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Sanidad solicita formalmente al Ministerio el paso a fase 2 de todo el Archipiélago

Julio Pérez

Las islas que pasarían de fase el lunes 25 son: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha presentado esta tarde la documentación inicial requerida por el Ministerio de Sanidad para que las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma pasen el próximo lunes a fase 2 de la desescalada de la Transición a la Nueva Normalidad. De esta forma, si se acepta la petición por parte del Ministerio, toda la Comunidad Autónoma se encontraría el próximo lunes 25 en esta fase, después de que en el día de hoy lo hicieran La Graciosa, La Gomera y El Hierro.

La documentación se presentó esta tarde justo antes de la reunión del Consejo Interterritorial de Salud donde también se informó al ministro Salvador Illa de la intención de Canarias de que todo su territorio esté en fase 2. En esta reunión se trataron otros asuntos como las nuevas órdenes que el Ministerio sacará en breve con respecto al uso de mascarillas o el nuevo horario de notificación e información de los datos.

Con respecto al pase de fases, el Ministerio solicita que Canarias, al igual que el resto de comunidades, demuestre una capacidad de control y de prevención de picos de la pandemia de COVID-19. Por ello, la documentación presentada desde Canarias incide en los datos epidemiológicos que se tienen en este momento; los datos de capacidad de atención en cuanto a camas de agudos, UCIs, stock de material y capacidad sanitaria en general.

Con respecto a los datos epidemiológicos, en las últimas semanas se han detectado una media de una treintena de casos a la semanma, dándose días con cero casos. Además, en estos momentos se mantienen unas 15 personas en las UCIs de las islas y los fallecimientos se han ido estabilizando.

Detección precoz

Uno de los puntos que se miden en esta fase es la capacidad de detección precoz de los casos. En este sentido, los informes han explicado la capacidad del sistema de rastreo de casos que lleva funcionando desde el inicio de la pandemia en todas las islas y que ahora se ha reforzado y adaptado a cada circunstancia con Atención Primaria como puerta de entrada principal. La Dirección General de Salud Pública ha explicado el sistema de detección y rastreo de nuevos casos en estas islas y, además, ha añadido los resultados de los cribados que se han realizado en colectivos vulnerables como los mayores o con más cercanía al virus como los trabajadores sanitarios y sociosanitarios.

El Ministerio exige capacidad sanitaria en caso de un repunte del brote de la pandemia. En este sentido, el uso de las camas de agudos y de UCIs por casos COVID sigue muy bajo y eso permite el inicio de la actividad normalizada tanto en hospitales como en centros de salud. Además, el Ministerio valora la capacidad de realización de test diagnósticos. Algo que Canarias ha ido incrementando hasta llegar a las 2.000-3.000 PCR diarias actuales. Esta capacidad se verá incrementada en breve por la llegada de los robots de la marca Grifols que se establecerán en las islas no capitalinas.

Por todo ello, Canarias cree que cumple los requisitos y que tiene las capacidades para que todo su territorio entre en fase 2, algo que decidirá el próximo viernes el Ministerio de Sanidad.

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La Consejería afronta la crisis del Covid con una respuesta tecnológica que moderniza la Administración Pública

Julio Pérez, durante la comparecencia ante la Diputación Permanente el 5 de mayo de 2020

En lo que va de crisis, esta consejería ha emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que ha distribuido 13.000 (cerca de 8.000 personas están conectadas de forma asidua); ha adquirido más de 400 ordenadores portátiles para extender el teletrabajo; ha implantado una app para el fichaje remoto; ha multiplicado por cinco la capacidad de videoconferencias, ha desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para trabajo a distancia; ha ampliado un 25% la plataforma de correos electrónicos, ha creado un chatbot para responder las dudas de la ciudadanía en materia de Justicia, y ha mejorado la sede electrónica con la introducción del sistema aCl@ve Pin

El 012 ha gestionado más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general, y ha recibido en una semana más de 32.000 llamadas sobre el Ingreso Canario de Emergencia, del cual se ha tramitado por esta vía unas 5.000 solicitudes. Además, se ha pasado de gestionar menos de un centenar de ERTES a más de 20.000 y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó ayer martes ante la Diputación Permanente del Parlamento las principales actuaciones impulsadas desde este departamento para afrontar la crisis del Covid-19. En buena parte, se trata de una respuesta tecnológica que moderniza la Administración autonómica bajo el paraguas cuatro principios que han orientado la actuación del Departamento: el mantenimiento de los servicios públicos (a pesar del incremento del trabajo a distancia); la extensión del propio teletrabajo; la simplificación de los procedimientos (en algunos casos, con posibilidad de permanencia) y la integración práctica en un único cuerpo de administración y de servicio con otras consejerías, pero muy especialmente con la de Sanidad.

El consejero apuntó que la gestión de la crisis ha servido para producir un avance significativo en los procesos de modernización, de informatización, de teletrabajo, de telepresencia y de relación con la ciudadanía. Admitió que queda mucho camino por recorrer pero, en cualquier caso, insistió, lo hemos iniciado a mucha más velocidad de la que llevábamos.

Personal público

Pérez también remarcó la adaptación continua de la Dirección General de Función Pública y sus actuaciones a las sucesivas y variadas exigencias de la prestación del servicio debido a la crisis del Covid, y enfatizó la prioridad dada a la protección de la salud del personal público. Es importante prestar el servicio, pero también lo hacerlo sin que nuestros trabajadores sufran, afirmó.

