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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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Transparencia y Gobierno Abierto, objetivos esenciales de la administración canaria

El evento ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’ podrá seguirse a través del canal de YouTube de ‘Canarias Gobierno Abierto’

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, celebrará este viernes, 11 de diciembre, la jornada El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tiene como fin aunar un proceso participativo que permita analizar la importancia de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura y reutilización de datos en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

El debate comenzará a partir de las 10.00 horas y contará con expertos de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y datos abiertos del ámbito canario y nacional y, dadas las restricciones actuales de aforo a los actos por la lucha contra el coronavirus, solo podrá seguirse a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

El Gobierno de Canarias está elaborando una guía de gobierno abierto para implantarla en el marco de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esta jornada es la continuación del trabajo que está haciendo la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, para realizar un diagnóstico con el que comenzar a crear esta guía. De hecho, recientemente se ha realizado unas encuestas a los empleados públicos de Canarias, a los responsables políticos y a organizaciones de la sociedad civil sobre estos pilares básicos de buen gobierno.

La jornada será inaugurada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, que participará en la primera mesa de debate, que versará sobre Gobierno Abierto y Agenda 2030. Ésta estará moderada por la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y contará con la presencia de María Pía Junquera, directora general de Gobernanza Pública; Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia; Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón; Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife; e Irene Bello, delegada en Canarias de Alianza por la Solidaridad.

Posteriormente, a las 12.15, será la mesa debate de Transparencia, que estará conformada por Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León; Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA); Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia; Mikel Prat, de la Asociación por Transparencia en Canarias; María Teresa Casanova, jefa de servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia; y Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado de Transparencia. Esta mesa será moderada por la jefa de servicio de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

A la tarde, desde las 16.00 horas, comenzará la mesa de debate Datos Abiertos, en la que estarán presentes Antonio Ibáñez, jefe de servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León; José Luis Roda, doctor en Informática de la Universidad de La Laguna; Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información; Lourdes Muñoz, confundadora de la Iniciativa Barcelona Open Data; Juan Bermejo, jefe de servicio de Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma; Noemí Brito, socia responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Ceca Magán Abogados; y Jesús Alberto González, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística. Será moderada por Albérica García, coordinadora de Transparencia y Datos Abiertos del Gobierno de Canarias.

El cierre será con la mesa de debate Participación Ciudadana, que a partir de las 17.30 horas tendrá presentes a Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria; María Dolores Hernández, de la Asociación CIMAS y Fundación CREASVI; María Luisa Blanco, doctora en Psicología y trabajadora social; Fernando Pindado, profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona; Cristina Suárez, de la Asociación Redes; y Miguel Ongil, de la asociación ACREDITRA. El moderador será Alvaro R. Pestano, coordinador de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias. Las cuatro mesas contarán con la escucha activa de Ana María Moreno, experta en Gobernanza y Participación Ciudadana.

Consulta pública de la Ley Canaria de Gobierno Abierto

Tanto el buen gobierno como la transparencia son parte de los cinco ejes de acción en los que el Ejecutivo autonómico se propuso avanzar al inicio del mandato y en el que se está trabajando en estos momentos, dentro del Plan Reactiva Canarias, cuyos ejes 6 y 7 giran en torno a la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y al impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A la recientemente creada Red Canaria de Gobierno Abierto, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana tiene previsto que la próxima semana se someta a consulta pública la redacción de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto que derogará las leyes 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

Por otro lado, el pasado 18 de noviembre el Comisionado de Transparencia hizo público que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias logró en 2019, en el Índice de Transparencia de Canarias que elabora cada año, una puntuación de 9,55, lo que refleja las mejoras de las puntuaciones desde que se ha implantado este índice, cuando comenzó hace cuatro años con una puntuación de 7,69, que fue de 8,03 en 2017, y 9,04 en 2018.

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El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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El Gobierno quiere impulsar, a través de Radio ECCA, un plan general de «alfabetización digital» para toda Canarias

Lucas López, director general de Radio ECCA; Amparo Osorio, directora gerente de Radio ECCA; Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra, directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Pablo Hernández, director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias; y Goretti Almeida, subdirectora educativa de Radio ECCA.

