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Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Gobierno y TSJC analizan sus líneas de cooperación y colaboración

Ambas instituciones repasan la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas

De igual modo, revisan los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados

El Palacio de Congresos de Fuerteventura ha acogido esta semana la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En la reunión, en la que se ha examinado la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año, para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas, y se han revisado los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados, han participado, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández; el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; la magistrada-jueza decana del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado; la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García; la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo; y la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Alejano.

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Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

Julio Pérez: “Elevar la categoría de los juzgados de Puerto del Rosario es muy importante para el arraigo profesional de sus titulares”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

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Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

Julio Pérez: “Más dinero –406 millones en 2023– es también más responsabilidad y gestionarlo, un mayor reto”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone el acento en la importante responsabilidad de su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía

El presupuesto de esta consejería para el próximo año aumenta un 12,6% respecto a 2022 y un 33,5% en relación a 2019

Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, con el objetivo de ser un servicio público más accesible y eficiente

En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, con 122.108.729 euros, destaca la estabilización del empleo público, la mejora de la atención a la ciudadanía y de la conectividad de los centros públicos, así como la simplificación de los procedimientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado esta semana, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de presupuestos elaborado por su departamento para 2023, unas cuentas que ascienden a 405.958.640 euros, un 12,6% más que el año pasado, y que, en su opinión, suponen “una mayor responsabilidad –más dinero, más responsabilidad–, y un desafío, porque cada vez es más importante ser capaz de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos y producir resultados que sean tangibles, apreciables, duraderos y no reversibles”.

Durante su intervención en la comisión de Presupuestos de Hacienda, Julio Pérez ha puesto el acento en la enorme responsabilidad que tiene su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es mayor más en los actuales momentos de incertidumbre por falta de confianza en el futuro, situación a la que han tratado de hacer frente los empleados y las administraciones públicas.

Según ha explicado, estas cuentas, que registran un incremento del 33,5%, con respecto a las consignaciones de 2019, tratan de consolidar los grandes ejes que se marcó la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura: transformación digital, evaluación de los servicios públicos basada en datos, estabilidad del empleo público, dirección por objetivos, transparencia y participación ciudadana, además de la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción política y presupuestaria.

Julio Pérez ha indicado que el área de Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, un 5,85% más que en 2022 y un 15% más que en 2019, con el objetivo principal de que sea más accesible y eficiente. Con este propósito, sus programas presupuestarios responden al desafío de lograr una tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica, además de ofrecer unos servicios de calidad en la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.

En este sentido, ha destacado la consolidación del incremento del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con una partida de más de 23 millones de euros; el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, con casi 150.000 euros y el crédito que se generará por la transferencia del Consejo Territorial de Memoria Democrática; los Puntos de Encuentro Familiar, 920.000 euros, completados con fondos adicionales aportados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el plan de infraestructuras, con más de seis millones de euros, para nuevos órganos judiciales y la mejora y ampliación de los actuales; y la estrategia de transformación digital para la modernización de la Administración de Justicia, que junto a las aportaciones propias de casi tres millones de euros incorpora tres millones y medio de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Administraciones Públicas y Transparencia

El área de Administraciones Públicas y Transparencia, cuyo presupuesto asciende a 122.108.729 euros, un 24,74% más que en 2022 y un 61,9% más que en 2019, tiene, entre otros objetivos, la estabilización del empleo público y la reducción del exceso de temporalidad, para lo cual en 2023 se desarrollarán los procesos de selección de personal funcionario en ejecución de las OEP 2019, 2020, 2021 y 2022, y las dos OEP extraordinarias para la estabilización de empleo temporal –3.499 puestos de trabajo–, el impulso del Gobierno Abierto y el buen gobierno y la mejora de la ciberseguridad en la Administración Pública.