En este sentido, apuntó que, hasta la fecha, se han producido 47 incidentes entre los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de los que siete han resultado casos positivos del Covid. Los restantes se descartaron o se sometieron a controles de aislamiento. En el primer periodo de alarma, añadió Pérez, se dispensaron 5.000 permisos retribuidos para la aplicación real de las normas que facilitaban la ausencia de los trabajadores.

Tecnología y modernización

Además, resaltó la respuesta tecnológica dada a la crisis desde este departamento ante la demanda de teletrabajo. Se han emitido 30.000 certificados para la conexión del personal de los que se distribuyeron unos 13.000, lo que permite a unas 8.000 personas conectarse de forma asidua.

Se ha implantado una app para el fichaje remoto para el control horario -el denominado SICHO-; se han adquirido 400 ordenadores portátiles por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, más otros equipos que otras consejerías y servicios han adquirido; se ha generalizado el sistema de videoconferencia tras multiplicarse por cinco su capacidad, y destacó el aumento en 600 del sistema de escritorios virtuales, lo que permite que haya estaciones de trabajo adicionales -del Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otros-.

Asimismo, señaló que se han desplegado más de 1.000 extensiones telefónicas para teletrabajo; se ha ampliado un 25% la plataforma de correo electrónico, se han aumentado en 10.000 las licencias de correo electrónico, y todo este esfuerzo se ha complementado con un proceso de extensión del conocimiento y de familiarización del personal con los mecanismos informáticos.

Recordó también la puesta en marcha de un chatbot -un sistema de respuestas automáticas- en el ámbito de la Justicia, mientras que el ICAP ha adaptado su plan de formación para mantenerlo a distancia. Por otra parte, se ha aumentado la capacidad de la Red de Emergencias, la RESCAN, con ampliaciones para las policías autonómicas y las locales, y una pasarela para la UME, de modo que la conexión con la RESCAN sea más fácil.

En materia de Transparencia, Pérez recordó la creación de un portal específico para el Covid y el establecido de una base con datos del mismo, que se ampliará, previsiblemente, en los próximos días para facilitar más información.

En cuanto a la sede electrónica, se ha mejorado utilizando la introducción del Sistema Cl@ve Pin, el mismo que utiliza la Agencia Tributaria, de modo que basta con el DNI y una llamada telefónica para acceder a los servicios de la Administración Pública. Asimismo, se ha adquirido una nueva herramienta (Insuite) para facilitar el acceso a personas con discapacidades o con pocas competencias digitales.

Atención telefónica

El consejero recordó que los servicios de atención telefónica dependen de esta Consejería, y que los mismos han sido cruciales en la gestión de la crisis. Así, apuntó que se han recibido más de 700.000 llamadas sobre infocoronavirus, cita previa e información general a través del 012.

Destacó que se ha reforzado el servicio de cita médica; se ha implantado un servicio de atención telefónica que no existía hasta ahora para la Dirección de Salud Pública, y se ha ampliado en casi 150 canales la capacidad telefónica de los hospitales para que no se produzcan colapsos.

Mediante un convenio especial en el que ha sido pionera la Comunidad Autónoma de Canarias (junto con otras pocas), se ha incorporado una app que permite un sistema de autoevaluación y de gestión parecida a la telefónica en los casos sospechosos de contagio del Covid-19. Y junto con el Servicio de Salud y la Dirección de Programas Asistenciales, se ha establecido un sistema único de reporte de datos de los laboratorios y una plataforma permanente de datos epidemiológicos.

ERTES y el ICE

En materia de ERTES, remarcó que se ha pasado de gestionar menos de un centenar a más de 20.000, mientras que del Ingreso Canario de Emergencia ICE se recibió durante la primera semana a través del 012 casi 32.000 llamadas telefónicas, que ha dado lugar a la gestión de unas 5.000 solicitudes por esta misma vía.

En materia de Justicia, el consejero destacó el mantenimiento de los servicios y la garantía de la seguridad del personal y la propia ciudadanía, además de mantenerse la normalidad en los pagos a proveedores.

Por su parte, la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos ha acelerado el proceso de informatización, de manera que este centro ha funcionado casi en modo presencial a pesar de que la mayor parte de su personal ha podido trabajar a distancia.

Además, señaló que ahora la Consejería tramita una solicitud del Parlamento para incorporarse más estrechamente al llamado SICAC, el Sistema de Información de la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá mejorar el servicio de Relaciones con el Parlamento, y el propio funcionamiento del Parlamento.

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El Parlamento convalida por unanimidad los decretos leyes del Gobierno canario sobre juegos y de medidas urgentes

El Parlamento convalida los decretos leyes del Gobierno sobre juegos y de medidas urgentes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, defendió ante la Diputación Permanente la conveniencia y necesidad de ambas normas, y la Cámara regional acordó, también de forma unánime, la tramitación de ambas como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia

La Diputación Permanente ha aprobado esta semana por unanimidad la convalidación de los decretos leyes de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, así como el de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativo para afrontar la crisis provocada por el Covid-19.

En ambos casos acordó, también por unanimidad, iniciar su tramitación en la Cámara regional como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, cuestiones ambas que solicitó y defendió en sendas intervenciones el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez.

