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Seguridad y Emergencias expone en Navarra sus experiencias en incendios forestales

Seguridad y Emergencias expone en Navarra sus experiencias en incendios forestales

El director general, Gustavo Armas, participa en un encuentro de trabajo cuyo objetivo es mejorar la capacidad de respuesta y prevención, con la participación de las distintas administraciones

Han asistido representantes del Gobierno de España y de la mayoría de las comunidades y ciudades autónomas

Aprovechando la cita, el Sistema Nacional de Protección Civil ha hecho pruebas en Pamplona de envío de alertas de emergencia del sistema de avisos a la población, que Canarias prevé poner en marcha este año

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha participado esta semana en unas jornadas sobre Incendios Forestales, impulsadas desde la Dirección General de Interior del Gobierno navarro, con el objetivo de reflexionar desde una perspectiva integral para mejorar la capacidad de respuesta y prevención desde un abordaje transversal, y con la participación y cooperación de las distintas administraciones, locales, regionales y estatales.

En un encuentro previo desarrollado en el Palacio de Navarra, el director general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Leonardo Marcos, se ha reunido con los directores y directoras generales de Protección Civil, Seguridad y Emergencias de 17 autonomías, entre ellas Canarias, representada por el titular de esta área, Gustavo Armas, para compartir el análisis y reflexión de las experiencias adquiridas tras los incendios forestales que se ha registrado en todo el territorio español este verano.

En la citada jornada, además de agradecer el trabajo y la gran coordinación de los equipos de emergencia y protección civil de las distintas administraciones en la extinción de incendios forestales de los últimos meses, se ha invitado a los asistentes a continuar apostando por la colaboración con las diferentes administraciones e instituciones.

Las ponencias han versado sobre el uso del territorio en relación con el riesgo de incendio, el cambio climático y su influencia en el riesgo, la gobernanza de la emergencia ante un incendio forestal, la prevención desde Medio Ambiente y la comunicación de crisis y emergencias.

Aprovechando también esta jornada, el Sistema Nacional de Protección Civil ha realizado en Pamplona pruebas de envío de alertas de emergencia del sistema de avisos a la población, también conocido como ES-Alert o 112-inverso. Esta herramienta permite el envío generalizado e inmediato de alertas a personas de una zona afectada por una emergencia o catástrofe a través de notificaciones emergentes a aquellos teléfonos móviles inteligentes que se encuentren conectados a las redes de telefonía móvil dentro de dicha zona.

Este sistema, que en Canarias se prevé poner en marcha antes de finalizar 2022, está pensado para informar y alertar a la población que pudiera verse afectada en caso de grandes emergencias, catástrofes o accidentes industriales. En los casos reales incluirá información sobre el riesgo que ha provocado la alerta, sus consecuencias observadas o previsibles y, en su caso, las acciones a tomar por las personas que reciben la alerta.

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Pérez dice que las juezas y su actitud nos transmiten la esperanza de que Afganistán salga de la situación actual

Pérez dice que las juezas y su actitud nos transmiten la esperanza de que Afganistán salga de la situación actual

La ministra de Defensa, Margarita Robles, muestra su preocupación porque la comunidad internacional “se está olvidando de Afganistán”

El consejero de Justicia subraya, en la inauguración de la jornada ‘Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas’, la importancia de los movimientos femeninos alrededor del mundo para impulsar cambios y el progreso de las sociedades

Julio Pérez afirma que solo puede haber verdadero derecho cuando es aplicado por jueces independientes

El fiscal general del Estado asegura que “no podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida por sostener el Estado de derecho en Afganistán”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado este viernes, en la inauguración de la jornada Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas, el “sentimiento de esperanza” que transmiten las juezas afganas y su actitud para que la situación en este país, desde el año pasado bajo el régimen talibán, cambie, y, además, ha subrayado el papel cada vez más importante de los movimientos encabezados por mujeres alrededor del mundo para impulsar cambios y el progreso de las sociedades.

