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La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La embajadora de Finlandia agradece al Gobierno canario la seguridad de los 4.000 residentes fineses en las islas

La representante diplomática se reúne con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y destaca la tranquilidad que ofrece Canarias a los numerosos visitantes de su país

En 2019 llegaron al archipiélago 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando una vez dejada atrás la pandemia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido esta semana la visita de la embajadora de Finlandia en España, Sari Rautio, y el cónsul de este país en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, con quienes ha analizado la situación de los casi 4.000 residentes fineses que hay en las islas –2.500 en Las Palmas y 1.500 en Santa Cruz de Tenerife–, una comunidad que goza de un gran aprecio por parte de los canarios y que ha sabido aprovechar la tranquilidad y seguridad que ofrece el archipiélago.

Durante el encuentro, la embajadora, que se encuentra en su primera visita oficial en Canarias, ha agradecido a Julio Pérez estas cualidades que las islas ponen a disposición tanto de los residentes, una buena parte de ellos jubilados que han decidido instalarse aquí o jóvenes empresarios dedicados al mundo de la restauración, como a los miles de visitantes de su país.

En este sentido, hay que apuntar que en el año 2019 llegaron a Canarias alrededor de 300.000 turistas finlandeses, cifra que se va recuperando, una vez dejada atrás la pandemia, gracias, entre otras razones, a las conexiones directas que las distintas aerolíneas mantienen entre las islas y el país nórdico.

Sari Rautio, que tomó posesión de su cargo hace más de un año, en septiembre de 2021, sustituyendo a Tina Jortika-Laitinen, representante diplomática en España durante cuatro años, llegó a Madrid procedente del Ministerio de Asuntos Exteriores del país báltico, donde había trabajado desde 2018 como directora de la Unidad de Seguridad Política y Gestión de Crisis. Con anterioridad, había ocupado diversos cargos en el Departamento Político del Ministerio de Relaciones Exteriores y en misiones de Finlandia en el extranjero. Sus puestos en la diplomacia finlandesa incluyen servicios en las embajadas de Moscú, Addis Abeba y Madrid.

El consejero ha expuesto en detalle y trasladada documentación a la embajadora sobre algunos de los asuntos que en este momento constituyen la agenda del Gobierno y que son motivo de atención y de preocupación por la ciudadanía y la opinión pública de Canarias. En algunos de ellos, como la importancia de incrementar el uso de energías renovables o el fomento y la extensión de la digitalización, se produce una notable coincidencia entre las perspectivas y puntos de vista del archipiélago y los del gobierno y la sociedad de Finlandia.

La embajadora Rautio ha mostrado interés particular por las relaciones y la atención que se presta desde Canarias a la evolución de la situación política, económica y social en los países africanos vecinos y en la importancia de mantener las vías de cooperación y de ayuda a los estados con graves dificultades en la actualidad, en concreto los países del Sahel.

A su vez, el consejero ha prestado interés por la posición de Finlandia sobre la situación general de Europa. Todo ello, ha dicho Julio Pérez, sin dejar de tener en cuenta que las relaciones internacionales del Reino de España son responsabilidad del Gobierno de la nación.

Al término del encuentro, en el que participó e intervino el cónsul de Finlandia en Canarias, Juan Carlos Díaz Lorenzo, todos han manifestado la conveniencia de mantener el contacto y las comunicaciones necesarias para facilitar la continuidad y la extensión de las relaciones económicas y sociales entre Finlandia y Canarias.

A lo largo de su estancia en Tenerife, la embajadora ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con la numerosa comunidad de finlandeses que reside en Puerto de la Cruz, además de otras reuniones con representantes del mundo empresarial y del sector portuario del archipiélago.

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La Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias expone al Gobierno sus principales objetivos

La Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias expone al Gobierno sus principales objetivos

Miembros de su Junta Directiva se reúnen con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para darle a conocer las líneas de actuación y la propuesta de declarar monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife

También subrayan la importancia de poner en marcha el Centro Virtual de la Memoria Histórica y elaborar la estrategia de esta materia que mandata la propia Ley

Julio Pérez toma nota de las iniciativas planteadas y afirma que algunas de ellas están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, se ha reunido esta semana con Emilio Fresco, Eva Tobar, Carlos Berástegui, Víctor Berástegui y Jorge García Prieto, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, con el propósito de conocer los objetivos de este colectivo y las líneas de actuación en las que está trabajando.

