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El Consejo autoriza la prórroga del contrato de peritaciones judiciales por importe de dos millones

Un total de 1.070.000 euros será para actuaciones en los órganos judiciales de Las Palmas y los 936.250 restantes para los de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy el gasto correspondiente a la prórroga del contrato de servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de Canarias por importe de 2.006.250 euros (IGIC incluido), con vigencia hasta el 31 de mayo de 2022. Un total de 1.070.000 euros se destinarán a las peritaciones de los órganos judiciales de Las Palmas y los 936.250 restantes para los de Santa Cruz de Tenerife.

El contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó en mayo de 2020 en dos lotes: lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución para el periodo que va desde el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.

Ante la próxima finalización del contrato, el Ejecutivo canario ha considerado necesario prorrogarlo con un presupuesto de dos millones de euros, que se distribuirán en dos anualidades. La primera de ellas abarca del 1 de junio al 31 de diciembre de 2021, por importe de 1.170.312,50 euros, de los cuales 624.166,67 son para los órganos judiciales de Las Palmas y 546.145,83 para los de Santa Cruz de Tenerife.

La segunda anualidad, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, contempla un gasto total de 835.937,50 euros, de los cuales 445.833,33 euros son para el lote I y el resto, 390.104,17 euros, para el lote II.

Los juzgados Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para víctimas

Los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para las víctimas

La Consejería de Administraciones Públicas continúa con el proceso para facilitar espacios respetuosos que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde la víctima pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, continúa con el proceso emprendido en los edificios judiciales de las Islas con el objeto de crear espacios funcionales para mejorar la asistencia a las víctimas del delito, y ha concluido las actuaciones en los juzgados de La Orotava, que disponen ya de zonas amables y cercanas para las víctimas, adecuadas además a menores de edad. Actualmente, estos espacios están disponibles también en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife, a los que seguirán los de Santa Cruz de Tenerife, en cuyas instalaciones se está trabajando actualmente para adaptarlas a una arquitectura humanizada que se perciba como cercana.

Estas actuaciones, desarrolladas a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se implementarán en todas las Islas y tienen como objetivo habilitar zonas destinadas a las víctimas, con la finalidad de ofrecer espacios respetuosos, que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde cada persona pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales.

Con estas medidas se da cumplimiento a Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, que dedica una especial atención a las víctimas de violencia de género y aquellas consideradas de mayor vulnerabilidad, como son los menores y personas con discapacidad, y en la que se establecen y regulan adaptaciones técnicas y medidas con el objeto de que el paso de estas personas por los procedimientos judiciales sea fructífero y evite la revictimización.

Para ello, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) adjudicó el pasado año dos contratos con un despacho de arquitectos especializados, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el desarrollo de un estudio funcional de todas las zonas judiciales sobre espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas.

Oficina Virtual

Además de la mejora de las zonas físicas en los órganos judiciales, la Consejería de Administraciones Pública ha puesto en funcionamiento recientemente la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas del Delito, un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica especializada mediante el uso de aplicaciones móviles, el teléfono y un chat.

Se pone así a disposición de las víctimas una vía de comunicación que se percibe menos invasiva y de la que podrán hacer uso siempre que así lo requieran y sin necesidad de haber presentado denuncia previa.

Mediante la asistencia virtual, la persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación, marcándola como modo incógnito para que su visita a la web no deje rastro en el dispositivo desde el que se conecta.

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El Gobierno agiliza el acceso a la administración electrónica tras actualizar los servidores de la red corporativa

La inversión del nuevo sistema de almacenamiento, de 3,4 millones de euros, ha sido cofinanciada con fondos FEDER

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha actualizado su red corporativa de almacenamiento a través de un nuevo sistema, lo que permitirá, entre otros avances, prestar mejores y más ágiles servicios electrónicos a la ciudadanía. Para ello, la DGTNT ha implantado en cada provincia un sistema de almacenamiento SAN —de sus siglas en inglés Storage Area Network— que está compuesto por cabinas de servidores y de datos.

Como explica el director general del área, Víctor Melián, con la adquisición de este equipamiento se dota a la Administración autonómica de un sistema de última generación que constituye un salto cualitativo importante para la mejora del funcionamiento de la red corporativa global.

Con esta actualización, el sistema de almacenamiento para servidores ofrece un rendimiento muy elevado sin comprometer la seguridad, eficiencia, la disponibilidad, la protección o la flexibilidad en la gestión de los datos. Melián señala que esta nueva infraestructura permite reducir de forma considerable las saturaciones que se pueden producir en momentos puntuales asociados a procedimientos masivos como, por ejemplo, solicitudes de becas, pagos tributarios, subvenciones o procesos selectivos, entre otros.