En relación al primero, sobre la suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juego y apuestas, Pérez explicó que el mismo modifica el ordenamiento jurídico canario con el rango de ley en materia de juegos y apuestas.

El texto convalidado sustituye, y al mismo tiempo deroga y complementa, otro anterior que el Parlamento no llegó a someter al trámite de convalidación. Pérez agradeció la atención tanto del Parlamento como del Consejo Consultivo de Canarias el hecho de la sustitución de un decreto por otro, situación que calificó de no habitual.

El decreto convalidado resuelve la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2021, como máximo, del sistema por el que se venían obteniendo las autorizaciones para salones recreativos y locales de apuestas, a diferencia del anterior, que no contemplaba plazo alguno. Desde diciembre de 2018 y hasta ahora, señaló el consejero, ha bastado una simple comunicación previa del solicitante para conseguir las mismas. El decreto contempla, asimismo, que la suspensión también abarque los llamados ‘corners’ (espacios situados dentro de casinos y bingos para desarrollar actividades de juego).

Pérez también remarcó que el decreto ley convalidado, a diferencia del anterior, modifica la composición de la Comisión de Juegos y Apuestas de Canarias, en la que ahora se integrarán las asociaciones formadas, en muchos casos, por madres, padres y personas conscientes de la lucha contra la adicción al juego, además de permitir su funcionamiento en modo telemático.

Pérez indicó que el decreto ley se justifica por el mandato parlamentario que deriva de una PNL aprobada por unanimidad en diciembre del año pasado por la que se encomendaba al Gobierno de Canarias llevar a cabo una reordenación de la actividad social y empresarial del juego, y al mismo tiempo, solicitaba una restricción del número de licencias en esta materia.

El Gobierno de Canarias, enfatizó el consejero, asume el mandato parlamentario como tal y coincide, además, con una sensación generalizada de que se ha producido un exceso de la actividad de juego y que algunos aspectos de la regulación actual deben corregirse.

Explicó que, si bien en otro momento pudo haber una situación que justificara el sistema denominado de ‘autoautorización’, en la actualidad ya no resulta conveniente porque el Ejecutivo autonómico ha detectado durante 2019 un incremento considerable de las autorizaciones y porque, de no controlarse ahora el crecimiento de la oferta del juego, será muy difícil llevar a cabo una nueva contención del mismo más adelante.

Medidas extraordinarias para el empleo

En relación al otro decreto, Pérez apuntó que contiene un bloque de medidas destinadas a sostener el empleo y, de forma específica, para prestar ayuda a los autónomos, un tipo de emprendedor que constituye el 44,4% del tejido empresarial de las Islas y al que el Gobierno de Canarias considera que debe prestar especial atención.

El decreto ley establece una línea de ayuda complementaria a la establecida por el Estado del 70% de la base reguladora cuando los autónomos hayan cesado en su actividad. Así, el Gobierno de Canarias ayudará con un 30% complementario, para lo que cuenta con una dotación presupuestaria de 11 millones de euros, si bien es verdad que todas las partidas relativas a las actuaciones Covid-19 son ampliables.

El consejero recordó que el BOC del lunes de esta semana, 27 de abril, publicó las bases que rigen la convocatoria de estas subvenciones, que a continuación se divulgarán en el Sistema Nacional de Subvenciones, tras lo cual se publicará la resolución que abre el plazo de presentación de solicitudes, que debería comenzar entre el 4 y 5 de mayo. Al ser complementaria, quien la solicite deberá acreditar que ha obtenido la ayuda del Estado.

Medidas fiscales y presupuestarias

El decreto también incluye medidas de carácter fiscal y presupuestario, explicó Pérez, como la mejora de la cobertura de los gastos Covid-19 mediante un sistema de aplicación presupuestaria flexible y rápido, así como la agilización del procedimiento de contratación administrativa y el fomento de la liquidez de la Administración Pública y de sus contratistas.

Entre otras medidas, indicó Pérez, se tramitarán por vía de emergencia las modificaciones de contratos ya suscritos, se suspende todo trámite que no sea esencial en la contratación, se simplifica la concesión de subvenciones directas, se autorizan los entregas anticipadas para los pagos  extrapresupuestarios, se mejoran las líneas de subvención directamente aplicables a la crisis del Covid-19, se permite habilitar créditos para dar cobertura a los gastos del Covid-19, se consideran ampliables todos los créditos destinados a atender los gastos necesarios para la gestión de esta crisis y se autoriza el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Medidas para el personal

Estas medidas se complementan con otras en materia de personal, que tienen por objeto facilitar la ejecución de las actuaciones relativas al Covid-19. Durante la crisis, explicó el consejero, todas las consejerías han tendido que llevar actuaciones relacionadas con dicha crisis y, para simplificar su ejecución, la Administración autonómica se ha reorganizado.

Entre otras acciones adoptadas a tal fin, destacó Pérez, se simplifica la gestión del personal y se somete a la dirección de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad determinadas áreas como las telecomunicaciones y la gestión de Función Pública para que se aplique el principio de mando único. También se facilita la movilidad del personal, de forma voluntaria y, a veces forzoso, para llevar el que se necesite a las áreas donde es más necesario como Servicios Sociales o Empleo.