La jornada, organizada por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, ha tenido lugar este viernes en el Colegio de Abogados de Las Palmas y ha contado con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ambos de forma telemática; así como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; y la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas, Pino de la Nuez.

Julio Pérez ha señalado la importancia del derecho y la ley como únicos instrumentos para consolidar las conquistas y el progreso en la sociedad, ya que son los que permiten asentar el resultado de la lucha contra la violencia, la iniquidad o la desigualdad. “Ninguna de esas batallas es definitiva hasta que no llega el derecho y la ley. De nada valen los progresos, movimientos y conquistas sociales hasta que se conviertan en una ley”, ha resaltado.

En este sentido, ha dicho que “el derecho no puede llamarse derecho si no es derecho ajustado a las normas internacionales. No cualquier mandato, religioso o social, es verdadera ley solo porque se publique en un boletín oficial”.

Así mismo, ha apuntado que el derecho “es verdadero” cuando se aplica por tribunales y jueces y juezas independientes y también ha puesto de relieve que en estos momentos en Sudamérica, Italia, Irán o Estados Unidos las protestas ante las injusticias sociales están encabezadas por mujeres.

El consejero ha mostrado su “satisfacción, orgullo y honor” por poder compartir una iniciativa que traslada hasta Canarias a mujeres del mundo del derecho y judicatura de Afganistán, pues “nos permite a los insulares ponernos en contacto con los padecimientos, los sentimientos y las dificultades de otros lugares del mundo”. En este sentido ha hecho hincapié en que “antes que nada” todos somos seres humanos “que compartimos en el conjunto de la humanidad alegría, sinsabores y penalidades”.

“Quienes vivimos en islas a veces tenemos la tentación de que el mundo se acaba en nuestras fronteras, pero el mar es camino de progreso y entendimiento con otros mundos. Dedicar unas horas a estar en contacto con grupos humanos con otros sentimientos, problemas y penalidades, nos permite medir bien el tamaño verdadero de nuestros problemas”, ha recalcado el titular de Justicia del Gobierno de Canarias.

El consejero ha dicho que las juezas afganas transmiten un sentimiento de esperanza “sin el cual la vida es imposible”. “Hay personas concretas, caras concretas y nombres concretos que están trabajando para que sea así y que reflejan en sus caras la esperanza de que algún día la situación cambie. Probablemente sufren, pero son las que finalmente mantienen la esperanza, y sin esperanza no se puede vivir. Es el mejor instrumento, junto los anteriores, para luchar contra la resignación”, ha explicado.

Preocupación por el olvido de Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su preocupación porque la comunidad internacional “se está olvidando de Afganistán”, por lo que ha agradecido la organización de actos como el celebrado este viernes.

“Las mujeres afganas tienen la obligación de no callarse y denunciar en toda oportunidad lo que está pasando en su país. Solo tendremos esperanza si todos y cada uno de nosotros somos luchadores por esos derechos de las mujeres en Afganistán”, ha comentó la ministra.

Por su parte, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha dicho que estos encuentros obligan a la reflexión de cuáles son nuestras obligaciones como comunidad y que, por ello, “no podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida por sostener el Estado de derecho en Afganistán”.

Mientras, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puesto de relieve el valor de los convenios internacionales como base para evitar “que todo se venga abajo” ya que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución se interpretan acorde a ellos. “Los derechos humanos solo lo son si son universales y se respetan en todas partes”, ha asegurado. “Estas mujeres han visto cómo todo se ha venido abajo, han sido autoridades que condenaban delitos y al día siguiente se han encontrado con un estado que no las reconocía no solo como autoridad, sino como seres humanos”.

Previamente, ha intervenido también la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas y presidenta de THEMIS (Asociación de Mujeres Juristas), Pino de la Nuez, quien ha recordado que las mujeres afganas habían conquistado espacios que eran reservados a los hombres pero que, desde que en el año 2021 llegó al país asiático el régimen talibán, hemos sido testigos de los retrocesos en los derechos sociales.