Se pretende el aprendizaje de los conocimientos básicos para el manejo de todos los recursos y servicios digitales, en general, y en especial de los que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, y el director general de Radio ECCA, Lucas López, acordaron, tras la reunión mantenida el pasado 1 de julio, preparar la creación y, en su caso, la puesta en marcha de un programa de “alfabetización digital” para la ciudadanía de las Islas.

El encuentro tuvo lugar en las instalaciones centrales de la emisora en Las Palmas de Gran Canaria y en él también estuvieron presentes el director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Pablo Hernández; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias; Marta Saavedra; la directora gerente de Radio ECCA, Amparo Osorio; y la subdirectora educativa de Radio ECCA, Goretti Almeida.

Pérez planteó a la emisora la puesta en funcionamiento, en la segunda mitad de este año, de un programa educativo destinado al público en general que permita a la ciudadanía conocer las herramientas digitales con las que cuenta para hacer los trámites administrativos, de manera que acerque la administración electrónica a las personas que todavía no están familiarizadas con ella.

El consejero hizo hincapié en que el programa difunda los conocimientos básicos para el manejo del amplio abanico de recursos y servicios digitales que la Administración autonómica pone a disposición de la ciudadanía, pero también para los representantes de las asociaciones y fundaciones inscritas en el registro del Gobierno de Canarias.

Con esto se pretende que la ciudadanía aprenda, a través de este programa, a obtener el certificado digital, que conozca el funcionamiento de la Sede Electrónica, que acceda a los principales servicios y recursos digitales del Gobierno o que sepa descargarse y presentar los documentos necesarios para realizar las diferentes gestiones en línea.

Precisamente en los últimos meses, con motivo de la crisis generada por la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha avanzado en esta tarea. Así, con el Ingreso Canario de Emergencia se gestionaron, telefónicamente, 30.000 solicitudes que no necesitaron desplazamientos ni presentación de papeles, mientras que durante el Estado de Alarma se incrementó del 22% inicial al 54% actual la digitalización de documentos.

Alcanzar la tramitación electrónica íntegra de todos los procedimientos administrativos es uno de los objetivos prioritarios que este Gobierno se ha propuesta alcanzar en su mandato y para ello promueve un modelo de administración más eficaz, eficiente y cercana, con la que la ciudadanía, autónomos y empresas puedan relacionarse con comodidad, sencillez y seguridad jurídica, tanto presencial como telemáticamente.

Radio ECCA cuenta con programas firmados con el Gobierno de Canarias en los que se promueve el aprendizaje e inserción laboral de colectivos vulnerables, así como más de 400 acciones formativas, entre las que se incluyen tres titulaciones oficiales como son la Educación Secundaria, Bachillerato y el Ciclo Superior en Integración Social.

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Aprobado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Firma Pacto de Canarias

La iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, se firma en el Parlamento por todos los grupos políticos, salvo PP y Cs, y obtiene el respaldo de las administraciones locales e insulares (Fecam y Fecai) y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas, más los colectivos sociales

Casi un mes después de ser propuesto con un documento base o de partida para su análisis, discusión y participación por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (el 1 de mayo pasado), el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya está aquí; ha llegado para quedarse.

Hoy, sábado 30 de mayo y Día de Canarias, en la jornada que conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma en 1983, hace 37 años, el Archipiélago ya cuenta con un Pacto respaldado por el amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, con presencia de la Fecai y la Fecam, aparte de las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio de las Islas, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.

La rúbrica de ese Pacto para la Reactivación, necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, se produjo formalmente este sábado en el Parlamento de Canarias, donde estamparon su firma sobre el documento final hasta 16 representantes de instituciones y organizaciones de ámbitos diferentes. Ese acuerdo, que ya es el Pacto de Canarias, contó con los apoyos de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno autonómico, con el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, con mayoría absoluta en la Cámara regional. A estos partidos además se sumó Coalición Canaria-PNC, lo que elevó el apoyo a esa iniciativa en el plano político a más del 80% de los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias. Solo se quedaron al margen de tan amplio consenso el PP y Ciudadanos, esta formación con dos diputados en el grupo Mixto.