Durante el encuentro, el presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Masónica de Canarias, Emilio Fresco, ha planteado a Julio Pérez el interés existente en colaborar con todas las asociaciones de memoria histórica, con la finalidad de ir dando pasos en la ejecución material de lo que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Tras felicitar a todos ellos por la constitución de la Asociación, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apuntado que la memoria de la actividad de los grupos de la masonería en la historia de Santa Cruz de Tenerife, y de Canarias, en general, es muy intensa. Ha tomado nota de las iniciativas planteadas, algunas de las cuales, según ha dicho, están en sintonía con las que viene desarrollando su departamento y otras corresponden a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Julio Pérez se ha comprometido a mantenerlos informados de las actuaciones que en materia de memoria histórica desarrolle la Consejería.

Emilio Fresco ha destacado la necesidad de elaborar la Estrategia de la Memoria Histórica de Canarias, un documento “clave” con carácter bienal, en el que se recogen los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los miembros de la Junta Directiva han resaltado también la importancia de llevar a cabo el Centro Virtual de la Memoria Histórica, con la finalidad de recopilar, recuperar, estudiar, difundir y facilitar el acceso a la información contenida en los documentos de la memoria histórica de Canarias, así como dar respaldo y fundamento documental e histórico a las actuaciones, iniciativas y estrategias relativas a esta materia puestas en marcha por el Gobierno de Canarias, o por cualquier Administración pública, entidad dependiente de la misma o de entidades privadas con fines sociales análogos a los de la citada Ley.

Igualmente, han explicado su propuesta de declarar lugar o monumento de memoria histórica el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, inmueble ubicado en la calle San Lucas de la capital tinerfeña.

Al término de la reunión, Fresco ha mostrado su satisfacción, pues, según ha apuntado, “hemos cumplido nuestras expectativas de hacer llegar al Gobierno de Canarias nuestras aspiraciones en esta materia”.

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Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Julio Pérez repasa con el nuevo general de la Zona de la Guardia Civil en Canarias las relaciones con el Gobierno

Juan Hernández Mosquera visita al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con motivo de su reciente nombramiento

En estos momentos, la Guardia Civil cuenta en las islas con aproximadamente 3.500 efectivos distribuidos entre sus comandancias en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido este viernes en su despacho la visita del general jefe de la Zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Hernández Mosquera, con motivo de su reciente nombramiento. Durante el encuentro, ambos han revisado las relaciones y colaboración que la Guardia Civil mantiene tanto con el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres como con el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), de forma especial en la gestión de situaciones de emergencia.

El general de brigada Hernández Mosquera, nacido en Pontevedra en julio de 1964 y de familia con larga tradición en la Guardia Civil, está al mando de las dos comandancias que este cuerpo tiene en Canarias, con aproximadamente 3.500 efectivos, distribuidos entre la Agrupación de Tráfico (ATGC), la Unidad del Grupo Rural de Seguridad (GRS), con base en La Laguna, las unidades del Servicio Aéreo de Helicópteros (SAER), con base en Los Rodeos y Fuerteventura, la unidades del Servicio Marítimo situadas en ambas provincias, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), la Policía Judicial y las unidades de Seguridad Ciudadana.

A lo largo de su carrera y tras salir de la Academia General Militar de Zaragoza como teniente, en 1989, Hernández Mosquera ha estado destinado, entre otros empleos, en el Grupo de Acción Rural –ahora Grupo de Acción Rápida– (GAR), dedicado a la lucha contra el terrorismo, el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) y su Estado Mayor.

Julio Pérez le ha traslado el apoyo del Gobierno de Canarias en su nueva etapa, que coincide con su primer destino como general de brigada.

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Julio Pérez: “Los equipos científicos son un elemento esencial para tomar decisiones políticas en las emergencias”

Julio Pérez: “Los equipos científicos son un elemento esencial para tomar decisiones políticas en las emergencias”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que la presencia continua de profesionales de las áreas afectadas es una gran garantía para la ciudadanía

El también director del Pevolca recoge, en nombre de todos los integrantes del Comité Científico de este plan y a solicitud de la organización, la Distinción 2021 otorgada por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España

En La Palma, recuerda Julio Pérez, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 218 millones de euros de un total de 577 millones desembolsados, una cantidad importantísima

Resalta el importante papel de las aseguradoras como mecanismo de prevención, ya que ayudan a mitigar parte del daño que se sufre en una catástrofe, e invita a extender la cultura del aseguramiento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha destacado la importancia de los equipos científicos, como elemento esencial a la hora de tomar decisiones políticas durante las emergencias, con motivo del discurso de agradecimiento pronunciado, en un acto desarrollado recientemente en Madrid, para la entrega de la Distinción 2021 otorgada por el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España al Comité Científico del Plan de Especial de Protección Civil ante Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).

