Logo del Gobierno de Canarias

Canarias contará con 1.450 efectivos, 150 vehículos y 15 medios aéreos para la campaña de incendios forestales 2021

Canarias contará con 1450 efectivos, 150 vehículos y 15 medios aéreos para la campaña de incendios 2021

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma en el Parlamento que hay que insistir en la prevención, y anuncia que en los próximos días se establecerán medidas prohibitivas y limitativas de la actividad de personas en las masas forestales canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó ayer martes que Canarias dispondrá este verano de 1.450 efectivos, 150 vehículos y 15 medios aéreos para la campaña de incendios forestales de 2021, sin perjuicio de los que se puedan ir incorporando adicionalmente, y contará también con el sistema de mando y control y el sistema de coordinación. No obstante, destacó que si bien la extinción, el control y la coordinación son importantes, más aún es insistir en la prevención de cara a evitar incendios.

“Por muchos que sean los medios y muy buena sea la coordinación en el origen de los incendios forestales hay siempre una conducta humana, por tanto, hay que insistir en la prevención, que depende más de seres humanos concretos que de las administraciones públicas”, destacó Pérez en el Parlamento de Canarias tras ser preguntado sobre los trabajos que se están llevando a cabo para el desarrollo de la campaña contra incendios de 2021.

Al respecto, el consejero anunció que en los próximos días se establecerán medidas prohibitivas, que incumben sobre todo a los cabildos, y medidas limitativas de la actividad de las personas en las masas forestales canarias. Es posible, recalcó, que el cumplimiento de estas medidas tenga una importancia mucho mayor para evitar los incendios forestales que la multiplicación de medios que se puedan incorporar cuando llegue el incendio.

Sobre los medios disponibles para la campaña contra incendios 2021, Pérez explicó que la mayor parte de ellos son de los cabildos insulares, unos 950, y el resto, unos 500 medios, son de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, que también incorporan el sistema de mando y control y el sistema de coordinación.

Detalló que hace unos días se celebró una reunión preparatoria de cara a la campaña de incendios forestales con el objetivo de revisar las capacidades y disponibilidades y para mejorar los sistemas de mando y control, así como para integrar las lecciones aprendidas de anteriores incendios forestales.

El consejero resaltó los esfuerzos que se realizan para mejorar las condiciones laborales de los efectivos de extinción de incendios forestales y dijo que todos los que se hagan serán pocos. “Tener equipos profesionales que intervengan con acierto es tan importante como la cantidad de dichos equipos”, indicó.

Etiquetas

El Gobierno es informado del gasto de 1,09 millones en Justicia para la protección de personas frente a la COVID-19

El importe total se corresponde con contrataciones para la prestación de servicios y suministros para dotar a los edificios judiciales de medidas de higiene y salubridad y para garantizar la continuidad de la actividad judicial como servicio esencial

El Consejo de Gobierno fue informado hoy, jueves 3 de junio, del gasto de 1.097.497,08 euros correspondientes a siete contratos aprobados, por tramitación de emergencia, para atender las necesidades de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19 en los edificios judiciales.

Para tal fin, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha llevado a cabo entre diciembre de 2021 y marzo de 2021 expedientes de contratación para la prestación de servicios y suministros, con el fin de dotar a los edificios judiciales que gestionan de las medidas de higiene y salubridad necesarias para la protección de las personas contra el virus y para garantizar la continuidad la actividad judicial como servicio esencial.

Dichos contratos están relacionados con el suministro e instalación en edificios judiciales de sistemas de videovigilancia para el control de acceso y seguridad, de sistemas de megafonía de evacuación de emergencia y de redes de telecomunicaciones Wifi, así como con el suministro de equipos de dispositivos purificadores del aire para la eliminación de las transmisiones por aerosoles y con la provisión de material sanitario de protección de la COVID-19, entre otros.

En concreto, las contrataciones realizadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para para hacer frente a la COVID-19 son las siguientes:

·        Suministro e instalación de sistema videovigilancia para control acceso y seguridad (CCTV), medidas de gestión de situación frente a la COVID-19 en edificios judiciales de la isla de Gran Canaria (32.399,36 euros).

