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Ángel Víctor Torres comunica a los portavoces parlamentarios la propuesta canaria para el desconfinamiento

Reunión con los portavoces parlamentarios

Hoy se presenta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para su valoración

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reunió esta mañana con los portavoces de los grupos parlamentarios en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, en la sesión de seguimiento habitual para afrontar los efectos del Covid-19. En la misma, el presidente comunicó detalladamente la propuesta de exenciones al confinamiento que Canarias presenta hoy en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para su valoración.

Estas bases de desescalada del confinamiento son las que se han acordado en el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria de Canarias.

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El Gobierno canario abona ayudas de 2,7 millones para el sector ganadero

Las ayudas ascienden a un total de 2,7 millones y se han abonado a un total 223 beneficiarios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha hecho efectivo el pago de las ayudas del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) correspondientes al primer semestre de 2019 para la industria láctea que emplea leche de vaca, oveja y cabra con el objetivo de inyectar liquidez al sector y amortiguar los efectos del Covid-19. 

Las ayudas ascienden a un total de 2,7 millones y se han abonado a un total 223 beneficiarios.

El reparto de la partida económica se distribuye de la siguiente manera: 1,7 millones de euros para las ayudas a la industria láctea que emplea leche de vaca de origen local (31 solicitantes); y 960.000 euros para la de leche de cabra y oveja local (180 solicitantes).

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, confía en que el pago de estas ayudas “permita aliviar la complicada situación por la que pasa el sector quesero en Canarias, que al igual que en prácticamente todas las comunidades autónomas, junto al de la flor cortada, la planta ornamental y la pesca, se encuentra severamente afectado por los efectos de la pandemia”. Vanoostende resalta “el esfuerzo del personal de la Consejería que realiza su trabajo en circunstancias excepcionales para tramitar con diligencia los procesos administrativos necesarios para la actividad del sector”.

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La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

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Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla reclaman al Estado medidas para evitar el incremento en los billetes

Los gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares elevarán al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un documento conjunto en el que exigen fiscalización de precios y garantías para la bonificación

Los Gobiernos autonómicos de los territorios extrapeninsulares -Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla- elevarán un documento conjunto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para reclamar al Gobierno del Estado la adopción de medidas que aseguren el control de los precios en los vuelos a la Península y la garantía del mantenimiento del descuento del 75% para los residentes en los actuales términos o su mejora.

Los consejeros del movilidad y transporte de los cuatro ejecutivos han tomado hoy esta decisión después de conocer el estudio de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que demuestra en el caso de Canarias y Baleares -tal y como venían advirtiendo los cuatro territorios- el incremento de precios por parte de las compañías con la entrada en vigor del descuento del 75% en los vuelos a la península.

Los cuatro gobiernos coinciden en la importancia del estudio de la CNMC porque, de una manera objetiva, hace públicos los datos que evidencian el aumento de los precios y, en este sentido, advierten de la necesidad de establecer por parte del Estado una fiscalización de los precios de venta de billetes por parte de las compañías y la adopción de medidas que impidan los incrementos.

Sin embargo, discrepan profundamente de algunas de las conclusiones y recomendaciones que hace el organismo en relación a la aplicación de la bonificación del 75% como la posibilidad de establecer límites a la bonificación, su pago a posteriori o su sustitución por exenciones fiscales.

Por ello, en el documento que trasladarán al Gobierno del Estado se exigirán tanto medidas que aseguren el control de los precios y eviten su aumento por parte de las compañías como todas las garantías para la bonificación del 75%, un logro importantísimo de los cuatro gobiernos que equipara los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extra peninsulares con los de los ciudadanos del resto de España para el que no se aceptará “ni un paso atrás”.

Es más, los cuatro gobiernos destacan que el estudio de la CNMC pone en evidencia también cómo en el caso de los vuelos internos entre las islas, -que operan a través de obligaciones de servicio público y con una tarifa de referencia (que en la práctica supone precios limitados) – el incremento del 50% al 75% en la bonificación no ha supuesto un aumento de precios, sino que ha repercutido directamente en beneficio de los residentes, con precios más bajos.

Por tanto, en esta línea, cualquier cambio en la bonificación del 75% sería para avanzar en los derechos de los ciudadanos siguiendo el modelo del sistema entre islas, nunca un paso atrás.

El posicionamiento conjunto de los cuatro gobiernos ante el informe de la CNMC refuerza la estrategia acordada en la Cumbre sobre la Movilidad y el Transporte en los Territorios Extrapeninsulares  celebrada el pasado mes de enero en las Islas Canarias, en la que ya se abordó la problemática del incremento de precios con el 75% de descuento de residente -ahora confirmado por la CNMC- y se estableció una hoja de ruta conjunta para mejorar los derechos de movilidad de los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares y reclamar que se tomaran medidas para evitar el encarecimiento de precios detectado sin un motivo objetivo que lo justifique.