El consejero ha destacado partidas como el Sistema Integral de Atención No Presencial al Ciudadano, el muy conocido y utilizado servicio telefónico 012, con 23.663.388 euros, que incorpora nuevas funciones; la mejora de la conectividad de 500 centros públicos de referencia, incluidos centros educativos y de salud, con 7.350.902; y la simplificación y racionalización de procedimientos, financiado con fondos MRR.

Igualmente, ha advertido del incremento registrado en Transparencia y Participación Ciudadana, debido a los gastos ocasionados por el proceso electoral del próximo año, que ascienden a más de seis millones de euros, y ha llamado la atención sobre el incremento del 22,74% de la partida del Fondo Canario de Financiación Municipal, hasta alcanzar los 358.805.079 euros.

Mención especial ha tenido para Seguridad y Emergencias, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, un 20,79% que en 2022 y un 75,3% más que en 2019, y con un buen número de actuaciones financiadas con fondos propios, el alquiler de helicópteros multifuncionales, por ejemplo, y fondos Next Generation REACT-EU, la adquisición de vehículos contraincendios.

El proyecto de presupuestos recoge también el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a la incorporación de nuevos efectivos, el perfeccionamiento del programa HIPATIA, dentro del área de Relaciones con el Parlamento, la culminación de la implantación del expediente electrónico en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y un incremento de más de un 11% de los fondos destinados a la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos  a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP).

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Tras 13 años sin hacerlo, Justicia renueva las listas para nombrar personal interino cuando sea preciso

Afecta a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial

En las nuevas listas figuran unos 5.000 seleccionados de los 20.000 solicitantes que formularon 38.000 peticiones

Ha sido un procedimiento muy riguroso, para garantizar que el personal considerado idóneo sea el adecuado para atender las necesidades de la Administración de Justicia en las islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este jueves, 27 de octubre (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/213/), la resolución por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la constitución de listas de empleo de personal funcionario interino de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado a través de otra resolución aprobada el 10 de febrero de 2021 (BOC número 32, de 16 de febrero).

Según el texto de la resolución, las listas definitivas de los 5.563 admitidos y 28.464 excluidos podrán consultarse en la página web de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/RecursosHumanos/ListasEmpleo/), en los tablones de anuncios de los decanatos de cada partido judicial, así como en la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Las posteriores resoluciones de este proceso selectivo se harán públicas a través de la página web de Dirección General (https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/).

Divididos por islas y por cuerpos, en Tenerife, al Cuerpo de Auxilio Judicial han sido admitidos 611; al de Gestión Procesal y Administrativa, 567; y al de Tramitación Procesal y Administrativa, 1.163. En Gran Canaria, al de Auxilio, 617; al de Gestión, 477; y al de Tramitación, 1.263. En Fuerteventura, al de Auxilio, 60; al de Gestión, 42; y al de Tramitación 127. En Lanzarote, al de Auxilio, 121; al de Gestión, 118; y al de Tramitación, 237. En La Gomera, al de Auxilio, ocho; al de Gestión, seis; y al de Tramitación, once. En La Palma, al de Auxilio, 31; al de Gestión, 26; y al de Tramitación, 60. Y en El Hierro, al de Auxilio, cinco; al de Gestión, otros cinco; y al de Tramitación, ocho.

Las listas de empleo resultantes de este procedimiento, constituidas para cubrir, con carácter interino, las vacantes o sustituciones que se produzcan, correspondientes a los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia en Canarias, entrarán en vigor el próximo 27 de noviembre, sustituyendo a las vigentes hasta entonces, que quedarán sin efecto en esa misma fecha.

La resolución también señala que la integración definitiva en las listas de empleo, con independencia del número de orden obtenido, de aquellos aspirantes que nunca han prestado servicios o no hayan completado al menos un año de servicio como personal funcionario interino de la Administración de  Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias dentro de los últimos cinco años, quedará condicionada a la superación de periodo de prácticas tuteladas de 6 meses previsto en la base duodécima de la convocatoria.