Este Pacto para la Reactivación Social y Económica por la COVID-19 es de los primeros que se aprueba con amplio respaldo político y casi apoyo pleno en los ámbitos administrativo, económico, sindical y social en toda España.

Pensando en los colectivos más vulnerables

Tras confirmarse el amplio apoyo político a la iniciativa lanzada por Torres y el respaldo prácticamente total en los ámbitos administrativos, empresariales, sindicales y sociales de las Islas, el presidente de Canarias se mostró muy satisfecho por el “gran logro conseguido”, un éxito que “es de todos” y hay que atribuírselo, como antes en el mismo lugar se hizo con el Premio Canarias 2020, “a toda la sociedad isleña”. Torres subrayó que ya fija la mirada, junto a su Gobierno, para seguir actuando, ahora con esta nueva guía, y así “evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado del bienestar”.

Como explicó en su intervención el presidente de Canarias, la pandemia de la COVID-19 “nos ha amedrentado con la muerte, y también con la pobreza y las desigualdades”. Por eso, el proceso de reactivación en las Islas, cuya senda primero define el Pacto y luego concretará un plan de desarrollo de acciones con sus fichas financieras específicas, “debe plantearse en sus dimensiones social y económica con el objetivo claro de que nadie se quede atrás” en esta crisis y de que no se produzcan “recortes en los recursos de asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éstas son áreas que no solo han de ser conservadas, sino potenciadas”, recalcó el presidente regional.

El Pacto firmado esta mañana es una manera de afrontar la construcción del futuro en Canarias y una forma de reconocer que, tras la pandemia de la COVID-19, “tendremos que hacer muchos esfuerzos”, indicó Torres. El Pacto que hoy se ratificó en el Parlamento de Canarias “es la herramienta más importante para lograr sobreponernos a la actual situación” de crisis, sostuvo el presidente autonómico, y ahora “se apoya para conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos, e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Éstos son los siete grandes bloques de actuación definidos en el Pacto.

Expuestas esas necesidades generales posCOVID-19 en las Islas, el presidente de Canarias remarcó que el apoyo a ese documento “compromete a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a escalas española y europea; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra”, detalló Torres.

“Canarias -añadió- es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la COVID-19 ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta”, recordó el presidente regional.

Agradecimiento por el trabajo de los que apoyaron y los que no lo hicieron

Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación
Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en el país. A partir de entonces, lamentó Torres, “ya nada fue igual. Se truncó la normalidad. Canarias había empezado bien el año. Los datos de enero, febrero y los primeros 14 días de marzo invitaban al optimismo. Incluso se avanzaba que en 2021 podíamos tener unos índices históricos de empleo, con una tasa de paro inferior al 17%. La economía funcionaba. Las perspectivas eran halagüeñas. Pero el 14 de marzo todo se paró”, relató el presidente de Canarias como muestra de lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos de esta crisis inicialmente sanitaria.

Ángel Víctor Torres también tuvo hoy unas palabras de agradecimiento “a los que han apoyado el Pacto con su firma y a quienes finalmente no lo han hecho. He de reconocerles a todas y todos el trabajo realizado”, afirmó. Luego admitió que “todo pacto implica renuncias y generosidad, abandonar posturas individuales y acordar propuestas colectivas. Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad. Sinceramente, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad. Seguiremos tendiendo la mano”, subrayó el presidente de Canarias.

A continuación, Torres indicó que “hoy, 30 de mayo y Día de Canarias, en este Parlamento, que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito los próximos años”.

El presidente de Canarias cerró su alocución con la afirmación de “que es eso lo que esperan los hombres y mujeres de Canarias: que demos una respuesta firme desde una postura común, coordinada y efectiva. Nuestro pueblo siempre ha demostrado una capacidad de lucha, constancia y resistencia indudables”, concluyó.

