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Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Ambas instituciones repasan la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas

De igual modo, revisan los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados

El Palacio de Congresos de Fuerteventura ha acogido esta semana la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En la reunión, en la que se ha examinado la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año, para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas, y se han revisado los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados, han participado, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández; el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; la magistrada-jueza decana del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado; la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García; la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo; y la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Alejano.

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Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados de Puerto del Rosario es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

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Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone el acento en la importante responsabilidad de su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía

El presupuesto de esta consejería para el próximo año aumenta un 12,6% respecto a 2022 y un 33,5% en relación a 2019

Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, con el objetivo de ser un servicio público más accesible y eficiente

En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, con 122.108.729 euros, destaca la estabilización del empleo público, la mejora de la atención a la ciudadanía y de la conectividad de los centros públicos, así como la simplificación de los procedimientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado esta semana, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de presupuestos elaborado por su departamento para 2023, unas cuentas que ascienden a 405.958.640 euros, un 12,6% más que el año pasado, y que, en su opinión, suponen “una mayor responsabilidad –más dinero, más responsabilidad–, y un desafío, porque cada vez es más importante ser capaz de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos y producir resultados que sean tangibles, apreciables, duraderos y no reversibles”.

Durante su intervención en la comisión de Presupuestos de Hacienda, Julio Pérez ha puesto el acento en la enorme responsabilidad que tiene su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es mayor más en los actuales momentos de incertidumbre por falta de confianza en el futuro, situación a la que han tratado de hacer frente los empleados y las administraciones públicas.

Según ha explicado, estas cuentas, que registran un incremento del 33,5%, con respecto a las consignaciones de 2019, tratan de consolidar los grandes ejes que se marcó la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura: transformación digital, evaluación de los servicios públicos basada en datos, estabilidad del empleo público, dirección por objetivos, transparencia y participación ciudadana, además de la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción política y presupuestaria.

Julio Pérez ha indicado que el área de Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, un 5,85% más que en 2022 y un 15% más que en 2019, con el objetivo principal de que sea más accesible y eficiente. Con este propósito, sus programas presupuestarios responden al desafío de lograr una tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica, además de ofrecer unos servicios de calidad en la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.

En este sentido, ha destacado la consolidación del incremento del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con una partida de más de 23 millones de euros; el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, con casi 150.000 euros y el crédito que se generará por la transferencia del Consejo Territorial de Memoria Democrática; los Puntos de Encuentro Familiar, 920.000 euros, completados con fondos adicionales aportados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el plan de infraestructuras, con más de seis millones de euros, para nuevos órganos judiciales y la mejora y ampliación de los actuales; y la estrategia de transformación digital para la modernización de la Administración de Justicia, que junto a las aportaciones propias de casi tres millones de euros incorpora tres millones y medio de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Administraciones Públicas y Transparencia

El área de Administraciones Públicas y Transparencia, cuyo presupuesto asciende a 122.108.729 euros, un 24,74% más que en 2022 y un 61,9% más que en 2019, tiene, entre otros objetivos, la estabilización del empleo público y la reducción del exceso de temporalidad, para lo cual en 2023 se desarrollarán los procesos de selección de personal funcionario en ejecución de las OEP 2019, 2020, 2021 y 2022, y las dos OEP extraordinarias para la estabilización de empleo temporal –3.499 puestos de trabajo–, el impulso del Gobierno Abierto y el buen gobierno y la mejora de la ciberseguridad en la Administración Pública.

El consejero ha destacado partidas como el Sistema Integral de Atención No Presencial al Ciudadano, el muy conocido y utilizado servicio telefónico 012, con 23.663.388 euros, que incorpora nuevas funciones; la mejora de la conectividad de 500 centros públicos de referencia, incluidos centros educativos y de salud, con 7.350.902; y la simplificación y racionalización de procedimientos, financiado con fondos MRR.

Igualmente, ha advertido del incremento registrado en Transparencia y Participación Ciudadana, debido a los gastos ocasionados por el proceso electoral del próximo año, que ascienden a más de seis millones de euros, y ha llamado la atención sobre el incremento del 22,74% de la partida del Fondo Canario de Financiación Municipal, hasta alcanzar los 358.805.079 euros.

