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Martínez: “La responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público”

Martínez: “La responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público”

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia afirma que las empresas públicas deben tener un código de conducta que sirva de ejemplo al resto de actividades humanas

Julio Pérez: “A las empresas públicas hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental”

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, ha afirmado esta semana en el Parlamento de Canarias que la responsabilidad social corporativa es un pilar fundamental para las administraciones y empresas públicas, las cuales, ha destacado, deben tener un código de conducta que sirva de ejemplo al resto de actividades humanas, con valores de transparencia, respeto y sostenibilidad.

Con ese objetivo, según Martínez, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado la ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, cuya finalidad es orientar hacia el buen gobierno a quienes ostentan responsabilidades en las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma.

El viceconsejero ha subrayado que el buen gobierno es aquel que asume sus principios a través de las políticas de integridad entendidas como el conjunto de instrumentos, normas, procesos y estructuras que utilizan los gobernantes para prevenir el fraude y la corrupción, aspectos fundamentales, ha subrayado, en un estado de derecho.

Martínez ha indicado que, tal y como señala el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en el prólogo de la guía, la responsabilidad social en las empresas públicas, y así se hace constar en la guía, “es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público, debido al relevante papel que juegan en la prestación de servicios a la ciudadanía. Por eso, a la vez que se les exige calidad, hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental en el desarrollo de su labor”.

“Se trata de un documento que tiene el propósito de alentar a las empresas públicas para que elijan ese camino”, ha afirmado el viceconsejero.

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Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

La plantilla tradicional descansaba casi solo en médicos y ahora hacen falta más psicólogos y trabajadores sociales

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, reconoce en el Parlamento las carencias y enumera las actuaciones en marcha para remediarlas

La viceconsejera de Justicia del gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está absolutamente comprometida con dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla de los institutos de medicina legal a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y la Administración de Justicia. Para ello, ha apuntado, su departamento propondrá una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), una vez resueltos otros compromisos como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación de personal público.

Carla Vallejo ha expuesto en el Parlamento de Canarias las acciones que se están desarrollando con relación a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que consta de 26 profesionales de Medicina Forense, 11 de Psicología y 6 de Trabajo Social, el mismo número de personas desde hace más de 15 años. Una plantilla que, para la viceconsejera, no está adaptada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto afectado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de Psicología.

Ha detallado las acciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está desarrollando, tanto de forma inmediata como a medio plazo, para revertir esta situación. Así, y con carácter inmediato, según ha relatado, se ha reforzado la cooperación externa que se realiza a través de empresas especializadas, a las que se ha encomendado la realización de pruebas periciales de carácter urgente.

Del mismo modo, ha indicado, se ha llevado a cabo un proceso de licitación extraordinaria, para reforzar dicha colaboración externa con un programa de nombramiento de profesionales de Psicología con especialización en la atención de víctimas de violencia de género y atención de la infancia víctima de violencia, con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La viceconsejera ha señalado que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para contar con personal interino de refuerzo para cubrir la situación de incapacidad temporal de profesionales y la acumulación de carga de trabajo.

“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se centraba mucho en la actuación del personal médico forense, la sociedad y los delitos han cambiado mucho y también las necesidades de la Administración de Justicia”, ha remarcado Vallejo, para quien es fundamental la incorporación de profesionales de Psicología y Trabajo Social, así como de personal de laboratorio en los institutos de medicina legal.

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Los graduados e ingenieros técnicos industriales piden el uso correcto de sus titulaciones en convocatorias y OEP

Los graduados e ingenieros técnicos industriales piden el uso correcto de sus titulaciones en convocatorias y OEP

Afirman que la Comunidad Autónoma Canaria no siempre utiliza, tanto en los procesos selectivos ordinarios como en otros procesos, la denominación adecuada

Aprovechan un encuentro con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para reclamar una atención minuciosa

Julio Pérez se compromete a “examinar con detenimiento” la demanda de este colectivo, pues “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de la Administración no solo es una conveniencia, es una obligación”

El decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, José Antonio Marrero, y su asesor jurídico, Pedro Quintana, han solicitado al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una visita realizada esta semana, que la Administración autonómica use la denominación correcta de sus titulaciones en las convocatorias y ofertas de empleo público (OEP).

La Comunidad Autónoma Canaria, tanto para los procesos selectivos ordinarios como para otros procesos, no siempre utiliza, según el Colegio que agrupa a estos profesionales, la denominación adecuada de sus títulos académicos, de los cuales se derivan sus atribuciones profesionales.