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El Gobierno aumentará más de un 40% el presupuesto para los consorcios de bomberos durante este mandato

El Gobierno aumentará más de un 40% el presupuesto para los consorcios de bomberos durante este mandato

El consejero Julio Pérez subraya que el Ejecutivo canario cumple con lo prometido: “presupuesta y paga”. Además, tiene en mente “expandir la idea autonómica y regional” de estos cuerpos

La implantación del consorcio en la isla de La Graciosa requiere de una “sensibilidad particular” para aplicarla a la política del Gobierno

El Gobierno canario, si las cuentas autonómicas del próximo año consolidan las cuantías solicitadas, habrá aumentado durante este mandato más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a la participación económica en los consorcios de bomberos, al pasar de 3.300.093 euros en 2019 y 2020, a 4.676.105 en 2023, según ha explicado, en la sesión plenaria celebrada esta semana en el Parlamento de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

En concreto, el consejero ha detallado que, en 2019 y 2020, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife recibió 1.801.374 euros; el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, 1.166.374; y el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, 332.345 euros.

En 2021, la aportación del Gobierno canario registró un incremento del 12%, aportando, 2.017.539 euros, 1.306.339 euros y 372.227 euros, respectivamente. Este año, 2022, ha vuelto a incrementarse el montante un 26,51% con relación a 2021, siendo las cantidades comprometidas de 2.552.477 euros, 1.652.707 euros y 470.921 euros. Para el ejercicio de 2023, la propuesta realizada por el departamento que dirige Julio Pérez a Hacienda consolida las asignaciones de 2022.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que a lo largo de este mandato el Gobierno ha cumplido con lo prometido en materia de consorcios de bomberos ya que “presupuesta y paga”. Además, ha indicado que en estas cantidades presupuestarias no están incluidos los casi 730.000 euros –297.379 euros, Gran Canaria; 287.063 euros, Tenerife; y 143.300, Lanzarote– que se añadirán como consecuencia de las intervenciones de los consorcios en distintas emergencias que han tenido lugar en el archipiélago, en particular la de la erupción volcánica de La Palma.

“Los consorcios no son solo consorcios de bomberos, son consorcios de emergencia, que intervienen en otra serie de servicios, que están muy profesionalizados”, ha remarcado Julio Pérez, quien ha aclarado que el Ejecutivo tiene en mente “expandir una idea autonómica y regional” de estos cuerpos y mantener esta política de refuerzos y ampliación de sus funciones.

Por otro lado, en relación al desarrollo de este servicio en la isla de La Graciosa, ha apuntado que, más que una cuestión económica, antes de implantarlo hay que analizar el mecanismo a aplicar ya que se necesitan vehículos permanentes en la isla y asegurar la comunicación con esta.

“La Graciosa requiere no solo dinero, sino una sensibilidad particular que tenemos que aprender de la ciudadanía y de las instituciones de Lanzarote para aplicar a nuestra política”, ha agregado el consejero.

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El Gobierno canario se reúne con Interior para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada

El Gobierno canario se reúne con Interior para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada

Ambas administraciones tratan de dimensionar los medios humanos y materiales que deben ser transferidos, así como su coste económico

Acuerdan elaborar un cronograma para que durante la transición de una a otra institución no se produzca ningún vacío

Gobierno de Canarias y Ministerio del Interior han vuelto a reunirse este lunes para avanzar en el traspaso de las competencias en Seguridad Privada, con el propósito de que la comunidad autónoma pueda asumirlas antes de que acabe la presente legislatura. De esa forma, las islas pasarían a gestionar, tal y como establece el artículo 150 el Estatuto de Autonomía de Canarias, la autorización de las empresas de seguridad privada que tengan su domicilio social en el Archipiélago y cuyo ámbito de actuación esté limitado a su territorio; la autorización de los centros de formación del personal de seguridad privada; la inspección y sanción de las actividades de seguridad privada que se realicen en el Archipiélago; y la coordinación de los servicios de seguridad e investigación privadas con la policía autonómica y las policías locales.

Al citado encuentro han asistido, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el jefe del Servicio de Régimen Jurídico y Modernización de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, Carlos Miguel Esquivel. En representación del Ministerio del Interior han participado el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y el jefe del Área Normativa e Informes de este departamento, David Tentino.