·        Suministro e Instalación de sistema de megafonía para evacuación de emergencia en el Edificio Judicial San Bartolomé de Tirajana (80.382,05 euros).

·        Suministro e Instalación de redes y telecomunicaciones Wifi (Panel información nivel C02, mecanismo de control de aerosoles y ventilación COVID-19) en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife (80.843,66 euros).

·        Desarrollo para la integración del Nuevo Servicio de Comparecencia APUD ACTA REMOTO (SCAAR) con Atlante Web (264.290 euros).

·        Suministro equipos dispositivos purificadores del aire para eliminación de transmisiones por aerosoles del ambiente, en Edificios Judiciales del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (237.790 euros).

·        Suministro de material sanitario de protección COVID-19 para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (14.880,01 euros)

·        Implantación del Servicio de Comparecencia del nuevo Sistema Telemático de APUD ACTA REMOTO (SCAAR) con Atlante Web (386.912 euros).

 

El consejero Julio Pérez recibe al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

Julio Pérez recibe a Juan Luis Lorenzo Bragado

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibió hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, con quien mantuvo un encuentro institucional en el que ambos hicieron un repaso general a los asuntos comunes. Además, la reunión sirvió también para darle un impulso a la necesaria colaboración entre ambas instituciones.

Etiquetas

Corregido el reparto de los fondos locales en Fuerteventura

Corregido el reparto de los fondos locales en Fuerteventura

Los ayuntamientos, a favor del anteproyecto de la Ley de renta de ciudadanía de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Canarias que aprobó, por unanimidad, un nuevo reparto de los fondos provenientes del Bloque de Financiación Canario entre los municipios de Fuerteventura, una reivindicación histórica que mejorará los ingresos de Betancuria y Antigua.

La iniciativa partió de una propuesta conjunta del Cabildo de Fuerteventura y los seis municipios de la Isla, que consiste, en esencia, en rebajar el peso del criterio de la población y aumentar el del territorio de manera que Betancuria y Antigua, los menos favorecidos en el reparto actual, accedan en mayor medida a esos fondos.

La medida entrará en vigor lo antes posible y tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2021, por lo que la modificación no afectará la liquidación correspondiente a 2020.

Pérez también resaltó la importancia de que pudiera alcanzarse un acuerdo por unanimidad en esta materia, pues al tratarse del reparto de fondos no siempre es habitual que se generen soluciones de consenso.

Renta de ciudadanía de Canarias

Por último, el Consejo Municipal de Canarias emitió informe favorable al anteproyecto de la Ley de renta de ciudadanía de Canarias, norma que servirá para complementar en el Archipiélago el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Estado.

La futura norma contempla la renta de ciudadanía como un derecho fundamental, de carácter subsidiario a la ayuda que presta el Estado, y de carácter periódico.

Una de sus características más importantes es que cambiará el procedimiento para solicitar la ayuda, de forma que les resulte más fácil a las personas que necesiten pedirla, por una parte, y el trámite comenzará en el Gobierno, en vez de hacerlo en los ayuntamientos, de manera que estos no se verán asfixiados por su aplicación al ahorrarles mucho trabajo.

Al respecto, Pérez resaltó que tan importante como el contenido mismo de la futura ley es el trámite que tendrán que llevar a cabo sus solicitantes, y destacó que, con el informe del Consejo Municipal de Canarias, el anteproyecto consigue tanto un respaldo jurídico a favor de la futura norma como uno social, y remarcó la buena sintonía entre las administraciones locales y el Gobierno de Canarias en esta materia.

Etiquetas

Canarias organiza dos jornadas sobre el Gobierno Abierto en los ODS y la digitalización de la Justicia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa en la Semana de la Administración Abierta 2021 que impulsa el Ministerio de Política Territorial y Función Pública

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, participará en la Semana de la Administración Abierta, los días 20 y 21 de mayo, con dos jornadas en las que presentarán la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Ambos actos podrán seguirse en directo a través del Canal de YouTube Canarias Gobierno Abierto, donde los comentarios estarán abiertos a la ciudadanía para que participen en las mismas.