Igualmente, explica que contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General, en el plazo de un mes a contar desde su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la fecha de su publicación.

Conviene recordar que a este procedimiento de selección y nombramiento de personal interino de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Canarias, que no se ponía en marcha desde hace 13 años, se han presentado más de 38.300 peticiones correspondientes a 20.000 solicitantes.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, en estas nuevas listas se ha dado mayor valoración a la superación de ejercicios de los procesos selectivos de acceso a los distintos cuerpos y a la formación académica, para garantizar así el nombramiento de personal idóneo para prestar servicio en los órganos judiciales de esta comunidad autónoma. En este sentido, ha querido felicitar al Servicio de Recursos Humanos de su centro directivo por el trabajo efectuado.

Este proceso de selección también incluía el Cuerpo de Médicos Forenses, cuyas listas definitivas de admitidos y excluidos fueron aprobadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia el pasado 26 de mayo.

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Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su admiración por esta iniciativa que califica de importantísima porque demuestra que se puede humanizar la justicia envuelta tradicionalmente de aspereza

El presidente del TSJC espera que esta experiencia piloto, que cuenta con el refrendo de la sala de gobierno y el CGPJ, sea exportable a todos los partidos judiciales del archipiélago

Tomás Martín, impulsor del Juzgado, subraya que el objetivo es sacar a la víctima cuanto antes del proceso y reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha agradecido al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; a la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, Ana Sola, y a todo su equipo, el trabajo desarrollado a lo largo del último año, que ha permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes.

Julio Pérez, que intervino ayer en la presentación de la Guía de Actuación del citado Juzgado –un detallado documento de 123 páginas–, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, y el propio Tomás Martín, ha mostrado su admiración y respeto por la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha, gracias a la colaboración de su departamento, hace un año, tiempo en el que se ha atendido a 406 víctimas y registrado 365 causas.

También ha calificado de importantísima esta iniciativa porque demuestra que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho. Igualmente, ha hecho hincapié, citando el texto de la memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”.

Ha resaltado la disponibilidad de los trabajadores, que no han tenido ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en incorporarse antes y salir más tarde, para poder atender el incremento de la carga de trabajo, con un importante componente emocional, que ha supuesto la puesta en marcha de este proyecto piloto.

El consejero se ha referido a la incorporación de novedades técnicas y tecnológicas, que no es ajena a la justicia, a pesar de que a veces se cree lo contrario, y ha señalado la comunicación, para agilizar las pruebas periciales, e incluso la arquitectura, adaptada a las necesidades de las víctimas y con objeto de proteger al menor. “Todo esto es muy importante”, ha recalcado.

Julio Pérez ha manifestado su satisfacción doble, tanto por su papel de responsable de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias como por la protección al menor, que le produce los resultados logrados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto pionero en España.

Un referente y un verdadero orgullo

También el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido palabras de felicitación para Tomás Martín como impulsor del proyecto y por haber contagiado a los trabajadores de su juzgado, que se ha convertido en un referente y un verdadero orgullo, al proporcionar una especial protección y tutela a los menores que son víctimas de violencia. En este sentido, ha advertido de que “una sociedad que no cuida a sus niños y niñas no tiene futuro”.

El presidente del TSJC ha hecho énfasis en los resultados obtenidos en este primer año de funcionamiento del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, “concretos y tangibles”, y en la necesaria coordinación y cooperación de todas las partes implicadas para alcanzarlos. “Un proyecto que aglutina y motiva hace que todos arrimen el hombro”, ha explicado, a la vez que ha mostrado su deseo de que esta experiencia sea exportable a todos los partidos judiciales del Archipiélago, partiendo de que tiene el refrendo de la sala de gobierno del TSJC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tomás Martín, por su parte, ha manifestado su gratitud, en primer lugar, a sus compañeros, y después, al trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, cuya directora, María José Melián estaba presente, por el servicio de calidad y diferenciado que proporciona al Juzgado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también estaban representados, por su dedicación y disponibilidad, y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la dotación de recursos, tanto humanos como materiales, así como su impulso, para hacer realidad este proyecto.