Entre las mejoras detectadas tras la migración de estos nuevos servidores, se ha reducido la latencia (tiempo de respuesta), pasando de 25 milisegundos de media a 0,3 milisegundos, lo que supone bajar hasta 100 veces el tiempo de acceso; se ha mejorado la transferencia de datos hasta alcanzar los 1,3 Gb/s, una velocidad que dobla la existente anteriormente; y se ha reducido en seis horas el periodo de realización de copias de seguridad, lo que permite la realización de copias de seguridad adicionales tanto para nuevas aplicaciones como para los incrementos de datos de las aplicaciones actualmente existentes.

El proceso de traspaso de los recursos a la nueva plataforma tecnológica se realizó en siete etapas, dado que requería de planificación y coordinación entre la empresa encargada y el personal interno. Además, esto permitió que no se interrumpiera en ningún momento durante la migración el funcionamiento de la red corporativa de la Administración Pública.

El coste del sistema completo requirió de una inversión que ascendió a 3.392.133,52 euros, cofinanciado por el FEDER, en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020, Eje: 2 Prioridad de Inversión: C, Medida: Infraestructura en tecnologías de la información, computación, centros de proceso de datos y edificios tecnológicos (PILA 166G119), Tasa de financiación 85%.

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Los Palacios de Justicia de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife miden la calidad del aire para mejorar la salud

Los Palacios de Justicia de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife miden la calidad del aire para mejorar la salud en el trabajo

La colocación de sensores de monitorización se incluye en la Estrategia de Transformación Digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023 y se realizará en todos los edificios judiciales de Canarias para hacerlos más seguros y sostenibles

Actualmente, y con motivo de la crisis de la Covid-19, hay instalados además 451 equipos de esterilización de aire en diversos edificios judiciales de las Islas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha puesto en funcionamiento en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y en el Edificio Judicial de Arrecife sensores que monitorizan la calidad del aire en los puestos de trabajo como elemento fundamental en la prevención de riesgos laborales. Este proyecto, que se implantará en todos los edificios judiciales de Canarias, se concibe no solo para evitar la expansión del Coronavirus, sino como una herramienta indispensable para mejorar las condiciones medioambientales y de salud tanto del personal público como de las personas usuarias.

Esta medida se alinea con el Plan de Justicia 2030 del Ministerio de Justicia y se incluye en la Estrategia de Transformación Digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, aprobada el pasado 18 de marzo, según detalla la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet. Con esta actuación, afirma, los edificios son más seguros y sostenibles, ya que los aparatos de extracción de aire solo entran en funcionamiento cuando los sensores determinan que es necesario, por lo que se encuadra también en la Agenda de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias.

Bonnet informa de que el plazo previsto para la instalación de sensores en todos los edificios judiciales de Canarias es de unos cuatro meses y el presupuesto total del proyecto asciende a un millón de euros, 550.000 euros de los cuales ya se han ejecutado.

Medición, respuesta y esterilización

Con este proyecto se controla la calidad del aire en las dependencias judiciales públicas a través de la medición de aspectos como humedad, temperatura, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión o compuestos volátiles orgánicos; la respuesta automática cuando sea necesario mejorar la calidad del aire; y la esterilización del aire en los supuestos en los que proceda.

Así, los datos recogidos se monitorizan y cuando se alcanzan niveles no aconsejables se desencadena una respuesta para poner en marcha la extracción del aire, incrementar la potencia de extracción de aire o poner en marcha sistemas de higienización, de forma que se pueda garantizar que los parámetros del aire que se miden estén siempre dentro de los limites aconsejables por las autoridades sanitarias.

Además de los sensores colocados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y en el Edificio Judicial de Arrecife, y debido a la situación provocada por la Covid-19, actualmente hay instalados 451 equipos de esterilización de aire en aquellos edificios con peores condiciones de ventilación y extracción de aire. Así, estos equipos están instalados en los edificios judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario, en los juzgados de Telde, La Gomera, El Hierro y La Palma, así como en los de Icod y La Orotava y en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Calidad del aire

Para garantizar que la calidad del aire es apta para las personas hay que monitorizar las cualidades del mismo para determinar si cumple los mínimos recomendables o para justificar la adopción de medidas correctoras. Para ello, se despliegan los sensores o unidades de medición en diversas localizaciones dentro de cada edificio judicial y la información recogida por ellos es remitida vía wifi a una aplicación informática que permitirá su tratamiento y explotación, elaborando informes periódicos a los efectos que procedan.