Ambas administraciones han analizado los recursos humanos y materiales que deben acompañar este traspaso de competencias, así como su coste económico, para que la prestación del servicio se pueda desarrollar en condiciones óptimas. En este sentido, Interior se ha comprometido a entregar al Gobierno canario, a lo largo del mes de octubre, la documentación necesaria que permita dimensionar el estado actual de este sector en el archipiélago. Igualmente, han acordado elaborar un cronograma para que durante el traspaso de las competencias no exista ningún vacío.

Según la última memoria elaborada por el sector de la seguridad privada, en las islas existen 72 empresas dedicadas a esta materia, cuyas competencias ya tienen ahora mismo Cataluña y País Vasco.

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El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El Gobierno culmina el proceso del concurso de méritos al publicar la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que “es uno de los primeros compromisos que adquirimos”, al inicio de la legislatura, “y se puede decir que hemos cumplido”

Julio Pérez recuerda que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba, con el consiguiente trastorno para la carrera profesional de muchos empleados públicos

Además, señala que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado este lunes, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/185/–, la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Un proceso en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo adscritos a los distintos departamentos y organismos, así como a los grupos, subgrupos, cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, que conforman dicha administración, y al que se presentaron 1.711 solicitudes.

En dicha resolución se establece también el calendario de los ceses por cuerpos, escalas y especialidades de las personas que hasta ahora venían ocupando las plazas, que se hará de forma escalonada, así como la posterior toma de posesión de las adjudicatarias de las mismas. Del mismo modo, se dispone que el personal funcionario interesado podrá presentar, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOC.

Según el resultado definitivo, en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa se ha adjudicado un puesto; en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, 21; en la Agencia Tributaria Canaria, 193; en la Consejería de Agricultura Ganadería y Pesca, 120; en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 91; en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 73; en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 120; en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 93; en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 54; en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 110; en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 159; en la Consejería de Sanidad, nueve; y en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 53.

Igualmente, se han adjudicado puestos en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), cuatro; en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), uno; en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 17; en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 19; en el Instituto Canario de Estadística (Istac), dos; en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ocho; en el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), 14; en Presidencia del Gobierno, 24; en el Servicio Canario de Empleo (SCE), 58; en el Servicio Canario de Salud (SCS), 126; y en las plazas delegadas de Parques Nacionales, una.

De los 1.374 puestos adjudicados en este concurso de méritos, 422 corresponden al Subgrupo A1; 259, al Subgrupo A2; 330, al Subgrupo C1; 352, al Subgrupo C2; y once, al Grupo E. De los 422 correspondientes al A1, 218 pertenecen al Cuerpo Superior de Administradores; once, al Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios; y 193, al Cuerpo Superior Facultativo. De los 259 del A2, 101 pertenecen al Cuerpo de Gestión; dos, al Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios; y 156, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio.

Los 330 del C1 están distribuidos en cuatro cuerpos. 299 del Cuerpo Administrativo, 19 del Cuerpo Administrativo Técnico-Agentes Tributarios, nueve del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y tres del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Los 352 del C2 pertenecen todos al Cuerpo Auxiliar y los once del Grupo E corresponden a la Agrupación Profesional de Subalternos.

Uno de los primeros compromisos

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se llevaba a cabo, fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

Conviene recordar que la celebración de este concurso, postergado largamente, “es uno de los primeros compromisos” adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo a través del Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

Julio Pérez ha manifestado, en este sentido, que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes, que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, ha señalado que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

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La ministra Pilar Llop felicita al Gobierno canario por su proyecto “Edificio Judicial en Santa Cruz de Tenerife”

La ministra Pilar Llop felicita al Gobierno canario por su proyecto “Edificio Judicial en Santa Cruz de Tenerife”

Afirma que llega en un momento importante y oportuno, porque su diseño se puede acompasar con la reforma del modelo judicial y la recuperación de una parte de la ciudad tanto para los usuarios de la justicia como para los vecinos de la capital tinerfeña