Ha apuntado que los procedimientos que están aplicando en el Juzgado están siendo copiados en todo el mundo y ha subrayado que el objetivo principal es sacar a la víctima cuanto antes del proceso, reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días.

A la presentación de la guía asistieron, entre otros, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la fiscal jefe provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Sánchez; y el secretario coordinador de la sala de gobierno del TSJC, Carlos Rubio.

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Pérez dice que las juezas y su actitud nos transmiten la esperanza de que Afganistán salga de la situación actual

Pérez dice que las juezas y su actitud nos transmiten la esperanza de que Afganistán salga de la situación actual

La ministra de Defensa, Margarita Robles, muestra su preocupación porque la comunidad internacional “se está olvidando de Afganistán”

El consejero de Justicia subraya, en la inauguración de la jornada ‘Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas’, la importancia de los movimientos femeninos alrededor del mundo para impulsar cambios y el progreso de las sociedades

Julio Pérez afirma que solo puede haber verdadero derecho cuando es aplicado por jueces independientes

El fiscal general del Estado asegura que “no podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida por sostener el Estado de derecho en Afganistán”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha resaltado este viernes, en la inauguración de la jornada Afganistán, la guerra silenciosa contra las mujeres y niñas, el “sentimiento de esperanza” que transmiten las juezas afganas y su actitud para que la situación en este país, desde el año pasado bajo el régimen talibán, cambie, y, además, ha subrayado el papel cada vez más importante de los movimientos encabezados por mujeres alrededor del mundo para impulsar cambios y el progreso de las sociedades.

La jornada, organizada por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias, ha tenido lugar este viernes en el Colegio de Abogados de Las Palmas y ha contado con la participación de la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ambos de forma telemática; así como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell; y la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas, Pino de la Nuez.

Julio Pérez ha señalado la importancia del derecho y la ley como únicos instrumentos para consolidar las conquistas y el progreso en la sociedad, ya que son los que permiten asentar el resultado de la lucha contra la violencia, la iniquidad o la desigualdad. “Ninguna de esas batallas es definitiva hasta que no llega el derecho y la ley. De nada valen los progresos, movimientos y conquistas sociales hasta que se conviertan en una ley”, ha resaltado.

En este sentido, ha dicho que “el derecho no puede llamarse derecho si no es derecho ajustado a las normas internacionales. No cualquier mandato, religioso o social, es verdadera ley solo porque se publique en un boletín oficial”.

Así mismo, ha apuntado que el derecho “es verdadero” cuando se aplica por tribunales y jueces y juezas independientes y también ha puesto de relieve que en estos momentos en Sudamérica, Italia, Irán o Estados Unidos las protestas ante las injusticias sociales están encabezadas por mujeres.

El consejero ha mostrado su “satisfacción, orgullo y honor” por poder compartir una iniciativa que traslada hasta Canarias a mujeres del mundo del derecho y judicatura de Afganistán, pues “nos permite a los insulares ponernos en contacto con los padecimientos, los sentimientos y las dificultades de otros lugares del mundo”. En este sentido ha hecho hincapié en que “antes que nada” todos somos seres humanos “que compartimos en el conjunto de la humanidad alegría, sinsabores y penalidades”.

“Quienes vivimos en islas a veces tenemos la tentación de que el mundo se acaba en nuestras fronteras, pero el mar es camino de progreso y entendimiento con otros mundos. Dedicar unas horas a estar en contacto con grupos humanos con otros sentimientos, problemas y penalidades, nos permite medir bien el tamaño verdadero de nuestros problemas”, ha recalcado el titular de Justicia del Gobierno de Canarias.

