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El consejero Julio Pérez recibe al presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado

Julio Pérez recibe a Juan Luis Lorenzo Bragado

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibió hoy al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, con quien mantuvo un encuentro institucional en el que ambos hicieron un repaso general a los asuntos comunes. Además, la reunión sirvió también para darle un impulso a la necesaria colaboración entre ambas instituciones.

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El Portal de Transparencia publica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración Pública canaria

La información, también disponible en el Portal de Datos Abiertos de Canarias, está en formatos PDF y reutilizables

La Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha hecho pública, en los portales de Transparencia y Datos Abiertos de Canarias, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración Pública de las Islas. Además, la información divulgada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias se federa automáticamente con datos.gob.es, por lo que está, a su vez, publicado en el portal de datos abiertos nacional.

Se trata de la primera vez que el Ejecutivo autonómico publica las RPT en formato editable, además de PDF. En concreto, la Dirección General de la Función Pública aporta la información de los 11 departamentos del Ejecutivo autonómico, así como de sus organismos autónomos. También está disponible información de las entidades públicas y las entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias.

La directora general de la Función Pública, Laura Martín, explica que esta publicación está en la línea de dotar de la mayor transparencia toda la actividad que está realizando su centro directivo, poniendo el eje de atención en los trabajadores y trabajadoras públicos y la ciudadanía en general.

Entre la información hecha pública, se muestra las funciones del puesto, a qué departamento, organismo autónomo y centro directivo pertenece, la unidad orgánica, el código de reglamento o la escala del mismo.

No obstante, en las RPT no figura la identidad del personal que ocupa los puestos al estar pendiente la definición y cumplimentación de las medidas de seguridad necesarias para garantizar la protección de los datos personales, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Se puede acceder a estas listas de las RPT en los siguientes enlaces:

https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/empleadospublicos/rpt/

https://datos.canarias.es/catalogos/general/dataset/relaciones-de-puestos-de-trabajo-de-la-comunidad-autonoma-de-canarias

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El fax desaparece en la Administración Pública Canaria, que usará el correo electrónico

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hará innecesarios más de 1.500 terminales de fax y sus líneas telefónicas, que cuestan 12 euros al mes cada uno

Los nuevos faxes se podrán enviar desde el correo electrónico, sin papel ni impresoras

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de faxes a través del correo electrónico, lo que se conoce como FAXoIP —de las siglas en inglés Fax over IP—, lo que permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, por lo que se suprime así el fax en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El consejero Julio Pérez señala que con esta medida “no solo ahorramos dinero de los contribuyentes, sino que además ganamos comodidad de los empleados públicos y eficacia y calidad de las comunicaciones entre sí y con los ciudadanos”.

Como explica el director general de la DGTNT, Víctor Melián, en la actualidad la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados 1.516 terminales y números de faxes, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Con el FAXoIP, la plantilla de la Administración autonómica tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar, al no ser necesario estar físicamente frente al terminal.

También se gana inmediatez al acceso y reducción de la necesidad de disponer de equipos en diferentes ubicaciones físicas, y se eliminan errores comúnmente asociados con los procesos manuales, aparte de que la persona que realiza el envío tendrá una recepción de notificación que le indica si el fax ha sido enviado correctamente.

Además, se establece el seguimiento y auditoría centralizada de todos los faxes emitidos y recibidos, así como evitar tener que escanear o imprimir el archivo enviado ya que los documentos se adjuntan en formato PDF.

Así mismo, el fax virtual supone un ahorro energético al no necesitar tener un terminal permanentemente conectado a la red eléctrica, pero también económico al no necesitar papel, consumibles ni mantenimiento de los aparatos.

En estos momentos, tras comenzar con una prueba piloto con los terminales de la propia Dirección General, se han migrado ya 287 números a FAXoIP, lo que corresponde al 19% del total, y se han dado de baja 80 números que no se estaban utilizando o que ya no son necesarios porque se ha simplificado el número de faxes por órganos administrativos. Melián resalta que se han priorizado los faxes de la Administración de Justicia, que disponía de 351, de los que 253 ya están usándose asociados a correos electrónicos y tres se han dado de baja.