Los cuatro gobiernos recuerdan que durante la cumbre coincidieron en considerar la bonificación del 75% como “un hito”, pero un logro que tiene que redundar en que el pasaje sea más barato para el usuario, y que la complementación y financiación por parte del Gobierno de España no suponga un aumento de los precios.

Las conclusiones recogidas en la Declaración Institucional con la que finalizó la citada cumbre siguen siendo los pasos de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para controlar la correcta aplicación de la bonificación a los residentes.

Entre las actuaciones concretas que los gobiernos autonómicos reclamaban al Ministerio para el efectivo control de los precios aéreos, se encuentra fiscalizar el sistema de establecimiento de precios por parte de las compañías para evitar que se produzcan incrementos no justificados de los mismos.  Por ejemplo, la petición de que la condición de residente se incluya al finalizar la compra y no al principio (para que no se discrimine a los residentes) o que las compañías modifiquen su sistema de algoritmo de venta, que no ha incluido la variable del 75% e incrementa precios con el aumento de la demanda, entre otras medidas

En la cumbre también se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por representantes del Estado y de los territorios extrapeninsulares para hacer seguimiento y control de la movilidad y convertirse en el órgano en el que se planteen nuevas propuestas para mejorarla.

El estado de alarma ha impedido la celebración de constitución y primera reunión de dicha mesa y los cuatro gobiernos solicitarán su pronta reunión cuando la superación del estado de alarma así lo permita.

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El Gobierno autoriza  invertir 65,9 millones de euros para acondicionar la carretera entre Tijarafe y La Punta 

Consejo de Gobierno

La Consejería pondrá en marcha en breve el proceso de licitación para iniciar este mismo año unas obras que van a suponer una mejora de la actual carretera con la construcción de tres nuevos puentes sobre barrancos y un túnel

El Gobierno de Canarias, ha autorizado hoy el gasto plurianual para realizar una inversión de 65.916.059 euros para la ejecución de la obra Acondicionamiento de la LP-1 Los Llanos-Tijarafe. Tramo LP-118-Tijarafe, en la isla de La Palma, unos trabajos que mejorarán la seguridad y acortarán los tiempos de circulación de la vieja vía gracias, entre otros, a la construcción de tres puentes y un túnel.

Esta actuación, que está incluida en el actual Convenio de Carreteras, tiene por objeto la mejora de un tramo de unos 7,6 kilómetros de la carretera LP-1, el que conecta La Punta con Tijarafe, de manera que se consiga un aumento significativo de la seguridad y comodidad de las comunicaciones viarias de esta vía del norte de la isla de La Palma, teniendo en cuenta la accidentada orografía que se atraviesa y la presencia de valores ambientales.

Cabe destacar, entre otras, las siguientes actuaciones de mejora: ordenación de las intersecciones, necesidad de modificaciones puntuales de trazado, señalización, implantación de tramos con carril adicional, la construcción de tres nuevos puentes de estructura metálica-mixta y de gran altura para el cruce de barrancos, y también la creación de un nuevo túnel.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda sacará en las próximas semanas a licitación esta obra, que está incluida en el Plan Insular de Ordenación de La Palma, para que pueda iniciarse este mismo año. De hecho, el gasto plurianual aprobado hoy en el consejo de Gobierno prevé una inversión 1.214.949 euros este mismo año 2020. El plazo de ejecución de las obras es de 48 meses una vez se haya firmado el acta de replanteo con la empresa que resulte adjudicataria tras la licitación del proyecto.

Sanidad destina 2,2 millones de euros al servicio de limpieza en los centros de Atención Primaria de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno autoriza la prórroga del contrato por siete meses con la empresa adjudicataria, mientas la Gerencia prepara una nueva licitación para 2021

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 23 de abril, al Servicio Canario de la Salud (SCS) a prorrogar el contrato con la empresa ISS Facility Service, SA, encargada del servicio de limpieza en los centros sanitarios y administrativos de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, por un periodo de siete meses y un importe de 2.242.838,56 euros, incluido el IGIC del 7%.

El contrato corresponde al lote 11 del expediente centralizado para el servicio de limpieza del SCS, adjudicado en marzo de 2015 a la empresa ISS Soluciones de Limpieza Direct, SA, que, en diciembre de 2016, cambió de denominación social para pasar a denominarse ISS Facility Service, SA.

El servicio fue contratado inicialmente para un periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2018, plazo que ya se había prorrogado hasta el 31 de mayo de 2020 por persistir su necesidad.