Esta distinción del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España, concedida en esta edición al Comité Científico del Pevolca, se otorga anualmente, desde 2016, a una actuación ejemplar en catástrofes, con el fin de reconocer la contribución relevante de organizaciones, instituciones, empresas o profesionales por su dedicación a los riesgos catastróficos en el ámbito nacional.

Un reconocimiento que, en esta ocasión, en palabras del presidente del Observatorio, Pedro Tomey, es fruto del ejemplo de actuación unitaria y gestión colectiva del Comité Científico del Pevolca frente a la crisis sismo-volcánica en la isla de La Palma, y a que, gracias a sus estudios y control del volcán, se pudo ofrecer una respuesta adecuada a la crisis. Se ejecutaron planes de prevención, evacuación y albergue y obras de emergencia como la construcción de carreteras, un embarcadero, reposición de líneas eléctricas y puesta en marcha de desaladoras, entre otras acciones.

Julio Pérez, encargado de recibir la placa conmemorativa a petición de la Fundación Aon, en su calidad de director del Pevolca, de manos del propio Pedro Tomey, la directora general del Consorcio de Compensación de Seguros, Flavia Rodríguez-Ponga, y el director de operaciones de la misma organización, Alejandro Izuzquiza, ha agradecido, en primer lugar, que se reconozca y premie a los miembros del Comité Científico, tanto por la disponibilidad, cantidad e intensidad de su dedicación como por su elevadísima calidad, plasmada ahora en congresos, simposios y jornadas.

A su juicio, en una catástrofe, junto con una dirección operativa que sea eficaz y que permita el liderazgo colectivo de todas las instituciones, y la suficiencia de medios, la presencia de equipos científicos al lado de Protección Civil es esencial para salvar a la ciudadanía de las ocurrencias e improvisaciones, que son un peligro frecuente en las situaciones de emergencia. Según ha explicado, en esas situaciones, a todo el mundo se le ocurre algo, desea contribuir y tiene alguna idea que le parece que es la mejor, y la mejor manera de contradecir iniciativas que pueden no ser útiles es disponer de conocimiento científico.

Durante su intervención ha dicho que si algo han tenido de positivo los acontecimientos padecidos en los últimos años –incendios, pandemia, erupción volcánica–, especialmente en Canarias, es justamente poner en valor el conocimiento científico como un elemento esencial en la toma de decisiones políticas. El respaldo y presencia continua de profesionales de las materias afectadas –ha recalcado– es una gran garantía para los ciudadanos.

El Comité Científico del Pevolca, compuesto por representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Agencia Española de Meteorología (Aemet), la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), al que se sumaron otros participantes invitados a muchas de sus sesiones, entre ellos, el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias y el Servicio de Calidad del Aire de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Ecológica –tal y como ha recordado Julio Pérez–, realizó el seguimiento y valoración permanente de la situación de la crisis y de las erupciones, que se sucedieron entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre de 2021, para conocer los efectos de la emergencia sobre la población afectada y los daños medioambientales, así como para determinar las medidas sanitarias y logísticas oportunas.

En su discurso, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha resaltado también el importante papel de las aseguradoras como mecanismo de prevención, ya que ayudan a mitigar parte del daño que se sufre en una catástrofe. Después de invitar a extender la cultura del aseguramiento, ha detallado que, en La Palma, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 218 millones de euros de un total de 577 desembolsados, lo que supone dos de cada seis en números redondos. Una cantidad importantísima, ha subrayado, que no se puede minimizar.

Asignación para los psicólogos

La asignación económica correspondiente a la Distinción 2021 irá destinada, por indicación del director del Pevolca, al Ilustre Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, por su servicio en la emergencia, en la cual está ofreciendo atención psicológica a más de mil personas víctimas de la erupción del volcán de La Palma.

