanitaria, pues evita traslados y acumulación de personas en los órganos judiciales y profundiza en la tónica de apoyarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público.

Sistema remoto

El Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto habilita la sustitución de la personación física en los días marcados por la autoridad judicial cuando se acuerda una medida cautelar por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Para su desarrollo, ya implementado y contrastado con éxito en mercados como el de la aeronáutica, control de fronteras o bancario, entre otros, cuenta con sistemas de verificación documental y sistemas de biometría facial.

Se trata de una solución bifásica en la que la persona compareciente verifica su identidad con cualquier documento válido y genera su credencial biométrica a través de reconocimiento facial. Una vez generada la credencial, se emplea para verificar su identidad a distancia acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el territorio en el que debe permanecer.

De esta manera hay una doble comprobación. En primer lugar, una verificación de la identidad de la persona, indispensable para garantizar la comparecencia, y en segundo lugar la identificación biométrica que confirma y evita el fraude de identidad.

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, los sistemas de biometría facial soportan tecnologías para evitar usos fraudulentos con máscaras o fotografías que puedan propiciar una suplantación de identidad y garanticen que, en base a un algoritmo calculado entre una tasa definida la evidencia facial capturada, es de una persona real y coincidente con la tenedora del documento verificado

 

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Autorizada la tercera prórroga de vigilancia y seguridad en órganos judiciales por 2,3 millones de euros

Se trata del contrato correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se prorroga hasta el 10 de mayo de 2022

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, jueves 11 de marzo, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los órganos de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por un importe de 2.299.040 euros, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). El plazo de ejecución de la prórroga finalizará el 10 de mayo de 2022.

En 2018 se adjudicó la contratación de este servicio a la empresa Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad España, SL, en el caso del Lote I, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas, por 4.720.794 (sin incluir el IGIC). Asimismo, también se adjudicó a la entidad mercantil Ilunion Seguridad, SA, el Lote II, correspondiente a los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife por 4.016.000 (sin incluir el IGIC).

Los dos contratos se formalizaron en mayo de 2018, siendo el plazo de ejecución de dos años en ambos casos (el Lote I, desde el 7 de mayo de 2018 al 6 de mayo de 2020, y el Lote II, desde el 11 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2020).

En abril de 2020 se autorizó la primera prórroga del contrato, por un mes y por importe de 373.821 euros. La segunda prórroga fue autorizada en junio de 2020 para ambos lotes, por importe de 6,5 millones de euros (sin IGIC), siendo el plazo de ejecución de 23 meses (desde el 7 de junio de 2020 hasta el 6 de mayo de 2022), en lo que se refiere al Lote I del contrato, y de 11 meses (desde el 11 de junio de 2020 al 10 de mayo de 2021) en lo que se refiere al Lote II.

El Gobierno autoriza ahora la prórroga correspondiente a servicio de vigilancia y seguridad de los órganos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cuya ejecución será de 12 meses, desde el 11 de mayo de 2021 al 10 de mayo de 2022. El gasto total de la prórroga, que asciende a 2.999.040, 18 euros, se distribuirá entre las anualidades de 2021 y 2022.