Asimismo, dichos sensores estarán conectados a la Central de Alarmas provincial a la que corresponda el edificio judicial, atendida 24 horas al día por personal de seguridad, para el control de valores que superen los parámetros aconsejados.

Entre las medidas que se pueden adoptar para mejorar la calidad del aire están la ventilación natural y la extracción de aire, y en casos determinados la esterilización del mismo mediante máquinas especializadas. En cada uno de los edificios se realizará un estudio de las posibilidades específicas de actuación que se puedan desplegar complementando estas tres soluciones y estableciendo un protocolo de actuación específico en función de la gravedad de los valores recogidos.

La Central de Alarmas desplegará de forma automática la actuación que corresponda, según el protocolo establecido, cuando los valores remitidos superen los aconsejables por las autoridades y especialistas en la materia. Dichas actuaciones pueden ir desde el arranque de la extracción de aire o el incremento de su intensidad, la apertura de ventanas para favorecer la ventilación, la puesta en marcha de las máquinas esterilizadoras de aire, la reducción de actividad o incluso el desalojo de determinadas dependencias en los casos más graves.

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La vacunación del personal de Justicia está planificada y se realizará por grupos de edad

La vacunación del personal de Justicia está planificada y se realizará por grupos de edad

El Gobierno de Canarias sigue estrictamente lo acordado por el Ministerio de Sanidad y en la Comisión Interterritorial, y el personal de Justicia no se ha considerado un sector prioritario

La vacunación del personal de la Administración de Justicia en Canarias, incluidos los colectivos de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), está planificada y las personas afiliadas están siendo ya citadas en función del grupo de edad al que pertenezcan, siguiendo el orden establecido en la Estrategia de Vacunación frente a la Covid-19. El Gobierno de Canarias sigue estrictamente lo acordado por el Ministerio de Sanidad y en la Comisión Interterritorial, y el personal de Justicia no se ha considerado un sector prioritario.

Según informó el Servicio Canario de la Salud (SCS) -responsable de la vacunación en Canarias- a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la planificación de la vacunación de las personas pertenecientes a Mugeju se retrasó por la demora en el envío de los listados por parte de dicha mutualidad, motivo por el que las personas mayores de 70 y 80 años no se han vacunado aún. A esta circunstancia se añaden las demoras en otros grupos de edad derivados de los problemas con la vacuna AstraZeneca.

El personal de Justicia ya está siendo citado y cualquier incidencia que afecte a este colectivo debe ser comunicada, por la o el afiliado, a su entidad para que esta la traslade, vía oficial, al SCS, organismo que coordina y gestiona la vacunación de toda la ciudadanía canaria.

 

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El fax desaparece en la Administración Pública Canaria, que usará el correo electrónico

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hará innecesarios más de 1.500 terminales de fax y sus líneas telefónicas, que cuestan 12 euros al mes cada uno

Los nuevos faxes se podrán enviar desde el correo electrónico, sin papel ni impresoras

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de faxes a través del correo electrónico, lo que se conoce como FAXoIP —de las siglas en inglés Fax over IP—, lo que permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, por lo que se suprime así el fax en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero Julio Pérez señala que con esta medida “no solo ahorramos dinero de los contribuyentes, sino que además ganamos comodidad de los empleados públicos y eficacia y calidad de las comunicaciones entre sí y con los ciudadanos”.

Como explica el director general de la DGTNT, Víctor Melián, en la actualidad la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados 1.516 terminales y números de faxes, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Con el FAXoIP, la plantilla de la Administración autonómica tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar, al no ser necesario estar físicamente frente al terminal.

También se gana inmediatez al acceso y reducción de la necesidad de disponer de equipos en diferentes ubicaciones físicas, y se eliminan errores comúnmente asociados con los procesos manuales, aparte de que la persona que realiza el envío tendrá una recepción de notificación que le indica si el fax ha sido enviado correctamente.

Además, se establece el seguimiento y auditoría centralizada de todos los faxes emitidos y recibidos, así como evitar tener que escanear o imprimir el archivo enviado ya que los documentos se adjuntan en formato PDF.

Así mismo, el fax virtual supone un ahorro energético al no necesitar tener un terminal permanentemente conectado a la red eléctrica, pero también económico al no necesitar papel, consumibles ni mantenimiento de los aparatos.