La primera Distinción fue a Cruz Roja Española, que trabajó en el salvamento, evacuación y apoyo en el incendio de La Palma de 2016. La UME recibió la Distinción 2017, por su excepcional despliegue de dispositivos materiales y humanos para apagar los incendios forestales de Galicia en octubre de ese año. La Distinción 2018 reconoció a la Fundación Rafa Nadal en la persona de su patrono fundador Rafa Nadal por su colaboración en las tareas de desescombro y limpieza en Sant Llorenç des Cardassar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones en Mallorca. El Consorcio de Compensación de Seguros fue galardonado con la Distinción 2019, por su eficaz gestión de los siniestros registrados ese año y por liberar una gran cantidad de recursos para la indemnización de los daños producidos por los desastres naturales ocurridos en España ese año, especialmente las danas en Levante. La Distinción 2020 recayó en los profesionales sanitarios españoles por el desgaste, esfuerzo y entrega permanente durante la pandemia covid-19.

En esta ocasión el jurado encargado de fallar la entrega de la Distinción 2021 ha estado formado por Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España y del jurado; Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA; Flavia Rodríguez-Ponga, directora general del Consorcio de Compensación de Seguros; Juan Carlos López Porcel, presidente de AGERS; Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS; Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias en España; Íñigo Vila, director del departamento de Emergencias de Cruz Roja Española; Jorge Serra Llopart, teniente coronel de la UME; Rafael Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia; Mercedes Fernández, directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Raquel Caro Carretero, profesora del departamento de Organización Industrial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI); Marcos Borges, catedrático de la Escuela de Ingeniería Tecnun de la Universidad de Navarra; Alfonso Valera, CEO de Aon Benfield Iberia; y Jesús Martínez de Rioja, coordinador del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon.

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Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad que dispone la Ley sobre los menores robados

Está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tiene como objeto asesorar al Gobierno de Canarias en el cumplimiento de los fines contemplados por la Ley 13/2019, de 25 abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias

Según reza la norma, debe elaborar un informe anual para evaluar los resultados obtenidos e incorporar las mejoras oportunas, y reunirse al menos una vez al año

La Ley se aprobó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación

El Gobierno de Canarias ha constituido la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad, órgano colegiado que asesorará al Ejecutivo para el cumplimiento de los fines contemplados en la Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias. Está conformada por dos miembros en representación del Ejecutivo canario, uno de los cuales ostentará la presidencia, un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), otro de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y dos miembros en representación de las asociaciones canarias legalmente constituidas, a los efectos contemplados en la citada norma.

Siguiendo estas reglas, recogidas en el artículo 10 de la citada ley, la comisión está presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, teniendo como suplente a la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y está integrada por el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez; la directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera (suplente); el alcalde de La Aldea de San Nicolás y presidente de la Comisión de Administración Pública de Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez; la técnica jurídica Trinidad Pérez (suplente); la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo; el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo (suplente); el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Familiares y Adopciones Ilegales Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez y Francisco González, respectivamente.

En esta primera sesión, a la que han asistido también la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de Servicio de Coordinación y Planificación Estratégica de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Karolin Bruns, que ha actuado como secretaria de la Comisión, se ha abordado, por parte de los representantes de los colectivos de víctimas afectadas, la problemática que padecen en cuanto a las limitaciones en el acceso a archivos y registros públicos, así como la necesidad de que se preste apoyo específico por parte de las Administraciones Públicas en la realización de estudios y trabajos de investigación que hagan aflorar esta realidad al conocimiento general.

Por parte de la Consejería se ha puesto de manifiesto el compromiso de las Administraciones Públicas para impulsar las políticas necesarias y cumplir con las obligaciones de la ley, así como mantener, dentro de los instrumentos que permite la normativa vigente, una relación de colaboración con el colectivo de víctimas, que implique también a otras instituciones como las universidades, con el fin de contar con estudios científicos serios y detallados que permitan determinar el alcance de esta realidad en Canarias, su divulgación y dignificación de sus víctimas.

Reparación

La Ley 13/2019, de 25 de abril, sobre los menores robados en la Comunidad Autónoma de Canarias se dictó con la finalidad de investigar, esclarecer y garantizar el conocimiento de una serie de hechos que afectaron a niños y niñas que fueron apartados de sus familias biológicas sin conocimiento ni consentimiento de estas, alterándose su filiación.

Su objetivo es garantizar el conocimiento de estos hechos y de sus víctimas, así como su reparación, favoreciendo acciones que tiendan a la identificación de sus familiares. En su contenido, a lo largo de sus 10 artículos, reconoce a las personas que sufrieron estos hechos y a sus madres biológicas la condición de víctimas y establece las obligaciones de los poderes públicos canarios de promover acciones que lleven a su esclarecimiento y a la identificación y reconocimiento de quienes lo padecieron.