La nueva prórroga de siete meses, hasta el 31 de diciembre de 2020, permitirá a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria tener garantizada la realización de un servicio imprescindible para el desarrollo de la actividad sanitaria y administrativa en su red de centros, mientras prepara la tramitación de una nueva contratación del servicio, esta vez de forma descentralizada, sin que se excedan los 6 años de vigencia del contrato con la empresa adjudicataria, según estipula el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Autorizado el reembolso de 7,7 millones de euros a las navieras Fred Olsen y Armas por la subvención a residentes

Esa cantidad corresponde al pago del 25% de la bonificación del último trimestre del año pasado, de la que se beneficiaron 800.000 pasajeros residentes en Canarias

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el pago de 7.753.067 millones de euros a las entidades marítimas naviera Fred Olsen y Naviera Armas, en concepto del 25% de la subvención para residentes canarios (el otro 50% lo abona el Estado) por viajes interinsulares en el cuarto trimestre de 2019.

Esa cantidad corresponde al número de viajeros, residentes canarios, que entre octubre y diciembre han optado por esas dos empresas marítimas para realizar viajes interinsulares, dividiéndose entre la compañía Fred Olsen, a la que le corresponden 5.182.925 euros por el traslado de 554.954 residentes en las Islas Canarias, y la Naviera Armas, con el reembolso de 2.570.142 euros por el traslado de 285.563 pasajeros residentes en Canarias. La cuantía total asciende a 7.753.067 euros y da como resultado un abono superior a los dos millones de euros. Por tanto, es obligatoria la autorización del reembolso por parte del Consejo de Gobierno.

Esas partidas presupuestarias se realizan con carácter trimestral en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, contribuyendo el Ejecutivo autonómico con el 25% del total.

 

Se aplaza la fecha de pago del sexto plazo de las matrículas universitarias hasta el 30 de mayo

El alumnado de las universidades públicas canarias dispone así de un mes más para su abono, que estaba establecido para el 30 de abril

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, ha informado hoy miércoles, 23 de abril, del aplazamiento de la fecha límite para el cobro de las cantidades correspondientes al sexto plazo de la matrícula universitaria que se encuentre pendiente de pago hasta el 30 de mayo de este año, quedando fuera de esta medida los casos de morosidad. Así, el alumnado de las universidades públicas canarias dispondrá de un mes más para el abono de este concepto, que anteriormente estaba establecido hasta el 30 de abril.

La regulación de los plazos correspondientes al pago de la matrícula para el curso académico 2019-2020 se recoge en el Decreto 79/2019, de 13 de mayo, por el que se fijan y regulan los precios públicos, por la prestación de servicios académicos y administrativos, de las universidades públicas canarias. Sin embargo, esta norma fue modificada por el artículo 33.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que resulta igualmente aplicable a las deudas de Derecho Público de carácter no tributario. A su vez, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, modifica las referencias temporales que el citado Real Decreto-ley 8/2020 situaba en el día 30 de abril por la referencia al día 30 de mayo de 2020.

Asimismo, cabe recordar que la Consejería, a través de la Dirección General de Universidades, y las universidades públicas canarias propusieron esta semana un plan de medidas urgentes dirigido a paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en el rendimiento académico del alumnado universitario, comunicado a sendos Consejos Sociales y que se encuentra a la espera de su visto bueno.

Estas acciones, que cuentan con el apoyo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), de los Consejos de Estudiantes de las dos universidades públicas del Archipiélago, se sustentan en dos pilares, que ningún alumno o alumna pierda el curso como consecuencia de la crisis, y en evitar que ésta suponga un sobrecoste académico al estudiantado ni a sus familias.

Las medidas propuestas pasan por eximir total o parcialmente del pago de matrícula al alumnado que no pueda hacer frente a su abono y se acuerda que no se contabilizarán las convocatorias perdidas en el presente curso a ningún efecto. Además, se libra al estudiantado que no cumpla los requisitos académicos establecidos en la convocatoria de becas 2019/2020 de la obligación de devolver dicha ayuda.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias se compromete a estudiar medidas para paliar los efectos de esta crisis sanitaria en la próxima convocatoria de becas universitarias.

La Consejería de Sanidad constata 2.113 casos acumulados de coronavirus COVID-19

Consejería de Sanidad

Se han registrado 855 ingresos desde el 31 de enero, 969 altas hospitalarias y 122 fallecimientos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata un acumulado de 2113 casos acumulados de coronavirus COVID-19 desde el inicio de esta crisis y hasta el cierre de la estadística oficial que se envía cada día al Ministerio de Sanidad a las 20.00 horas del día anterior. En los mismos datos se constata que 855 personas han requerido hospitalización y que, de ellos, 169 lo han hecho en un servicio de UCI, sin que en el día de ayer se produjera incremento alguno en este indicador.