Se estima que en dos meses se haya migrado la práctica totalidad de los terminales de los departamentos de la Administración, a excepción de los correspondientes al Servicio Canario de Salud, donde todavía no se ha comenzado esta implantación debido al exceso de trabajo que sufren los centros adscritos por la COVID-19.

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Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

Julio Pérez destaca la unanimidad y concordia habidas en la Conferencia Sectorial de Memoria Histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participó hoy telemáticamente en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática

Señala que la unanimidad y armonía que se manifestaron en la Conferencia son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, participó hoy vía telemática en la constitución de la I Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, integrada por el Gobierno de España y las Comunidades y Ciudades Autónomas,  valoró la unanimidad lograda en la sesión de constitución y posterior reunión y dijo que la concordia y la armonía que se manifestaron son especialmente valiosas, por la dificultad y la delicadeza de la materia.

La Conferencia Sectorial de Memoria Democrática se ha constituido y ha tenido su primera reunión presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para que esta informara sobre las actuaciones del Gobierno de España en la materia y para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que las comunidades autónomas han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

“La ciudadanía y la opinión pública -dijo el consejero- apreciarán especialmente que una materia como esta, que calificó de ‘delicada’ y ‘difícil’, se produzcan acuerdos unánimes”, como el que se adoptó para el reparto de fondos estatales en función de los proyectos de cada Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, el consejero expresó la importancia de que, tal como fue anunciado por la vicepresidenta Calvo, se continúe el proceso de elaboración de normas estatales, pues muchas de las normas autonómicas canarias se refieren o remiten, en materias especialmente complejas, a la coordinación con la legislación estatal.

En el mismo sentido de impulsar la legislación estatal se manifestaron otros intervinientes, refiriéndose, por ejemplo, al impulso de bancos de ADN y a actuaciones de investigación sobre los llamados ‘niños robados’, cuya regulación estatal influye obligadamente en la actuación de Canarias.

Distribución de fondos

Tras la constitución de la primera conferencia sectorial de Memoria Democrática se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, fondos que están relacionados exclusivamente con las actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista. Así, Canarias recibirá 71.707,65 de euros para la intervención en un total de seis fosas.

La primera reunión estuvo presidida por la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, para aprobar la distribución de fondos para financiar los distintos proyectos de investigación y de actuación que los distritos territorios han puesto en marcha o tienen en fase de confección y preparación.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprobó recientemente, como prioritarias, actuaciones en tres islas: en Gran Canaria, en la Sima de Jinámar, en el término municipal de Telde, y Pozo del Puente del Barranco de Arucas y Pozo de la Vuelta del Francés en el término municipal de Arucas, puntos en los que actualmente existen trabajos en ejecución.

En Tenerife se han fijado estudios de localización y, en su caso, de intervención en el Cementerio de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna. Por su parte, en La Palma se han establecido análisis con georradar y, en su caso, intervención sobre el resto de las fosas que se encuentran en el Pinar de Fuencaliente.

Fosas documentadas

En Canarias se hallan documentadas o referenciadas un total de 21 fosas distribuidas en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y La Gomera, en algunas de las cuales ya se han realizado intervenciones entre los años 2000-2020 y en otras están previstas actuaciones en los próximos cuatro años.

En el Archipiélago hay documentadas al menos 471 personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista, de las que 337 se corresponderían con vecinos y vecinas de Gran Canaria; 49 de Tenerife, 74 de La Palma y 17 de la isla de La Gomera. Además, hay otras 122 personas que fueron fusiladas y cuya identidad y lugar de entierro se encuentra documentado; 59 personas en Gran Canaria y 63 en Tenerife.

Los fondos estatales, por ahora, se dedicarán únicamente a los lugares en los que la intervención técnica es posible, por lo que no se incluyen los lugares relacionados que se encuentran como tal, principalmente fosas marinas.

