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La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Cofarte y Puertos de Tenerife, galardonados por sus prácticas preventivas para frenar la expansión del coronavirus

La Mutua de Accidentes de Canarias entrega a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales en su edición de 2021

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha entregado este jueves a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, en una breve ceremonia, la placa y el diploma con los que reconoce la estrategia de prevención desarrollada ante la COVID-19 por este centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez.

En el acto, celebrado en la sede de esta entidad en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de la MAC, Pedro Alfonso, junto al director gerente de la misma, Javier González Ortiz, y el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, han entregado también a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas preventivas en las empresas en su edición de 2021, y a Cofarte y Puertos de Tenerife la placa y el diploma en reconocimiento a las mejores prácticas preventivas para frenar la expansión de la COVID-19.

Por parte de Ámate recogió el ‘Premio Alberto Guanche’ su presidenta, María del Carmen Bonfante. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Javier Ignacio Mora, y la responsable de Recursos Humanos de Cofarte, Yineth Moleiro, hicieron lo propio con respecto al reconocimiento a las mejores prácticas para frenar la pandemia, recogiendo la placa y el diploma correspondientes.

Como es sabido, Alberto Guanche Marrero (1950-2001) fue, además de profesor de Derecho del Trabajo de la ULL, consejero de Trabajo, Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias durante la primera legislatura autonómica (1987-91) y asesor jurídico de la Junta Directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).

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El libro sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, editado por el ICAP, puede adquirirse ya de forma gratuita

El libro sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias, editado por el ICAP, puede adquirirse ya de forma gratuita

La publicación recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias y explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual

Tanto el presidente del Gobierno como el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destacaron en su presentación que esta obra pone en valor el talento de la sociedad canaria y de su Administración Pública

El libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023)’, editado por el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), con el propósito de profundizar en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros, ya puede adquirirse, de forma gratuita y por vía telemática, en la tienda de Wolters Kluwer, empresa encargada de su publicación.

En su presentación en el Parlamento de Canarias, el pasado miércoles 16 de marzo, el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, coincidieron en destacar que esta obra pone en valor el talento de la sociedad y de la Administración Pública canaria.

Acompañado también por el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y la directora del ICAP, Eva de Anta, el jefe del Ejecutivo canario agradeció el trabajo de todas las personas que han posibilitado este documento, que calificó como fundamental, porque recoge muchas cosas que se consiguieron cuando se pensaba que era casi imposible reformar el Estatuto de Autonomía, modificación que, según recordó, se materializó en 2018 como un texto de tercera generación, pero que se intentó muchos años antes.

Una norma, remarcó Torres, que hace que Canarias cuente con mayor autogobierno, que permite que el Parlamento pueda delegar en el Gobierno a través de decretos leyes, que contempla que el mar que circunda las islas sea de ámbito autonómico o que, por fin, la condición de Región Ultraperiférica esté anclada en el texto estatutario, entre otros avances.

Por su parte, Julio Pérez manifestó que las personas al servicio de la administración pública son siempre objeto del escrutinio de la ciudadanía y se tiene una imagen injusta que no se corresponde con la realidad, por lo que resaltó la importancia de que se sepa cuánto talento hay en la Administración. Y así se manifiesta, señaló, en el libro sobre el Estatuto, una obra colectiva de una treintena de empleadas y empleados públicos que reflejan sus puntos de vista técnicos, jurídicos, administrativos o económicos sobre el desafío que significa el desarrollo del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias.

El consejero afirmó que la plena expansión del texto estatutario, la aplicación para que la ciudadanía note la ampliación de competencias que recoge la nueva norma requiere, no solo de la voluntad política del Gobierno de impulsar la asunción de las mismas, sino que haya una Administración que tenga la capacidad para desempeñarlas y hacerlo con el talento, el conocimiento y la calidad de las personas a su servicio.

Gustavo Matos indicó que la obra tiene un significado especial en un año en el que la Autonomía de Canarias cumple 40 años, desde que en 1982 se aprobó el primer texto estatutario y en el que se reunió el primer Parlamento provisional que daría un año después lugar a las primeras elecciones a la Cámara Autonómica. “Son 40 años de autogobierno, de hombres y mujeres en el Parlamento de Canarias que durante diez legislaturas han dado lo mejor para traernos hasta aquí”, aseveró.