Los cambios producidos en tales denominaciones no siempre se trasladan al lenguaje corriente, que sigue hablando de titulaciones que ya no deberían estar en uso, como, por ejemplo, ha dicho el decano, la de titulados “superiores”, que, en su opinión, es inadecuada.

Por ello, y para respetar los derechos de sus colegiados, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Industriales ha reclamado de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y del Gobierno de Canarias una atención minuciosa a las denominaciones que utilizan en sus convocatorias.

El consejero ha prometido examinar con detenimiento este asunto. Tal y como ha manifestado, “no solo por el interés de los profesionales y los derechos que puedan tener, que habrán de estudiarse con atención, como se pide, sino para evitar conflictos y litigios, que no han sido infrecuentes en los últimos años”.

Julio Pérez ha explicado que “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de nuestras administraciones no solo es una conveniencia, es una obligación”. En este sentido, ha agregado que “las exigencias de titulación que se fijan en nuestras ofertas, convocatorias y relaciones de puestos de trabajo deben adaptarse a lo que en cada momento esté establecido en las leyes que regulan los títulos profesionales”.

  • En la imagen, de izquierda a derecha, José Antonio Marrero, Julio Pérez y Pedro Quintana

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El Gobierno publica la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios del concurso de méritos

El Gobierno publica la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios del concurso de méritos

 En algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba

Se trata, según ha recordado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, de “uno de los primeros compromisos que asumimos” al inicio de la presente legislatura y se puede decir que “hemos cumplido”

A partir de mañana, 30 de junio, hay diez días hábiles de plazo para presentar las reclamaciones que se estimen oportunas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado este miércoles, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista provisional de los 1.638 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo en los distintos cuerpos y escalas que conforman la Administración Pública, a los que se presentaron 1.711 solicitudes.

En dicha resolución se establece el plazo de diez días hábiles, a partir de mañana, 30 de junio, para presentar las reclamaciones que se estimen oportunas respecto a la adjudicación provisional acordada por la Comisión de Evaluación designada para valorar los méritos de las personas concursantes, que pueden consultar la lista en la web: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sirhusprocsel/cmadmitidosexcluidos/.

Asimismo, en el citado plazo, las personas participantes no obligadas a concursar podrán presentar su renuncia al puesto adjudicado y, por tanto, a su intervención en el concurso.

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se llevaba a cabo, fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una Resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

Conviene recordar que la celebración de este concurso, postergado largamente, como ya se ha dicho, fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la presente legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo mediante el Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

En este sentido, Julio Pérez ha manifestado que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, el consejero ha señalado que ahora “se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

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Canarias participa desde hoy en todo el proceso de delimitación de los espacios marítimos con Marruecos

Canarias participa desde hoy en todo el proceso de delimitación de los espacios marítimos con Marruecos

Ángel Víctor Torres reúne mañana a un grupo de expertos para apoyar al Gobierno en las negociaciones

Julio Pérez recuerda la necesidad de respetar las previsiones del Estatuto de Autonomía sobre aguas y negociaciones que le afectan singularmente

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha manifestado este lunes, tras asistir a la reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Delimitación de Espacios Marítimos con Marruecos, que “Canarias participará en todo el proceso de negociación para la delimitación de los espacios marítimos con Marruecos y podrá expresar y defender sus derechos, intereses y conveniencias”.

De acuerdo con lo previsto, Julio Pérez ha participado hoy, asistido por el profesor de Derecho Constitucional y letrado del Parlamento de Canarias José Miguel Ruano, en la reunión preparatoria del encuentro que España celebrará en los próximos días con Marruecos, para fijar la metodología y el calendario de las citas que ambos países tienen previsto llevar a cabo.

El consejero ha recordado en la reunión los preceptos del Estatuto de Autonomía de Canarias sobre la delimitación del territorio autonómico, que comprende las aguas canarias, para participar en este tipo de negociaciones que le conciernen de modo singular.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado la importancia de que el Gobierno canario haya estado presente en la preparación de los encuentros con los que se van a reanudar las negociaciones con Marruecos, tras una larga falta de contactos, y ha explicado que en la reunión de este lunes se ha hablado precisamente de establecer la metodología y los grupos de trabajo que se van a crear para abarcar todas las materias incluidas en las conversaciones.