En estos momentos, tras comenzar con una prueba piloto con los terminales de la propia Dirección General, se han migrado ya 287 números a FAXoIP, lo que corresponde al 19% del total, y se han dado de baja 80 números que no se estaban utilizando o que ya no son necesarios porque se ha simplificado el número de faxes por órganos administrativos. Melián resalta que se han priorizado los faxes de la Administración de Justicia, que disponía de 351, de los que 253 ya están usándose asociados a correos electrónicos y tres se han dado de baja.

Se estima que en dos meses se haya migrado la práctica totalidad de los terminales de los departamentos de la Administración, a excepción de los correspondientes al Servicio Canario de Salud, donde todavía no se ha comenzado esta implantación debido al exceso de trabajo que sufren los centros adscritos por la COVID-19.

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Las víctimas del delito disponen ya de un canal virtual de atención especializado

Las víctimas del delito disponen ya de un canal virtual de atención especializado

El servicio, impulsado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, está disponible en la web de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y cuenta con profesionales con formación especializada y experiencia acreditada

La asistencia integral abarca la información necesaria sobre presentación de denuncias y sobre recursos y ayudas, así como sobre acompañamiento y apoyo psicológico para que la víctima pueda conocer las implicaciones de un proceso judicial y afrontarlo con recursos suficientes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica especializada a las víctimas del delito, especialmente a las más vulnerables como las de violencia de género, mediante el uso de aplicaciones móviles, el teléfono y un chat. Con tales instrumentos se pone a disposición de las víctimas una vía de comunicación que se percibe menos invasiva y de la que podrán hacer uso siempre que así lo requieran y sin necesidad de haber presentado denuncia previa.

El servicio está disponible en la web de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito y todas sus páginas cuentan con acceso directo a un chat desde el que se prestará atención a quienes deseen utilizarlo. Además, la persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación, marcándola como modo incógnito para que su visita a la web no deje rastro en el dispositivo desde el que se conecta.

El servicio cuenta con dos profesionales de la Psicología y tres profesionales del Derecho, con formación especializada y experiencia acreditada en el ámbito de la victimología y la violencia machista, y, a través del mismo se presta una asistencia integral que abarca la información necesaria en el caso de que deseen presentar denuncia, así como sobre los recursos y ayudas a las que pueden acudir y sobre acompañamiento y apoyo psicológico, de forma que la víctima pueda conocer de antemano las implicaciones de un proceso judicial y afrontarlo con recursos suficientes.

Esta iniciativa está impulsada por la Viceconsejería de Justicia junto con la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y se enmarca en los objetivos para la mejora y modernización de la página institucional de justicia, según explicó Pérez durante la presentación de este canal de comunicación de asistencia especializada y en la que participaron también el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río; y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y que contó con la asistencia de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

El consejero afirmó que es una satisfacción especial la puesta en marcha de este mecanismo virtual, como primer paso antes de la puesta en marcha de las oficinas físicas, pero con la premisa de que la atención sea real y efectiva para que las víctimas puedan dar el primer paso decisivo. “Nuestro objetivo y compromiso es poner a la víctima en el centro del sistema, especialmente a las mujeres, no porque tengan más derechos que otras, sino porque lo necesitan más”, señaló.

Pérez indicó que con esta iniciativa se pone en marcha un sistema de protección a la víctima al que tiene derecho según las leyes actuales y con el que se da facilidad para el cumplimiento del mandato de que lo primero que tiene que hacer la justicia es proteger a la persona perjudicada antes que cualquier otra cosa, y confió en que sirva para el progreso de la sociedad y para que al final, algún día, haya menos víctimas.

Vallejo señaló que, con este proyecto, que entró en funcionamiento el 25 de marzo, se inicia la implantación en Canarias de un sistema de atención a las víctimas del delito desde el área de Justicia, en cumplimiento de la Ley 4/2015 que regula el Estatuto de la Víctima del Delito. Se trata de una herramienta útil, con un lenguaje sencillo, que complementará el servicio de atención presencial que se prestará a través de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas y cuya puesta en marcha se prevé a lo largo de este año.

Para Bonnet, este servicio especializado en atención psicológica y jurídica cobra más sentido tras la declaración del estado de alarma, que ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar la protección a las víctimas del delito y las limitaciones que padecen las mismas -principalmente las víctimas de violencia machista- a la hora de acudir a los servicios de asistencia, derivadas del miedo a ser descubiertas por su agresor y el grave condicionamiento psicológico y social al que están sometidas.

Vallejo destacó que uno de los objetivos del aplicativo es que todos los expedientes que se generen puedan en el futuro filtrarse al aplicativo interno y que tanto profesionales como organismos que deban intervenir puedan gestionar la información.