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Pérez repasa con el ministro y los consejeros de Justicia las medidas para la reanudación de la actividad judicial

Julio Pérez y Marta Bonnet durante la Comisión de Coordinación de Justicia

Se pretende impulsar la celebración de actuaciones judiciales de forma telemática, salvo en los casos penales en que se exija legalmente la actuación presencial

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió hoy de forma telemática con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la Comisión de Coordinación de Justicia que convoca y preside el ministro, junto con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de Justicia. El objetivo fue repasar las líneas maestras del decreto ley que presentará el Ministerio a fin de adoptar las medidas urgentes que permitan atender la situación creada por el Covid-19.

En el encuentro también participaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, la fiscal Esmeralda Rasillo en representación de la Fiscalía General del Estado, y tres representantes del Consejo General del Poder Judicial.

Campo explicó a los consejeros que se trata de medidas excepcionales cuya vigencia se mantendrá mientras subsistía el estado de alarma, y durante los tres meses posteriores. Son medidas generales de agilización procesal tales como la habilitación de parte del mes de agosto para realizar actuaciones procesales, medidas específicas en materia concursal y de procedimiento social.

También incluirán actuaciones en el ámbito organizativo y tecnológico con el fin de simplificar y facilitar la tramitación de los procesos, controlar y evitar la concentración de personas en un mismo espacio, facilitar la movilidad y flexibilizar los horarios de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, así como permitir la celebración de actuaciones procesales telemáticas y garantizar una rápida reactivación de la Administración de Justicia.

Al mismo tiempo, explicó el ministro, se diseñará un Esquema de Seguridad Laboral que unificará los criterios y actuaciones que garanticen la salud y seguridad en el trabajo de todos los profesionales bajo un marco común que esté validado por las autoridades sanitarias.

En su intervención, Julio Pérez confirmó la oportunidad y acierto de las medidas urgentes que se avanzaron, que incluyen algunas propuestas por Canarias, lo que permitirá mantener la prestación del servicio público de Justicia y preservar la seguridad de usuarios y profesionales.

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El Gobierno de Canarias agradece a Telefónica el abaratamiento de la línea 900 112 061

Teléfono de oficina

Ante el gran volumen de llamadas que está recibiendo estos días la línea que atiende las dudas de la población en el Archipiélago sobre el Covid-19, el Comité de Dirección de la empresa acordó aplicar una rebaja de la tarifa que supone un descuento del 100% en el establecimiento de llamada, de un 40% en las llamadas fijas, y de un 66% en las llamadas a móviles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y de Sanidad, Julio Pérez, ha expresado en su nombre, y en el del Gobierno de Canarias, su agradecimiento al director de Telefónica España en Canarias, Juan José Flores, por el abaratamiento de la tarifa de la línea 900 112 061, que atiende las dudas que tiene la población en el Archipiélago sobre el Covid-19. Este servicio es gratuito para la población al tratarse de una línea de cobro revertido automático, lo que supone que la factura la asume íntegra la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Comité de Dirección de la empresa tomó la decisión al constatar el gran volumen de llamadas que está recibiendo estos días la línea 900 112 061, por lo que acordó aplicar un precio mínimo que permita minimizar la factura, lo que se traduce en un descuento del 100% en el establecimiento de llamada, un 40% de rebaja para las llamadas fijas, y un 66% menos en las llamadas a móviles.

Por ello, Pérez expresó a Flores su agradecimiento por la disposición desde el primer momento en la búsqueda de soluciones, así como por todas las labores que Telefónica realiza en estos momentos de estado de alarma, siendo consciente de que la empresa está garantizando la conectividad en el Archipiélago, lo que ayuda sobre manera a conllevar el día a día de esta situación tan excepcional.

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La subida salarial de 2020 abarca todo el personal de las administraciones públicas y no solo a los directivos

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

El incremento salarial comprende todo el personal de todas las Administraciones y responde a un acuerdo alcanzado con los sindicatos nacionales y el Ejecutivo central de 2018, que entonces presidía Mariano Rajoy

La subida salarial del 2% que entró en vigor en enero de este año, y que el personal público ha comenzado a percibir desde la nómina de febrero, es de aplicación para todas las retribuciones públicas, por lo que comprende no solo al Gobierno de Canarias, sino al personal de toda la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de todas las administraciones públicas, la nacional y locales incluidas.

Los incrementos o decrementos en salario base y trienios solo le corresponde establecerlos al Estado, por lo que esta medida responde a la aprobación el pasado 21 de enero de un Real Decreto-ley de medidas urgentes por parte del Consejo de Ministros que incluyó esta subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020. La fijación de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos de todas las administraciones tiene carácter básico y solo puede decidirlo el Estado.

Se trata del porcentaje que estaba pactado en el acuerdo a tres años alcanzado en marzo de 2018 entre el Gobierno del Estado, entonces presidido por Mariano Rajoy, y los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF).

El Gobierno de Canarias publicó el viernes 20 de este mes una instrucción en el Boletín Oficial de Canarias (1161, Resolución de 10 de marzo de 2020, por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 2020 del personal al servicio del sector público) que, como es obligado, aplica lo aprobado en la Ley de Presupuestos de Canarias de 2020.

Si bien en esa instrucción concreta dictada por la Dirección General de la Función Pública (en conjunto con la Dirección General de Planificación y Presupuesto) no está incluido el personal sanitario, el aumento también abarca a este colectivo, incluido en una instrucción anterior específica para el mismo (número 1/20, de la directora del Servicio Canario de la Salud, sobre el régimen y cuantía de las retribuciones del personal adscrito a los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el ejercicio 2020). Por tanto todos los sueldos y salarios de las administraciones públicas subirán en la misma proporción en toda España.