En principio, se respetará la estructura establecida con anterioridad, derivada de la comisión hispano-marroquí. Uno de los grupos se encargará de la delimitación de los espacios marítimos propiamente dicha. Otro, sobre pesca, y un tercero se centrará en seguridad, transporte y medio ambiente. El objetivo, según ha dicho el consejero, es “abrir vías de diálogo sobre todos ellos en lo que se refiere a los espacios marítimos en la fachada atlántica”.

El encuentro de hoy, en el que han participado casi una veintena de altos cargo de diferentes ministerios, así como de la Armada y la Guardia Civil, ha estado presidido por la directora general de Diplomacia Económica, Ana Esmeralda Martínez, y han asistido, entre otros, Alberto Ucelay, director general para el Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo;  Javier Hernández, embajador en misión especial para la Cooperación Transfronteriza; Pilar Pozo, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia y responsable de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

De cara a las próximas reuniones y como apoyo y asistencia al Gobierno de Canarias en estas negociaciones, se ha creado un grupo de trabajo, al que han sido convocados por el presidente Ángel Víctor Torres, además del consejero y el propio Ruano, el profesor Eloy Ruiloba, de la Universidad de Málaga, y el profesor José Mangas, de la Universidad de Las Palmas, así como Valeriano Díaz, jefe del Servicio del Litoral de la Consejería de Transición Ecológica; la viceconsejera de los Servicios Jurídicos Isabel Cubas; y la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano.

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Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Julio Pérez asiste en Toledo a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha informado del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a impulsar un cambio sustancial en esta materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda la necesidad de adaptar las reformas previstas a la geografía insular del archipiélago

Muestra su confianza en que las futuras oficinas judiciales municipales entrañen mejoras significativas en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz

“Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo”, según ha declarado este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, al termino de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Toledo, presidida por la ministra Pilar Llop, a la que ha asistido acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

Julio Pérez ha manifestado que la Conferencia Sectorial había sido informada del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a “impulsar un cambio sustantivo” en el funcionamiento de la justicia, que son, ha explicado, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia, todos ellos, salvo este último, que se espera que pronto pueda iniciar también su paso por las Cortes, en fase de tramitación parlamentaria.

En la misma sesión, se ha analizado el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos destinados a la mejora de la justicia, de los que Canarias ha recibido más de 25 millones de euros, y que tal y como quedó establecido en el programa acordado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, se tienen que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas, a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el denominado Manifiesto del dato, que contiene los principios sobre los que construir un espacio público del dato en el sector judicial, lo que posibilitará, ha dicho el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “un conocimiento directo no solo para los operadores jurídicos, sino para cualquiera, de todos los datos del sector, y permitirá evaluar el grado de corrección y posibles deficiencias de las políticas públicas en materia de justicia”.

Entre los objetivos de este manifiesto están dirigir la gestión del sistema de Justicia como un modelo orientado a datos, promover la innovación y las mejoras del servicio público de Justicia, canalizar a través de los datos el sistema de gobernanza y del espacio público, y promover la cohesión social y territorial.

“Los datos deben ser un medio que nos ayude a definir, diseñar y afinar mucho más las políticas públicas en materia de Justicia, utilizando recursos adecuados para implantar el nuevo modelo de Justicia”, ha subrayado la ministra Pilar Llop.

Oficina judicial

Además, se ha debatido y dado los primeros pasos para la implantación de lo que se llamará oficina judicial municipal, con el objetivo de contribuir a superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Julio Pérez ha mostrado su confianza en que conlleve “mejoras significativas” en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz, que se transformarán en oficinas judiciales.

Este avance se enmarca en el plan Justicia 2030/Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) de implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. La oficina judicial es una figura recogida en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, que tiene entre sus funciones ser una puerta de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los tribunales de Instancia correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

En este sentido, la ministra de Justicia ha recordado que “estamos pendientes de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia. La Justicia es un poder, pero la Justicia es también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las oficinas de justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”.

Llop se ha mostrado convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas, con el objetivo de ofrecer una asistencia comprendiendo sus necesidades y dando una respuesta ágil y eficaz de conformidad con la normativa, protocolos y procedimientos vigentes; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el fin de informar sobre la naturaleza de los MASC, su contenido, efectos de su utilización y recursos existentes.