El consejero ha dicho que las juezas afganas transmiten un sentimiento de esperanza “sin el cual la vida es imposible”. “Hay personas concretas, caras concretas y nombres concretos que están trabajando para que sea así y que reflejan en sus caras la esperanza de que algún día la situación cambie. Probablemente sufren, pero son las que finalmente mantienen la esperanza, y sin esperanza no se puede vivir. Es el mejor instrumento, junto los anteriores, para luchar contra la resignación”, ha explicado.

Preocupación por el olvido de Afganistán

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado su preocupación porque la comunidad internacional “se está olvidando de Afganistán”, por lo que ha agradecido la organización de actos como el celebrado este viernes.

“Las mujeres afganas tienen la obligación de no callarse y denunciar en toda oportunidad lo que está pasando en su país. Solo tendremos esperanza si todos y cada uno de nosotros somos luchadores por esos derechos de las mujeres en Afganistán”, ha comentó la ministra.

Por su parte, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha dicho que estos encuentros obligan a la reflexión de cuáles son nuestras obligaciones como comunidad y que, por ello, “no podemos abandonar a quienes han arriesgado su vida por sostener el Estado de derecho en Afganistán”.

Mientras, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha puesto de relieve el valor de los convenios internacionales como base para evitar “que todo se venga abajo” ya que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra Constitución se interpretan acorde a ellos. “Los derechos humanos solo lo son si son universales y se respetan en todas partes”, ha asegurado. “Estas mujeres han visto cómo todo se ha venido abajo, han sido autoridades que condenaban delitos y al día siguiente se han encontrado con un estado que no las reconocía no solo como autoridad, sino como seres humanos”.

Previamente, ha intervenido también la diputada octava del Colegio de Abogados de Las Palmas y presidenta de THEMIS (Asociación de Mujeres Juristas), Pino de la Nuez, quien ha recordado que las mujeres afganas habían conquistado espacios que eran reservados a los hombres pero que, desde que en el año 2021 llegó al país asiático el régimen talibán, hemos sido testigos de los retrocesos en los derechos sociales.

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Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Julio Pérez asiste en Toledo a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha informado del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a impulsar un cambio sustancial en esta materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda la necesidad de adaptar las reformas previstas a la geografía insular del archipiélago

Muestra su confianza en que las futuras oficinas judiciales municipales entrañen mejoras significativas en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz

“Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo”, según ha declarado este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, al termino de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Toledo, presidida por la ministra Pilar Llop, a la que ha asistido acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

Julio Pérez ha manifestado que la Conferencia Sectorial había sido informada del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a “impulsar un cambio sustantivo” en el funcionamiento de la justicia, que son, ha explicado, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia, todos ellos, salvo este último, que se espera que pronto pueda iniciar también su paso por las Cortes, en fase de tramitación parlamentaria.

En la misma sesión, se ha analizado el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos destinados a la mejora de la justicia, de los que Canarias ha recibido más de 25 millones de euros, y que tal y como quedó establecido en el programa acordado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, se tienen que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas, a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el denominado Manifiesto del dato, que contiene los principios sobre los que construir un espacio público del dato en el sector judicial, lo que posibilitará, ha dicho el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “un conocimiento directo no solo para los operadores jurídicos, sino para cualquiera, de todos los datos del sector, y permitirá evaluar el grado de corrección y posibles deficiencias de las políticas públicas en materia de justicia”.

Entre los objetivos de este manifiesto están dirigir la gestión del sistema de Justicia como un modelo orientado a datos, promover la innovación y las mejoras del servicio público de Justicia, canalizar a través de los datos el sistema de gobernanza y del espacio público, y promover la cohesión social y territorial.

“Los datos deben ser un medio que nos ayude a definir, diseñar y afinar mucho más las políticas públicas en materia de Justicia, utilizando recursos adecuados para implantar el nuevo modelo de Justicia”, ha subrayado la ministra Pilar Llop.