El jueves 20, a partir de las 11.00 horas, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, presentará la Estrategia de Gobierno Abierto para la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 a cargo de la redactora del borrador del mismo, Nuria Portillo, profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Coincidiendo con este acto, el citado borrador se abrirá a información pública el mismo día. El documento nace de las conclusiones de la jornada celebrada bajo el título El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tenía como fin aunar un proceso participativo que permitió analizar la importancia de los pilares del Gobierno Abierto en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

Al día siguiente, el viernes 21, a partir de las 09.00 horas, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, expondrá la Estrategia de transformación digital de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Canaria. Bonnet explicará los avances que desde el Gobierno se han dado en el área que dirige con el fin de contribuir a la prestación de un servicio público de justicia moderno, transparente, accesible y abierto a la ciudadanía, que actúe con agilidad, eficacia y calidad en la protección y defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

La Semana de la Administración Abierta es una iniciativa impulsada en todo el planeta por la Alianza para el Gobierno Abierto y coordinada en España por la Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y que en esta edición versan sobre la reconstrucción de Administraciones, Instituciones y sociedades, para que sean más transparentes, responsables, participativas e inclusivas.

Con estas jornadas, que tienen lugar entre el 17 y el 21 de mayo, se pretenda acercar las administraciones públicas a la ciudadanía, basándose en los principios del Gobierno Abierto, es decir, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, integridad pública y colaboración.

Consulta el programa:

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA/SemanaAA_2021_CCAA.html

Etiquetas

El Registro Civil inaugura web e implanta la cita previa por internet para facilitar los trámites a la ciudadanía

Desde la web www.gobiernodecanarias.org/justicia/registrocivil la ciudadanía podrá realizar la mayoría de sus trámites y evitar, de esta forma, las aglomeraciones en su sede

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, pone en marcha la página web del Registro Civil e implanta la cita previa por internet para facilitar los trámites a la ciudadanía en el marco de las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Canarias para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Este servicio, impulsado por la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de la Administración de Justicia, cumple con el objetivo de contribuir a la prestación de un servicio público de justicia en Canarias moderno, transparente, accesible y abierto a la sociedad, que actúe con agilidad, y que permita mejorar la calidad que actualmente se ofrece en los Registros Civiles.

La ciudadanía podrá realizar así la mayoría de sus trámites a través de internet y evitar, de esta forma, la coincidencia de varias personas en su sede, dando cumplimiento con la normativa vigente de distanciamiento social, así como los desplazamientos innecesarios. El sistema facilitará la realización de las gestiones necesarias a través del portal web como la obtención de los certificados oficiales gratuitos de nacimiento, matrimonio y defunción, entre otros trámites.

En la página web del Registro Civil www.gobiernodecanarias.org/justicia/registrocivil, además de solicitar cita previa, se pueden descargar los formularios que hay que cumplimentar, así como la información y documentación necesarios para la ejecución de los trámites. Se trata del único portal oficial sobre este servicio y en este todos los procedimientos son de carácter gratuito.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, en su esfuerzo de seguir trabajando en sistemas de sencilla operatividad para favorecer la interacción del ciudadano, lanza esta nueva aplicación intuitiva y segura que ofrece:

– A través de la web: La persona interesada elegirá día y hora de cita entre las que estén disponibles.

– A través de vía telefónica y presencial: La persona interesada podrá solicitar cita telefónicamente o presencialmente en las oficinas, donde tendrán acceso a la aplicación para facilitar la cita.

-Sistema recordatorio de citas: La persona recibe email y/o SMS con la confirmación de su cita y su localizador y puede modificar o cancelar la misma.

Con la implantación del servicio de cita previa en Las Palmas de Gran Canaria se inicia la puesta en marcha en los Registros Civiles de ambas provincias canarias. El Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria atiende al público en horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes y es obligatorio pedir cita a través de la página web del Registro Civil para los trámites e inscripciones que se detallan en el portal. Además, sigue habilitado el número de teléfono (928.116212 y 928.116611) a modo de centralita para simplificar el contacto con la ciudadanía.