La oficina judicial también tiene previsto atender servicios de registro y reparto, servicios de coordinación de señalamientos y control de citaciones y emplazamientos, y servicios de tramitación en la ejecución del procedimiento y coordinación con el Registro Civil, entre otros.

Por otro lado, la ministra de Justicia también ha anunciado la constitución de un comité para la preparación de la presidencia europea en materia de Justicia con las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interoperabilidad

En el contexto de la Conferencia Sectorial, la ministra ha anunciado que, “después de muchos años, todos los sistemas de gestión procesal, los siete, son interoperables con el Tribunal Supremo”.

Llop ha indicado que este avance es “una importante novedad”, y ha añadido que la Administración de Justicia llevaba “muchos años esperándolo y trabajando sobre ello”.

En este sentido, la ministra ha destacado que es “un primer gran paso para avanzar en la interoperabilidad y en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios”.

Becas impulsadas desde el Ministerio de Justicia

Por otro lado, también se ha abordado el paquete de becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado impulsadas por el Ministerio.

Las 245 becas, que han sido ya convocadas, tienen una dotación de 1,6 millones de euros. De estas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con 6.611 euros anuales.

Al igual que en otras ocasiones, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad intervino para recordar que el modelo organizativo que se implante con la reforma prevista debe adaptarse a la geografía insular del Archipiélago. Ante la celebración de la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar en noviembre, Julio Pérez ha valorado positivamente la continuidad del régimen de cogobernanza territorial alcanzado durante las reuniones que se han venido celebrando.

En el encuentro con las comunidades autónomas han acompañado a la ministra, por parte del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, entre otras autoridades.

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Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Julio Pérez subraya que se ha logrado el objetivo que se pretendía, aplicar a ley, tras “un debate sereno, detenido y constructivo”

Las Palmas será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión de la Memoria Histórica

En el acuerdo de la mayoría se sugiere excluir del catálogo la revisión de honores y distinciones, que deberá hacerse por cada municipio sin esperar al catálogo

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha acordado por mayoría, este lunes, informar a favor del contenido del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.

Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras “un debate sereno, detenido y constructivo”. Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.

Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.

En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.

Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.

El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.

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Canarias incorpora los gases de origen volcánico y el uso de drones al I Congreso Nacional de Emergencias

Canarias incorpora los gases de origen volcánico y el uso de drones al I Congreso Nacional de Emergencias

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno canario, Montserrat Román, expone, en una de las sesiones del Congreso, las experiencias y lecciones aprendidas en la gestión de la crisis volcánica de La Palma

Subraya la necesidad de implantar herramientas digitales para compartir la información a tiempo real y la importancia de la divulgación y la cultura de autoprotección de la ciudadanía

El riesgo muy alto derivado de la presencia de gases de origen volcánico, la coordinación de operaciones de drones, así como la importancia de la divulgación y la cultura de autoprotección de la ciudadanía y el fomento e implantación de herramientas digitales para compartir información a tiempo real han sido algunas de las materias abordadas este jueves por la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias del Gobierno de Canarias, Montserrat Román, en el I Congreso Nacional de Emergencias que se desarrolla en Madrid desde ayer.

Román, que ha participado como ponente en una de las mesas que han tenido lugar a lo largo de la jornada de hoy, en representación de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha explicado las experiencias y lecciones aprendidas durante la gestión de la crisis volcánica, a través de la aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca).

Entre otras, ha mencionado la necesidad de tener reservas para poder dotar de equipos de protección individual (EPI) y equipos de detección de gases a las personas intervinientes, y para instalar sistemas fijos de monitorización de gases (balizas y sensores), con el fin de controlar de forma continua sus registros. Y la importancia de incorporar a la gestión de la emergencia, en el grupo de intervención, la actuación de las unidades de drones autorizadas para la emergencia, y la coordinación de las operaciones aéreas y de gestión del espacio aéreo.

También ha hecho referencia a que es preciso poner más tecnología a disposición de la gestión de la emergencia, en concreto, según ha detallado, herramientas digitales colaborativas para compartir la información a tiempo real con todas las administraciones y organismos, aplicaciones de control de acceso con código QR, sistemas satelitales o aplicaciones para la dirección de todas las operaciones de drones o para emitir en streaming.

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de Emergencias ha apuntado igualmente que los largos periodos de inactividad volcánica pueden dificultar la adecuada percepción del riesgo en la población que pueda verse afectada. Por ello, ha afirmado que es tarea de los organismos públicos de protección civil contribuir a la consolidación de una cultura social preventiva de este riesgo.

