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El Gobierno eleva al Consultivo el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar

Pretende dotar de un régimen específico que los configure como un verdadero servicio público de asistencia y orientación, al que puedan ser derivadas las familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo

El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves en consideración el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores o familiares en situaciones de conflicto, y ha solicitado al Consejo Consultivo de Canarias su dictamen sobre el mismo.

El proyecto de decreto, propuesta conjunta de las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, pretende dotar a los PEF de un régimen específico. Un régimen que los configure no solo como un instrumento para hacer efectivos los regímenes de visitas establecidos en una resolución judicial, sino como un verdadero servicio público de asistencia y orientación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

De igual modo, busca conformarlo como un servicio de apoyo a niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo la tutela de la Administración Pública, funcionando como un recurso que permita un contacto seguro y beneficioso con sus familias biológicas y sirva a su vez de apoyo a las mismas en la misión de normalizar sus relaciones familiares.

Para el adecuado desarrollo de sus funciones, se recogen en el Reglamento los derechos y obligaciones de las personas usuarias, garantizando así el respeto a la intimidad y los derechos de ciudadanía, a la vez que se garantizan los objetivos a cumplir por el punto de encuentro.

Son igualmente propósitos de la regulación los tipos de intervención que pueden tener lugar en el punto de encuentro, con expresa mención de los objetivos a cumplir con cada uno de ellos.

Se garantiza también la profesionalidad del servicio, que estará integrado por personal técnico cualificado y con formación específica, desde una perspectiva de género, en materia de familia y menores, la asistencia y protección a víctimas de violencia machista y mediación familiar.

En la actualidad, Canarias cuenta con diez puntos de encuentro familiar, distribuidos por las siete islas, y para garantizar la existencia de este servicio la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incrementado notablemente su presupuesto, al pasar de los 600.000 euros en 2020 a 920.000 en 2022, lo que supone un aumento del 142% en la presente legislatura.

El Gobierno analiza con cabildos y ayuntamientos la futura ley de Políticas de Juventud de Canarias

El Gobierno analiza con cabildos y ayuntamientos la futura ley de Políticas de Juventud de Canarias

El anteproyecto de esta norma atribuye competencias propias a los municipios y cabildos insulares

Juventud estima que la nueva ley prevé la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las corporaciones locales en su gestión

El Gobierno de Canarias ha reunido este miércoles al Consejo de Colaboración Insular y al Consejo Municipal de Canarias, en sesiones separadas, para analizar con cabildos y ayuntamientos, respectivamente, el anteproyecto de ley de Políticas de Juventud de Canarias, que atribuye a las corporaciones insulares y locales competencias propias en esta materia.

Presididas por el titular de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ambas reuniones han tenido como objeto revisar los informes emitidos por la Dirección General de la Juventud sobre la documentación solicitada por este departamento, durante la tramitación del expediente relativo al anteproyecto de ley, así como la valoración efectuada por este centro directivo a las alegaciones realizadas tanto por los cabildos insulares, en concreto los de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma, como por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

En cuanto a la petición efectuada por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, referida al impacto financiero de la futura ley en los ingresos y gastos de otras administraciones, la Dirección General de Juventud estima que, en los términos en que está redactado el anteproyecto, la nueva ley prevé la dotación de los recursos suficientes para cumplir los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad, al igual que los medios necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios en su gestión.

La Dirección General de Juventud ha reiterado su compromiso a consultar a la Fecam en el desarrollo reglamentario de esta norma y a tener en cuenta la propuesta sobre las características de la financiación del Circuito cultural MARES por parte del Gobierno, una vez se desarrolle el Plan Integral de Juventud.

Las demandas de los cabildos insulares han estado centradas en los resultados y objetivos desarrollados durante la ejecución del proyecto denominado “Elaboración participativa de la Ley de Políticas de Juventud de Canarias”, de los que ha dado cuenta la directora general de Juventud, Laura Fuentes, presente en ambas sesiones, al igual que el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez. A la segunda de ellas también han asistido la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Brito.

La nueva norma viene a reemplazar la Ley 7/2007, de 13 de abril, que acumula ya casi 15 de años de existencia, periodo en el que han sido significativos los cambios experimentados en el entorno social, económico y cultural que afecta a la juventud canaria. Su objetivo es dar respuesta a la nueva situación a través de un marco normativo que resulte adecuado y operativo.

