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La Consejería de Justicia rinde tributo a 14 mujeres por su contribución para lograr un sistema jurídico más justo

La Consejería de Justicia rinde tributo a 14 mujeres por su contribución para lograr un sistema jurídico más justo

Referentes de la justicia, estas mujeres lucharon por sus derechos de ciudadanía y accedieron a espacios hasta entonces reservados para hombres

Julio Pérez resalta el importante papel de la Justicia en los avances hacia la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha ejecutado el proyecto ‘Mujeres de Justicia’, una publicación con la que se rinde homenaje y reconoce el trabajo incansable de mujeres que, dentro del ámbito de la Justicia, han contribuido a configurar una sociedad y un sistema jurídico más justos para las mujeres. El proyecto, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recoge la figura de 14 mujeres referentes de la Justicia que lucharon por sus derechos de ciudadanía y que accedieron a espacios hasta entonces reservados para hombres.

Pérez destaca que ‘Mujeres de Justicia’ persigue visibilizar, reconocer y divulgar el trabajo de mujeres con cuyo esfuerzo se lograron derechos tan básicos para las mujeres como el poder decidir por ellas mismas sin ser tuteladas por un hombre, el derecho al voto o las leyes como la que eliminaba la obediencia al marido. El papel de estas mujeres permitió, entre otros avances, abrir las puertas de la abogacía a las mujeres, romper el techo de cristal que discrimina a las mujeres respecto a los hombres o reforzar la protección de las trabajadoras embarazadas, resalta.

El consejero señala el importante papel de la Justicia en los avances hacia la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y remarca que este es el común denominador de las 14 mujeres que integran la publicación: su ejemplo e infatigable lucha por la igualdad.

En la publicación se reconoce la contribución de estas mujeres, ponerles nombre y apellidos, caras y contexto para no dar por supuesto que fueron hombres los que hicieron posible importantes avances en favor de la igualdad, según afirman la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, quienes señalan que, sin ellas, leyes como las que conocemos hoy serían una utopía.

Realizada con la colaboración del Instituto Canario de Igualad, la publicación rinde tributo a Concepción Arenal, Clara Campoamor, Victoria Kent, Ascensión Chirivella, Mercedes Machado, Eulalia Ruiz de Clavijo, María Telo, Gloria Begué, Josefina Triguero, María Milagros Calvo, María Teresa Fernández de la Vega, María Emilia Casas, Victoria Ortega y Ana María Ferrer.

Una sociedad más justa

Promovida por Asunción Bosh Gutiérrez, Myriam Z. Albéniz y Natalia de la Cruz González, la edición recoge una breve semblanza de estas 14 mujeres que apostaron sus vidas, sus carreras y su posición social para construir otra sociedad más justa para las mujeres y para el conjunto de la ciudadanía.

Por orden cronológico de nacimiento, se plasma la contribución de dichas mujeres comenzando por Concepción Arenal (Ferrol, 1820-Vigo, 1893) considerada como una de las pioneras del feminismo en España. Experta en Derecho, pensadora, periodista, poeta y autora encuadrada en el realismo, Arenal denunció durante toda su vida la injusta condición de ser mujer en el siglo XIX.

Clara Campoamor (Madrid, 1888-Lausana, 1972), símbolo de la igualdad, es una de las figuras más relevantes de la historia de España. Jurista, política y pionera de la militancia feminista, contribuyó a lograr una democracia plena al conseguir el logro del derecho de la mujer al voto.

Una de las primeras mujeres en colegiarse como abogadas y en ocupar un cargo político como directora general de prisiones, Victoria Kent (Málaga, 1898- Nueva York 1987) tuvo como objetivo principal dignificar y humanizar las prisiones, así como priorizar la inserción por encima del castigo.

“No traigo a esta tribuna más mérito que el de haber abierto las puertas de la Abogacía a la mujer española”. Se refería así, en un discurso de 1935 titulado ‘La Mujer y la Abogacía’, Ascensión Chirivella (Valencia, 1894- Ciudad de México, 1980) primera licenciada en Derecho colegiada para ejercer como abogada. Su especialidad fue el Derecho Civil y participó activamente en las reivindicaciones de los derechos de las mujeres.