A su juicio, los programas educativos dirigidos a cualquier grupo de edad deben tener como objetivo principal que la población conozca su territorio, asimile sus peculiaridades físicas y los riesgos inherentes a él, y desarrolle técnicas de autoprotección.

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La gestión del Gobierno de Canarias, objeto de estudio en el I Congreso Nacional de Emergencias

La gestión del Gobierno de Canarias, objeto de estudio en el I Congreso Nacional de Emergencias

El director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, ponente de una de las sesiones, expone las experiencias de los últimos años

Los incendios y la erupción volcánica, centro de atención del Congreso

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha expuesto este miércoles en Madrid, en el I Congreso Nacional de Emergencias, su gestión de las grandes emergencias registradas en Canarias durante los últimos años.

En este foro, que reúne a profesionales en materia de emergencias, autoridades e instituciones a nivel europeo, nacional, autonómico y local, el director general de Seguridad y Emergencias del Ejecutivo canario, Gustavo Armas, ha realizado un repaso por los incendios forestales ocurridos en 2019, la pandemia, los incendios de La Palma en 2020 y 2021, y la erupción volcánica en esta isla.

En relación a esta última, Armas ha explicado la estructura organizativa del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) y el despliegue del Puesto de Mando Avanzado (PMA) y sus funciones. Además, ha agradecido la participación de todos los efectivos de los cuerpos de emergencia y seguridad que participaron en la gestión de la erupción volcánica.

Ha recordado que esta emergencia supuso un despliegue de cerca de mil efectivos, para una erupción que se prolongó durante 85 días y 8 horas, provocó la evacuación de más de 7.000 personas y afectó a 1.676 edificaciones, 73 kilómetros de vías y 1.676 hectáreas afectadas, de las cuales 349 eran de cultivo y 56 de espacios naturales protegidos.

Durante su intervención ha destacado que un aspecto novedoso de esta emergencia fue el papel de las aeronaves no tripuladas (drones) como instrumento de apoyo científico, seguridad, seguimiento del proceso eruptivo y riesgos derivados. Además, ha apuntado que las personas que coordinaron los medios aéreos han gestionado más de 3.000 operaciones. Según ha dicho, este es un aspecto a integrar en los planes de protección civil, debido a las características inherentes de este tipo de operaciones y el gran potencial que supone para la dirección y coordinación de emergencias.

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Julio Pérez ante la delimitación de las aguas con Marruecos: “Nosotros diremos hasta dónde llegan las nuestras”

Julio Pérez ante la delimitación de las aguas con Marruecos: “nosotros diremos hasta dónde llegan las nuestras”

Ha calificado de “esencial” que las islas tengan representación en la comisión de espacios marítimos entre España y Marruecos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca en la Cámara autonómica que el Gobierno de España ha rehusado cualquier acto unilateral sobre el territorio o las aguas del Sáhara

El consejero de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que no puede haber una declaración unilateral sobre las aguas correspondientes al litoral del Sáhara Occidental porque debe actuarse con arreglo al derecho internacional. “Nosotros diremos hasta dónde llegan nuestras aguas en la mesa de negociación para delimitar las aguas entre España y Marruecos”, ha enfatizado Pérez en referencia a los gobiernos de España y Canarias.

Ha remarcado que el Ejecutivo canario tendrá representación en la comisión de espacios marítimos entre los dos países, un hecho, ha dicho, “esencial”, precisamente para abordar asuntos como el recogido en la pregunta realizada por el diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) Juan Manuel García Ramos, referida a la inclusión de las aguas del litoral del Sáhara Occidental en la próxima mesa de negociación para delimitar las aguas entre Canarias y Marruecos.

Al mismo tiempo, ha explicado que en ninguno de los documentos iniciales ni tampoco en la hoja de ruta hay una mención específica a la inclusión del litoral del Sáhara Occidental en la próxima mesa de negociación. Cuando la haya, en su caso, el Gobierno canario manifestará su posición, ha asegurado.

Pérez ha recordado que el Ejecutivo español ha rehusado cualquier acto unilateral de apropiación del territorio o de las aguas del Sáhara, y ha señalado la importantísima manifestación que también firma el Reino de Marruecos de que no habrá actos unilaterales ni hechos consumamos. “Esperamos que así ocurra”, ha concluido.

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