Etiquetas

El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

Etiquetas

El Gobierno es informado sobre el gasto de 4,3 millones en Justicia para hacer frente a la pandemia de la COVID-19

El importe total corresponde a la adjudicación de 43 contratos para la prestación de servicios y suministros con el fin de garantizar la protección de las personas y la continuidad de la actividad judicial como servicio esencial

El Consejo de Gobierno fue informado hoy, jueves 22 de abril, del gasto de 4.377.142,83 euros correspondientes a 43 contratos para la prestación de servicios y suministros aprobados, por tramitación de emergencia, por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Han sido contratos para atender las necesidades derivadas de la COVID-19.

Esas contrataciones tienen como fin dotar a los edificios judiciales de las medidas de higiene y salubridad necesarias para la protección de las personas contra el virus y para garantizar la continuidad la actividad judicial como servicio esencial.

Dichos contratos están relacionados con el suministro e instalación de material de protección, señalización, mobiliario y limpieza y desinfección en edificios judiciales de Canarias, con la mejora de sus sistemas de climatización y ventilación y con el acondicionamiento y suministro de material informático para que el personal pueda desempeñar sus funciones en la modalidad de teletrabajo.

También se efectuaron contratos para la realización de obras en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, para dotarlo de un sistema de Bioseguridad BSL-3 y realizar autopsias de personas fallecidas por causas infecciosas, así como otros relacionados con el suministro de material y equipamiento sanitario de protección para los Institutos de Medicina Legal.

Asimismo, el gasto total contempla la colocación de sistemas de videoconferencia, el suministro de ordenadores para renovación por la implantación de la plataforma Webex Cisco y la instalación de micrófonos de sobremesa en las salas de vistas de los edificios judiciales, así como el material de señalización sobre normas de seguridad en instalaciones judiciales y trabajos de mejora en el control de acceso a éstas.

Las contrataciones realizadas mediante resoluciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia recogen también las relacionadas con la elaboración de un proyecto audiovisual para su implementación en la formación de medidas de prevención frente a la COVID-19 para el personal al servicio de la Administración de Justicia o la integración de un programa de asistencia virtual tecnológico de interconexión e interacción ante la situación generada por la pandemia, entre otras acciones.

El Gobierno toma en consideración el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de los juegos y apuestas

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección

Se delimitan las distancias entre los establecimientos de juego a 200 metros como mínimo, y de los que se establezcan a partir de ahora con los centros docentes o de atención a los menores a 300 metros, al menos

En materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego, se establece como novedad la prohibición para el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) de emitir publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial)

También se introduce la prohibición de la publicidad en equipamientos, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional

El Consejo de Gobierno ha tomado hoy en consideración, el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, así como su lista de evaluación a los efectos de un primer pronunciamiento sobre la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran.

La finalidad principal de la iniciativa es la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección. En este sentido, el anteproyecto de ley contempla la prohibición a dichos colectivos de las máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, al tiempo que amplía la relación de personas que tienen prohibido la participación en los juegos.

Asimismo, se impide el acceso a los establecimientos de juego a las personas que tienen prohibida la participación en los juegos o que porten armas u objetos que puedan utilizarse como tales, advirtiendo expresamente de que la prohibición de acceso a menores de edad deberá constar de forma clara y visible en la entrada del establecimiento de juego.

Se incorporan, de un lado, las personas inscritas en el Registro de Prohibidos de Acceso al Juego entre los sectores vulnerables a que hace referencia el principio general de prevención de perjuicios a terceros; y de otro, el principio general de juego responsable, que opera como un compromiso colectivo encaminado a minimizar los riesgos del juego excesivo.

Publicidad, patrocinio y promoción

Se introducen dos importantes novedades en materia de publicidad, patrocinio y promoción del juego: por un lado, se prohíbe que el ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego (tanto online como presencial); y, por otro, también la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Se suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración, por lo que la explotación de las apuestas solo podrá tener lugar en establecimientos específicos de juego (locales de apuestas externas o en los espacios de apuestas externas instalados en casinos, salas de bingo y salones recreativos y de juegos).