Asimismo, se ha registrado un total de 969 de altas hospitalarias con cierre epidemiológico y 122 fallecimientos, el único fallecimiento que tuvo lugar ayer a causa del Covid-19, se produjo después del cierre estadístico de las 20.00 horas por lo que no se encuentra recogido en los datos enviados al Ministerio de Sanidad. Con respecto a los fallecimientos el mayor grupo afectado sigue siendo el de mayores entre 80 y 89 años.

El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 es de 528. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 31.000 trabajadores, lo que supone el 1,7 por ciento del total.

Casos por islas

Por islas, la que más casos acumulados tiene es Tenerife que cuenta con 1.345 casos; le sigue Gran Canaria con 542 casos; La Palma, 87 casos; Lanzarote, 82 casos; Fuerteventura, 44 casos; La Gomera, 10 casos y El Hierro, 3 casos.

Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 80 fallecidos en Tenerife; 6 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 32 en Gran Canaria; 4 en Lanzarote y 0 en Fuerteventura**.

Fallecidos por grupo de edad

GRUPOS DE EDAD MUJER HOMBRE TOTAL
30-39 años 3 1 4
40-49 años 0 1 1
50-59 años 3 3 6
60-69 años 7 7 14
70-79 años 9 25 34
80-89 años 18 28 46
+ de 90 años 10 6 16
Sin edad al cierre de la estadística 0 0 1
TOTAL 50 71 122

La Consejería de Sanidad reitera la importancia de mantener al máximo el confinamiento para evitar que las personas más vulnerables puedan enfermar. Es el caso de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, personas con enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o neuromuscular o personas con cáncer.

En este informe se incluye a todas las personas diagnosticadas de COVID-19 (a partir de ahora, casos) mediante criterio microbiológico (detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante rt-PCR) en la Comunidad Autónoma de Canarias hasta las 24:00 horas del 06/04/2020.

La ventana temporal comienza el 28 de enero, día antes de que la primera persona con COVID-19 diagnosticada en Canarias, iniciara síntomas. Se considera hospitalización a la asignación de cama en un centro hospitalario; así la atención en los servicios de urgencias sin ingreso y las hospitalizaciones a domicilio, no se consideran hospitalizaciones propiamente dichas.

**Estos datos reflejan un cribado sobre los datos estadísticos de la plataforma web que se basan en las tarjetas sanitarias y en las áreas de declaración. Por lo que no siempre coinciden exactamente con los vinculados en cada isla.

Cualquier ciudadano puede seguir la situación de COVID-19  en este enlace si se hace desde un ordenador o desde este otro enlace si se accede desde un dispositivo móvil.​

 

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Transición Ecológica detecta 46 actuaciones ilegales en Zonas de Especial Conservación durante el estado de alarma

Servicio de vigilancia ZEC

El consejero José Antonio Valbuena destaca la colaboración de los servicios de vigilancia terrestre con las Fuerzas de Seguridad del Estado para controlar posibles casos de pesca o marisqueo ilegal, entre otras infracciones

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha detectado un total de 46 actuaciones ilegales en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) marinas de Gran Canaria y Tenerife, durante el estado de alarma decretado por el Gobierno central a consecuencia del COVID-19.

El consejero del área, José Antonio Valbuena, detalló que “durante esta situación de confinamiento, el servicio de vigilancia terrestre de las ZEC marinas de Tenerife y Gran Canaria ha mantenido su actividad profesional, reforzando las labores de los Cuerpos de Seguridad del Estado para el cumplimiento de las medidas establecidas, y para controlar posibles casos de pesca o marisqueo ilegal, entre otras infracciones”.

Estas labores de seguimiento de las ZEC marinas del Archipiélago las coordina el Servicio de Biodiversidad de la citada Consejería autonómica, a través de los guardapescas de la empresa pública Tragsatec.

“De las actuaciones realizadas, dos derivaron en denuncia por incumplimiento grave, mientras que el resto se solucionaron con actas o advertencias de incumplimiento”, aclaró Valbuena. Las infracciones detectadas por el servicio de vigilancia terrestre han sido acampadas no autorizadas, usuarios paseando por la costa, pesca de caña y marisqueo ilegal o barcos de recreo fondeados en zonas de baño.

Del total de infracciones registradas, 30 corresponden a las ZEC de Tenerife y 16 a las ZEC de Gran Canaria. Estas actuaciones han tenido lugar entre el 18 de marzo y el 19 de abril.

Las Zonas de Especial Conservación son áreas de gran interés medioambiental para la protección de la diversidad y han sido designadas por los estados miembros de la Unión Europea (UE) para integrarse dentro de la Red Natura 2000.

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