 

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Cuatro nuevos pronunciamientos judiciales ratifican las medidas del Gobierno de Canarias contra la COVID-19

Interior de la sede de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias

Julio Pérez: “Que los tribunales revisen nuestros actos es una garantía de los ciudadanos y una oportunidad para corregir lo que sea preciso, si lo hubiera”

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechaza los argumentos esgrimidos por tres particulares contra el uso obligatorio de las mascarillas o el derecho de reunión, entre otros

Un auto estima el archivo de un recurso contencioso-administrativo de una asociación de consumidores de otra comunidad autónoma por no existir un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación no guardan relación con el procedimiento

Cuatro pronunciamientos judiciales vuelven a ratificar las medidas tomadas por el Gobierno de Canarias para controlar la pandemia de la COVID-19, que se suman a los autos y sentencias previas pronunciadas en este mismo sentido en los meses pasados. En esta ocasión, se trata de tres sentencias y un auto —este último ya firme— del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que derivan de la defensa llevada a cabo por los Servicios Jurídicos del Ejecutivo autonómico, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, sobre las decisiones adoptadas en las sesiones extraordinarias celebradas los días 13, 20 y 27 de agosto de 2020.

El consejero estima que “la revisión de nuestros actos por los tribunales es una garantía de los ciudadanos, y una oportunidad para rectificar lo que podamos haber hecho incorrectamente.”

“Es una satisfacción, sin duda, que hasta ahora hayan sido ratificadas todas las medidas adoptadas, teniendo en cuenta que es una materia jurídicamente delicada, tan delicada y compleja como relevante. Restringir movimientos o actuaciones de los ciudadanos, o limitar actividades sociales y económicas, son actos que deben adoptarse con especial cuidado y respeto a sus derechos, y así lo hemos tratado de hacer en todos los casos, durante un año largo de actuaciones administrativas, intentando proceder de la manera más escrupulosa que sea posible”, añadió Julio Pérez.

“Y si hubiera algo que corregir, procederíamos del mismo modo”, apostilló.

Las tres sentencias, que todavía no son firmes, son todas de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC y condenan a las partes demandantes al pago de las costas, mientras que el auto no se pronuncia al respecto.

En la primera de las sentencias, del pasado mes de enero, el litigante recurría las medidas adoptadas el 27 de agosto de 2020 y defendía que el uso obligatorio de mascarillas en el ámbito laboral y educativo para todo el territorio y toda la población de Canarias suponía un “grave atentado” a los derechos fundamentales. El fallo desestima el recurso resaltando entre sus argumentos que el interés general de protección de la salud pública debe prevalecer frente a las objeciones que se plantean por su uso.

En febrero, el TSJC respaldó las medidas tomadas el 13 de agosto de 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria. En esta ocasión, una ciudadana argumentaba en contra del uso de la mascarilla porque su obligatoriedad guarda “semejanza con algunos conflictos provocados por los intentos de regular (…) cuestiones como el uso del burka o del pañuelo islámico en el espacio público o la práctica del topless en playas o piscinas públicas”. Para la Sala, este argumento “no se sostiene” porque no guarda relación alguna la salvaguarda del derecho a la protección de la propia imagen, que es un derecho individual, con el derecho a la protección de la salud.

Así mismo, esta persona defendía que los acuerdos también vulneraban el artículo 9.3 de la Constitución Española, por el que se garantiza el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto es descartado por el tribunal por el mero hecho de que con la demanda se estaba defendiendo frente a las medidas tomadas por el Gobierno.

También sostenía la contendiente que la imposición de la mascarilla tendría que venir acompañada de explicaciones por las que se obliga al uso de la misma y acompañaba su pretensión con un informe pericial de un doctor en Medicina crítico con tal medida. El TSJC reseña, entre otros argumentos, que la salud de la ciudadanía es un elemento esencial del interés general que deben atender los poderes públicos y que estas medidas adoptadas tienden a la supervivencia de la comunidad dado que los cubrebocas no presentan riesgos particulares para las personas que los llevan, pero su uso es eficaz para reducir el riesgo de contaminación por el virus.