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El Gobierno de Canarias mejora su plataforma corporativa para incrementar el trabajo no presencial

La Dirección General de Emigración convoca las subvenciones para las entidades canarias en el exterior

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, refuerza los medios tecnológicos y de comunicaciones para asegurar el normal funcionamiento  de la Administración autonómica mientras dure el estado de alarma decretado por el Ejecutivo central por el Covid-19

Entre otras medidas, desde el pasado lunes 16, los servicios de atención al empleado público y los servicios de Gestión de la Infraestructura tecnológica corporativa del Gobierno de Canarias se prestan telemáticamente. También se ha multiplicado por cinco la capacidad para la realización de multivideoconferencias y se ha incrementado en 180 los canales de Atención del Servicio 0-1-2

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, ha tratado de redoblar los esfuerzos para asegurar el normal funcionamiento de la Administración autonómica a pesar del estado de alarma decretado por el Ejecutivo central por la pandemia del coronavirus Covid-19. Esta situación conlleva, entre otras actuaciones, medidas de aislamiento para la población que, lógicamente, también abarca al personal público, que debe permanecer también su domicilio.

Uno de los primeros resultados de estos esfuerzos ha sido la mejora de la plataforma corporativa, actuación llevada a cabo por la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT), lo que permitirá incrementar hasta 30.000 los accesos remotos a través de una red privada virtual (VPN).

Se trata de una de las modalidades en las que el personal público autonómico está trabajando. Esta fórmula permite a los trabajadores y trabajadoras conectarse a la red del Gobierno de Canarias incluso estando fuera de sus puestos de trabajo, de manera que pueden acceder a sus aplicaciones corporativas desde un ordenador situado en su casa.

Este sistema organizado de trabajo en casa y conexión VPN ha permitido, por ejemplo, que el Boletín Oficial de Canarias se edite y se publique por el personal funcionario responsable desde su casa.

La DGTNT ha emitido más de 7.000 certificados desde el pasado 9 de marzo que permiten este tipo de conexión remota. En la actualidad, ya hay 3.200 trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Canarias que pueden trabajar de esta manera.

Si bien hay una parte del personal, no elevada, que no puede trabajar desde casa por su propia naturaleza labores de mantenimiento y vigilancia, como las de conductores y otras, la mayor parte del personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias puede trabajar y lo está haciendo de forma no presencial, sin requerir una VPN. Son los empleados y las empleadas que solo necesitan acceso a internet y un ordenador para desarrollar sus funciones porque no precisan las aplicaciones que están en la red del Gobierno de Canarias.

Para ello, basta con que los responsables de las unidades asignen a cada empleado tareas y cometidos que no requieren la presencia personal del empleado en las oficinas públicas, sino que puede trabajar en su casa y reportar después sus resultados a sus superiores. Así está ocurriendo desde el pasado martes, tras la definición el lunes, por los Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos, de los nuevos procedimientos.

Trabajo no presencial en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

Para hacerse una idea de lo que estas actuaciones suponen, basta hacer un repaso a las cifras del trabajo no presencial en la propia consejería de Administraciones Públicas. Así, el pasado viernes 20 de marzo, en la Dirección General de Función Pública solo trabajaron de forma presencial dos personas, mientras que 54 lo hicieron de manera no presencial, y en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana solo acudieron dos personas a sus puestos de trabajo, mientras que otras 10 trabajaron desde casa.

En la Viceconsejería de Servicios Jurídicos trabajaron de forma presencial cinco personas, y en el ICAP todo el personal (20 personas) lo hizo desde casa. En la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia solo acudieron dos personas a su puesto de trabajo, frente a las 34 que lo hicieron de forma no presencial. Y en la DGTNT, 13 personas fueron a las oficinas, mientras que 71 lo hicieron desde casa.

Estos números y los porcentajes que se derivan de ellos pueden ser similares a los de las demás consejerías.

Dotaciones prioritarias

La DGTNT ha dado máxima prioridad a la dotación de medios tecnológicos y de comunicaciones a favor de los servicios que se están enfrentando de manera directa con esta situación (servicios sanitarios de hospitales y centros de salud).

También ha reforzado y dotado de infraestructura y asistencia tecnológica a las diferentes consejerías de la Administración Pública de Canarias para garantizar que los servicios a la ciudadanía continúen funcionando con normalidad a pese a las medidas de aislamiento mediante herramientas telemáticas que les permita desarrollar sus funciones laborales desde sus hogares, si bien una minoría debe continuar de forma presencial por necesidades de obligado cumplimiento.

A grandes rasgos, las actuaciones de la DGTNT se pueden englobar en dos grandes bloques: acciones corporativas, que afectan de manera general a todo el Gobierno de Canarias, y actuaciones departamentales, focalizadas en resolver cuestiones específicas.

Actuaciones corporativas: atención y asesoramiento de Cibercentro

La DGTNT ha elaborado decenas de documentos y material multimedia para dar soporte al personal público en la configuración de sus equipos, así como de autoconfiguración de equipos y herramientas informáticas, y ha multiplicado por cinco la atención de incidencias, habiéndose reforzado con más horas el servicio de atención de Cibercentro para los empleados públicos.