En lo que se refiere a la planificación de juegos y apuestas, se introducen dos parámetros objetivos (población y camas turísticas), de cara a la localización y distribución de los establecimientos de juego, mientras que, en materia sancionadora, se tipifican como infracciones muy graves, entre otras, permitir el acceso a los establecimientos de juego (además de permitir su práctica) a las personas que lo tengan prohibido legal o reglamentariamente.

Infracciones

Además, se introducen nuevas infracciones graves. Entre otras, la no exhibición de forma visible en el acceso a los establecimientos de juego de la indicación de prohibición de entrada a personas menores de edad, así como la utilización de materiales y elementos de juegos y apuestas no homologados.

Se contempla una nueva infracción leve, que consiste en no presentar la pertinente comunicación previa en aquellos supuestos de transmisión de actividades o establecimientos cuya realización, instalación, apertura o funcionamiento esté sujeta a declaración responsable o comunicación previa.

Se actualizan e incrementan las horquillas inferiores y superiores de las sanciones leves, graves y muy graves. En lo que concierne a la graduación de las sanciones, se precisa, que uno de los criterios de ponderación, vendrá constituido bien por la transcendencia social o bien por la transcendencia económica de la acción.

Asimismo, se regula el cierre de los establecimientos de juego clandestinos, esto es, de aquellos que carezcan de título habilitante, precisando que dicha medida no tiene carácter sancionador.

Tendrán la consideración de responsables de algunas infracciones tipificadas en la ley las personas autoras de los proyectos, certificados e informes técnicos considerados falsos o inexactos, y se amplía el plazo de prescripción, de un lado, de las infracciones leves y muy graves, que pasa a ser de uno y cuatro años, respectivamente; y de otro, de las sanciones muy graves, que pasa a ser de cuatro años.

Se fija en un año el plazo de caducidad de los procedimientos sancionadores en materia de juego y se introduce un nuevo capítulo referido a la ordenación del juego responsable, que está integrado por cinco preceptos.

Así, se regula la autorización autonómica previa a la apertura de locales e instalaciones en los que se desarrollen juegos no reservados autorizados por la Administración del Estado, exonerando de dicha autorización a los establecimientos que comercialicen juegos gestionados por la SELAE y por la ONCE.

Sobre las políticas de juego responsable, se delimitan el alcance de las mismas y se relacionan diversas acciones encaminadas a proteger a las personas consumidoras de servicios de juego.

Distancias entre establecimientos y con los colegios

También se delimitan las distancias mínimas entre los propios establecimientos de juego, estableciendo con carácter general a partir de ahora una distancia de 200 metros entre cualesquiera de estos, como mínimo.

Asimismo, la distancia de los establecimientos de juego que se abran a partir de ahora con respecto a los centros docentes o de atención a menores deberá ser de 300 metros, al menos. En la actualidad, la distancia es de 50 metros para locales de apuestas externas, bingos y otras categorías.

Es la misma distancia que determina la zona de influencia de centros de enseñanza y de atención a menores en la que no podrán ubicarse establecimientos para la práctica de juego que se ha venido exigiendo a los salones recreativos y de juegos, que ahora se generaliza para cualesquiera establecimientos de juego.

Igualmente, se establece la obligación de que todos los establecimientos de juego dispongan de un servicio de admisión que controle el acceso e impida el acceso a aquellas personas que lo tengan prohibido; correlativamente, exige que las empresas que, en su caso, exploten modalidades de juego de ámbito autonómico por medio de canales telemáticos dispongan de un sistema que permita identificar a los jugadores y comprobar que no están incursos en prohibiciones para jugar.

También se exige la colocación de una placa-distintivo en los establecimientos de juego que dispondrá de un código QR o tecnología de escaneo similar susceptible de suministrar información del local derivada del Registro del Juego.

De la misma manera, se amplían las causas de revocación de las autorizaciones, incluyendo entre dichas causas tanto la falta de constitución o reposición de garantía como el cierre del local sin autorización.