Al respecto, señaló que el proyecto ha sido muy bien recibido tanto por la judicatura como por la Fiscalía y esta última derivará a la oficina telemática sus expedientes de protección de víctimas. Así, y en coordinación con la Fiscalía, el pasado 29 de marzo se iniciaron las derivaciones piloto con la Fiscalía de Las Palmas y en unas semanas se llevará a cabo el mismo proceso con la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. Este proyecto permitirá que víctimas consideradas por la Fiscalía como especialmente vulnerables y ya inmersas en un procedimiento judicial puedan contar con el apoyo y acompañamiento específico de las profesionales de la Oficina de Atención a las Víctimas.

Del Río destacó las especiales obligaciones del Ministerio Fiscal en materia de protección de los derechos de las víctimas, aseguró que desde la Fiscalía General del Estado se ha apostado por una actuación proactiva en este sentido y dijo que es una de las demandas más reiteradas por la Fiscalía en los últimos tiempos. Así, manifestó que la puesta en marcha de este servicio, adaptado a la época actual con todas las posibilidades de acceso a través de medios telemáticos, es un paso de gran trascendencia porque va a desempeñar una función muy importante para la protección de víctimas del delito.

Servicio telemático

La viceconsejera explicó que la web de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito tiene en todas sus páginas, en un lugar destacado y accesible durante toda la navegación, un botón de acceso directo a un asistente a través de mensajes de texto (Chatbot) desde el que se prestará atención a quienes deseen utilizarlo.

Una vez se accede al servicio online, la persona usuaria será atendida inicialmente a través del chatbot, por medio del cual se plantean cuestiones esenciales para saber el tipo de víctima, en qué situación se encuentra y datos de contacto para poder continuar con la asistencia. No obstante, la persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación, marcándola como modo incógnito.

Así, la primera interacción implicará la respuesta a unas preguntas concretas que permitan una mínima categorización de los hechos y de las circunstancias de la víctima. Las respuestas que aporta el o la usuaria se incorporan automáticamente a un formulario que, una vez concluida la atención vía chat, pasa a publicarse en una red específica donde se encuentra el personal que debe continuar con la gestión, que se hará a partir de ese momento de forma personalizada.

En este punto, será la víctima quien decida de qué forma ponerse en contacto con el personal técnico, bien a través del chat del propio aplicativo, bien por teléfono o bien por correo electrónico.

Las profesionales del servicio diseñarán un plan de intervención y protocolos de actuación para la prestación del servicio asistencial requerido. Por cada víctima se iniciará un expediente personal (previo consentimiento de la misma) y el personal técnico, de cada intervención que se realice, elaborará un informe indicando el tipo de asistencia y la atención prestada.  Asimismo, el aplicativo permitirá la incorporación de la información y documentación que la víctima quiera entregar al personal técnico de la Oficina.

 

 

 

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La Covid-19 generó en 2020 un aumento de los servicios, duración de las llamadas y el gasto del 012

La Covid-19 genera un aumento de servicios, duración de las llamadas y gasto del 012

Entre otros servicios, el 012 asumió la línea Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites, atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario, y servicios de atención especializada para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid

El pasado año se registraron 8.816.605 llamadas, de las cuales 8.267.753 fueron al Servicio de Atención Telefónica 012 y 548.852 a la Línea 900 Infocoronavirus

La crisis generada por la Covid-19 y el establecimiento del estado de alarma durante el pasado año originaron un aumento de las funcionalidades y servicios adicionales en el servicio telefónico de atención a la ciudadanía a través del 012, así como un incremento en la duración de las llamadas y en la facturación, lo que generó un aumento superior a los tres millones de euros del gasto inicialmente previsto para 2020 hasta alcanzar los 12,5 millones de euros. El total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año fue de 8.816.605, de las que 4.571.073 se registraron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 4.245.532 en la provincia de Las Palmas.

Si bien el volumen de llamadas para solicitar cita previa con el Servicio Canario de Salud descendió con motivo de las mayores restricciones, subió el de llamadas para realizar toda índole de consultas y gestiones, llegando superar en algún mes las 800.000 llamadas y más de 40.000 llamadas en un mismo día en el periodo de confinamiento.

