La Ley Orgánica de Universidades determina que la normativa de estos centros privados debe ser elaborada y aprobada por ellos y, posteriormente, por el Consejo de Gobierno, previo control de legalidad
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, jueves 8 de julio, el Decreto por el que se establecen las normas de organización y funcionamiento de la Universidad del Atlántico Medio, con sede en Las Palmas de Gran Canaria.
La Ley Orgánica 6/2001 de Universidades determina que las normas de organización y funcionamiento de las universidades privadas sean elaboradas y aprobadas por éstas, y posteriormente por el Consejo de Gobierno de cada Comunidad Autónoma, previo control de legalidad.
Este documento recoge los principios, escudo, lema, sede y competencias de la universidad, así como aspectos relativos a su gobierno y representación, alumnado y personal docente y de servicios y administración, además de cuestiones referidas a su régimen económico y financiero y disciplinario, entre otros asuntos.
La medida tiene como objetivo responder a la demanda educativa de la zona ampliando la red de centros públicos del municipio a las actuales circunstancias de escolarización
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, jueves 8 de julio, la firma del convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo canario y el Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote) para la financiación del Centro de Educación Obligatoria (CEO) de Playa Blanca, por desdoble del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de esa misma localidad.
La medida tiene como propósito responder a la demanda educativa de la zona, ampliando la red de centros públicos en el término municipal de Yaiza a las circunstancias actuales de escolarización. Al mismo tiempo, se trata de prestar la mayor calidad en el servicio público docente no universitario, aunar medios personales y materiales, y evitar desplazamientos a las y los usuarios.
El desdoble del CEIP Playa Blanca, decretado el pasado 17 de junio, permite incorporar el ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria al centro educativo situado en la avenida Faro de Pechiguera, lo que garantiza la oferta docente obligatoria en la zona más poblada del municipio sureño.
En tal sentido, al confluir en los CEO dos etapas docentes diferenciadas, cuyas obligaciones de mantenimiento, conservación y seguridad son de competencia municipal en la etapa de Educación Infantil y Primaria, y de competencia autonómica en la etapa de ESO, se ha considerado necesario articular ese reparto de financiación mediante la suscripción del convenio de cooperación entre la administraciones autonómica y local.
Tendrá una vigencia de un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
El Consejo de Gobierno aprobó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto correspondiente a la contratación de una póliza de seguro colectivo de vida a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Canarias, mediante tramitación anticipada y por importe de 3.750.000 euros.
La vigencia de dicho contrato será de un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, y podrá prorrogarse por periodos anuales, de tal manera que la duración será como máximo de cinco años.
La póliza de seguro actual finaliza el 31 de diciembre de 2021, por lo que se hace necesaria la contratación, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, de un nuevo seguro de vida que cubra los riesgos de fallecimiento e invalidez permanente del personal público.
El documento establece la coordinación de autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y materiales para su aplicación, y las medidas de protección
El Consejo de Gobierno dio el visto bueno hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al decreto por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia Exterior por riesgo de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas en la Comunidad Autónoma de Canarias (RISQCAN).
El Plan establece el marco orgánico y funcional para hacer frente a dichas emergencias y recoge el esquema de coordinación de las autoridades, organismos y servicios llamados a intervenir, los recursos humanos y materiales necesarios para la aplicación, y el establecimiento de las medidas de protección más adecuadas.
El ámbito de aplicación del RISQCAN es la totalidad del territorio de Canarias y, para garantizar la operatividad de éste y la eficiencia en la intervención, se ha contemplado una división por los diferentes territorios insulares de Canarias. El Plan está integrado por seis apartados dedicados a aspectos generales; análisis de riesgo; estructura, organización y funciones; operatividad; catálogo de medios y recursos adscritos y redes de vigilancia, e implantación y mantenimiento.
El documento está ajustado a las previsiones contenidas en el Real Decreto 840/2015, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, que resulten de aplicación a las instalaciones y establecimientos radicados en Canarias; a aquellos regulados por el Reglamento de Explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, y por el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería, aprobado por el Real Decreto 563/2010.
Quedan excluidos del RISQCAN los accidentes en los que intervengan sustancias peligrosas en el transporte de mercancías peligrosas, que serán gestionados mediante la activación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Accidentes en el Trasporte de Mercancías Peligrosas por Carretera en la Comunidad Autónoma de Canarias (PEMERCA); los accidentes con sustancias peligrosas en el mar, que serán tratados mediante el Plan Específico por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR); así como los accidentes en los que intervengan sustancias radiológicas, que se abordarán mediante el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Radiológico en la Comunidad Autónoma de Canarias (RADICAN).