Desarrollo y retos del Estatuto

Eva de Anta resaltó la complejidad del nuevo texto estatutario, que prácticamente triplica a la anterior norma institucional básica canaria, y apuntó la necesidad de estudiar en profundidad este marco jurídico desde la particular perspectiva de las instituciones y las administraciones públicas canarias. Con dicho objetivo, se desarrollaron unas jornadas técnicas, celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del Estatuto de Autonomía, que han dado lugar a una publicación que recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria.

El texto es fruto de las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, que ha compartido sus conocimientos e inquietudes. “Mujeres y hombres profesionalmente comprometidos con lo público y que tienen la bondad de compartir su conocimiento”, subrayó De Anta, quien destacó que la generosidad y el talento de las personas al servicio de las administraciones públicas es, en la actualidad, “una de las mejores formas de poder avanzar hacia un futuro esperanzador y con las mejores expectativas”.

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

Durante ese tiempo, un comité derivado de la propia comisión, integrado por tres personas, analizará su contenido y elaborará una ponencia

Además, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar lo reparos procedimentales que vea oportunos

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha acordado este miércoles darse un mes, para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.

Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este Catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.

Esta decisión ha sido respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.

En la reunión de esta mañana han estado, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González, y la catedrática de Historia del Arte de la ULL, María Isabel Navarro.

Por vía telemática, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam, el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González, el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del Catálogo y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.

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El Gobierno impulsa la formación de asociaciones canarias en el entorno digital de las administraciones públicas

El Gobierno impulsa la formación de las asociaciones canarias en el entorno digital de las administraciones públicas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto a Radio ECCA, lanza el ‘Programa +Digitales’, dirigido a los miembros de las asociaciones registradas en las islas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias impulsa, junto a Radio ECCA, la formación de las asociaciones del archipiélago en el uso de las plataformas digitales del Gobierno de Canarias, a través del curso Programa +Digitales.

El programa, financiado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a las personas responsables de las asociaciones en la adquisición de competencias y habilidades relacionadas con el uso adecuado de servicios y recursos digitales de la administración pública autonómica.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, resalta que la informatización de los servicios y trámites se ha incentivado aún más durante la pandemia con el incremento de las gestiones digitales. Por ello, esta formación permitirá a las personas inscritas aprender a realizar procedimientos relacionados con las asociaciones que representan como, por ejemplo, la tramitación de citas previas o la solicitud de subvenciones, ayudas o certificados, entre otros.

La acción formativa está dividida en dos bloques. El primero, destinado a la Sede Electrónica, donde se enseñará a desarrollar los conocimientos que permitan buscar los procedimientos y servicios que ofrece la Administración, el manejo del área personal, el uso de los sistemas de identificación digital y la búsqueda de ayuda en caso de dudas o problemas técnicos. El segundo bloque permitirá adquirir los conocimientos necesarios para aprender a tramitar solicitudes a través de la Sede Electrónica.

Hasta el próximo mes de mayo están abiertas las inscripciones para la formación, que consta de 200 plazas. La inscripción se podrá realizar cumplimentando los formularios disponibles en los siguientes enlaces:

Para las asociaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUJPObWGQwgPM-gxNyYLULT4h_FaSR2kgoqhJgMy8zLo5GaA/viewform

Para las asociaciones de la provincia de Las Palmas, a través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/1SGBDKkiG6HgN1W60DTDVxXNDvmYIx1ihD22R8VsqrEU/viewform

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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El ICAP edita un libro que analiza el desarrollo y los retos del Estatuto de Autonomía de Canarias

El ICAP edita un libro que analiza el desarrollo y los retos del Estatuto de Autonomía de Canarias

La obra, que explora el texto estatutario desde una perspectiva innovadora y actual, podrá ser adquirida, próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica

Julio Pérez destaca que la publicación muestra el valor de la norma autonómica y “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado el libro ‘Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X legislatura autonómica (2019-2023)’. La publicación recoge el análisis sobre el desarrollo y los retos de futuro de la norma superior canaria, emanado de las jornadas celebradas en noviembre de 2020 con motivo del segundo aniversario de la reforma del texto estatutario, aprobada por la ley orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

El texto, que recoge las aportaciones del personal público y directivo de las administraciones canarias participante en las jornadas, no solo explora el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía desde una perspectiva innovadora y actual, sino que sirve para examinar y reflexionar sobre el camino que se puede recorrer bajo su amparo y lo logros a conseguir.