Se incorporan diversas causas de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, así como diversas pautas procedimentales para la declaración de dicha ineficacia, y se regula la documentación precisa para tramitar las declaraciones responsables de instalación, apertura y funcionamiento de salones y locales de apuestas externas, hasta tanto se desarrollen reglamentariamente los modelos y requisitos para ello.

Contexto

El Parlamento de Canarias, en sesión del Pleno de fecha 10 y 11 de diciembre de 2019, debatió y aprobó la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones, en la que se insta al Gobierno de Canarias, entre otros aspectos, a regular la prohibición del acceso de los menores de edad a los diferentes establecimientos de juego; a paralizar, como medida cautelar, la concesión de nuevas licencias de apertura de locales de juego hasta la entrada en vigor de dicha normativa, y a impulsar la creación de una mesa de expertos para llevar a cabo una reforma reflexionada, consensuada y profunda del marco normativo referente al juego y a las apuestas.

En cumplimiento de esa resolución, el Ejecutivo autonómico aprobó el Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, norma con fuerza de ley que dispuso la suspensión de la vigencia del régimen de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas hasta el 31 de diciembre de 2021, así como otras medidas.

Tras la promulgación y convalidación parlamentaria del referido Decreto ley 5/2020, de 2 de abril, el Parlamento aprobó su tramitación como proyecto de ley, lo que dio lugar a la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas.

La misma establece que el Gobierno de Canarias impulsará una iniciativa legislativa que, además de aprobar las determinaciones derivadas de la resolución aprobada por el Parlamento de Canarias, revisará tanto el régimen sancionador en lo que afecta a la eventual presencia de menores en establecimientos de juego como el régimen de publicidad, patrocinio y promoción aplicable al juego desarrollado en la Comunidad Autónoma de Canarias, correspondiendo dicha iniciativa a la que el Gobierno ha tomado en consideración hoy.

Por otra parte, entre el 16 de septiembre y el 6 de octubre de 2020, en el portal web https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/  estuvo publicada en la fase de consulta pública previa la iniciativa normativa para la elaboración de este anteproyecto de ley a fin de recabar la opinión de la ciudadanía de conformidad con lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Una vez finalizado el plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el citado portal web, 30 personas y entidades utilizaron este canal de participación y colaboración para hacer llegar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad sus aportaciones.

Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Se ubica en el IML de Las Palmas y se trata de un espacio completamente independiente del resto instalaciones para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha invertido 487.807,18 euros en la obra y el equipamiento de la nueva sala

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas una sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) para la realización de necropsias de personas fallecidas por la Covid-19 y por otras causas infecciosas. Esta sala es la primera de estas características en Canarias y estará también a disposición de los hospitales para la realización autopsias clínicas, con el objeto de avanzar en proyectos de investigación.

Con esta nueva instalación, el IMLCF de Las Palmas se convierte en uno de los institutos de medicina legal punteros en España en el que se podrán realizar, con las máximas garantías de seguridad, aquellas autopsias de personas fallecidas como consecuencia de la Covid-19 y de otro tipo de patógenos como el ébola, gripe aviar, síndrome respiratorio agudo y grave, brucelosis, tuberculosis multirresistente y cualquier otro virus que se pueda desarrollar en el futuro, según explicaron hoy en el acto de presentación de este nuevo espacio Julio Pérez, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la directora del IML de Las Palmas María José Meilán.

Este tipo de salas se caracterizan por una serie de instalaciones dirigidas a aislar el ambiente y evitar la salida de cualquier elemento infectado de las mismas, y es tan específico que actualmente la normativa está en proceso de adaptación existiendo sólo su aplicación en laboratorios de alta seguridad de investigación.

El consejero destacó la seguridad en el trabajo, la calidad del resultado y el progreso en el conocimiento como valores que se incorporan en el sistema público judicial como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la sala de bioseguridad. Así, precisó que las y los trabajadores realizarán su labor en condiciones de absoluta seguridad, según los conocimientos que existen actualmente, remarcó el impulso a la calidad del resultado del trabajo profesional y señaló el progreso del conocimiento y el avance de la ciencia médica y judicial.