Otros accidentes con sustancias peligrosas que ocurran en instalaciones o establecimientos no incluidos en el RISQCAN serán gestionados mediante los Planes de Emergencia Interior/Autoprotección con el apoyo de la estructura pública de protección civil.
Medidas de control
La Comunidad Autónoma de Canarias elaboró Planes de Emergencia Exterior de las instalaciones de riesgo químico establecidas en Canarias y siguiendo lo establecido en la normativa vigente, básicamente el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, normativa en materia de riesgo químico conocida como SEVESO II.
Posteriormente, fue publicado el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, que derogaba la anterior legislación y traspone al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2012/18/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancial peligrosas, así como otras normativas que mejoran aspectos como el acceso del público a la información medioambiental, la participación y consulta pública en la elaboración de ciertos planes y programas relacionados con el medioambiente, así como cambios en materia de inspecciones a las instalaciones industriales.
Procede en estos momentos la aplicación de un único Plan Especial de Emergencia Exterior ajustado al Real Decreto 840/2015, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
La concesión directa financia la creación de una red de centros de teletrabajo por parte del Ayuntamiento de la capital de Fuerteventura
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, una subvención directa al Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Fuerteventura) para financiar el proyecto de mejora de las comunicaciones digitales en el entorno rural por importe de 250.000 euros.
En concreto, la Consejería de Economía, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), propuso la concesión directa por razones de interés público bajo el fundamento de que permite la creación de una red de centros de teletrabajo en el municipio capitalino de la isla majorera para acercar a sus habitantes las nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar su capacidad competitiva y el desarrollo socioeconómico.
Además de divulgar las nuevas tecnologías, los quince telecentros pretenden formar a personas teletrabajadoras y empresarias antes de servir, posteriormente, como plataforma para el desarrollo del empleo telemático y el comercio electrónico en estas zonas rurales, así como facilitar al Ayuntamiento puertense la prestación de diversos servicios de carácter comunitario.
La concesión directa financia un proyecto para fomentar la paridad de oportunidades entre hombres y mujeres en la práctica sindical
El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, una subvención directa al sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias para financiar el proyecto de una oficina técnica de igualdad por importe de 200.000 euros.
En concreto, la Consejería de Economía, a través de la Dirección General de Trabajo, propuso la concesión directa en solicitud de las razones de interés social formuladas por UGT en Canarias bajo el fundamento de que permite el fomento de la paridad de oportunidades entre mujeres y hombres en la práctica sindical, en cumplimiento de la igualdad reconocida por la Constitución Española.
Tras la reciente obligatoriedad de elaboración y aplicación de un plan de igualdad para todas las empresas españolas a partir de 50 personas trabajadoras a lo largo de 2021 y el próximo año, el Real Decreto 901/2020 establece que la comisión negociadora de los nuevos documentos en las sociedades mercantiles sin representación legal de las personas trabajadoras debe contar con las organizaciones sindicales con mayor representatividad, como UGT y Comisiones Obreras (CCOO) en Canarias.
Enmarcada en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para el periodo 2020-2022, la ayuda directa a UGT Canarias genera la oportunidad de informar y formar a los delegados sindicales mediante las oficinas técnicas ante su posterior participación en los nuevos procesos de negociación laboral para planes de igualdad.
La medida supone un importe total de 13,6 millones de euros y se aplicará en El Hierro, La Gomera y La Palma
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el incremento del gasto para la realización del servicio de equipos de intervención y refuerzo en incendios forestales (EIRIF) en las Islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, encomendado inicialmente a la empresa Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA (Gesplan).
El objeto de esta modificación es incrementar el presupuesto vigente de este servicio en el 57,47%, pasando de 8.656.090,91 euros a 13.630.590,91. El incremento actual desglosado es de 3.474.500 euros para el año 2021 y 1.500.000 para 2022.
Las causas del aumento vienen dadas por la prestación de servicios desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la adquisición de dos nuevos vehículos, material y equipamiento necesario, y el coste del propio servicio EIRIF, que representa 1.500.000 euros cada cuatro meses.
En cuanto al material y equipamiento, se dispondrá de 18 vehículos, 12 cuadrillas de nueve personas cada una (cuatro cuadrillas por isla), lo que supone un total de 108 efectivos más dos coordinadores. De esta manera, se refuerza la labor que vienen desarrollando estas unidades en el Archipiélago en materia de prevención y extinción de incendios.