Oficina judicial

Además, se ha debatido y dado los primeros pasos para la implantación de lo que se llamará oficina judicial municipal, con el objetivo de contribuir a superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Julio Pérez ha mostrado su confianza en que conlleve “mejoras significativas” en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz, que se transformarán en oficinas judiciales.

Este avance se enmarca en el plan Justicia 2030/Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) de implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. La oficina judicial es una figura recogida en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, que tiene entre sus funciones ser una puerta de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los tribunales de Instancia correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

En este sentido, la ministra de Justicia ha recordado que “estamos pendientes de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia. La Justicia es un poder, pero la Justicia es también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las oficinas de justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”.

Llop se ha mostrado convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas, con el objetivo de ofrecer una asistencia comprendiendo sus necesidades y dando una respuesta ágil y eficaz de conformidad con la normativa, protocolos y procedimientos vigentes; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el fin de informar sobre la naturaleza de los MASC, su contenido, efectos de su utilización y recursos existentes.

La oficina judicial también tiene previsto atender servicios de registro y reparto, servicios de coordinación de señalamientos y control de citaciones y emplazamientos, y servicios de tramitación en la ejecución del procedimiento y coordinación con el Registro Civil, entre otros.

Por otro lado, la ministra de Justicia también ha anunciado la constitución de un comité para la preparación de la presidencia europea en materia de Justicia con las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interoperabilidad

En el contexto de la Conferencia Sectorial, la ministra ha anunciado que, “después de muchos años, todos los sistemas de gestión procesal, los siete, son interoperables con el Tribunal Supremo”.

Llop ha indicado que este avance es “una importante novedad”, y ha añadido que la Administración de Justicia llevaba “muchos años esperándolo y trabajando sobre ello”.

En este sentido, la ministra ha destacado que es “un primer gran paso para avanzar en la interoperabilidad y en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios”.

Becas impulsadas desde el Ministerio de Justicia

Por otro lado, también se ha abordado el paquete de becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado impulsadas por el Ministerio.

Las 245 becas, que han sido ya convocadas, tienen una dotación de 1,6 millones de euros. De estas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con 6.611 euros anuales.

Al igual que en otras ocasiones, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad intervino para recordar que el modelo organizativo que se implante con la reforma prevista debe adaptarse a la geografía insular del Archipiélago. Ante la celebración de la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar en noviembre, Julio Pérez ha valorado positivamente la continuidad del régimen de cogobernanza territorial alcanzado durante las reuniones que se han venido celebrando.

En el encuentro con las comunidades autónomas han acompañado a la ministra, por parte del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, entre otras autoridades.

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Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Julio Pérez subraya que se ha logrado el objetivo que se pretendía, aplicar a ley, tras “un debate sereno, detenido y constructivo”

Las Palmas será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión de la Memoria Histórica

En el acuerdo de la mayoría se sugiere excluir del catálogo la revisión de honores y distinciones, que deberá hacerse por cada municipio sin esperar al catálogo

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha acordado por mayoría, este lunes, informar a favor del contenido del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.

Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras “un debate sereno, detenido y constructivo”. Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.

Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.

En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.

Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.

El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.

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La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

Considera que, pese a la demora, no hubo dejadez, pasividad ni abandono por parte de la Administración

En cambio, sí reprocha a Función Pública que no contestara la reclamación previa que hizo el opositor, a quien por ello libera del pago de las costas

Julio Pérez cree que, en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación. A su juicio, hay margen para acortar los plazos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por un opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de la plaza del cuerpo administrativo, tras haber superado las pruebas selectivas.

Según recoge la sentencia, datada el pasado 18 de abril, se desestima el recurso “por no concurrir la existencia de dilaciones indebidas o demoras injustificadas en el proceso selectivo”, pues, aunque reconoce que el procedimiento se prolongó más allá de lo establecido por ley, quince meses, no fue por inactividad administrativa ni por dejadez, pasividad o abandono por parte de la Administración.