Pérez indicó que esta actuación se enmarca en las medidas de modernización de la justicia promovidas por el Gobierno de Canarias, desde el que se aspira a que las 15 salas de autopsias disponibles en Canarias –entre dependencias de los IML y de los hospitales públicos- cuenten con la mayor seguridad, lo que dependerá, aclaró, de los espacios disponibles para este tipo de instalaciones y del presupuesto del que se disponga.

Bonnet explicó que la sala de bioseguridad es completamente independiente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal, indicó que se ha construido en un espacio antes ocupado por archivos y resaltó que dicha instalación cubre una necesidad para la realización de autopsias por causas infecciosas puestas de manifiesto y demandadas por las y los profesiones hace tiempo.

La directora general especificó que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha invertido un total de 487.807,18 euros, que incluye la obra civil, sistemas de ventilación y climatización, puertas automáticas, equipamiento y mobiliario, así como equipo de videograbación y digitalizador de aparato de rayos X.

Meilán agradeció la sensibilidad del departamento que dirige Julio Pérez para hacer real esta demanda que surgió tiempo atrás con el Ébola y el SARS, y recordó que la necesidad de disponer de una sala de estas características se detectó en las primeras semanas de la pandemia por la Covid-19. La directora del IML de Las Palmas puso en valor que esta sea la primera sala de estas características que existe en Canarias y habló de la importancia de este tipo de instalaciones para avanzar en las investigaciones que permitan conocer las causas exactas de las muertes por la Covid-19, ya que existen muy pocos estudios al respecto.

Nivel de bioseguridad 3

La sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) se diferencia de una instalación de autopsias normal en que se trata de una sala estanca, separada del resto de instalaciones mediante un sistema de esclusas de doble puerta con cierre sellado y con diferentes presiones que aseguran un flujo de aire hacia el interior impidiendo la salida de gases a otras dependencias.

Para evitar la presencia de virus en forma de aerosoles, dijo, se potencian los sistemas de ventilación y se les dota de filtros especiales, además de incrementar la periodicidad de la renovación de aire.  Asimismo, y para evitar la salida de patógenos a través del agua utilizada o cualquier otro fluido, cuenta con dispositivos especiales de tratamiento químico del agua, de modo que solo se evacúa al saneamiento general una vez tratado.

La sala de nivel 3 cuenta con una cabina de seguridad biológica para la manipulación de las muestras potencialmente contagiosas con el objetivo de que cuando salga una muestra de ese recinto lo haga ya preparada perfectamente para que quien la manipule no tenga riesgo de contaminación.

Esta instalación tiene dos circuitos limpios y diferenciados, que nunca se juntan: uno para las personas que trabajarán con el cadáver y, otra, para el propio cuerpo. En la primera de ellas, las personas tienen que pasar por diferentes estancias para colocarse los Equipos de Protección Individual (EPI) y, al terminar, se accede a una ducha y espacios para que las personas que trabajan con el cadáver puedan realizar una completa descontaminación. Mientras, el cadáver se guarda en una cámara frigorífica y se traslada a la sala de autopsia por otro circuito independiente.

Videograbación de autopsias

Bonnet expuso que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Justicia actualmente, en el marco de las medidas para la digitalización de la Administración, está implantado en parte de sus salas de vistas judiciales el nuevo sistema de grabación de vistas, con el que se ha equipado también a esta nueva sala de autopsias de forma que se pueda compartir la documentación bidireccional entre los juzgados e IML.

Agregó que, en línea con el objetivo de digitalización, acentuado por la situación de pandemia y como práctica dirigida a evitar el contacto y la transmisión del virus, también se ha dotado a las instalaciones del IML de un digitalizador del aparato de radiología.

Asimismo, detalló, todas las instalaciones se han ejecutado con tecnología de domótica de forma que desde un ordenador se puede controlar y comandar el funcionamiento de toda la sala como fijar la temperatura de la sala, apertura y cierre de puertas, encendido, apagado y regulación de la iluminación.

Etiquetas