Al tratarse de un gasto de más de dos millones de euros, ha tenido que ser autorizado por el Gobierno de Canarias y se le debe dar cuenta, además, al Parlamento regional.
Las nuevas adendas permitirán incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas que el Gobierno mantiene a través del ICI con los cabildos durante este año y el siguiente
El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy, jueves 8 de julio, la suscripción de las adendas de los convenios de cooperación con los cabildos insulares de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, El Hierro y La Gomera para la consolidación y el mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en esas islas.
La pasada semana ya se autorizaron las firmas de las adendas con Gran Canaria y Tenerife. Con estas autorizaciones, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) aumentará el presupuesto que destina para este año y el siguiente, con lo que se podrán incrementar los recursos para la atención y protección de las víctimas de violencia de género en todas las islas.
Según contemplan las adendas a los convenios, la aportación del ICI para cada isla se aumentará en las siguientes cantidades.
Entidad
2021
2022
Total
Gran Canaria
121.378,87
121.378,87
242.757,74
Fuerteventura
12.887,14
12.887,14
25.774,28
Lanzarote
21.278,77
21.278,77
42.557,54
Tenerife
121.378,87
121.378,87
242.757,74
La Palma
14.985,04
14.985,04
29.970,08
La Gomera
4.794,60
4.794,60
9.589,20
El Hierro
3.296,71
3.296,71
6.593,42
Total
300.000,00
300.000,00
600.000,00
Aun así, en el ejercicio 2022 se podrá reajustar la anualidad en función de las disponibilidades presupuestarias y con el objetivo de adaptarlas a las nuevas necesidades que vayan surgiendo.
También se modifica la cláusula relativa a la forma de abono de la anualidad de 2021, de tal forma que el Instituto Canario de Igualdad transferirá a cada Cabildo, tras la firma de la adenda y en el plazo de un mes, un anticipo del 100%.
Entidad
2019
2020
2021
2022
Total
Gran Canaria
2.553.130,35
2.553.130,35
2.674.509,22
2.674.509,22
10.455.279,14
Fuerteventura
271.073,12
271.073,12
283.960,26
283.960,26
1.110.066,76
Lanzarote
447.585,81
447.585,81
468.864,58
468.864,58
1.832.900,78
Tenerife
2.553.130,35
2.553.130,35
2.674.509,22
2.674.509,22
10.455.279,14
La Palma
315.201,26
315.201,26
330.186,30
330.186,30
1.290.775,12
La Gomera
100.851,84
100.851,84
105.646,44
105.646,44
412.996,56
El Hierro
69.344,27
69.344,27
72.640,98
72.640,98
283.970,50
Total
6.310.317,00
6.310.317,00
6.610.317,00
6.610.317,00
25.841.268,00
Tal y como establecen los convenios firmados con cada cabildo en 2019, con las nuevas adendas el ICI realizará una inversión total en 2021 de 6.610.317 euros y la misma cantidad en 2022, para financiar la atención que cada cabildo realiza en materia de violencia de género.
Estos convenios permiten a las islas, además de la gestión (directa o indirecta) de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, (dispositivos de emergencia, casas de acogida inmediata, casas de acogida, pisos tutelados y centros de información), realizar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género, actuaciones encaminadas a la formación y actualización del personal integrante de la red y la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito de sus competencias.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, mantuvo hoy una reunión con la directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Violeta Assiego, en la que se abordó el contenido de la futura Estrategia
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, celebró hoy una reunión con la directora general de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Violeta Assiego, y la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, con el fin de avanzar en la futura Estrategia integral para la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, impulsada por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, junto con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales.
La elaboración de una Estrategia estable para la recepción, acogida e integración de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados fue acordada en el seno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado en mayo de 2021. La futura Estrategia definirá, entre otros aspectos, criterios estables y consensuados de reparto solidario de plazas en las CCAA, el procedimiento de traslados de las personas menores de edad a la península y el protocolo de actuación y seguimiento en el marco de un modelo de atención a estas personas menores de edad.
Momento de la visita a los dispositivos de emergencia
A este respecto, la directora general los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Violeta Assiego, señaló que “con la Estrategia lo que queremos es dar un paso hacia adelante, plantear soluciones duraderas a las crisis y emergencias que genera la llegada continuada de personas migrantes a nuestras costas y plantearnos contar con un plan de contingencia que nos permita abordar lo que está pasando en la frontera con los menores migrantes no acompañados”.