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El Gobierno avanza en la implantación del sistema de dirección por objetivos en la Administración Pública

Desde que se inició su puesta en funcionamiento, en octubre de 2020, se ha registrado un importante salto

Este sistema permite ahondar en la eficacia de las políticas y de la asignación de los recursos públicos, así como en la efectiva rendición de cuentas

El Consejo de Gobierno de Canarias tomó conocimiento hoy, jueves 24 de febrero, del informe elaborado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sobre los avances registrados en la implantación del sistema simplificado de dirección por objetivos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El documento refleja que, desde que se inició la puesta en funcionamiento de este método de trabajo, en octubre de 2020, se ha dado un importante salto, teniendo en cuenta que abarca distintas fases o niveles de programación y la idiosincrasia de cada uno de los departamentos.

El sistema simplificado de dirección por objetivos pretende ahondar en la eficacia de las políticas y de la asignación de los recursos públicos, así como en la efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía, a través de la adecuada formulación de objetivos estratégicos, la posterior programación de proyectos para su consecución y la continua evaluación mediante un conjunto de indicadores.

Todo ello para mejorar la gestión e impulsar el buen gobierno y la transparencia

El informe, elaborado con datos recopilados hasta el 22 de diciembre de 2021, recoge el nivel de implantación de este sistema en los distintos departamentos del Ejecutivo canario y señala el grado de progreso registrado en la Administración Pública.

Además, hace recomendaciones a cada uno de los departamentos; unas específicas y otra general para lograr un desarrollo homogéneo y coordinado. En este sentido, aboga por un acompañamiento específico que permita que la dirección por objetivos se instale en el día a día de todos los departamentos y centros directivos de la Administración Pública de Canarias.

 

Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura unifican criterios para mejorar la atención a la ciudadanía

Gobierno de Canarias y Cabildo de Fuerteventura unifican criterios para mejorar la atención a la ciudadanía

Alicia Álvarez, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, que visitó esta semana las oficinas de información y atención de la Isla, prevé suscribir en breve un convenio para la gestión conjunta

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se han reunido esta semana en la sede de la Corporación insular, acompañados por el consejero insular de Participación Ciudadana, Jonathan Gil, y personal técnico, para coordinar y unificar criterios tendentes a mejorar y reforzar la prestación del servicio público de atención e información a la ciudadanía, que quedarán plasmados en un convenio a suscribir en breve.

Tras la reunión, la titular de Modernización y Calidad de los Servicios, departamento adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se trasladó a las oficinas de atención ciudadana de la Isla, que prestan servicios integrados de información, orientación, actividad administrativa, registro de solicitudes, escritos y trámites o gestión de sugerencias y reclamaciones, entre otros.

Para la directora general, la ciudadanía es la protagonista de la actividad de las Administraciones Públicas y a ella hay que prestar un conjunto de actividades y medios que faciliten el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos.

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El Gobierno canario pone a disposición del Cabildo palmero más equipos de medición de gases en zonas aún evacuadas

El Gobierno canario pone a disposición del Cabildo palmero más equipos de medición de gases para zonas aún evacuadas

Los dispositivos se han colocado en El Remo, Puerto Naos, La Bombilla y la zona norte del Camino José Pons La Jurona para proseguir con la vigilancia y monitorización de gases y garantizar la seguridad de las personas

La Dirección General de Seguridad y Emergencias, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez, ha puesto a disposición del Cabildo palmero, que es quien gestiona en estos momentos la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja, 13 equipos fijos de medición de gases adquiridos recientemente, que se han instalado en los núcleos urbanos que aún permanecen evacuados y pendientes de realojar, con el objetivo de seguir garantizando la monitorización y evitar la exposición de la población a gases tóxicos.

Dichos equipos, cuatro balizas y nueve sensores, se colocaron la semana pasada, tanto en espacios abiertos como cerrados de El Remo y Puerto Naos, en los Llanos de Aridane; La Bombilla (Los Llanos de Aridane y Tazacorte), y la zona norte del Camino José Pons La Jurona, en El Paso. Estos instrumentos pueden ser reubicados rápidamente, transmiten continuamente datos de localización y lecturas de gases.

La vigilancia de gases en los núcleos urbanos aún evacuados se hace necesaria para zonificar aquellas áreas y viviendas que deben permanecer balizadas sin posibilidad de acceso y para identificar las fincas donde se podría acceder de forma progresiva con acompañamiento, equipos de detección de gases y protocolo de evacuación.