Mención especial ha tenido para Seguridad y Emergencias, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, un 20,79% que en 2022 y un 75,3% más que en 2019, y con un buen número de actuaciones financiadas con fondos propios, el alquiler de helicópteros multifuncionales, por ejemplo, y fondos Next Generation REACT-EU, la adquisición de vehículos contraincendios.

El proyecto de presupuestos recoge también el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a la incorporación de nuevos efectivos, el perfeccionamiento del programa HIPATIA, dentro del área de Relaciones con el Parlamento, la culminación de la implantación del expediente electrónico en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y un incremento de más de un 11% de los fondos destinados a la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos  a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP).

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Canarias sí ha participado en las negociaciones con Marruecos y en su preparación

Canarias sí ha participado en las negociaciones con Marruecos y en su preparación

Hasta ahora, se han desarrollado cuatro reuniones y Canarias ha participado presencialmente en todas menos en una. En esa también se tomaron en consideración las propuestas del Gobierno autonómico

En la última, a la que aluden algunas informaciones, Canarias sí participó presencialmente en Madrid

Las islas aspiran a intensificar su presencia y participación, tanto en las reuniones principales como en los grupos de trabajo sobre diversas materias que han de poner en funcionamiento

En las negociaciones de 2005, las únicas anteriores, Canarias estuvo en 1 de las 10 reuniones llevadas a cabo, en la que solamente se acordó formar los grupos de trabajo

Tal y como detalló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ante el Parlamento, en su último pleno, Canarias sí ha participado intensamente en las negociaciones con Marruecos y en su preparación, tanto en las de junio como en las de octubre.

Según relató el consejero, ha habido cuatro reuniones y numerosos contactos telefónicos, por correo y mensajería, que han permitido estar al tanto del curso de las conversaciones. Además, indicó que Canarias desea seguir estando presente, si cabe con más intensidad y en todos los grupos en que sea posible.

Canarias estuvo en la primera reunión, preparatoria del proceso, mediante la asistencia personal del consejero y telemática de uno de sus asesores. En la primera reunión con Marruecos, celebrada a continuación, solo asistieron representantes del ministerio de Asuntos Exteriores, sin ninguna otra presencia española, pero durante su curso el consejero fue informado continuamente de los detalles y a su término fue informado del resultado final.

En octubre se produjo de nuevo una reunión telemática preparatoria de un segundo contacto con Marruecos, a la que asistió Canarias. A continuación, se produjo una reunión presencial con Marruecos en Madrid, en la que sí estuvo presente físicamente Canarias.

Es decir, en la presente legislatura, Canarias ha estado presente en tres reuniones e informada de la cuarta, a diferencia de los años anteriores, en que Canarias solo estuvo en una reunión, en 2005, y en ella se constituyó el grupo, pero no se abordó ningún asunto, y no estuvo ni antes ni después.

Canarias aspira, en cualquier caso, a intensificar su presencia y su participación tanto en las reuniones principales como en los grupos de trabajo sobre diversas materias (pesca, investigación científica, medio ambiente) que han de poner en funcionamiento. Así además lo justifican y lo demandan las previsiones y mandatos del Estatuto de Autonomía.

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Suprimida la exigencia de estatura mínima para acceder a la Policía Canaria

Suprimida la exigencia de estatura mínima para acceder a la Policía Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprueba un nuevo cuadro de exclusiones médicas para ingresar en el CGPC, donde la talla desaparece

Además de aportar una mayor seguridad jurídica a las personas que opositan, tanto a nivel europeo como nacional hay una marcada tendencia a eliminar esta cláusula en los procesos de selección

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha aprobado, a propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencia, una orden que establece el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), cuadro que tiene como principal cambio, respecto al vigente, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo.

La aprobación de esta orden deja sin efecto la aprobada el 5 de diciembre de 2018, por la entonces Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad (BOC número 244, de 18 de diciembre de 2018), que establecía un cuadro de exclusiones médicas en cuyo primer punto aparecía la talla, fijando una estatura mínima para acceder al CGPC de 1,65 metros, en los hombres, y de 1,60 metros, en las mujeres.