Las principales obligaciones que recoge esta norma para la Administración Pública son facilitar a las víctimas y personas con interés legítimo el acceso a la información que, sobre estos hechos, pueda existir en los archivos y registros públicos dependientes de las administraciones canarias, siempre en los términos que lo permita la legislación vigente (artículo 5), y colaborar con las autoridades judiciales y fiscales en las labores de investigación que se lleven a cabo (artículo 6) e incorporar los datos de los perfiles genéticos a una base de datos de ADN que permita la identificación de las víctimas y sus familiares.

Además, la mandata a adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos hechos, que se centran en las labores de divulgación, campañas de sensibilización e información, actividades de investigación y formación en el ámbito de la educación y la Administración Pública y la inclusión de contenidos en los itinerarios curriculares de educación que profundicen en los valores de reconocimiento y respeto a las víctimas (artículo 7).

Estas obligaciones y competencias no precisan de un desarrollo reglamentario, sino que se encuentran ya perfectamente determinadas y se proyectan principalmente frente a la Administración Pública y el ámbito educativo, quienes al amparo de esta norma deberán desarrollar líneas específicas de actuación que satisfagan los fines que la ley recoge.

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El Gobierno informa a los abogados de las principales líneas presupuestarias de Justicia para 2023

El Gobierno informa a los abogados de las principales líneas presupuestarias de Justicia para 2023

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acompañado de la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se reúne con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de 185 millones de euros para el próximo ejercicio, un 15% más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6% de todo el departamento dirigido por Julio Pérez

Julio Pérez destaca los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido esta semana, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas programáticas que contiene el presupuesto del área de Justicia en el año 2023.

Julio Pérez ha explicado a ambos decanos que, dentro de las cuentas de su departamento para 2023, cuyo montante es de 406 millones de euros, el área de Justicia tiene asignados 185 millones, lo que supone un 45,6% sobre el total y representa un 15% más que en 2019, donde ascendieron a 161 millones.

Según ha señalado, con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, Julio Pérez ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante el encuentro, también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

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Canarias solicitará su entrada en la Alianza Internacional de Gobierno Abierto

Canarias solicitará su entrada en la Alianza Internacional de Gobierno Abierto

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana afirma que “las islas contribuyen activamente al décimo compromiso del cuarto Plan de Gobierno Abierto de España, que va desde la centralización de los datos abiertos hasta la puesta en marcha de la Red Canaria de Gobierno Abierto”

La Red Canaria de Gobierno Abierto busca fortalecer la colaboración entre esta comunidad autónoma y las entidades locales para transversalizar las políticas del Gobierno Abierto

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, ha anunciado en la inauguración de las III Jornadas de Gobierno Abierto, organizadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y celebradas el jueves 1 y viernes 2 de diciembre en los Jameos del Agua, en Lanzarote, que Canarias tiene la voluntad formal de solicitar su entrada en la Alianza Internacional de Gobierno Abierto (OGP) directamente como comunidad subnacional, siguiendo la estela de otras regiones.

Según Marta Saavedra, Canarias se convierte en la capital del gobierno abierto por unos días, con la celebración de las jornadas ‘El Gobierno Abierto en el escenario de la Agenda 2030’, una tercera edición en la que se incide en la identificación de las mejores prácticas en esta materia, desde la perspectiva que la Agenda 2030 le aporta, así como las nuevas metas para que las instituciones sean más abiertas, más participativas y más colaborativas, a través de los ODS.

En su intervención, ha querido recordar que se cumplen dos años desde la celebración de las primeras jornadas del gobierno abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, un encuentro cuya relevancia “hoy permanece, pues de las conclusiones que obtuvimos se extrajeron múltiples ideas que servirían para marcar los objetivos de nuestras acciones durante estos años, contribuyendo a que, a fecha de hoy, tengamos diversos reconocimientos y premios por ser una de las comunidades autónomas más comprometidas con el gobierno abierto”.

La titular de Transparencia y Participación Ciudadana ha hecho hincapié en la importancia del gobierno abierto “desde la dimensión de la gobernanza pública y ante el reto de mejorar las administraciones para hacerlas más cercanas, transparentes, inclusivas y participativas”.