Además de continuar con la monitorización de gases y analizar la evolución de los valores, con la instalación de estos equipos se pretende asegurar que la vuelta a las viviendas se pueda realizar de forma controlada y segura, continuando con el objetivo prioritario marcado desde el inicio de la emergencia de garantizar la integridad física de las personas.

Balizas y sensores

Las balizas miden, en tiempo real, Oxígeno (O2), inflamables, Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2) y Sulfuro de Hidrógeno (H2S), y tienen una autonomía de 100 días, lecturas de gas en 10 segundos, conectividad celular y ubicación por satélite. Dos de ellas se han instalado en La Bombilla, en zona exterior, y las otras dos, en Puerto Naos, una en zona exterior y otra en el interior de un edificio de viviendas. Todas ellas transmiten los datos directamente al software de monitorización en el Puesto de Mando Avanzado o Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN) puesto en marcha por el Cabildo palmero al hacerse cargo de la gestión de la emergencia.

Los sensores iSens miden en tiempo real Oxígeno (O2) o Ácido Clorhídrico (HCL). Cinco de ellos se han instalado en Corazoncillo y cuatro en Puerto Naos, dentro de viviendas y garajes.

Los datos de los nueve sensores se trasfieren de forma inalámbrica a la central receptora GasVisor, que cuenta con dos centrales de transmisión de señal, una en Puerto Naos y otra en Caños de Fuego, en zonas con buena cobertura y visibilidad hacia los sensores colocados en espacios interiores. Estas centrales, conectadas a internet, permiten la monitorización y acceso a los datos, en todo momento, desde el Puesto de Mando Avanzado o el CECOPIN.

Durante toda la emergencia, se han adquirido también 44 equipos portátiles de detección de gases, configurados con sensores de Monóxido de Carbono, Dióxido de Azufre, Cloro, Dióxido de Carbono, Oxígeno, gases inflamables y Sulfuro de Hidrógeno. Estos equipos incluyen, además, un acelerómetro para detectar caídas de las personas usuarias, GPS para su posicionamiento y un sistema de transmisión mediante tarjeta SIM al Puesto de Mando Avanzado o CECOPIN.

Asimismo, se han llevado a cabo jornadas de formación en el uso, actuación en caso de alarma y mantenimiento de los equipos, así como acciones formativas en mantenimiento preventivo de los equipos y en la configuración del portal de seguimiento de los datos de los gases.

La empresa suministradora de estos equipos y que ha llevado a cabo la formación, Sensotran S.L., ha facilitado gratuitamente la función de automonitorización, así como la capacidad de transmisión de voz y llamadas.

También ha hecho una donación de 10 equipos portátiles para la medición de oxígeno “ClipSens”, para proteger a las personas intervinientes que accedan a las zonas afectadas por gases, así como un puerto de infrarrojos Sensotran IR LInk para la descarga de datos y configuración de los equipos. Todo ello se ha puesto a disposición del Cabildo de La Palma, administración encargada en la actualidad de gestionar la emergencia.

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Gobierno, cabildos y Fecam apuestan por administraciones más transparentes, abiertas y participativas

Este viernes han suscrito un convenio con el que establecen un marco permanente y estable de cooperación en el impulso de políticas de gobierno abierto

El convenio impulsará, a través del ICAP, la formación del personal público de las instituciones del Archipiélago en los principios de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y apertura de datos

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) han firmado este viernes, 18 de febrero, un convenio para implantar la Red Canaria Interadministrativa de Gobierno Abierto, que permitirá establecer un marco permanente y estable de cooperación en el desarrollo, fomento y promoción de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, datos abiertos, sensibilización y formación en materia de gobierno abierto entre las distintas administraciones públicas dentro de la Comunidad Autónoma.

La red constituye uno de los compromisos del Gobierno de Canarias con el IV Plan de Gobierno Abierto de España y también es una respuesta para alcanzar las metas recogidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 16, que aboga por la construcción de instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas a la ciudadanía, y el 17, que fomenta las alianzas para la mejora de las políticas para el desarrollo sostenible.

En el convenio se recoge que el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) creará un programa de formación general en materia de gobierno abierto, tanto para cargos electos y altos cargos como personal al servicio de las distintas instituciones públicas del Archipiélago.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, resaltó que los principios de gobierno abierto son mecanismos que fortalecen el estado de derecho. Insistió en que este convenio es un mecanismo de perfeccionamiento para hacer más sólidas las instituciones y que, a su vez, permite mejorar la gestión y liderazgo colectivo de todas las administraciones del Archipiélago.

Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro y de la Federación Canaria de Islas (Fecai), apuntó que este convenio interadministrativo es “relevante porque mejora la democracia, da la oportunidad a la gente a tener cauces para expresarse y hace más transparentes a las instituciones. Es un ejercicio relevante de puesta en funcionamiento de mecanismos que mejoran la vida de la gente”, señaló.

Mientras, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, indicó que con este convenio “se da un paso más para hacer una sociedad más justa y eficaz” y mostró el compromiso de la Federación para dar difusión y promover las adhesiones al convenio de los ayuntamientos del Archipiélago. “No nos cabe duda de que se irán sumando las entidades locales a esta iniciativa que facilitará el trabajo para avanzar en la justicia y la constitución de instituciones responsables a todos los niveles”, agregó.

En el acto también estuvieron presentes, entre otros, la directora del Instituto Canario de Administración Pública, Eva de Anta; la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, y sus homólogas de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y de Función Pública, Montserrat García; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; el del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret; la vicepresidenta tercera del Cabildo de Gran Canaria, Concepción Monzón; el consejero de Gobierno Abierto de Lanzarote, Jorge Peñas; el vicepresidente primero del Cabildo de La Gomera, Alfredo Herrera; el consejero de Gobierno Abierto, Información, Transparencia y Participación Ciudadana del Cabildo de Fuerteventura, Jonathan Gil; el jefe de servicio de Innovación del Cabildo de La Palma, Juan Bermejo; el comisionado de Transparencia, Daniel Cerdán; el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón; el presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías, Administración Electrónica, Transparencia y Participación de la FECAM y alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, además de otros representantes de la Red Canaria de Gobierno Abierto.

Los compromisos de la Red

Las partes firmantes del acuerdo se comprometen a fortalecer el diálogo y la interlocución interadministrativa, y con la sociedad civil, en el desarrollo de iniciativas relacionadas con el gobierno abierto.

También canalizarán, promoverán y darán a conocer iniciativas de gobierno abierto que afecten a las distintas corporaciones; potenciarán el intercambio y la difusión de buenas prácticas de gobierno abierto, así como, la búsqueda de soluciones compartidas en los asuntos que se planteen; promoverán y colaborarán en campañas de sensibilización y divulgación sobre el gobierno abierto, prestando especial atención al personal al servicio de las administraciones públicas de canarias; informarán a la ciudadanía de las actividades y resultados obtenidos, y ejecutarán los compromisos acordados en las reuniones de la Red.

Con este convenio, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, asume las obligaciones de promover el marco normativo necesario para impulsar el gobierno abierto en las instituciones y la ciudadanía canaria; apoyar a las administraciones canarias en la consecución de sus objetivos de una gobernanza abierta y promover en la administración pública del Gobierno de Canarias y de su sector público institucional el desarrollo y mejora de prácticas de gobierno abiertas a la ciudadanía.

Además, el ICAP, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, propondrá un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y personal al servicio de las administraciones públicas y de la Fecam, que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia.

Por su parte, los cabildos insulares se comprometen con la suscripción a este convenio a contribuir a la sensibilización e implicación activa de la sociedad civil, el sector privado y otras entidades locales, públicas y privadas, en cuantas acciones de gobierno abierto se lleven a cabo por iniciativa propia o del Gobierno de Canarias; promover y defender la inserción de los principios y acciones de gobierno abierto en los respectivos procesos de localización de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo las estrategias locales y autonómica de desarrollo sostenible, y promover el trabajo colaborativo y transversal en sus gobiernos locales, para asegurar la apropiación y corresponsabilidad del gobierno abierto por parte del personal técnico y directivo de sus instituciones.

Por último, desde la Fecam se comprometen a difundir a los ayuntamientos canarios toda la información relativa a la iniciativa de gobierno abierto, así como promover las adhesiones de los municipios canarios al Convenio. También colaborará tanto con la Comunidad Autónoma como con las corporaciones locales para el desarrollo y avance de la iniciativa de gobierno abierto; realizará un seguimiento al desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos en la red entre los ayuntamientos de Canarias adheridos, y reforzará los estándares de conducta en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

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El Consejo de Gobierno es informado del gasto de 2 millones en Justicia para hacer frente al impacto de la COVID-19

El importe total se debe a obras en locales para juzgados de nueva creación, instalación de sistemas de control del aire y de climatización y ventilación, así como el suministro de redes de telecomunicaciones en edificios judiciales

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, jueves 17 de febrero, del gasto de 2.077.620,12 euros correspondientes a siete contratos aprobados, por tramitación de emergencia, para la prestación de obras, servicios y suministros en edificios judiciales, con el objetivo de hacer frente al impacto generado por la COVID-19, incluyendo la creación de nuevos Juzgados de lo Social y de lo Mercantil, para la resolución de aquellas materias especialmente derivadas de la crisis sanitaria.