Desde la declaración del estado de alarma el servicio de atención telefónica ciudadana se ocupó de la atención del nivel 1 de la Línea 900 112 061 Infocoronavirus para la información y gestión de los trámites relacionados con la COVID-19 y demás servicios originados por dicha situación, que atendieron un total de 548.852 llamadas, que se distribuyen en los siguientes servicios:

-Información coronavirus y estado de alarma: 386.994 llamadas

-Servicio gestión de trámites por vía telefónica (Ingreso Canario de Emergencia y Ayuda al Aquiler): 144.764 llamadas

-Responsables Covid centros educativos: 5.397 llamadas

-Cribados Covid: 11.697 llamadas

Estos contactos se caracterizan por una mayor complejidad y duración a las habituales, en algunos casos por la naturaleza de la información y en otros por llegar a tramitarse solicitudes de ayuda a través del canal telefónico.

ICE y Alquiler Covid

Desde el mes de marzo de 2020 se pusieron en marcha el de atención psicológica para la ciudadanía y para el personal sanitario y servicios de atención especializada para la gestión de trámites por vía telefónica para las ayudas del Ingreso Canario de Emergencia y Alquiler Covid. Desde el mes de mayo se atendieron las solicitudes del Ingreso Canario de Emergencia y la Ayuda al Alquiler Covid, que superaron las 144.000 llamadas cuya duración media superaba los 10 minutos.

Además, el proceso de transición a la normalidad, a partir del mes de junio, originó el establecimiento de un nuevo servicio de Cita Previa para las Oficinas de Información y Atención Ciudadana y las Oficinas de Registro de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los responsables Covid de los centros educativos.

Con el proceso de transición a la normalidad comenzaron también a restablecerse gradualmente los servicios de información y atención telefónica habituales del 012: Información General del Gobierno de Canarias, Información Tributaria, Información de Vivienda, Información y Cita Previa sobre Derechos Sociales, Información y cita previa del Servicio Canario de Empleo, Información y Cita Previa Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y Soporte digital a la Sede Electrónica. De manera que a partir de ese momento conviven los servicios habituales del 012 con los nuevos servicios prestados por la línea 900.

Cita previa y actividad escolar

Del total de llamadas atendidas por el 012 durante el pasado año, 6.631.366 estuvieron relacionadas con el Servicio de Cita Previa del Servicio Canario de la Salud, cuya prestación no fue interrumpida por la declaración del estado de alarma y cuya duración se duplicó desde el mes de marzo de 2020.

Así, antes de la declaración del estado de alarma la duración media de las llamadas para solicitar cita previa en los centros de salud era de 62 a 65 segundos y durante los últimos meses del año 2020 la duración media aumentó hasta 1:30 minutos por la situación epidemiológica, lo que supone una modificación en el tramo de tarificación de la llamada conforme al contrato con la empresa adjudicataria del servicio.

En el mes de septiembre, a solicitud de la Consejería de Educación, se incorporó una línea específica con motivo de la reanudación de la actividad escolar para atender a los Responsables Covid de los centros educativos.

Además, de los nuevos servicios, se pusieron en marcha campañas puntuales como el piloto del Radar Covid en la isla de la Gomera, la campaña de Seroprevalencia de Covid, la campaña para el Cribado de PCR en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, campaña de donación de sangre para el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia y, ya en el mes de diciembre, la Campaña de Cribado a los pasajeros y pasajeras procedentes del resto del territorio nacional durante el periodo de Navidad.

Incremento de facturación

El presupuesto inicial para la prestación del servicio telefónico de atención a la ciudadanía en 2020 ascendía a 9.573.097,40 euros, mientras que el gasto a final de año fue de 12.597.550,76 euros, lo que supone un 32% más del inicialmente previsto, desviación presupuestaria que hizo necesaria una modificación de crédito superior a los 3 millones de euros. Por su parte, en el año 2019, el gasto total fue de 8.855.967,37 euros, lo que supone un 42% menos que en 2020.

El presupuesto para el ejercicio 2020 suponía un coste mensual máximo de 797.758,12 euros (IGIC incluido) pero debido al aumento de funcionalidades, servicios y duración de las llamadas la facturación mensual registró significativos cambios, llegando a aumentar en algunos meses más de un 50%.

La desviación de la facturación total del año sobre el presupuesto fue 3.024.453,36 euros (32%).  El gasto derivado de este servicio está computado a Covid-19, siendo posible que por parte del Estado se asuma parte del coste.

Así lo explica la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, quien recientemente mantuvo una reunión de trabajo con el consejero delegado de la empresa adjudicataria del servicio 012 (Contactel Teleservicios S.A), Juan Ramírez, para evaluar el balance del servicio de atención telefónica.