Ha afirmado que las islas contribuyen activamente al  décimo compromiso del IV Plan de Gobierno Abierto de España, compromisos que van “desde la centralización en un único punto de acceso de todos los datos abiertos de Canarias en el nuevo portal de datos abiertos, hasta la puesta en marcha de la Red Canaria de Gobierno Abierto, un convenio de cooperación interadministrativa a la que se han suscrito los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios, con el propósito de difundir los valores del gobierno abierto entre los empleados y empleadas de las Administraciones Públicas, y gracias al soporte formativo del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) y con muchos otros fines, como la colaboración entre las Administraciones Públicas para el fomento de la participación ciudadana y el desarrollo de la transparencia”.

En este sentido, el consejero de Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote, Jorge Peñas, ha señalado que “hace casi un año, este espacio acogió la presentación y firma del marco estratégico de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y, desde entonces, se conoce como Pacto de los Jameos la apuesta de toda la sociedad canaria para que las Islas den un salto en sostenibilidad social, económica y medioambiental en esta década”, destacando así que estas jornadas son una muestra más de esa responsabilidad adquirida “para avanzar con rapidez hacia un desarrollo más sostenible en el marco de la Agenda Canaria 2030”.

Asimismo, Peñas se ha mostrado convencido de que de estas jornadas “saldrá la hoja de ruta que tendremos que seguir en los próximos años para hacer realidad una nueva gobernanza para un tiempo nuevo”.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Jesús Ezequiel Domínguez, ha destacado la estrategia de gobernanza inteligente que supone la Red Canaria de Gobierno Abierto, que asume los valores de transparencia, datos abiertos y participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, para hacer frente a problemas complejos, siendo importante  que “poco a poco, nuestros ayuntamientos y administraciones más cercanas a los ciudadanos, vayan incorporándose a estos modelos de gobernanza pública”, como así lo demuestran los 17 municipios ya adheridos de los 88 que conforman nuestro mapa, “por lo que todavía queda un trabajo duro”.

“Con la Red Canaria de Gobierno Abierto se busca fortalecer la colaboración entre esta comunidad autónoma y las entidades locales para transversalizar las políticas del Gobierno Abierto”, ha apuntado Domínguez.

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Los científicos atribuyen por ahora a una potente onda acústica el estruendo sentido sobre todo en Gran Canaria

Desde distintos organismos se considera que lo más probable es que haya sido motivado por el paso de un bólido que ha surcado el cielo de Canarias y que ha tocado la atmósfera a la altura de Gran Canaria

Antes del estruendo se recibieron en la sala operativa del 1-1-2 en Santa Cruz de Tenerife varias llamadas procedentes del sur de Tenerife, La Palma y La Gomera informando haber visto un rayo de luz y una estela de humo

No se han registrado daños humanos ni materiales y se descarta que el estruendo lo haya provocado un avión de reacción, un movimiento sísmico o cualquier tipo de explosión

Los científicos consultados por la Dirección de Seguridad y Emergencias, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, atribuyen por ahora el origen del estampido sónico escuchado esta tarde, mayoritariamente en Gran Canaria, al paso de un bólido que ha surcado el cielo de Canarias y que ha tocado la atmósfera en esta isla, generando una potente onda acústica.

Desde el Seguridad y Emergencias se abrió una investigación tras haber recibido previamente varias llamadas en la sala operativa del 1-1-2 de Santa Cruz de Tenerife, procedentes del sur de Tenerife, la isla de La Gomera y La Palma, en las que comunicaban, por un lado, haber visto un rayo de luz de color verde y rojo que surcaba el cielo y, por otro, una estela de humo con dirección a Gran Canaria. A las llamadas procedentes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife siguieron más de 40, con origen en la isla de Gran Canaria, informando del estampido sónico. No se han registrado daños humanos ni materiales.

A partir de estos datos, desde el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) se ha considerado muy probable que el estruendo haya sido motivado por el paso de un bólido que ha surcado el cielo de Canarias y que ha tocado la atmósfera a la altura de Gran Canaria. El IAC no ha descartado que, al haberse oído y sentido la vibración, el bólido haya podido tocar la tierra en pequeñas fracciones. Por ahora, sí se ha descartado que el estampido lo haya provocado un avión de reacción, un movimiento sísmico, cualquier tipo de explosión por alguna actividad o que hubiera dado lugar a algún incendio.