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, considera que, junto con la transformación digital, es el proyecto más ambicioso que tiene Canarias en materia de justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha felicitado este viernes al Gobierno de Canarias por su proyecto Edificio Judicial en Santa Cruz de Tenerife, después de conocer las líneas maestras de esta infraestructura judicial, cuyo proceso administrativo se encuentra actualmente en marcha, de manos de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo –el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que ayer sí asistió a la conferencia de la ministra en el Parlamento, debía estar hoy en Las Palmas de Gran Canaria para la apertura del año judicial–; el director general de Ordenación de Territorio y Aguas, Víctor Navarro; el consejero delegado de GESTUR, Juan Miguel Martín; y el responsable del proyecto, Rubén Henríquez.

Pilar Llop ha afirmado, además, que esta iniciativa llega en un momento importante y oportuno porque su diseño se puede acompasar con la reforma del modelo judicial, en la que se trabaja en estos momentos, y la recuperación de una parte de la ciudad tanto para los usuarios de la justicia como también para los vecinos de la capital tinerfeña.

En su opinión, su puesta en marcha va a ser, además, una ocasión para demostrar que las infraestructuras judiciales son elementos básicos de todas las ciudades y de la protección de los derechos humanos de las personas que necesitan acudir a los servicios y a los recursos de justicia.

La viceconsejera de Justicia, que ha presentado el proyecto a la ministra, en nombre de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha señalado que el futuro edificio judicial en Santa Cruz es, junto a la transformación digital, el proyecto más ambicioso que tiene Canarias en materia de justicia.

Carla Vallejo ha agradecido a la ministra la oportunidad de darle a conocer esta iniciativa, con la que se pretende que la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma tengan no solo las instalaciones judiciales que se merecen, sino que Santa Cruz cuente en esa parte de la capital con los espacios verdes públicos que debe tener.

En cuanto al proceso administrativo, ha apuntado que ya se han recibido las alegaciones de todas las administraciones implicadas, que se están estudiando con el fin de elaborar un documento de alcance que será aprobado por el Gobierno de Canarias. Vallejo ha mostrado su confianza en que la parte administrativa del procedimiento que permite llevar a cabo el proyecto esté finalizada este año.

Igualmente, la viceconsejera ha indicado que, al ser un proyecto a largo plazo, el Gobierno canario ha hecho una oferta firme al Ayuntamiento de Santa Cruz para adquirir o arrendar el denominado ‘Edificio Auditorio’ y, en un periodo mucho más corto, poder concentrar allí todos los juzgados y servicios judiciales que ahora mismo se encuentran dispersos por la ciudad.

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La Fundación Telefónica resalta la modernización de los servicios digitales que Canarias presta a la ciudadanía

La Fundación Telefónica resalta la modernización de los servicios digitales que Canarias presta a la ciudadanía

El informe Sociedad Digital en España 2022 destaca la actualización de los servidores de la Administración electrónica canaria, la Sede electrónica única o la puesta en funcionamiento del portal de Gobierno Abierto

Señala que los avances producidos permiten ofrecer mejores y más ágiles servicios electrónicos a la población, con menores tiempos de espera y de forma más eficaz y eficiente

Subraya la ampliación de las líneas de correo para el personal público y la mejora en la relación, a través de internet, entre las ciudadanas y los ciudadanos canarios y la Administración pública

El informe Sociedad Digital en España 2022, elaborado por la Fundación Telefónica con el fin de analizar la transformación digital y tecnológica registrada en España a lo largo del año 2021, ha resaltado el trabajo realizado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, en la modernización de los servicios digitales prestados por el Gobierno de Canarias a la ciudadanía.

El documento destaca que en 2021 la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías actualizó la red corporativa de almacenamiento con la adquisición –gracias a una inversión de 3,39 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo FEDER de Canarias 2014-2020– de un sistema de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que permite prestar “mejores y más ágiles servicios electrónicos a la ciudadanía”.