Para Álvarez, la atención a la ciudadanía es un objetivo vital y clave y supone una prioridad para el Gobierno de Canarias, más necesaria, si cabe, actualmente con la situación motivada por la pandemia, en donde informarse y realizar gestiones desde casa es esencial. Asimismo, resalta la prestación esencial del 012 como principal canal de contacto telefónico de la ciudadanía con la Administración pública.

Álvarez recuerda que el 012 permite a la ciudadanía obtener información de manera rápida y cómoda las 24 horas de los 365 días del año, también disponible a través de los teléfonos: 922 470 012 o 928 301 012. Además de las llamadas entrantes de las personas usuarias, el servicio de atención telefónica también organiza campañas de llamadas salientes, como la desarrollada el pasado 14 de marzo, cuando se realizaron en un solo día más de 2.000 llamadas para avisar al personal docente sobre la vacunación de la Covid-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Gobierno aprueba un decreto-ley para agilizar la gestión de los fondos europeos de recuperación

Consejo de Gobierno

La norma fija la tramitación “urgente y preferente” de los expedientes de gasto asociados al Next Generation EU, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de informes y dictámenes

Los procedimientos para la adjudicación de contratos y para la concesión de subvenciones también se aligeran

La carga de trabajo se atenderá con refuerzo de plantillas, redistribución de personal, atribución temporal de funciones, movilidad y formación específica

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este miércoles, 31 de marzo, un Decreto-ley de medidas urgentes para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Entre ellas, se encuentra la tramitación urgente y preferente de los expedientes, con la reducción a la mitad de los plazos de emisión de los informes y dictámenes previstos; simplificación de la gestión de subvenciones; creación de unidades administrativas provisionales con refuerzos de personal y constitución de órganos de gobernanza para la tramitación de esos fondos con mayor eficiencia.

El Decreto-ley establece un modelo concreto para la gobernanza y la planificación de proyectos financiados por la Unión Europea e incorpora diferentes medidas administrativas, de organización de los recursos y de gestión presupuestaria y económica que persiguen contribuir a una gestión más ágil y eficiente para facilitar la adecuada ejecución de estos fondos y cumplir los objetivos previstos.

En ese sentido, los procedimientos administrativos, de gestión presupuestaria, de subvenciones y ayudas, de contratación pública, y demás expedientes de gastos que se tramiten para la gestión, seguimiento y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU se tramitarán por urgencia y se despacharán con carácter preferente. En materia de subvenciones, destaca la posibilidad de otorgarlas por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. Se contempla también una regulación de las convocatorias abiertas, más flexible y amplia, por más de un ejercicio presupuestario.

En cualquier caso, esa tramitación urgente no afectará a los plazos de convocatoria pública, presentación de ofertas, subsanación de requerimientos o cualesquiera otros plazos que limiten los derechos de terceros o que no puedan reducirse por aplicación de la normativa básica.

El decreto establece, asimismo, la creación de un órgano que será el encargado de la alta dirección y gobernanza de los fondos Next Generation EU, la Comisión de Planificación y Gobernanza, y otro que aprobará y realizará un seguimiento de los planes departamentales, el Comité Director de Planes y Proyectos. La autoridad responsable ante el Estado será la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General se encargará del control de los fondos. Asimismo, se simplifica la documentación que tienen que presentar los beneficiarios.

La nueva norma regula también la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente que pueden tener vigencia de hasta seis años y prevé tramitación anticipada y adelanto de hasta el 50% de la cantidad a percibir para la ejecución de proyectos con cargos a los fondos europeos y mecanismos de colaboración con el sector privado para que participe en el desarrollo de las actuaciones.

Disponibilidad de recursos humanos

El Decreto-ley señala que la cobertura de las necesidades de personal relacionadas con el incremento de carga de trabajo provocado por la gestión de estos proyectos se realizará, preferentemente, con los efectivos del departamento u organismo encargado de su gestión, que impulsarán las acciones necesarias para la redistribución de personas y puestos de trabajo que permita agilizar su ejecución. Asimismo, emplearán, como modo preferente de provisión la redistribución de efectivos, la reasignación de los mismos, la atribución temporal de funciones y la movilidad funcional teniendo como prioridades el aprovechamiento del talento y la experiencia adquirida de las personas al servicio de la Administración.

De esta manera, la Dirección General de la Función Pública dictará las instrucciones pertinentes con el fin de procurar una tramitación ágil y preferente en la provisión de los puestos de trabajo de las unidades administrativas responsables de la gestión de los proyectos financiados con cargo a los fondos de Next Generation EU.

Los departamentos y organismos públicos podrán reforzar sus plantillas con el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración determinada. Estos nombramientos y contratos de personal se formalizarán solo por el tiempo imprescindible para la ejecución de los proyectos financiados con fondos Next Generation EU.