A juicio del magistrado que firma la sentencia, que puede ser recurrida, Función Pública aprobó dos resoluciones con el objetivo de ampliar el plazo, en 7 meses y 15 días, en un caso, y en tres meses más, el otro, y el recurrente no impugnó ninguna de ellas, ni tampoco una tercera que declaró inhábil el mes de agosto.

Además, considera que la Administración ha dejado constancia expresa de cuáles son las razones en las que se ha amparado y de haber actuado siempre de forma coherente con ellas, y, sin embargo, el recurrente en ningún momento puso objeción a la mismas, a pesar de ser públicas y perfectamente conocidas por una persona que trabaja en la Administración.

Teniendo en cuenta estas premisas, que se pudo reaccionar contra la ampliación de los plazos y la declaración de inhabilidad de agosto, y no se hizo, el magistrado entiende que no ha lugar ahora a reclamar una responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que se hayan podido ocasionar.

“La responsabilidad patrimonial -recoge la sentencia- no puede utilizarse como un medio para evitar la aplicación de resoluciones consentidas por los interesados ni como una vía alternativa a la interposición de los recursos correspondientes para someter a examen la legalidad de dichas resoluciones”.

Tampoco el demandante reaccionó frente al acto de nombramiento y toma de posesión ni instó el reconocimiento de sus efectos retroactivos impugnándolos en tiempo y forma para corregir los efectos de la demora.

No obstante, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sí reprocha a la Administración su actuación por no haber respondido expresamente a la reclamación previa efectuada por el opositor, y, como correctivo a esa mala práctica, le libera del pago de las costas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha considerado que, “en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación”.

En su opinión, “hay espacio para una regulación que respete las garantías y la pureza de los exámenes y evaluación, pero que, a su vez, abrevie trámites y acorte plazos”.

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Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

A día de hoy ya se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad anima a reflexionar sobre por qué Canarias está a la cabeza de España en litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional

Julio Pérez señala que en las islas es necesario crear más órganos judiciales, pero recuerda que es un proceso complejo si se sigue el criterio fijado por el Gobierno canario de hacerlo con la plantilla completa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’, según ha anunciado este lunes su titular, Julio Pérez, durante el transcurso de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad celebrada en el Parlamento de Canarias.

A día de hoy, ha dicho Julio Pérez, se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales del archipiélago y, aunque las previsiones iniciales eran que el proceso de implantación finalizara el 30 de junio, el rimo actual de ejecución permite avanzar que dicho proceso finalizará en el mes de mayo.

El nuevo sistema de grabación de vistas permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, que mejora la calidad y seguridad de las grabaciones, y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de descargar todas las grabaciones realizadas en los procedimientos en los que hayan intervenido.

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha señalado que en Canarias la creación de órganos judiciales es una necesidad, pero no es la única medida a adoptar, pues el nivel de litigiosidad es muy alto, como demuestra que a diario los juzgados vean unos mil asuntos.

Julio Pérez ha animado a reflexionar sobre por qué desde el año 2019 esta comunidad autónoma está a la cabeza de España de litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional, aunque la tasa de pendencia 0,43 -indicador que mide la diferencia entre los asuntos resueltos en un juzgado y los pendientes- está por debajo de la media española 0,50, al igual que en la tasa de congestión -cociente entre los asuntos pendientes más los asuntos ingresados  y lo asuntos resueltos-, ya que n las Islas es de 1,49 y la media es de 1,6.

La creación de nuevas unidades judiciales, ha subrayado, es unas de las respuestas a esta situación, aunque hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, más aún si se hace con la plantilla completa, criterio seguido por este Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Así, en el año 2019, se crearon cinco, en el 2020, tres, y, en el 2021, cuatro.

A lo largo de su intervención también se ha referido a la importancia de contar con instalaciones adecuadas en las que ubicar los nuevos juzgados y se ha referido de manera especial al Palacio de Justicia impulsado en la capital tinerfeña.

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