De hecho, apunta que la intervención en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal física y moral mediante el uso de la mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados: la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Por último, el TSJC concluye que no ha existido vulneración del derecho al honor y a la propia imagen dado que esta persona sostenía que era “estigmatizada” por rechazar el uso de las mascarillas. “Ser receptor de crítica por rechazar el uso de mascarillas entra en el ámbito de la polémica sobre una cuestión de suma actualidad sin que pueda calificarse, de entrada, como deshonroso”, apunta la sentencia.

En la tercera sentencia, también del mes de febrero, una denunciante recurría los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias el 20 de agosto de 2020. En esta ocasión, la Sala recalcó que las medidas implantadas por el Ejecutivo, entre las que estaban la reducción de aforo y distancia de seguridad, la prohibición de salida de los residentes de los centros sociosanitarios o la obligación del uso de la mascarilla, se revelaban necesarias y proporcionadas para evitar o minimizar los contagios tanto en espacios públicos como privados.

Archivado el recurso de una asociación de consumidores

A estas tres sentencias hay que añadir un auto de finales de 2020, ya firme y también resuelto por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en el que se estimó la alegación de la Comunidad Autónoma de Canarias de archivar un recurso contencioso-administrativo presentado por una asociación de consumidores contra los acuerdos del 13 de agosto de 2020 por no tener un vínculo entre la asociación y el objeto del proceso y porque los fines de la asociación expuestos en sus Estatutos no guardan relación con el procedimiento, ni consta un conjunto relevante de asociados en Canarias. De hecho, su ámbito territorial se circunscribe a otra comunidad autónoma.

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El ICAP formará al personal público en la gestión de los fondos ‘Next Generation’ y principios de Gobierno Abierto

La formación, que comienza en los próximos días, tiene un presupuesto de 664.105 euros, oferta 11.473 plazas y contempla 267 ediciones, con 5.388 horas lectivas

El Plan de Formación 2021 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, incluye este año actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas del Archipiélago en el conocimientos de los principios de Gobierno Abierto, en la gestión de los Fondos Europeos Next Generation o en competencias digitales, entre otros.

El presente Plan, aprobado por el Consejo de Administración del ICAP —del que forman parte representantes de la Fecam, la Fecai y de los sindicatos de empleados públicos— y por la Comisión de Formación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene un presupuesto de 664.105,00 euros, consta de 267 ediciones y suman un total de 5.388 horas lectivas y 11.473 plazas. Debido a la situación sanitaria actual, la mayoría de las actividades formativas se impartirán en la modalidad on-line y semipresencial en línea, siendo presenciales aquellas que sean indispensables.

Como explica Julio Pérez, el objetivo principal del Plan es ofrecer la formación necesaria que permita mejorar las competencias profesionales del colectivo de empleadas y empleados públicos para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas de la sociedad hacia la administración pública, dando respuesta también a sus expectativas de mejora en su desarrollo profesional, habilidades, promoción y satisfacción laboral.

Por su parte, la directora del ICAP, Eva de Anta, resalta que el Plan intenta recoger una oferta formativa amplia y especializada para el personal empleado público de forma que los conocimientos adquiridos puedan transferirse de manera eficaz en el desempeño del puesto de trabajo.

Los cursos, que tienen lugar entre abril y diciembre de 2021, están dirigidos al personal de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, así como al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en el Archipiélago. Del total de las plazas, 10.893 corresponden a personal de la Comunidad Autónoma y las 580 restantes son para el resto de administraciones.

Para este año se ha optado como objetivos específicos la oferta de actividades que recojan novedades legislativas y materias de actualidad, en especial con la gestión de los Fondos Europeos Next Generation para lo que se ha coordinado el trabajo con la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

También se impulsa la difusión y formación en Gobierno Abierto y sus principios de participación ciudadana, transparencia, apertura de datos y rendición de cuentas, en esta ocasión con un trabajo coordinado con la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana; y se fomentan las políticas de igualdad como son la formación en técnicas adecuadas para un trato adecuado e inclusivos a ciudadanía con discapacidad, o la atención teniendo en cuenta la diversidad de identidades y orientaciones sexuales.