Asimismo, ha configurado más de 13.000 puestos de trabajo para permitir el acceso remoto para el teletrabajo y ha ampliado la capacidad del sistema de Escritorios Virtuales (VDI) en más de 600 unidades, además de crear estaciones de trabajo virtuales para la Policía Canaria y el personal de la Dirección General de Seguridad y Emergencias.

Los servicios de atención al empleado público y los servicios de Gestión de la Infraestructura tecnológica corporativa del Gobierno de Canarias se prestan telemáticamente desde el lunes, y ha ampliado ocho veces la capacidad de generar certificados digitales para los empleados públicos.

Telecomunicaciones

La capacidad para la realización de multivideoconferencias se ha multiplicado por cinco y se han creado Salas de Videoconferencias Virtuales Permanentes para varios centros directivos permitiendo la conexión deslocalizada.

La Consejería también ha ampliado los equipos virtuales de videoconferencias personales e incrementado en 180 canales la Atención del Servicio 0-1-2, al tiempo que ha desplegado una plataforma para permitir la prestación del servicio de telefonía desde ubicaciones remotas, de forma que determinados servicios puedan atender las llamadas con destino a su extensión fija desde su puesto de trabajo remoto.

Igualmente, ha adquirido y distribuido 400 ordenadores portátiles para que el personal público que no disponga de medios en sus hogares pueda trabajar de forma remota, además de dotar al personal TIC estratégico de equipamiento de la Red de Seguridad y Emergencias (equipos red TETRA).

Actuaciones departamentales

Este apartado incluye  las siguientes actuaciones por parte de la DGTNT:

·         La apertura dos nuevos “call center” en el IES frente al TEA, en Santa Cruz de Tenerife, y en el CEIP Iberia, de Las Palmas de Gran Canaria.

·         La instalación de un servicio de atención telefónico para la Dirección General de Salud Pública.

·         El incremento por 10 de la capacidad de tráfico de datos de los Servidores de Educación.

·         La asistencia, junto con el fabricante Cisco, a la Consejería de Educación para que el personal docente disponga de una plataforma para el establecimiento de videoconferencias con los alumnos y capacidad de compartir escritorio y favorecer la Teleenseñanza.

·         La habilitación de los Centros Atención a Usuarios (CAU) de segundo nivel de Justicia, Educación y Sanidad a fin de que puedan atender remotamente al personal público del Gobierno de  Canarias.

·         La ampliación de la capacidad telefónica de los Hospitales Dr. Negrín (60 canales), CHUIMI (60 canales) y del HUC (30 canales). También está prevista la ampliación en La Candelaria.

·         La recategorización de miles de extensiones telefónicas del SCS a fin de poder contactar con pacientes en sus móviles, fijos, e incluso con números del extranjero.

·         El desarrollo e implantación de una APP para móvil a fin de permitir el fichaje remoto (SICHO), conjuntamente con Función Pública.

·         El apoyo a la DG de Trabajo para agilizar la tramitación de los ERTES, tanto en la parte operativa como formación y asesoramiento al personal en la herramienta gestor de expedientes corporativo (PLATEA) mediante teleformación y la asignación de un consultor funcional específico para la resolución de dudas, y soporte en la tramitación de estos procedimientos.

·         La implantación de medidas de apoyo en un plan de choque a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración para agilizar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción –PCI- (tanto para el reconocimiento del derecho como la renovación) de forma que se consiga automatizar la consulta de la documentación e información obrante en otras Administraciones necesaria para validar el cumplimiento de los requisitos mediante un plan de choque.

·         El estudio de medios de autenticación a implantar (conjuntamente con la DG de Modernización y Calidad de los Servicios) para facilitar la relación electrónica de la ciudadanía con la Administración autonómica de forma más ágil y sencilla, y la admisión de certificados digitales caducados a partir de la declaración del estado de alarma.

Esto último incluye la implantación de CLAVE PIN como sistema de autenticación de nivel medio o sustancial (además del ya existente de clave permanente), así como la de nuevos medios de autenticación de nivel medio o sustancial basados en el móvil (DNI + IDESP + SMS) que sean más accesibles y usables por la ciudadanía.

Pese a todo lo anterior, la Consejería y todo el Gobierno trabajan para seguir extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial y de conexión remota, desde cualquier punto, a los “escritorios” o pantallas de acceso a las aplicaciones informáticas, de modo que la eventual prolongación de la situación actual no impida la actividad administrativa.

Como es obvio, la paralización de los plazos administrativos permite, además, concentrarse en la resolución y tramitación de expedientes pendientes, en la reordenación de los propios servicios y también en la extensión de programas de formación y actualización de conocimientos profesionales de los empleados y empleadas públicos.

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Cerca del 80% del personal público de la Comunidad Autónoma hoy trabaja desde casa

Fachada del edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Julio Pérez explica que la Administración autonómica ha puesto en marcha un dispositivo de control para que quienes trabajan desde sus hogares puedan fichar a través del móvil. Además, una gran parte de ellos puede conectarse telemáticamente con la administración

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, explicó hoy que cerca de un 20% del personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias ha acudido hoy a trabajar a sus puestos de trabajo en las distintas sedes. El restante 80% está en casa y, en su mayor parte, está trabajando con o sin condición informática. 