En opinión de la Dirección de Seguridad y Emergencias, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la anterior orden, la necesidad de aportar una mayor seguridad jurídica a las personas que opositan y las recientes medidas adoptadas, tanto a nivel europeo como nacional, en las que existe una marcada tendencia a suprimir la estatura como requisito de acceso a los cuerpos policiales de naturaleza civil, aconsejan actualizar  y revisar las causas médicas de exclusión para el ingreso en el CGPC, eliminando la estatura mínima y aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes. En este sentido se suprimen el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

El artículo 24 de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, en su apartado 1, recoge que el acceso a las diferentes escalas y empleos se llevará a cabo conforme a los principios constitucionales de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, así como al de publicidad en el proceso selectivo. Igualmente, el apartado 4 de dicho precepto prevé que, para poder ingresar en las diferentes escalas y empleos, las personas aspirantes deberán reunir determinados requisitos, entre los que se encuentran no hallarse incluido en ninguna de las causas del cuadro de exclusiones médicas establecido.

Entre otras, por ejemplo, obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo; enfermedades o lesiones agudas, activas en el momento del reconocimiento, que puedan producir secuelas capaces de dificultar o impedir el desarrollo de las funciones policiales; alteraciones del aparato locomotor que, a juicio de la Comisión de Evaluación Médica, limite o incapacite para el ejercicio de la función policial; cualquier tipo de psicosis o trastorno afectivo, neurótico o de personalidad, no controlado, que afecte a un adecuado comportamiento social y laboral; o trastornos mentales y del comportamiento causados por el consumo de sustancias psicotrópicas.

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Tras 13 años sin hacerlo, Justicia renueva las listas para nombrar personal interino cuando sea preciso

Afecta a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial

En las nuevas listas figuran unos 5.000 seleccionados de los 20.000 solicitantes que formularon 38.000 peticiones

Ha sido un procedimiento muy riguroso, para garantizar que el personal considerado idóneo sea el adecuado para atender las necesidades de la Administración de Justicia en las islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este jueves, 27 de octubre (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/213/), la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la constitución de listas de empleo de personal funcionario interino de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado a través de otra resolución aprobada el 10 de febrero de 2021 (BOC número 32, de 16 de febrero).

Según el texto de la resolución, las listas definitivas de los 5.563 admitidos y 28.464 excluidos podrán consultarse en la página web de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/RecursosHumanos/ListasEmpleo/), en los tablones de anuncios de los decanatos de cada partido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las posteriores resoluciones de este proceso selectivo se harán públicas a través de la página web de Dirección General (https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/).

Divididos por islas y por cuerpos, en Tenerife, al Cuerpo de Auxilio Judicial han sido admitidos 611; al de Gestión Procesal y Administrativa, 567; y al de Tramitación Procesal y Administrativa, 1.163. En Gran Canaria, al de Auxilio, 617; al de Gestión, 477; y al de Tramitación, 1.263. En Fuerteventura, al de Auxilio, 60; al de Gestión, 42; y al de Tramitación 127. En Lanzarote, al de Auxilio, 121; al de Gestión, 118; y al de Tramitación, 237. En La Gomera, al de Auxilio, ocho; al de Gestión, seis; y al de Tramitación, once. En La Palma, al de Auxilio, 31; al de Gestión, 26; y al de Tramitación, 60. Y en El Hierro, al de Auxilio, cinco; al de Gestión, otros cinco; y al de Tramitación, ocho.

Las listas de empleo resultantes de este procedimiento, constituidas para cubrir, con carácter interino, las vacantes o sustituciones que se produzcan, correspondientes a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en Canarias, entrarán en vigor el próximo 27 de noviembre, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán sin efecto en esa misma fecha.

La resolución también señala que la integración definitiva en las listas de empleo, con independencia del número de orden obtenido, de aquellos aspirantes que nunca han prestado servicios o no hayan completado al menos un año de servicio como personal funcionario interino de la Administración de  Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de los últimos cinco años, quedará condicionada a la superación de periodo de prácticas tuteladas de 6 meses previsto en la base duodécima de la convocatoria.