Por otra parte, y con el fin de conocer en primera persona la situación en Canarias en relación a los menores migrantes y la labor que se realiza en su acogida y atención, Assiego realizó un recorrido junto a la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, por los diferentes recursos y dispositivos puestos en marcha por el Gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes no acompañados y mantuvo una reunión de trabajo por los representantes de las entidades de infancia que gestionan estos dispositivos.
En relación a ello, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, señaló que la visita de la responsable estatal en materia de Infancia a estos centros le ha permitido “realizar una radiografía de la situación de los centros de acogida y obtener una visión real de las políticas de acogida de menores migrantes en el Archipiélago”.
Canarias atiende en estos momentos a un total de 2.540 menores migrantes no acompañados en un total de 41 dispositivos de emergencia.
En cuanto a los menores migrantes trasladados a otras comunidades autónomas, hasta la fecha se han trasladado un total de 126 menores a Cataluña (43), Castilla-León (25), Extremadura (25), Valencia (18) y Navarra (15).
Elena Máñez y María Concepción Brito suscriben con dos meses de adelanto respecto al año pasado el Acuerdo-Marco de este programa, que permitirá la puesta en marcha de proyectos de empleo por parte de los ayuntamientos de Canarias para contratar a más de 3.000 personas desempleadas
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, firmaron este jueves un nuevo Acuerdo-Marco para la puesta en marcha del Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, con una dotación económica que crece este año hasta los 35 millones de euros, 25 millones a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y otros 10 de fondos de Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento supone, como explicó la consejera, “un esfuerzo presupuestario que nos permitirá reforzar las políticas de empleo dirigidas a las personas que más están sufriendo el impacto de esta crisis”.
El Acuerdo-Marco firmado este jueves, que llega además con un adelanto de 2 meses respecto al año pasado gracias a la aprobación anticipada del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), regula las condiciones y el reparto de los fondos entre los ayuntamientos de Canarias para el desarrollo de proyectos de empleo destinados a la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración, con ingresos bajos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a colectivos vulnerables como el de mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción.
La distribución de los fondos se realiza en función del número de personas desempleadas en cada municipio y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses, con un coste laboral máximo de 1.800 euros por persona al mes. La previsión es superar, como adelantaron las presidentas del SCE y la Fecam, las 3.000 personas contratadas a través de proyectos desarrollados por los ayuntamientos.
La consejera, durante su intervención en el acto de firma del PEES.
“En un año clave como este, en el que las consecuencias de la crisis siguen presentes pero el proceso de vacunación nos ha abierto un horizonte de esperanza, es fundamental suplementar el esfuerzo para dar soporte y una oportunidad a todas aquellas personas con mayores dificultades de inserción”, señaló la consejera. A su juicio, la participación de las personas desempleadas en estos proyectos de empleo social “les permite adquirir una experiencia laboral con la que mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo”.
Como explicó Máñez, este acuerdo entre el SCE y la Fecam es fruto “del trabajo intenso que han desarrollado en los últimos meses los equipos técnicos de ambas instituciones”. En este sentido, destacó la importancia de la cogobernanza a la hora de diseñar “todas las políticas, pero especialmente de aquellas que impactan directamente en las personas”.
Por su parte, en esta línea, la presidenta de la Fecam destacó la utilidad de este acuerdo para reducir el desempleo en el Archipiélago. «Somos conscientes del papel de las corporaciones locales en esta coyuntura, al ser la primera puerta que tocan los ciudadanos y ciudadanas cuando se dirigen a la administración pública, lo que nos convierte en los únicos agentes para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto. María Concepción Brito, que subrayó que este Programa está destinado a mejorar las condiciones económicas y laborales de nuestros municipios y de la ciudadanía, agradeció la implicación de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, así como el trabajo realizado desde la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam.
En el acto también estuvieron presentes la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam, Antonio Ramón Chinea y María Macarena Fuentes.
Plan de Transición Ecológica
Durante su intervención, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció también la próxima puesta en marcha del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), firmado en este caso con la Federación Canaria de Islas (Fecai), y avanzó que este mes ya se producirán los contactos para definir su desarrollo. También el PETE ve aumentado su presupuesto este año, con 5 millones de euros más que en 2020 hasta llegar a los 10 millones en 2021. “Con estas medidas pretendemos dar un apoyo singular a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía”, señaló.