Además, se ha ampliado la oferta de actividades relacionadas con la prevención de riesgos laborales y el teletrabajo, y se sigue ofreciendo enseñanza en materia de protección de datos personales y contratación administrativa.

Al igual que en la edición de 2020, se continuará, en coordinación con Presidencia del Gobierno, con la formación de la Agenda 2030 y la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con la incorporación transversal del enfoque de género y las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la gestión pública, y con la formación en idiomas y competencias digitales —con la novedad de un curso de gestión de redes sociales en la administración pública—.

Así mismo, este año se ha recuperado el programa Mentor, que consiste en el aprovechamiento de la experiencia, formación y conocimiento de los y las grandes profesionales que están trabajando en al administración. Estos ponen sus conocimientos al servicio de otras personas para que la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria mejore y, de paso, potenciando la cultura colaborativa.

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Canarias recibirá este año 1,5 millones de euros de fondos europeos para proyectos tecnológicos en Justicia

Julio Pérez, mientras participa en la Conferencia Sectorial de Justicia del 18 de marzo de 2021

Las líneas de actuación de esta partida serán la deslocalización de los puestos de trabajo, la inmediación digital, la atención a la ciudadanía y la ciberseguridad

Canarias recibirá este año 1.462.509 euros del Fondo de Recuperación Europeo Next Generation para la implantación de reformas estructurales en la administración de Justicia en las Islas. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, destinará dicha partida a proyectos tecnológicos como la deslocalización del puesto de trabajo y la mejora de los sistemas de grabación y salas de vistas. Se trata de la parte acordada para 2021, a la que seguirán otras en los próximos años.

El reparto de dichos fondos se acordó este jueves en la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y de la que forma parte el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. En la reunión participaron de manera telemática el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

La Conferencia Sectorial acordó que estos fondos actúen en cuatro líneas. La primera de ellas es la inmediación digital y tiene como objetivo ampliar la posibilidad de realizar actuaciones judiciales telemáticas, en especial juicios, con plena seguridad jurídica. Se busca con ello que, para el año 2022, entre un 30 y un 50% de los órganos jurisdiccionales puedan realizar  sus actuaciones online.

La línea de puesto de trabajo deslocalizado busca ampliar el concepto tradicional de teletrabajo a una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el desempeño del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, reuniendo las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, la línea de atención ciudadana y cita previa habilitará un nuevo canal de atención a la ciudadanía y profesionales, que permita prestarla de manera ordenada mediante sitios web corporativos de cita previa, para la selección del día y turno para la prestación del Servicio Público de Justicia, canal conectará con los restantes de atención ciudadana basados en la inmediación digital.

Por último, está la línea de ciberseguridad, con la que se pretende establecer un servicio de seguridad gestionado destinado a proporcionar protección a las Administraciones y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, buscando sinergias con otros organismos europeos en esta materia.

Así mismo, la Conferencia Sectorial también ha aprobado por unanimidad un protocolo de teletrabajo que elaboraron los integrantes de la Comisión y que se constituyó en grupo de trabajo, entre los cuales estaba Canarias.

El protocolo permitirá la regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y su fin es la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Como explica la viceconsejera de Justicia, la necesidad de regular estos parámetros se ha puesto “muy de manifiesto” con la actual crisis sanitaria y para su implantación será necesaria, previamente, pasar por negociación sindical.

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Entra en funcionamiento la Sede Electrónica Única, que optimiza la relación de la ciudadanía con la Administración

Centraliza en un único punto toda la gestión de los distintos departamentos del Gobierno y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo, para simplificar, identificar y facilitar el acceso a las actuaciones administrativas

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron el pasado sábado 13 de marzo para evitar las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los procedimientos en marcha

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Direcciones Generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, ha puesto en funcionamiento este fin de semana la Sede Electrónica Única, en la que se puede consultar la información sobre los procedimientos y servicios que se tramitan en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y acceder a su tramitación electrónica. Este único buzón, que optimiza la relación con la Administración y hace este servicio más eficaz y eficiente, permite a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desee acceder y facilita el trabajo del personal público.