Pérez recalcó que se ha puesto en marcha un dispositivo de control desde casa, de forma que quienes están en sus hogares pueden fichar a través del teléfono móvil y avisar a sus superiores de que están trabajando, o de que han dejado de hacerlo. Adicionalmente, pueden hacer constar desde su casa que comienzan y que terminan de trabajar.

El consejero aclaró que es posible que una pequeña cantidad de esas personas que están en sus casas no estén desarrollando una actividad concreta, sino que estén disponible, y aclaró que esa situación también es trabajar. “Eso también es trabajar, estar disponible por si hace falta”.

En todo caso, advirtió de que es posible que esta situación cambie en los próximos días, y que se turnen los trabajadores que tienen que estar presencialmente en la Administración.

Distribución del personal y atención telefónica

En cuanto a la distribución dentro de esos porcentajes, Pérez indicó que se reparte de un modo desigual porque hay unidades donde no hay nadie físicamente en las sedes de la Administración autonómica y todas las personas están trabajando desde casa y, en cambio, hay otras unidades, dependiendo de su naturaleza, en las que la situación es distinta. Pero la media, ratificó es un 20% frente a un 80%, y ese es el cambio ocurrido desde hoy.

Otro cambio que también ha tenido lugar hoy, señaló Pérez, es el aumento y mejora de la atención telefónica. Al haber mucha gente en su casa, una gran parte de la ciudadanía ha aumentado la demanda de información telefónica.

En este sentido, el consejero explicó que la Administración ha mejorado la velocidad de respuesta y destacó dos datos: el tiempo medio de espera es poco más de medio minuto, y el medio de la conversación es de algo más de tres minutos. Añadió que las llamadas que cuelgan, que quizás vuelvan a hacerse después, han bajado a cerca del 10%.

Sedes físicas seguras

Por otra parte, añadió Pérez, hasta este momento ninguno de los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma presenta problemas de salud o peligro para el personal público, según le indicó la Consejería de Sanidad, que afirma que todos los edificios, tanto los Múltiples como el resto, son seguros hoy por hoy. El consejero matizó que la situación quizás cambie mañana, “pero hoy lo son”.

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El Gobierno asegura el mantenimiento de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y protección al personal

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, una de las sedes del Gobierno de Canarias

El personal directivo del Ejecutivo de Canarias mañana lunes organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, en el marco de medidas que viene adoptando para hacer frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19 y dentro del margen de actuación del estado de alarma decretado por el Ejecutivo del Estado, un acuerdo a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por el que mañana el personal directivo del Gobierno de Canarias organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica.

Así, mañana lunes 16 solo acudirán a los centros de trabajo el personal directivo y el que desempeña funciones de carácter crítico, sin perjuicio de las medidas de conciliación y de prescripción sanitaria, a fin de llevar a cabo dicha organización. Se busca de esta manera garantizar la prestación de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y de protección al personal de la Comunidad Autónoma.

Se trata de los altos cargos, personal eventual y todo el personal funcionario y laboral que desempeña funciones directivas (jefaturas de Área, de Servicio y de Sección o asimilados), así como el personal que se considere imprescindible por los responsables de cada unidad orgánica o administrativa. Así mismo, tiene esta consideración todo el personal vinculado a funciones de seguridad, mantenimiento y comunicaciones u otros servicios relacionados con las tecnologías de información.

Este acuerdo es de aplicación en la Administración General y sus Organismos Autónomos, y al colectivo de Administración General que realice funciones en la Administración Sanitaria y Educativa y responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por cada Departamento.
Esta medida tiene por objetivo establecer una adecuada organización de tareas durante este período excepcional, extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial o por medios telemáticos, y, en el caso del resto de puestos de trabajo que requieran de presencia física del empleado, reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Contención del Coronavirus

El Gobierno de Canarias muestra así su voluntad decidida para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad frente a la presente crisis sanitaria, si bien entiende que deben también realizarse todos los esfuerzos necesarios para mantener los servicios esenciales de la Administración Pública de Canarias, ya que constituye un pilar fundamental para el funcionamiento un Estado social, democrático y de Derecho, sobre todo en una situación excepcional como la que implica la declaración del estado de alarma.

Para ese normal desarrollo de los servicios públicos se requiere de la colaboración, coordinación y cooperación de todas y todos los empleados públicos, como han venido haciendo hasta ahora, y con especial intensidad mientras dure la situación de estado de alarma que, según el artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será inicialmente de 15 días naturales.

Para ello, el acuerdo también faculta a las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes para que, durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma, establezcan los servicios necesarios que deberán permanecer en funcionamiento dentro del ámbito de su Consejería a propuesta de los centros directivos reforzando las medidas de seguridad y salud en protección del personal.

Requisitos para autorizar el teletrabajo

Las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes, en tanto órganos responsables de personal, facilitarán el desempeño del puesto de trabajo de los empleados públicos por medios no presenciales o por medios telemáticos, teniendo en consideración la adecuación al puesto para la modalidad de trabajo no presencial, sin perjuicio de las limitaciones por razón de esencialidad del puesto, las limitaciones técnicas y la capacidad de los sistemas informáticos.

La autorización de la modalidad no presencial de trabajo tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
a) Carácter crítico del puesto para el funcionamiento de los servicios públicos (esenciales o críticos), infraestructuras críticas, o sectores estratégicos.
b) Adecuación del puesto de trabajo a la modalidad de trabajo no presencial.
c) Aseguramiento de la eficacia en la prestación de los servicios críticos o esenciales.