La edición, que podrá ser adquirida próximamente y de forma gratuita, por vía electrónica, profundiza en temas como las posibilidades y límites de la Reforma del Estatuto de Autonomía, así como su desarrollo legal; las nuevas competencias de la Comunidad Autónoma, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, la modernización e innovación administrativas, el desarrollo sostenible, las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa o el desarrollo del sistema electoral, entre otros.

La publicación está llena de conocimiento, que “nos servirá como manual de consulta para interpretar nuestro presente y nuestro futuro”, y sus páginas se convertirán en “un instrumento de apoyo para seguir avanzando en la consolidación del reformado Estatuto de Autonomía de Canarias”, según señala el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el prólogo.

A juicio del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y así queda plasmado en la presentación, la obra muestra tanto la importancia del texto estatutario para el futuro de las Islas y su ciudadanía como “la valía y capacidad de un conjunto de servidores públicos de las administraciones canarias, y de algunos de sus directivos”, y, asimismo, “la calidad de sus conocimientos y de sus aportaciones a la función pública y al servicio público”.

La directora del ICAP, Eva de Anta, recuerda que el propósito de la publicación es contribuir al reto de reflejar las distintas reflexiones que se desarrollaron en las jornadas sobre el Estatuto de Autonomía de Canarias en 2020, y señala que la misma será un instrumento de apoyo, útil y eficaz, “que ayudará a mejorar el funcionamiento y los resultados de nuestras instituciones públicas”. Al mismo tiempo, apunta, supone una “puesta en valor del conocimiento experto que reside en el cuerpo de las y los profesionales de la administración pública canaria”.

El documento podrá ser adquirido, próximamente y de forma gratuita, mediante su descarga en versión electrónica en la URL: https://tienda.wolterskluwer.es/p/estatuto-de-autonomia-de-canarias-ante-el-reto-de-su-desarrollo.

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Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

Gobierno y ULL compartirán listas de reserva para nombrar personal funcionario interino

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el centro de estudios universitarios suscriben un convenio que persigue también mejorar las políticas de recursos humanos

Gracias a este acuerdo se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios por cualquiera de las administraciones firmantes

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa María Aguilar, han suscrito un convenio de cooperación, que estará vigente cuatro años, cuyos objetivos son mejorar las políticas de recursos humanos y el uso compartido de las listas de reserva constituidas por ambas administraciones para el nombramiento de personal funcionario interino.

Estas listas de reserva, conformadas por personas aspirantes a un posible nombramiento como personal funcionario interino, son un instrumento del que se han dotado las administraciones públicas con el fin de, dentro de las limitaciones legalmente establecidas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y su propio funcionamiento interno.

Según ha explicado Julio Pérez, a través de esta vía, por un lado, se garantiza el acceso al empleo público, de forma temporal, respetando los principios constitucionales de igualdad, publicidad y libre concurrencia, así como de mérito y capacidad, y, por otra parte, se permite una gestión ágil y eficiente para la provisión, con carácter urgente, de puestos de trabajo ante situaciones de necesidad de prestación de servicios.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha indicado que este tipo de convenios se han suscrito ya con otras administraciones y se aplica siempre y cuando una de ellas no dispusiese de lista de reserva propia para un determinado cuerpo y escala funcionarial, estuviesen agotadas o no hubiese persona aspirante en situación disponible. De este modo, gracias al acuerdo, se garantiza la cobertura de aquellas urgentes e inaplazables necesidades de prestación de servicios.

En cuanto a la mejora de la gestión de las políticas de recursos humanos, la rectora de la ULL ha apuntado que ambas instituciones se comprometen a colaborar en ámbitos de interés mutuo y a mejorar y simplificar la gestión de los procedimientos selectivos de personal que lleven a cabo.

Rosa María Aguilar ha manifestado que la ULL pone a disposición de la Dirección General de Función Pública los medios de que dispone, por ejemplo, para la realización de pruebas selectivas para el personal de la Comunidad Autónoma, estudios, análisis y su colaboración para el desarrollo de procesos selectivos mediante sistemas telemáticos o escritorios virtuales para realizar pruebas informáticas.