En concreto, tras la compra de este sistema, se ofrece un mayor rendimiento en la red corporativa global, con menores tiempo de espera para la ciudadanía, reducción de forma considerable de las saturaciones que se pueden producir en momentos puntuales asociados a procedimientos masivos como becas o pagos tributarios, así como una disminución en el tiempo de realización de copias de seguridad.

Por otro lado, el informe también recalca la puesta en funcionamiento de la Sede electrónica única, que supone la centralización en un único punto de acceso de toda la gestión de los distintos departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo. Con ello se “hace este servicio más eficaz y eficiente, permite a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desea acceder y facilita el trabajo del personal público”, asegura el estudio.

Así mismo, el documento subraya la ampliación de las líneas de correo electrónico para el personal públicos del Gobierno de Canarias, después de alcanzar en 2021 las 50.000 licencias. El pasado año los empleados y empleadas públicos enviaron más de 63 millones de correos electrónicos desde cuentas corporativas y, en el mismo periodo de tiempo, recibieron en estas cuentas 60 millones de correos electrónicos. Todo el proyecto fue cofinanciado con fondos FEDER, por un importe de 345.670 euros y gestionado por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías.

La Fundación Telefónica distingue, además, la puesta en funcionamiento, por parte de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, del portal de Gobierno Abierto, “basado en la transparencia y rendición de cuentas, la participación y la colaboración ciudadana, así como en la apertura de los datos como eje principal de actuación”, señala el informe, que recuerda que el Gobierno de Canarias también lanzó en 2021 los portales de Datos Abiertos y Participación Ciudadana y renovó el de Transparencia. En este sentido, recuerda que el portal de Datos Abiertos de Canarias recibió el premio Asedie 2021.

Todo ello ha provocado una mejora en la relación, a través de internet, entre las ciudadanas y los ciudadanos canarios y la Administración pública. El estudio recoge que el 70,2% de la población tuvo algún contacto con las administraciones públicas por esta vía, lo que supone un crecimiento de 6,6 puntos respecto al año anterior. El 56,6% de la ciudadanía utiliza la Administración electrónica para buscar información en las webs de las administraciones y el porcentaje de personas que envían formularios cumplimentados a la Administración por internet ha aumentado 9,6 puntos, situándose en un 54,4%.

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Julio Pérez: “Quienes de verdad presumen de sus servicios de emergencia son los ciudadanos, no el Gobierno”

Julio Pérez: “Quienes de verdad presumen de sus servicios de emergencia son los ciudadanos, no el Gobierno”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que, según la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica realizada por el Istac, en el cuarto trimestre de 2021, para un 65,8% de los canarios la seguridad y la emergencia es el servicio público que mejor funciona

Reitera la voluntad del Gobierno canario para que los trabajadores de GSC recuperen el 5% de su salario perdido en 2010, como demuestra el acuerdo suscrito con ellos en 2021 y la reserva de los fondos necesarios

Sin embargo, no ha sido posible ejecutar el acuerdo porque no se cumplen las condiciones legales que permiten la autorización de Hacienda

Valora la labor efectuada por el gerente e indica que su dimisión se debe al cambio de la estructura de dirección, que a juicio del consejero es más operativa

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado este lunes en el Parlamento de Canarias que “quienes de verdad presumen de sus servicios de emergencia son los ciudadanos, no el Gobierno canario”, tal y como demuestra la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica realizada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), en el cuarto trimestre de 2021, que refleja que para un 65,8% de los canarios la seguridad y la emergencia es el servicio público que mejor funciona.

Julio Pérez, que ha comparecido en la Cámara autonómica para explicar la gestión que realiza la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), ha calificado de excelente la labor de esta sociedad, que en 2022 contó con un presupuesto de 92 millones de euros, tiene 300 trabajadores, recibió 774.000 demandas de servicios en 2021 y 1.600.000 llamadas al año, lo que supone 4.000 diarias.