Obligación de estar localizable

Sin perjuicio de lo anterior, todos los empleados públicos permanecerán localizables y deberán acudir a sus puestos de trabajo presenciales cuando sean requeridos para ello.

Estas medidas de carácter extraordinario tendrán la duración imprescindible para dar respuesta a la situación que ha motivado su adopción.

La atención administrativa a la ciudadanía de carácter urgente se canalizará preferentemente a través de modalidades no presenciales.

En los casos en que el desempeño, laboral o funcionarial, deba realizarse de manera presencial, se establecerán las medidas contempladas en la Resolución núm. 313, de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública por la que se aprobó la instrucción de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19, y en la Resolución 323, de 13 de marzo de 2020, de este mismo centro directivo en relación a los aparados 3.6 de “Medidas de aislamiento decretadas por la Autoridad Sanitaria”, el apartado 3.8.b) de “Medidas de conciliación por el cierre de centros educativos y de mayores” o el apartado 4.1 de “Sistemas de control horario”, sin perjuicio de sus adaptaciones o modificaciones que resulten oportunas.

Estas medidas se aplicarán a los empleados y empleadas del sector público estimativo autonómico comprendido en el art. 3.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria de Canarias con las singularidades que se estimen oportunas en cada entidad.

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El Plan Formativo del ICAP 2020 incluye acciones para la difusión y conocimiento de los ODS y la Agenda 2030

Consejo de Administración del ICAP del 09 de marzo de 2020

La programación, que se ejecutará entre abril y diciembre del presente año, oferta 14.245 plazas y contempla 310 ediciones de cursos, con 4.988 horas lectivas.

El Consejo de Administración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, aprobó hoy el Plan de Formación 2020 que incluye actividades dirigidas a difundir y formar al personal de las administraciones públicas en Canarias en el conocimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030. Además, contempla nuevas áreas en el itinerario formativo de Competencias Digitales y continúa con la oferta de acciones relacionadas con la incorporación transversal del enfoque de género. Del Consejo forman parte representantes de la Fecam, la Fecai, y de los sindicatos de empleados públicos.

Julio Pérez destaca que la programación formativa prevista da cumplimiento al compromiso del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario, cuestión que se encuentra recogida además como un asunto prioritario en el Acuerdo para un Gobierno de Progreso y de Cambio firmado el 22 de junio de 2019 por los partidos políticos que sostienen al actual Ejecutivo.

Pérez recalca que el Plan del ICAP tiene como finalidad formar a empleadas y empleados públicos en conocimientos, habilidades y actitudes que mejoren su competencia para el desempeño de las tareas asignadas a sus puestos de trabajo, así como impulsar el desarrollo personal y la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

Con una ejecución entre abril y diciembre de 2020, el Plan prevé su adaptación permanente a los cambios organizativos y normativos. Además, potencia las áreas de idiomas -se triplica con respecto a años anteriores el número de plazas ofertadas en el itinerario de inglés-, de tecnologías de la información y la comunicación y de políticas de igualdad, y recoge actividades que promuevan el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación en el ámbito público.

Además, refuerza la oferta de actividades en materia de protección de datos personales y contratación administrativa, se amplían los contenidos a través del Programa de Autoformación y se incrementan las actuaciones para la formación sectorial.

Para el presente año el Plan cuenta con 310 ediciones de cursos, con 4.988 horas lectivas y 14.245 plazas, y busca asimismo atender la demanda específica de los departamentos, organismos autónomos y órganos horizontales, en aquellas áreas que consideran necesarias para la formación de su personal, detalla la directora del ICAP, Eva de Anta.

Especifica que, del total de plazas ofertadas, 8.727 se corresponden con actividades en la modalidad presencial, 283 en semipresencial y 5.235 on line, esta última una modalidad que posibilita la adaptación a la disponibilidad de cada alumna o alumno y facilita la formación a un mayor número de personas.

De Anta recalca que el objetivo del Plan es ofrecer una formación que dé respuesta a las necesidades reales, colectivas e individuales de las administraciones públicas, contado con la colaboración de diferentes centros directivos y unidades administrativas para incrementar la motivación del personal y su implicación en la mejora de la calidad de los servicios,  y manifiesta que la dinámica de las acciones formativas debe ser participativa y colaborativa y que los conocimientos se tienen que transferir al desempeño del puesto de trabajo.

El ICAP, expone la directora, continúa apostando por metodologías participativas, dinámicas y novedosas que favorecen el aprendizaje mediante resolución de casos, ejercicios prácticos, juego de roles, participación en los foros (cursos on line), grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje profesional.

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación del Plan de Formación para 2020 del ICAP es la Comunidad Autónoma de Canarias. Se dirige a las empleadas y empleados públicos de la Administración Pública del Gobierno de Canarias y sus organismos autónomos, al personal de las entidades locales y de la Administración General del Estado en Canarias.

En cuanto a la Comunidad Autónoma, se dirige al personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, exceptuando al personal docente y sanitario.

En el apartado Interadministrativo, las acciones se orientan al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos, de las Corporaciones Locales canarias y sus organismos autónomos, de la Administración General del Estado en Canarias y de otras Entidades y Administraciones en ejecución de convenios.

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