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El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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Gobierno y abogacía trabajan para actualizar conceptos a retribuir del turno de oficio y agilizar su tramitación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete a constituir un grupo de trabajo con el fin de clarificar criterios y revisar conceptos que hayan podido quedar excluidos

Julio Pérez aboga por fomentar la mediación como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, que ha estado encabezado por su presidente, Juan Antonio Rodríguez, con el objetivo de abordar distintos aspectos relacionados con el turno de oficio y sus actuales criterios de remuneración, que en 2021 supuso más de 22 millones de euros y la aprobación de un crédito suplementario.

Durante el encuentro, en el que también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleytner, el presidente de la Comisión del Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Jonay Ríos, así como Dulce García, Ignacio Herrero y José Manuel Mentado, en representación de los colegios de abogados de La Palma, Lanzarote y Las Palmas, respectivamente, Julio Pérez se ha comprometió a crear un grupo de trabajo entre la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Consejo para, entre otros, clarificar y consensuar los criterios interpretativos vigentes, a la hora de remunerar la asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores, y revisar las instrucciones en relación con el turno especial de extranjería y los servicios adicionales por incompatibilidad.

En ambos casos, según ha explicado Mónica Ceballos, se trata de establecer criterios invariables y mejorar los trámites y el procedimiento de justificación o liquidación de las subvenciones entregadas a los colegios y que tienen como fin remunerar a los abogados y abogadas los servicios de asistencia gratuita. El compromiso del titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad incluye también el estudio, por parte del grupo de trabajo, de una posible modificación de la orden del 17 de mayo de 2019, para retribuir aquellos conceptos excluidos en la actualidad, como puede ser la intervención de los letrados y las letradas en procedimientos de instrucción que se archivan por sobreseimiento, en un momento posterior a la guardia, gracias a la eficaz intervención de estos.

Julio Pérez ha mostrado igualmente al Consejo su disposición a analizar si es necesario constituir un turno especial de atención a menores víctimas de delitos, de acuerdo con las últimas novedades legislativas que garantizan la defensa de estos menores e instan a los colegios a dar formación a sus miembros.

A lo largo de la reunión, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha apostado por fomentar la mediación como vía para reducir la alta tasa de litigiosidad que hay en Canarias, que sitúa a las islas a la cabeza del país.

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Autorizados 2,3 millones para el Colegio de Abogados de Las Palmas por la asistencia jurídica gratuita

Los importes certificados, correspondientes al cuarto trimestre de 2021, incluyen los gastos del Turno Especial de Extranjería, que se han duplicado con respecto al anterior trimestre

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 3 de marzo, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas. Esta subvención tiene como objetivo abonar las actuaciones de profesionales del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita correspondientes al cuarto trimestre de 2021, por un importe de 2.340.894,45 euros.

El incremento en el número de asuntos del turno de oficio y el consiguiente aumento del importe de dicho servicio, así como el alza del Turno Especial de Extranjería, han repercutido significativamente en los importes facturados por el Colegio de Abogados de Las Palmas en el cuarto trimestre de 2021 y en la correspondiente solicitud de subvención.

Estos factores han hecho que se supere la cantidad de dos millones de euros, lo que hace preceptivo contar con la autorización del Gobierno de Canarias para continuar con la tramitación de la subvención, según dispone la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2022.

El total de la cuantía certificada está marcada por el número de asuntos del turno de oficio, que ascendió a 6.740, la segunda cifra más elevada en el año 2021, y el importe acreditado en dicho servicio, que fue de 1.245.973,34 euros, mientras que en el trimestre anterior alcanzó los 961.276,20 euros.

El cómputo del importe correspondiente al cuarto trimestre de 2021 también está marcado por el incremento, con respecto al trimestre anterior, de las cifras que se alcanzan en el Turno Especial de Extranjería para la atención adecuada y digna a las 6.672 personas migrantes que llegaron a las costas del Archipiélago, hasta alcanzar los 314.310,11 euros, casi el doble que en el tercer trimestre de 2021 (159.824,52 euros) y la cuantía más alta del conjunto del año.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, adscrita a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, aprobó en octubre de 2020 una resolución en relación con el Turno Especial de Extranjería, reduciendo el número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno con el objetivo de prestar una asistencia jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

El resto de los servicios efectuados objeto de la subvención están relacionados con el servicio de guardia (326.667 euros), guardia de enjuiciamiento rápido (260.544 euros), guardia de Violencia de Genero (193.200 euros) y servicios adicionales por incompatibilidad (200 euros).