Mujer de amplia formación con dos licenciaturas y el dominio de varios idiomas, la carrera por la que más ha trascendido la figura de la canaria Mercedes Machado (Santa Cruz de Tenerife, 1896-1970) es la de Derecho, al convertirse en la primera graduada de la Universidad de La Laguna.

‘Mujeres de justicia’ también reconoce a Eulalia Ruiz de Clavijo (Huelva, 1904- Madrid, 2000), quien fue doblemente pionera al ser la primera mujer Procuradora de España y también la primera en registrase en el Colegio de Procuradores de Madrid.

Discriminaciones por razón de sexo

La semblanza de María Telo (Cáceres, 1915-Madrid 2014) recoge que fue una gran defensora de los derechos de las mujeres, y su trabajo culminó con las leyes que eliminaban la obediencia al marido, la licencia marital y todas las discriminaciones por razón de sexo.

Gloria Begué (La Bañeza, 1931- Madrid, 2016), catedrática, jurista, economista, senadora y magistrada del Tribunal Constitucional, fue una de las mujeres que rompió el techo de cristal que, en casi todas las disciplinas, también en la Justicia, discrimina a las mujeres respecto a los hombres.

La figura de Josefina Triguero (Madrid, 1946) destaca, entre otros aspectos, por ser la primera mujer en la historia de España en incorporarse a la carrera judicial como jueza, aunque en aquel momento se la denominara ‘Juez’ ya que el término jueza tenía un significado diferente y se refería a la mujer del juez.

María Milagros Calvo (Valladolid, 1947) ha sido la primera mujer en la Magistratura de Trabajo, formando parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid. En el año 2002 y a sus 54 años se convirtió en la primera mujer en España en ocupar plaza en el Tribunal Supremo, desde la existencia de dicho tribunal con 190 años de antigüedad.

“La paridad, cuestión de justicia”

“La paridad no es solo cuestión de calidad democrática, también lo es de justicia”. Estas palabras las pronunció María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 1949) en su toma de posesión como presidenta del Consejo de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en acceder a dicho puesto. Licenciada en Derecho y jurista especializada en Derecho Comunitario, De la Vega ha ejercido el servicio público en los tres estamentos del Estado: jurídico, legislativo y ejecutivo.

María Emilia Casas (León, 1950) fue nombrada en 1998 magistrada del Tribunal Constitucional, siendo la más joven en acceder al mismo. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, durante su presidencia el Tribunal Constitucional consolidó la tutela antidiscriminatoria por razón de género en sus múltiples vertientes y reforzó la protección de las trabajadoras embarazadas.

En el año 2000, Victoria Ortega (Palencia, 1958) se convirtió en la primera mujer decana del Colegio de Abogados de Cantabria, una institución que llevaba en marcha 164 años. 16 años después fue elegida presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Por su labor y dedicación, en 2009 recibió la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía y la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, máximo galardón que otorga el Ministerio de Justicia.

La publicación se cierra con la semblanza de Ana María Ferrer (Madrid, 1959), la primera jueza nombrada por el Consejo General del Poder Judicial como magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sus 200 años de existencia. Su nombramiento, en 2014, fue muy importante porque ninguna mujer había podido llegar a ese puesto hasta entonces, y, en sus propias palabras, “el paso atrás siempre se puede dar”.

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Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Las actuaciones del Gobierno de Canarias están alineadas con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra de Justicia, Pilar Llop

El consejero Julio Pérez, responsable del Plan PEVOLCA, no pudo estar en la presentación al encontrarse en La Palma, isla a la que se ha desplazado de nuevo hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer in situ la evolución de la erupción volcánica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias destaca la Estrategia para la Transformación Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia en Canarias para el período 2021-2023 desarrollada por el departamento que dirige Julio Pérez, quien afirma que se está trabajando por una justicia que responda a las necesidades de las personas, con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia.

La Consejería remarca que dicha Estrategia, aprobada en marzo de 2021, es pionera en el territorio nacional al alinearse con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra del área Pilar Llop. Dicho Plan tiene como objetivos esenciales consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, garantizando su accesibilidad al servicio público de justicia; promover una mayor eficiencia del servicio público; garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio e incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.