Durante su intervención, ha indicado que eso no significa que no haya cosas a mejorar y ha puesto como ejemplo el marco normativo que regula su funcionamiento, su capacidad física, de ahí el propósito de habilitar dos nuevos edificios para los servicios de emergencia, el fortalecimiento de su estructura y separar lo que son emergencias de lo que no lo es, como ocurre con el transporte sanitario no urgente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, presidente a su vez del Consejo de Administración de GSC, ha reiterado que la voluntad del Gobierno canario es que los trabajadores de esta empresa recuperen el 5% de su salario, perdido en 2010, y así lo demuestra el acuerdo suscrito con ellos en 2021 y la reserva de los fondos necesarios, que aún no se ha podido materializar porque, a su vez, Hacienda ha considerado que no se cumple las reglas fiscales establecidas, como la regla de gasto en 2019.

Pérez también ha valorado el trabajo efectuado por el actual gerente y ha explicado que su dimisión se debe a que no está de acuerdo con la nueva estructura de dirección implantada, que ha calificado de más operativa, porque permite una mejor supervisión del funcionamiento de la empresa. Ha confesado que no ha podido convencerle de que continuara.

También ha hecho referencia a la conciliación y a la desconexión digital, que ha admitido no se alcanza en situaciones excepcionales y que se trabaja para que llegue a todos los trabajadores.

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El Gobierno destina 1,5 millones de euros a ofrecer servicios digitales más eficientes, seguros e interactivos

El Gobierno destina 1,5 millones de euros a ofrecer servicios digitales más eficientes, seguros e interactivos

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios saca a licitación la nueva presencia e interacción digital del Gobierno de Canarias, que el año pasado recibió casi 60 millones de visitas

El proyecto se enmarca en los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y su financiación procede de los Fondos Next Generation incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha sacado a licitación –https://bit.ly/3ALOgbX– el contrato para la prestación del servicio de diseño e implantación de la nueva presencia e interacción digital del Gobierno de Canarias –gobiernodecanarias.org–, con el propósito de proporcionar una administración orientada a la ciudadanía en la que los servicios digitales sean eficientes, seguros y fiables, así como inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad para ciudadanía y empresas.

El proyecto, que cuenta con 1,5 millones de euros procedentes de los Fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, tiene el objetivo de incrementar el número de procedimientos digitales, al igual que el número de servicios públicos a implementar en la aplicación del Gobierno de Canarias, objetivos clave del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, según ha explicado la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez.

El alcance de la mejora digital abarca todos los canales de la institución para que portales web, sedes electrónicas, redes sociales y aplicaciones móviles sean personalizados, proactivos y de calidad. Además, se incorporarán aquellos servicios y procedimientos que se definan, simplifiquen y digitalicen en el Centro de Impulso y Coordinación del Nuevo Modelo de Servicios Públicos.

De este modo, se desarrollará un portal web del Gobierno de Canarias que disponga de una metodología de trabajo ágil, con una mejora del nivel de transparencia y participación de la ciudadanía en las Administraciones Públicas, y diseñando servicios públicos con diversidad de canales más accesibles para que la experiencia del beneficiario sea proactiva, usable y universal.

Álvarez ha señalado que la solución ofertada deberá incorporar todos los productos, soluciones y desarrollos para establecer un marco completo. A la hora de llevar a cabo el plan de acción, se buscará priorizar y optimizar recursos para minimizar los riesgos durante la ejecución del proyecto. El contrato tiene una duración de 16 meses que podrán ser prorrogables hasta un máximo de 24 meses.

La ejecución de este proyecto será complementaria al nuevo diseño del portal web del Gobierno de Canarias presentado el pasado mes de marzo por las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, centros directivos adscritos a la consejería que dirige Julio Pérez, con el objetivo de hacerlo más moderno, sencillo e intuitivo, mejorando la información y la atención a la ciudadanía, y acercando así la Administración autonómica a toda la población de las islas.

Estos cambios buscan fomentar, a través de la reutilización, optimización y mejora de los portales web de los distintos departamentos del Ejecutivo canario, el uso de esta herramienta de gestión de contenidos corporativa que, según los últimos datos disponibles, el año pasado recibió 58.373.367 visitas, lo que supone una media de 4.864.447 visitas mensuales, siendo la Consejería de Educación la más demandada.