Las partes, directrices y previsión presupuestaria para 2020 del Pacto

El documento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas, el Pacto de Canarias, consta de tres bloques: uno, la declaración institucional; dos, el que desarrolla de forma más pormenorizada el Pacto en sí, y tres, el anexo con la previsión presupuestaria.

Esa segunda parte se divide en varios epígrafes y tiene su inicio en la definición del origen y las consecuencias elementales de la que primero fue una crisis sanitaria para luego convertirse en algo más integral con efectos económicas y sociales de gran impacto. El Pacto además analiza los efectos de la pandemia de la COVID-19 en esos tres ámbitos esenciales y estructura los campos generales de actuación en siete. Éstas son las prioridades estratégicas.

A partir de ahí, tras concretar los fines centrales que se persiguen, en esencia reactivar la economía, atender las demandas sociales básicas con solvencia y garantizar la cobertura sanitaria universal, el documento ya rubricado identifica los instrumentos más potentes para pasar a la acción, a saber: la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE); las relaciones Canarias-Estado; el papel de los cabildos y los ayuntamientos; la defensa de los cambios normativos; la capacidad inversora pública y privada; la internacionalización; el diálogo social permanente, y la articulación de una mesa de seguimiento del denominado Pacto de Canarias.

En el cuadro presupuestario que forma parte de ese anexo, que solo puede considerarse como una previsión, se aporta una cifra global de 18.535 millones de euros para 2020. Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.220 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).

Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Discurso del presidente de Canarias

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El Gobierno de Canarias levanta la suspensión de acceso a la información pública en materia de COVID-19

Con motivo del estado de alarma se habían suspendido los procedimientos  de tramitación de las solicitudes de información pública, que cuentan con el plazo de un mes para ser respondidas a partir de su registro en la unidad responsable de tramitarlas

El Gobierno de Canarias, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha acordado en el Consejo de Gobierno la continuación del  procedimiento administrativo de solicitudes de acceso a la información pública relacionada con la COVID-19, que se tramitan al amparo de la Ley 12/2914, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, ante los diferentes órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos y entidades vinculados o dependientes.

De acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma COVID-19, se suspendieron los términos y se interrumpieron los plazos para la tramitación de los procedimientos del sector público, afectando por tanto al procedimiento de acceso a la información que regula la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno; así como la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esa ley recoge que las entidades tienen un plazo máximo de un mes para dictar resolución desde la recepción de las solicitudes, tiempo que podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario, previa notificación al solicitante.

Sin embargo, la disposición adicional tercera del citado Real Decreto supuso la suspensión de las tramitaciones de todas las solicitudes de información dirigidas a las administraciones públicas. Por este motivo, a instancias de la Dirección General de Transparencia, adscrita a la Consejería cuyo titular es Julio Pérez y con vistas a garantizar la transparencia en materia de la COVID-19, el Ejecutivo autonómico ha optado por volver a activarlas en aquellas cuestiones relacionadas con la crisis sanitaria que afecta estos días al conjunto del país. Para el resto de solicitudes, se espera retomar dicho trámite una vez se levante el estado de alarma.

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, área dirigida por Marta Saavedra, ha venido impulsando desde el pasado mes de marzo numerosas iniciativas en materia de transparencia relacionadas con la COVID-19.

En el Portal de Transparencia se continúa actualizando la publicidad activa sin haberse interrumpido su acceso durante el estado de alarma. Además, se ha incorporado un espacio específico en el portal para la información sobre la COVID-19. Incluye el acceso directo al cuadro de mando con toda la información sobre la pandemia. Un cuadro de mando en el que la ciudadanía puede monitorizar en tiempo real la evolución del coronavirus en el Archipiélago con datos que se pueden discernir incluso por códigos postales.

También el equipo de informática del Portal de Transparencia de Canarias ha asesorado en el diseño de contenidos e información de la página web específica del virus, que ha sido desarrollada por la Dirección de Modernización y Calidad de los Servicios.