Por otra parte, desde la Red Sísmica Canaria que opera el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) se ha informado que a las 16:35 horas se registró una señal sísmica en Gran Canaria, originada por el paso de una potente onda acústica a través de la isla. Según el Involcan, el análisis preliminar de los sismogramas evidencia una forma compatible con una N-wave, producida por el impacto en el suelo de una onda de choque causada por un objeto, natural o artificial, moviéndose en la atmósfera a velocidad supersónica.

También desde el Instituto Geológico Nacional (IGN) se ha descartado que el estruendo sentido mayoritariamente en la isla de Gran Canaria haya tenido su origen en un movimiento sísmico.

Hay que recordar que un terremoto y un bólido, a pesar de su diferente naturaleza, provocan fenómenos geofísicos que pueden ser tratados con las mismas técnicas de análisis. Estos fenómenos son la generación de ondas mecánicas que se propagan a través de medios continuos y no necesariamente debido a un impacto con el suelo.

Durante la tarde se ha hecho un seguimiento permanente de la situación por parte del Gobierno, con comunicación directa con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el consejero Julio Pérez, no siendo necesario activar ninguno de los planes de emergencia.

Julio Pérez impulsa la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se reúne con el secretario de Estado de Justicia para analizar la propuesta elevada desde Canarias, que tiene el apoyo de los dos municipios, los operadores jurídicos públicos y privados y el informe favorable del TSJC

El objetivo, según Julio Pérez, es lograr que la Administración de Justicia sea un servicio público más accesible y ágil a través de estructuras organizativas más eficientes, flexibles e innovadoras

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido este miércoles en Madrid con el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, con el propósito de dar un impulso a la unificación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. Ambos han analizado la propuesta elevada desde Canarias para alcanzar este objetivo, que cuenta con el apoyo tanto de estos dos municipios como los de la mayoría del norte de la isla de Tenerife y de los operadores judiciales públicos y privados, además del informe favorable de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En la citada propuesta, se insta al Ministerio de Justicia a modificar la Ley de Demarcación y Planta Judicial, al objeto de unificar los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz. En la actualidad, el partido judicial de la Orotava, que abarca un total de seis municipios –La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Los Realejos y San Juan de la Rambla–, está integrado por cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 tiene asumida, además, la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

Por su parte, el partido judicial de Puerto de la Cruz, que cuenta con un solo municipio, el que le da nombre y constituido conforme a su carácter turístico, se compone de tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción. El número 3 tiene asumida la competencia de violencia sobre la mujer de forma exclusiva pero no excluyente.

La conveniencia de unificar ambos partidos judiciales, iniciativa promovida por los decanos de ambos partidos y que cuenta con el amplio respaldo de los operadores jurídicos públicos y privados, resulta de numerosas razones, según ha explicado Julio Pérez. Entre ellas, los beneficios logísticos y económicos que se derivarían de concentrar en un mismo edificio judicial los cuatro edificios existentes actualmente, y cuyas sedes se sitúan a siete kilómetros de distancia; optimizar la prestación de los servicios policiales; mejorar la tramitación procesal de los procedimientos judiciales y la posibilidad de constituir un juzgado exclusivo de Violencia de Género, que abarcaría la mayor parte del norte de la isla de Tenerife, necesario por el volumen de asuntos de esta naturaleza que proliferan en ambos partidos judiciales, y la posibilidad de una atención más adecuada y especializada a las víctimas de los delitos ubicados en dicho ámbito.

Analizando la carga de trabajo de cada uno de los partidos judiciales y teniendo en cuenta que la Orden JUS/1415/2018, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de la carga de trabajo de los órganos judiciales, dispone que, para los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción el módulo de entrada sería de 680 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 1.000 anotaciones penales por órgano y año.

Conforme a este baremo, desde el año 2019 la evolución de la carga de trabajo ha sido, en los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava, 739 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 988,80 asuntos penales. Destaca la jurisdicción civil, donde existe una patente superación del módulo en más de un 8%.

Similares datos ofrece el ejercicio 2020 (con las particularidades que el mismo presente por el Covid-19), en el que los cinco juzgados del partido judicial de La Orotava ingresaron 784,80 asuntos civiles incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 825,60 asuntos penales.

Los tres juzgados del partido judicial de Puerto de la Cruz ingresaron, en el ejercicio 2019, 459 asuntos civiles, incluyendo jurisdicción voluntaria y ejecuciones, y 938,67 asuntos penales. En el año 2020, ingresó cada juzgado 526 asuntos civiles (superior al anterior año) y 637 asuntos penales (inferiores al ejercicio anterior probablemente por excepcionales circunstancias derivadas del Covid-19).