Por esta razón, la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, llevaron a cabo, entre mayo y diciembre de 2021, varios contratos dirigidos a efectuar obras en locales para juzgados de nueva creación, la instalación de sistemas de control de calidad del aire y de climatización y ventilación, y el suministro e instalación de redes y telecomunicaciones Wifi en edificios judiciales.

Por parte de la Viceconsejería de Justicia se aprobaron dos resoluciones. Una, para la ejecución de las obras de acondicionamiento de local destinado a acoger la sede de los juzgados de nueva creación del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife (804.201,30 euros). La otra, para las actuaciones necesarias, en las instalaciones técnicas (sistemas de climatización y ventilación, sistemas de seguridad y detección de incendios), para completar el acondicionamiento de local para futura sede de los Juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Santa Cruz de Tenerife (685.798,70 euros).

En cuanto a las resoluciones dictadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, los expedientes de contratación ascienden a cinco. El primero se refiere a la redacción del proyecto y las correspondientes direcciones de obra del contrato denominado ‘Ejecución de las obras de acondicionamiento de local para futura sede de juzgados de nueva creación del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife’ (82.623,15 euros).

Hay un segundo relacionado con el suministro e instalación de equipos de tecnología NANOENVI ® IAQ, sistemas de control de calidad del aire interior CO2 y CO (Monóxidos) en edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias (218.725,93 euros).

Un tercero dirigido al suministro de la nueva instalación del sistema de climatización del Edificio Judicial Principal de Puerto del Rosario, en Fuerteventura (88.572,33 euros) y, un cuarto para el suministro e instalación de sistemas de redes y telecomunicaciones Wifi (panel de información de nivel CO2, mecanismo de control aerosoles y ventilación) en edificios judiciales de Gran Canaria y Puerto del Rosario, en Fuerteventura (168.681,59 euros).

Por último, también de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, está la autorización del gasto y adjudicación a una entidad mercantil del servicio de traslado de enseres y documentación a la nueva sede de juzgados de nueva creación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife (29.017,12 euros).

Tal y como puede observarse en algunos de los expedientes de contratación citados, el objetivo es atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al COVID-19. Para ello, se han tenido en cuenta todas las recomendaciones y medidas de carácter preventivo, organizativas, higiénicas, de obras de acondicionamiento, de climatización y protección que deben adoptarse en el ámbito laboral y en los edificios administrativos para minimizar el riesgo de contagio.

Justicia pone en marcha un sistema de videointerpretación en lengua de signos en seis juzgados de guardia canarios

La herramienta permite la comunicación fluida en tiempo real y asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el sistema de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias, lo que asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía.

Dicha herramienta está operativa para su uso desde el pasado martes, 15 de febrero, en seis juzgados de guardia que cuentan con dependencias específicas. Concretamente en los juzgados de guardia de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

El sistema SVIsual permite la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en tiempo real, a través de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada persona usuaria. Se establece así una comunicación fluida entre ambas partes, gracias a una plataforma tecnológica que funciona como un centro de llamadas, capaz de integrar simultáneamente audio y vídeo, lo que permitirá que las personas con esta discapacidad puedan ser entendidas por el trabajador o trabajadora y viceversa.

A estos efectos, el puesto de trabajo dispuesto para tal fin cuenta con micrófono, cámara, altavoz y doble pantalla, de manera que una de ellas pueda utilizarse para el uso habitual de trabajo y la otra para mostrar la herramienta de vídeo que posibilitará la comunicación.

El sistema resulta accesible a través de la dirección web justiciaencanarias.svisual.org, que carga un entorno gráfico e incorpora un componente de vídeo (para facilitar la visualización entre la persona discapacitada y el o la agente videointérprete) y un componente de chat, que facilita la comunicación escrita.

Con la puesta en funcionamiento del sistema SVIsual, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comienza a dar cumplimiento a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que señala que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este sistema de videointerpretación se irá incorporando progresivamente al resto de los juzgados de las islas en la medida que sus instalaciones lo permitan.