En la presentación del Plan estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, ante la ausencia del consejero Julio Pérez, al encontrase en La Palma como responsable del Plan del Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias. Pérez informó sobre la evolución de la erupción volcánica al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se desplazó hoy a la Isla, en lo que representa su sexta visita a La Palma.

Ante la referida ausencia del consejero, Vallejo y Bonnet celebraron una reunión técnica con miembros del Ministerio de Justicia para abordar los retos de la transformación digital de la Justicia y la alineación con el Plan Justicia 2030. Posteriormente, Vallejo, en sustitución del consejero, mantuvo un encuentro con la ministra en el que también participaron el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica la Estrategia canaria como un proyecto ambicioso, enmarcado en el esquema de cogobernanza y destinado a garantizar que Canarias ofrezca un servicio público de justicia moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente. Un servicio público, agregó, con una gestión eficaz y eficiente y que contribuya a la mejora del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

Respuesta a las personas

El departamento que dirige Julio Pérez destaca el trabajo realizado en Canarias para dar una respuesta a las demandas de las personas se desarrolla por medio de una mayor accesibilidad de la justicia, a través de una mayor claridad en el lenguaje jurídico, en la sede judicial electrónica; de un nuevo plan de adopción digital de la justicia tutorizado para cada uno de los empleados y traccionando una red de cambio dónde están todos los actores clave; así como de un programa de Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y un programa de bienvenida a las y los nuevos empleados públicos.

También se incide sobre la eficiencia del servicio público de Justicia por medio de la plataforma única de gestión para tribunales, juzgados y fiscalía Atlante Web, con el reto de llegar al cero papel durante 2022, fortaleciendo la interoperabilidad entre las oficinas de mediación y arbitraje con los Juzgados y Tribunales.

Asimismo, se están incorporando tecnologías e inteligencia artificial con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo, implantando un sistema de comparecencias judiciales a distancia con identificación biométrica, e implementando tecnologías que han permitido el que trabajo con todas las garantías jurídicas y de seguridad, con nuevas alternativas de firma a través de biometría en las actuaciones judiciales.

Para dar una mayor sostenibilidad y cohesión social en Canarias, se ha implementado un sistema de cita previa, que evita la conglomeración de ciudadanos y profesionales. Además, se han nuevos modelos de medición de calidad en la satisfacción de los usuarios, con sedes judiciales autosostenibles energéticamente que controlan la emisión de CO2 y el confort del personal público; y se ha automatizado los procesos judiciales masivos que impulsan la eficiencia digital para la actividad empresarial, logrando una tramitación soportada por los datos.

Con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia, se han incorporado nuevas funcionalidades y tecnologías en la plataforma Atlante Web, como una navegación atractiva funcional y que mejora la experiencia de los usuarios; la textualización de las vistas comparecencias y otras actuaciones orales, o la tramitación inteligente en procesos masivos como los monitorios por demandas de compañías aéreas.

Otras de las actuaciones son el Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica; la accesibilidad al expediente judicial electrónico completo, a través de la sede; la firma biométrica en las actuaciones judiciales; la digitalización del puesto de trabajo con la implantación del armario digital; y la gestión del dato 360 en los procesos judiciales.

 

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El Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Gobierno pone en marcha en los juzgados canarios la textualización de las grabaciones de vistas judiciales

Marta Bonnet destaca que esta actuación supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de la Justicia del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pondrá en funcionamiento la próxima semana la primera fase de implantación en los juzgados del Archipiélago del sistema que permitirá la textualización de grabaciones de las vistas judiciales, lo que supone un paso importante en la innovación y en la transformación digital de la Administración de Justicia en Canarias.

Así lo explica la directora general del área, Marta Bonnet, quien detalla que el proyecto de textualización de grabaciones de vistas genera de manera automática el texto de los vídeos grabados en las salas de vistas durante las actuaciones orales de los procedimientos judiciales, lo que permite una justicia más eficiente y facilita el trabajo de magistrados, letrados, jueces y demás empleadas y empleados públicos.