En el 2021, el partido judicial de Puerto de la Cruz ingresó 663,67 asuntos civiles y 804,67 asuntos penales, y el partido judicial de La Orotava, 1044,80 asuntos civiles y 1499,80 asuntos penales (incluidos los asuntos de violencia sobre la mujer en ambos casos).

El consejero ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Administración de Justicia y en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, la competencia de “informar sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales de Canarias, así como su capitalidad en los términos que fije la legislación estatal. A tal efecto, se tendrán en cuenta, entre otros criterios, las peculiares características geográficas de Canarias derivadas de la insularidad, así como la densidad poblacional y la cercanía a los municipios de especial actividad turística”.

En este sentido, ha detallado que nuestra norma estatutaria dispone en el artículo 91, en relación con la demarcación y planta judiciales, que “el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, al menos cada cinco años, previo informe del Consejo de Justicia de Canarias, podrá proponer al Gobierno del Estado la determinación y la revisión de la demarcación y la planta judiciales en Canarias. Esta propuesta, que es preceptiva, deberá acompañar al proyecto de ley que el Gobierno envíe a las Cortes Generales. Igualmente, informará sobre la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos judiciales, así como de su capitalidad, en los términos establecidos en la legislación del Estado”.

Igualmente, establece que “las modificaciones de la planta judicial que no comporten reforma legislativa podrán corresponder al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias podrá crear secciones y juzgados por delegación del Gobierno del Estado, en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Por último, señala que “la capitalidad de las demarcaciones judiciales se fija mediante ley del Parlamento de Canarias”.

El consejero ha advertido, no obstante, de que, teniendo en cuenta la legislación reseñada, al objeto de concretar el procedimiento a seguir y los trámites necesarios para concretar la propuesta de unificación o fusión planteada, esta no implica la creación en sentido estricto de un partido judicial, sino la supresión de un partido judicial y la consiguiente ampliación de la circunscripción territorial de otro partido judicial que ya tiene fijada su capitalidad en el municipio de La Orotava, del que adopta su denominación.

Por ello, en aras de la agilidad y economía procesal, bastaría la modificación del anexo I de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de Relación de términos municipales agrupados por partidos judiciales.

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Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

Julio Pérez felicita al Juzgado de Violencia contra la Infancia de la capital grancanaria por el galardón del CGPJ

El órgano de gobierno de los jueces otorga a este juzgado uno de los X Premios Calidad de la Justicia, por garantizar de forma más eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños y adolescentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su satisfacción porque se reconoce la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, y al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín, por el galardón concedido a este órgano judicial por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Julio Pérez ha mostrado su satisfacción por el reconocimiento del CGPJ a la labor llevada a cabo a través de este proyecto, puesto en marcha hace más de un año, gracias a la colaboración de su departamento, en lo que se refiere a medios humanos y materiales, y de forma especial a través del trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, como apuntó recientemente el propio Tomás Martín, con motivo de la presentación de la Guía de actuación del propio Juzgado.

El galardón del CGPJ, uno de los Premios Calidad de la Justicia de esta edición, en concreto a la Justicia más accesible, distingue al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de la capital grancanaria por constituir “una iniciativa pionera que ha logrado garantizar de forma eficaz el derecho a la tutela efectiva a favor de niños, niñas y adolescentes”. Para ello, según explica el jurado, se han dedicado instrumentos y recursos que “facilitan el acceso a la justicia de los y las menores víctimas de violencia, generando espacios de tranquilidad, confianza y seguridad en la realización de las actuaciones judiciales que evita su victimización secundaria”.

Entre los principales hitos de este proyecto figuran la creación de una sala Gesell telemática, la creación de una unidad de valoración forense integral, la incorporación de un dispositivo móvil de video grabación para la práctica de pruebas constituidas, protocolos de colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado o la puesta en marcha del programa “Vente con tu mascota”, junto con el uso del “kit de bienvenida” para la práctica de citaciones judiciales.

Julio Pérez ha insistido en la importancia de esta iniciativa, cuyas actuaciones han permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes a lo largo del último año, porque ha demostrado, en opinión del consejero, que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho.

A su vez, ha hecho hincapié, citando el texto de la Memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”, y ha defendido que, como proyecto ejemplar, en el sentido literal de la palabra, “debemos proponernos, entre todos, extender el modelo a otros partidos judiciales”.

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