En la Sede Electrónica Única están integrados todos los departamentos del Gobierno de Canarias y sus organismos públicos, salvo la Agencia Tributaria Canaria y el Servicio Canario de Empleo.

La Consejería que dirige Julio Pérez cumple así con el acuerdo del Ejecutivo canario del pasado mes de diciembre de modificación del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

La implantación de la Sede Única ha supuesto cumplir una meta en el camino hacia la simplificación y facilidad de acceso de la ciudadanía a la Administración, más en la situación actual donde el acceso por vía telemática se hace tan necesario, señala la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, quien indica que se ha modificado la apariencia de la sede, que es más intuitiva y organizada.

Relación con la ciudadanía

Con la Sede electrónica, manifiesta, no solo se cumple con las exigencias de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que permitirá que el camino que deba recorrer el ciudadano sea más directo y accesible, sino que también se mejora la relación electrónica del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, permitiendo la interconexión con el punto único de notificaciones y el registro electrónico de apoderamientos y otras futuras mejoras que redundarán en un servicio más eficaz, eficiente y sostenible, al reducir los actuales costes de mantenimiento y la complejidad de las adaptaciones ante eventuales cambios técnicos, organizativos y normativos.

Los trabajos para la implantación de la Sede única, financiados con fondos del Programa Operativo FEDER (2014-20), se desarrollaron en un solo día, el pasado sábado 13 de marzo, para evitar en el máximo posible las molestias a la ciudadanía y para no interrumpir el servicio un día hábil, dando más seguridad jurídica a los importantes procedimientos en marcha, aunque supusiera un importante esfuerzo de la Administración. No obstante, el trabajo de coordinación de todo el Gobierno para hacerlo posible ha llevado varios meses.

El director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, explica que el proceso, desde su vertiente logística, se ha desarrollado en 24 horas para acotar inconvenientes a procedimientos tan relevantes como los de ayudas a las PYMES y personas autónomas o los de matrícula de alumnado de educación infantil, primaria y secundaria. Cumplir estos objetivos fijados, remarca, supuso involucrar el día 13 a más de 20 personas que, en muchos casos, han trabajado 10 horas de forma continuada y con disponibilidad las 24 horas.

Asimismo, destaca que dichas tareas no se hubiesen podido llevar a buen puerto sin el trabajo previo de aún más personas y de muchas más horas para preparar los distintos escenarios, hacer pruebas previas y definir los protocolos para enfrentar las incidencias.

Implantación

La implantación de la Sede Única de Gobierno de Canarias ha conllevado un trabajo de estandarización de la gestión de solicitudes, consulta de expedientes o requerimientos que facilitará tanto su uso como también su mantenimiento y la implementación de nuevas funcionalidades a la misma. Para ello se han abordado diferentes tareas, tanto desde los servicios centrales como departamentales, que dotan de mayor versatilidad a la tramitación electrónica pasando el foco de los departamentos a los procedimientos, dando a estos un papel más relevante y, por tanto, centrándose en ‘lo que se quiere hacer’.

En las tareas desarrolladas se han visto involucradas las principales plataformas horizontales de Gobierno (Sede, Platino, Hiperreg, Platea, …), múltiples gestores departamentales (Mayte, Sinergia, Gporta, FAP, SEFLOGIC, …), así como la gestión de varios recursos informáticos y de comunicación del Gobierno. Asimismo, con esta migración se ha pasado de 14 ‘sedes tipo’ a sólo tres (Sede Única, Sede Servicio Canario de Empleo y Sede de la Agencia Tributaria Canaria).

Melián cita algunas tramitaciones presentadas de los procedimientos en curso desde el sábado 13 de marzo al lunes 15 de marzo (hasta las 14:00 horas) como las subvenciones destinadas al mantenimiento de la actividad de pequeñas y medianas empresas, con un total de 317, o la admisión de alumnado de centros públicos y privados concertados de educación infantil, primaria y secundaria, con un total de 129 tramitaciones presentadas.

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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

RP presentación estudio ULL impacto de género crisis Covid-19

La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19

Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los litigios derivados de la crisis de la COVID-19.

La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.

Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.

El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales (mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas tres nuevas unidades judiciales.

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