Igualmente, explica que contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Conviene recordar que a este procedimiento de selección y nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias, que no se ponía en marcha desde hace 13 años, se han presentado más de 38.300 peticiones correspondientes a 20.000 solicitantes.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, en estas nuevas listas se ha dado mayor valoración a la superación de ejercicios de los procesos selectivos de acceso a los distintos cuerpos y a la formación académica, para garantizar así el nombramiento de personal idóneo para prestar servicio en los órganos judiciales de esta comunidad autónoma. En este sentido, ha querido felicitar al Servicio de Recursos Humanos de su centro directivo por el trabajo efectuado.

Este proceso de selección también incluía el Cuerpo de Médicos Forenses, cuyas listas definitivas de admitidos y excluidos fueron aprobadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el pasado 26 de mayo.

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El Cuerpo General de la Policía Canaria denuncia un presunto delito de maltrato animal a 33 perros en Tenerife

El Cuerpo General de la Policía Canaria denuncia un presunto delito de maltrato animal a 33 perros en Tenerife

Con motivo del inicio del periodo hábil de caza, agentes del CGPC llevaron a cabo una inspección en la que hallaron 33 perros, uno de ellos muerto y en avanzado estado de descomposición, y el resto en una evidente situación de abandono

Tras el operativo, los animales intervenidos, en su mayoría de raza galgo y podenco, quedaron bajo la tutela y en las instalaciones de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac), a disposición de la Autoridad Judicial

Agentes pertenecientes al Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), adscrito a la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, han llevado a cabo recientemente, con motivo del inicio del periodo hábil de caza, la investigación y posterior denuncia de un vecino de la isla de Tenerife como presunto autor de un delito de maltrato animal a 33 perros.

La intensificación de los dispositivos de inspección y control sobre la actividad de caza dio como resultado, en uno de los operativos realizados, la detección de un varón que transportaba siete canes en el interior de un armazón metálico, de construcción casera, y que presentaba salientes punzantes y terminaciones cortantes, constituyendo un potencial peligro para los animales que viajaban en su interior.

En la citada intervención, además, los agentes observaron cómo algunos de los perros mostraban indicadores de no encontrarse en un buen estado de salud, tales como deshidratación, delgadez, conjuntivitis, uñas largas o verrugas, hechos que, unidos a la actitud e información extraída al conductor, en relación a una finca en la que tenía alrededor de 30 perros más, y ante las sospechas de que estos se encontraran en malas condiciones, provocó que se iniciara una investigación para determinar la ubicación de la parcela y confirmar las sospechas.

Una vez recabada toda la información, y ante los indicios manifestados, los agentes, junto con un facultativo veterinario de la Asociación de Defensa y Protectora de Animales de Canarias (Adepac), que emitió el correspondiente informe pericial y personal, llevaron a cabo una inspección de la finca, donde hallaron 33 perros, uno de ellos muerto y en avanzado estado de descomposición, y el resto en una evidente situación de abandono, hacinados en jaulas de pequeñas dimensiones dispuestas en el interior de una estructura formada por planchas metálicas y de madera superpuestas, y habitáculos que carecían de limpieza y que contenían gran cantidad de heces, orines y restos óseos de otros perros fallecidos.

El resto de perros sufría lesiones e infecciones como caquexia, filaria, deshidratación severa, otitis, conjuntivitis, alopecias, palidez de mucosas, fiebre, parásitos, tumores, heridas producidas por objetos cortantes. Varios de ellos fueron ingresados de urgencia y, en algunos casos, con la necesidad de un tratamiento de transfusión de sangre, resultando dos de ellos fallecidos al día siguiente de ser rescatados en las condiciones higiénico-sanitarias bajo las que se hallaban.

Tras el operativo, los animales intervenidos, en su mayoría de raza galgo y podenco, han quedado bajo la tutela y en las instalaciones de Adepac, a disposición de la Autoridad Judicial, y el atestado entregado en el Juzgado de Instrucción competente.

Asimismo, y durante la intervención policial, también se procedió a la incautación de tres hurones, dos ejemplares vivos y uno de ellos cadáver, que ha sido remitido al Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se procederá a realizar el correspondiente análisis histopatológico.