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Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

Julio Pérez subraya el valor de que todos coincidan en la necesidad de buscar una solución al abuso de temporalidad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización

La catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, al igual que Julio Pérez y el viceconsejero Manuel Martínez, destaca la importancia de que las bases de los procesos tengan la mayor calidad técnica y garantía jurídica

Su homóloga Margarita Ramos considera que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos. “Hay interés por hacerlo y hacerlo bien”, apunta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha subrayado este martes el valor de que todas las partes implicadas en los procesos de estabilización que se están realizando en las distintas administraciones públicas de Canarias estén de acuerdo en que es necesario buscar una solución, aunque existan diferencias en cuanto a los medios.

Julio Pérez, que ha inaugurado la jornada desarrollada a lo largo de la mañana, en la sede de Presidencia de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, destinada a la puesta en común de estos procesos de estabilización, ha recalcado que el objetivo es que el mayor número de trabajadores participe y supere los procesos de estabilización previstos en la Ley 20/2021 y adquiera la condición de fijo. Esto permitirá, ha indicado, que, entre otras cosas, la ciudadanía reciba un mejor servicio de las administraciones públicas.

Durante su intervención en la jornada, ha hecho hincapié en el esfuerzo realizado por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, para mantener la línea de comunicación entre todas las partes, y ha advertido que no se puede pensar que alcanzar un acuerdo en esta materia va a solventar por sí solo los problemas jurídicos que puedan surgir. De ahí que haya resaltado la importancia de la calidad jurídica y técnica de las bases que se aprueben además de con el mayor consenso posible.

En la misma línea se ha expresado Manuel Martínez, que ha insistido en buscar que se quede con carácter fijo la mayor parte de los empleados públicos que están en abuso de temporalidad, pero siempre con garantías jurídicas para que se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia, con el fin de que cualquier persona que esté fuera de la Administración también pueda participar en el proceso.

A su juicio, el meollo de todo este proceso está en las bases, porque son las que determinan las reglas del juego. Ha adelantado que la próxima semana se empezarán a determinar las bases concretas y que, en octubre y noviembre, ya con todos los procesos, se irán definiendo las convocatorias. La convocatoria básicamente es tocar el botón para fijar una fecha para saber cuándo se debe de celebrar, ha apuntado.

En la jornada ha participado como ponente la catedrática de Derecho del Trabajo Remedios Roqueta, quien, al igual que Julio Pérez y Manuel Martínez, ha puesto de relieve la importancia de elaborar unas bases que cuenten con la mayor garantía jurídica. Para ello, ha expuesto las alternativas que ofrece el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y las enseñanzas que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina del resto de los tribunales. También ha descrito el desarrollo que algunas comunidades autónomas han hecho de la Ley 20/2021, deteniéndose concretamente en los casos de Euskadi, Baleares y Navarra.

Su homóloga Margarita Ramos, también presente en la jornada, ha manifestado que existen mimbres suficientes para alcanzar buenos acuerdos sobre las bases de los procesos de estabilización en las administraciones públicas de Canarias. Según ha dicho, “hay interés por hacerlo y hacerlo bien”.

A la jornada destinada a la puesta en común de los procesos de estabilización que se están realizando por las distintas administraciones públicas de Canarias han asistido la viceconsejera de los Servicios Jurídicos del Gobierno canario, Isabel Cubas; la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos; la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Avelina Díaz; así como varios técnicos de las consejerías de Educación, de la Dirección General de Función Pública y de la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Igualmente, estaban presentes la consejera de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Margarita González Cubas; la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de La Palma, Nayra Castro; además de varios técnicos de la Corporación insular tinerfeña.

Acudieron también representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Sepca, Intersindical Canaria y co.bas, junto a los del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (COSITAL). La mayor parte del debate, que se prolongó durante toda la mañana, se ha centrado en buscar la fórmula que permita que el mayor número de trabajadores consolide su plaza ocasionando el menor trauma jurídico a los afectados por la temporalidad.

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