También se podrán atribuir temporalmente funciones con carácter total o parcial al personal funcionario de carrera o interino, estatutario fijo o temporal y laboral fijo o temporal, sin que en ningún caso esta implique cambio de adscripción de puesto de trabajo, ni del carácter definitivo o temporal de adscripción al mismo.

Podrá designarse personal directivo responsable de la gestión de programas y proyectos financiados con fondos europeos, que deberá estar en posesión de titulación oficial universitaria, y su selección se sujetará a criterios de idoneidad, y se debe llevar a cabo mediante procedimientos ágiles que garanticen la publicidad y la concurrencia.

En materia de formación, se potenciará mediante acciones específicas de formación la capacitación de los empleados públicos en aquellas materias vinculadas a la ejecución de los proyectos y programas financiados con fondos Next Generation EU.

Medidas tributarias

Asimismo, contiene dos medidas tributarias: la aplicación del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a determinadas importaciones y entregas relativas a los congeladores especiales destinados a la conservación adecuada de las vacunas y recoge una modificación del Decreto-ley 19/2020, de establecimiento del tipo cero en el IGIC aplicable a la importación o entrega de mascarillas y productos sanitarios para incluir determinados tipos de mascarilla que se habían omitido en el texto original.

Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participó hoy telemáticamente en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática

Señala que la unanimidad y armonía que se manifestaron en la Conferencia son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, participó hoy vía telemática en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, integrada por el Gobierno de España y las Comunidades y Ciudades Autónomas,  valoró la unanimidad lograda en la sesión de constitución y posterior reunión y dijo que la concordia y la armonía que se manifestaron son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia.

La Conferencia Sectorial de Memoria Democrática se ha constituido y ha tenido su primera reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para que esta informara sobre las actuaciones del Gobierno de España en la materia y para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que las comunidades autónomas han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

“La ciudadanía y la opinión pública -dijo el consejero- apreciarán especialmente que una materia como esta, que calificó de ‘delicada’ y ‘difícil’, se produzcan acuerdos unánimes”, como el que se adoptó para el reparto de fondos estatales en función de los proyectos de cada Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, el consejero expresó la importancia de que, tal como fue anunciado por la vicepresidenta Calvo, se continúe el proceso de elaboración de normas estatales, pues muchas de las normas autonómicas canarias se refieren o remiten, en materias especialmente complejas, a la coordinación con la legislación estatal.

En el mismo sentido de impulsar la legislación estatal se manifestaron otros intervinientes, refiriéndose, por ejemplo, al impulso de bancos de ADN y a actuaciones de investigación sobre los llamados ‘niños robados’, cuya regulación estatal influye obligadamente en la actuación de Canarias.

Distribución de fondos

Tras la constitución de la primera conferencia sectorial de Memoria Democrática se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, fondos que están relacionados exclusivamente con las actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista. Así, Canarias recibirá 71.707,65 de euros para la intervención en un total de seis fosas.

La primera reunión estuvo presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que los distritos territorios han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprobó recientemente, como prioritarias, actuaciones en tres islas: en Gran Canaria, en la Sima de Jinámar, en el término municipal de Telde, y Pozo del Puente del Barranco de Arucas y Pozo de la Vuelta del Francés en el término municipal de Arucas, puntos en los que actualmente existen trabajos en ejecución.

En Tenerife se han fijado estudios de localización y, en su caso, de intervención en el Cementerio de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna. Por su parte, en La Palma se han establecido análisis con georradar y, en su caso, intervención sobre el resto de las fosas que se encuentran en el Pinar de Fuencaliente.

Fosas documentadas

En Canarias se hallan documentadas o referenciadas un total de 21 fosas distribuidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, en algunas de las cuales ya se han realizado intervenciones entre los años 2000-2020 y en otras están previstas actuaciones en los próximos cuatro años.

En el Archipiélago hay documentadas al menos 471 personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista, de las que 337 se corresponderían con vecinos y vecinas de Gran Canaria; 49 de Tenerife, 74 de La Palma y 17 de la isla de La Gomera. Además, hay otras 122 personas que fueron fusiladas y cuya identidad y lugar de entierro se encuentra documentado; 59 personas en Gran Canaria y 63 en Tenerife.

Los fondos estatales, por ahora, se dedicarán únicamente a los lugares en los que la intervención técnica es posible, por lo que no se incluyen los lugares relacionados que se encuentran como tal, principalmente fosas marinas.

 

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