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Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

Julio Pérez analiza con el teniente coronel de la UME en el Sur de España su situación y proyectos en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad agradece los últimos despliegues realizados por la Unidad Militar de Emergencia con motivo del incendio en el norte de Tenerife y el ciclón tropical Hermine

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana en su despacho, junto con el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, al teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el Sur de España, José Alberto Gallego, quien estuvo acompañado por el comandante jefe de la UME en Canarias, Enrique Gregory, y el cabo mayor Reinaldo Estévez.

Durante el encuentro, han analizado la actual situación de la UME en las islas, así como sus proyectos, y el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha agradecido el esfuerzo y dedicación constante en todos los servicios prestados, de forma especial los últimos despliegues efectuados con motivo del incendio registrado este verano en el norte de Tenerife y como consecuencia del ciclón tropical Hermine.

En estos momentos, la UME dispone de dos bases en el archipiélago, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, desde donde se trasladan al resto de las islas siempre que es necesario porque se genera algún riesgo.

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El Parlamento acuerda tramitar el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

El Parlamento acuerda tramitar el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

Esta norma regula el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, y adecua la organización, régimen jurídico y funcionamiento de ambas instituciones a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, afirma que con este proyecto de Ley se refuerza y consolida una institución democrática, como es la Presidencia del Gobierno, lo que supone una garantía para la propia democracia

El Parlamento de Canarias ha aceptado este miércoles, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, iniciar la tramitación del proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, propuesta legislativa que tiene como objeto regular el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, la organización, régimen jurídico y funcionamiento del Ejecutivo de Canarias y de sus relaciones con el Parlamento autonómico, y, asimismo, la iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno.

Esta iniciativa se lleva a cabo ante la necesidad de adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, instituciones que han estado regidas durante cuatro décadas por la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, primera y única ley aprobada por el Parlamento provisional.

El Ejecutivo canario ha entendido necesario adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias tanto como consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se modifican la configuración de ambas instituciones, como por la conveniencia de corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias que se han puesto de manifiesto durante la vigencia de la Ley 1/1983.

La propuesta normativa que inicia ahora su tramitación en el Parlamento aborda el desarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno de la Comunidad Autónoma con una regulación actualizada y más completa de su régimen, organización y funcionamiento. Esa reglamentación pone de relieve que al presidente o presidenta, además del desempeño de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la Jefatura del órgano colegiado ejecutivo, lo que le confiere especial relevancia institucional, al detentar la máxima representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, conjuntamente, la representación ordinaria del Estado en la misma.

En este sentido, Julio Pérez ha explicado que la reforma del Estatuto de Autonomía refuerza la posición del presidente o presidenta del Gobierno de Canarias como representante ordinario del Estado en el archipiélago, algo que refuerza no solo al presidente, ha dicho, sino, sobre todo, a la institución, y ese es el mensaje que el Ejecutivo quiere dar a través de este proyecto de ley, el del refuerzo de una institución democrática, lo que supone una garantía para la propia democracia.

Junto a ello, se considera preciso que la ley contenga las normas imprescindibles relativas a las relaciones del Gobierno de Canarias con el Parlamento autonómico, sin que con ello se menoscabe el ámbito reservado estatutariamente al Reglamento del órgano representativo del pueblo canario.

Del mismo modo, en la medida en que el Gobierno tiene atribuidas la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, así como, en el marco de lo establecido en el Estatuto de Autonomía, la facultad para dictar normas con rango de ley, resulta también necesario abordar el régimen básico de su uso, así como establecer el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas para la aprobación de las normas de procedimiento administrativo que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Canarias o de las especialidades de la organización de la Administración Pública canaria.

Julio Pérez también ha querido hacer una mención especial a la Ley 1/1983, de 14 de abril, que es a la que pretende sustituir la propuesta normativa presentada este miércoles a la Cámara, y que fue aprobada hace casi 40 años y ha permitido el funcionamiento del Gobierno y de la Administración autonómica. A su juicio, la nueva debe aspirar a tener, al menos, la misma eficacia que la antigua.