En concreto, la Ley señala que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente, y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas con discapacidad auditiva y visual. Dicha medida se implementaba con la presencia física de intérpretes de signos, a pesar de las dificultades que existen muchas veces para contar con ellos dada su escasez.

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Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

El presupuesto inicial de este departamento se vio incrementado en 5,7 millones de euros procedentes del Gobierno estatal y la Unión Europea

Durante 2021 se efectuaron importantes gastos e inversiones en digitalización y nuevas tecnología

Las actuaciones de emergencia y los servicios de atención telefónica suman algunas de las partidas de gasto más relevantes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, logró ejecutar el 93,78% de su presupuesto en 2021, según refleja el avance del cierre del ejercicio. El año pasado, la ejecución presupuestaria alcanzó los 294.429.805,61 euros, de un total de 313.968.299,42, lo que significa 10,70 millones más que en 2020. El crédito no ejecutado se situó en 19,5 millones de euros, cantidad que se podrá incorporar como remanente en el presente ejercicio.

El presupuesto inicial de este departamento para 2021 era de 308.284.352 euros y se vio incrementado en 5.683.947,42 debido a transferencias procedentes del Gobierno de España y de la Unión Europea, lo que permitió superar los 313,9 millones de euros.

Hay que destacar que la emergencia volcánica en la isla de La Palma, decretada en septiembre de 2021, generó un gasto de unos 4,3 millones de euros aproximadamente y que el capítulo 1 representó el 49,38% del gasto total ejecutado, a la espera del cierre definitivo del ejercicio.

Julio Pérez, responsable del área, ha valorado positivamente estos datos y ha felicitado al equipo directivo y al personal de su Consejería por el esfuerzo realizado para conseguir estas cifras tan importantes en materia económica y que se han plasmado, por ejemplo, en el proceso continuo de modernización y transformación digital de la Administración Pública Canaria, según ha expuesto el titular del departamento.

Un proceso que tiene, entre otros exponentes, la puesta en marcha de la estrategia de transformación digital del servicio público de la administración de justicia en Canarias o la implantación y desarrollo de las herramientas tecnológicas para la gestión digital de los procesos judiciales y la celebración de juicios telemáticos.

A estas actuaciones hay que sumar la implantación del expediente electrónico en los procedimientos de emisión de informes y bastanteos de poderes, avales y otras garantías de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, así como la dirección por objetivos en la mayoría de los departamentos del Gobierno canario o el importante despliegue del 012, que además de asumir la totalidad de los servicios (previos a la situación de pandemia) ha sumado campañas masivas como la vacunación, siendo un importante valor para llevarla a cabo en el menor tiempo posible.

A lo largo de 2021, también se llevó a cabo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, la implementación de los nuevos portales de participación ciudadana y de datos abiertos de Canarias, el desarrollo de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la renovación del portal de transparencia del Gobierno de Canarias.

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El Consejo recibe información de los convenios suscritos por Administraciones Públicas con corporaciones locales

Los acuerdos abarcan materias como seguridad y emergencias, procesos de selección a los cuerpos de Policía Local y el uso compartido de listas de reservas de personal interino y temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves, 10 de febrero, de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con las corporaciones locales de Canarias en el cuarto trimestre de 2021. En concreto, en dicho período el departamento que dirige Julio Pérez firmó cinco convenios y 23 adendas de adhesión a diversos conciertos de colaboración.

Estos acuerdos y adendas se suscribieron para el acceso a la Red de Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), para la delegación de competencias en procesos de selección para la incorporación a los cuerpos de la Policía Local y para el uso compartido de listas de reservas en el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como en la contratación de personal laboral temporal.

En cuanto a los convenios de cooperación para el acceso a la RESCAN, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió tres acuerdos con los ayuntamientos de Garafía, Fuencaliente y Haría. Los otros dos convenios fueron firmados con las corporaciones locales de La Frontera y Guía de Isora para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local.

De las 23 adendas, se formalizaron las adhesiones al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos de Teguise, Puntallana, Agulo, Puerto de la Cruz, Tejeda, Buenavista del Norte, Tuineje, Arrecife , Valsequillo, El Pinar, Moya, Candelaria, Tazacorte y San Miguel de Abona, así como el Cabildo de Tenerife, para el uso compartido de listas de reservas para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió con los ayuntamientos de El Sauzal, Teguise, Tacoronte, Tegueste, Tías, Icod de los Vinos, Haría y Tijarafe adendas de adhesión al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública canaria y la Federación Canaria de Municipios por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de la Policía Local.