En esta primera fase de implantación, precisa Bonnet, la textualización se pondrá en marcha el próximo 10 de noviembre en todos los juzgados de Instrucción y en la parte penal de los de Violencia contra la Mujer y Mixtos, salvo en la Ciudad de la Justicia de las Palmas de Gran Canaria, que no podrá usarse hasta el despliegue del sistema de grabación Arconte Aurea, que está integrado en Atlante Web.

Bonnet informa de que también se está integrando en Atlante Web el sistema de textualización que ofrece el Ministerio de Justicia. La nueva herramienta permite acceder a los vídeos de las vistas desde la pestaña de ‘Visor del Expediente de Atlante Web’ y, una vez la persona interesada acceda a cada grabación, en paralelo a la reproducción del vídeo, se puede seleccionar la textualización de la grabación.

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Entra en funcionamiento en la capital tinerfeña el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife

Entra en funcionamiento en la capital tinerfeña el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife

Se crea a plantilla completa en coherencia con el compromiso adquirido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con las organizaciones sindicales

Se trata del tercer juzgado de nueva creación puesto en marcha en las Islas a petición del Gobierno de Canarias para dar una respuesta al aumento de litigiosidad en las jurisdicciones social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto hoy en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife, que está ubicado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña. Este es el tercer juzgado de nueva creación en Canarias, tras la solicitud cursada en 2020 por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias al Ministerio de Justicia para la implantación de tres nuevos juzgados en Canarias con el objetivo de dar una respuesta al incremento de la litigiosidad generada por la pandemia.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, explica que finales de 2020 se abrió el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, mientras que el pasado 30 de junio de 2021 se inauguró el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas. Bonnet explica que la petición de creación de nuevos juzgados y su puesta en marcha buscan dar una respuesta al aumento de litigiosidad en las jurisdicciones social y mercantil.

El nuevo Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife cuenta con dos nuevas plazas del Cuerpo de Gestión Procesal, seis del Cuerpo de Tramitación Procesal y dos del Cuerpo de Auxilio Judicial. Por tanto, el juzgado se crea a plantilla completa en coherencia con el compromiso adquirido por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia con las organizaciones sindicales, contando con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial del pasado 21 de octubre.

Este juzgado se sitúa en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña donde hasta ahora se encontraba el Juzgado de lo Mercantil número 1, que se traslada a la Avenida 3 de Mayo.

 

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La formación y participación activa de empleados públicos, “claves” para extender la digitalización de la Justicia

El consejero Julio Pérez participó en la Conferencia Sectorial de Justicia, celebrada este viernes en el Palacio del Senado en Madrid

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, intervino este viernes en la Conferencia Sectorial de Justicia, organizada por el Ministerio de Justicia, con la presencia de la ministra Pilar Llop, y con la representación de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia —entre ellas Canarias, que también estuvo representada por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet—, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. El encuentro tuvo lugar de forma presencial en el Palacio del Senado en Madrid y en él Pérez se refirió en su intervención inicial al anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que el Gobierno central impulsa en estos momentos.

El consejero resaltó que tanto con los equipos, como los programas y los sistemas, serán necesarias poner en marcha actuaciones muy intensas de formación de la ley para los distintos operadores y personas usuarias, así como obtener, tras la necesaria negociación sindical, la participación y la complicidad de los empleados y empleadas públicas de la Administración de Justicia.

Julio Pérez también se refirió a la necesidad de reflexionar colectivamente sobre la incidencia o efectos que tendrá el nuevo modelo de justicia, basado tanto en la digitalización como en la reorganización territorial, en la arquitectura y en los espacios físicos dedicados a los servicios judiciales.

En ello también influirá la posibilidad de que, además, en el ámbito de la Justicia pueda haber “trabajo deslocalizado y teletrabajo”, reflexionó el consejero de Justicia de Canarias.

La Conferencia Sectorial trató también el Programa de implantación del nuevo modelo organizativo del Servicio Público de Justicia y el desarrollo del nuevo modelo del Registro Civil.

La Conferencia aprobó los criterios de distribución de fondos europeos para Justicia, de los que Canarias ha recibido ya 1.492.000 euros y espera recibir otros cuatro millones de euros en la próxima distribución correspondiente al año 2022.