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El Gobierno aborda la accesibilidad al sistema de emergencias de las personas con diversidad funcional

El Gobierno aborda la accesibilidad al sistema de emergencias de las personas con diversidad funcional

La Dirección General de Seguridad y Emergencias y el I-1-2 Canarias participan en unas jornadas, organizadas por Funcasor, sobre el presente y futuro de la sordera y las situaciones de emergencia

Destaca la formación básica en lenguaje de signos que reciben los policías de nuevo ingreso, así como los cursos en este lenguaje adaptado a situaciones de emergencia que se imparten anualmente a Bomberos y Protección Civil

El 1-1-2 continúa incorporando novedades en el aspecto tecnológico sobre la localización de llamadas de emergencia y la mejora de la accesibilidad para este colectivo

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha abordado este jueves la accesibilidad al sistema de emergencias de las personas con diversidad funcional, durante las Jornadas sobre el presente y futuro de la sordera y las situaciones de emergencia.

Este encuentro, organizado por la Fundación Canaria para las Personas con Sordera y sus Familias (Funcasor), ha sido inaugurado por el director general, Gustavo Armas, en Las Palmas de Gran Canaria, y ha contado con la participación de la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias, Montserrat Román, y el director del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias, Moisés Sánchez.

Desde el Gobierno de Canarias se ha impulsado, según ha explicado Gustavo Armas, la incorporación del lenguaje de signos en las comunicaciones de Protección Civil a la población, tanto en las redes sociales como en las ruedas de prensa en situación de emergencia. Gracias a la colaboración con las principales fundaciones y asociaciones de Canarias, Funcasor y Fasican, ha sido posible emprender nuevas líneas de trabajo inclusivas de este colectivo para mejorar la difusión de las declaraciones de alertas y los mensajes de autoprotección a la población, en especial, a las personas con dificultades auditivas y de locución, personas sordas y personas invidentes.

En este sentido, la Dirección General de Seguridad y Emergencias ha destacado también la formación básica en lenguaje de signos que reciben los policías de nuevo ingreso, así como los cursos en este lenguaje adaptado a situaciones de emergencia que se imparten anualmente a Bomberos y Protección Civil.

Por su parte, el 1-1-2 Canarias continúa incorporando novedades en el aspecto tecnológico sobre la localización de llamadas de emergencia y la mejora en la accesibilidad para personas con diversidad funcional, aportando accesos alternativos a través de SMS y aplicaciones (App), en el marco del Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

Sobre la accesibilidad para personas con diversidad funcional, el 1-1-2 Canarias cuenta desde hace 10 años con un acceso alternativo al 1-1-2 para personas sordas o con discapacidad auditiva mediante SMS, el Sistema Online de Mensajería Urgente (SOMU),  que está operativo las 24 horas al día, los 365 días del año, y opera exclusivamente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias asegurando un acceso igualitario al 1-1-2 para personas con discapacidad o que por alguna razón no pudieran acceder por voz.

También se cuenta con el acceso al servicio SVisual como mecanismo de acceso a los servicios 1-1-2 de todas las comunidades autónomas para las personas sordas o con dificultades auditivas o de locución habilitado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España. De este modo, se dispone de un acceso al 1-1-2 equivalente al del resto de la población mediante un servicio de intermediación por videoconferencia con un intérprete de lengua de signos. Asimismo, SVisual contactará con los 1-1-2 para notificar emergencias de los usuarios de este sistema.

En esta línea, la nueva App denominada 1-1-2 Canarias Accesible, que estará disponible próximamente, permitirá el envío de datos (audio, imágenes, video) al CECOES 1-1-2 y optimizará la localización de los incidentes. Esta herramienta será gratuita, estará disponible tanto para Android como para IOS y mejorará la comunicación con el 1-1-2 Canarias mediante una llamada telefónica al CECOES 1-1-2, que incorpora la posición GPS. En el caso de que no se pueda hablar, mediante un aviso sin voz, será posible utilizar iconos para seleccionar el tipo de emergencia y un chat de texto (con traducción simultánea si el idioma de tu teléfono es distinto al español). Además, permitirá recibir avisos con información de emergencias destacables que se están produciendo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En estas jornadas se ha hecho también un llamamiento para que las administraciones públicas, CECOES 1-1-2 y medios de comunicación continúen trabajando para facilitar el acceso de las personas con diversidad funcional a los servicios de emergencia y a los mensajes de autoprotección que se preparan antes y durante las emergencias.

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