Comisión Nacional de Estadística Judicial y en el pleno del CTEAJE

Aparte de la Conferencia Sectorial de este viernes, Canarias estuvo presente el jueves en la Comisión Nacional de Estadística Judicial y en el pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), actos a los que acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet.

En la Comisión Nacional de Estadística Judicial se aprobó, con la conformidad por parte de las representantes del Gobierno de Canarias, la modificación de los boletines estadísticos que garantizarán una mejor calidad de los datos recopilados con el fin de incorporarlos en el futuro Portal de Datos de la Administración de Justicia. Así mismo, se ha profundizado en la estructura de trabajo en cogobernanza, acordándose instar las modificaciones normativas necesarias para que todas las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia estén representadas en este orden.

Mientras, en el pleno del CTEAJE se acordaron los servicios mínimos que deberán ofrecerse a la ciudadanía de forma telemática a través de la llamada Carpeta Justicia y se han validado los datos y la presentación que deberá tener el Portal de Datos de la Administración de Justicia. Igualmente, se han puesto en común las ideas para la determinación de los proyectos prioritarios de cara a 2023 con el fin de alinearlos con la estrategia Justicia 2030 y las posibilidades de financiación que ofrecen los fondos europeos.

Todo ello son actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad y eficacia del Servicio Público de Justicia que pasan necesariamente por su transformación digital y una mayor transparencia de los procesos internos así como de cara a la ciudadanía.

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Comienza el uso del gestor procesal de Justicia Atlante Web, accesible desde cualquier puesto de trabajo

Comienza el uso del gestor procesal de Justicia Atlante Web,

Desde hoy se da inicio, de forma paulatina, al proceso de desconexión de Atlante Escritorio en las primeras oficinas judiciales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha iniciado hoy, de forma paulatina y en las primeras oficinas judiciales, el proceso de desconexión del Atlante Escritorio, sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias, para dar paso al uso de Atlante Web, una aplicación multidispositivo que permite a la persona usuaria trabajar en movilidad desde cualquier lugar de una manera más flexible.

Para ello, se ha llevado a cabo la formación individual a personas usuarias, hasta alcanzar ya a un 87 por ciento de todas las oficinas de la Administración de Justicia de Canarias, mientras se sigue progresando semanalmente hasta alcanzar el 100% de oficinas judiciales antes del mes de diciembre.

En concreto, durante las últimas semanas se ha formado individualmente y de manera online a 647 personas usuarias de 76 oficinas judiciales y se han conseguido unos índices de satisfacción de las y los usuarios con la formación del 95%, y un 91% de dichas personas se consideran preparadas para usar de forma eficiente y segura Atlante Web.

Dada la necesidad de gestionar el cambio de la mejor manera posible, durante estas semanas la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia también ha reforzado la estrategia de comunicación diferenciada por perfil a toda la organización, trasladando las ventajas del nuevo Atlante Web, para acercar esta herramienta en el día a día de las oficinas.

Así lo indica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, quien expone que desde que el comienzo de legislatura, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está comprometida con el impulso de un proceso de transformación en las oficinas fiscales y judiciales con el objetivo de trabajar de una manera más eficiente y conseguir el ‘papel cero’, gracias al sistema de gestión procesal Atlante Web.

Justicia digital, abierta e innovadora

Bonnet explica que Atlante web es una solución de gestión procesal que integra los elementos sobre los que se organizan las respuestas a los principales retos que la sociedad demanda de la justicia, es decir, una justicia digital, abierta e innovadora que incorpora en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de procesos y aprendizaje automático.

Una Justicia digital, precisa, con el objetivo de alcanzar con Atlante Web el papel cero en los juzgados, tribunales y fiscalías de Canarias e implementar a plenitud el Expediente Judicial Electrónico que facilite desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial para mejorar la relación entre funcionariado, profesionales y ciudadanía.

Además, se pretende lograr una justicia abierta persiguiendo entablar una relación más sencilla y efectiva con el ciudadano y con los operadores jurídico, remarca la directora general. También, apunta, se persigue lograr una justicia innovadora que permita la transformación digital al incorporar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la robotización de procesos y el aprendizaje automático, de forma que ayude al personal funcionario de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

A las primeras oficinas judiciales en las que se inicia el proceso de desconexión de Atlante Escritorio se les ha enviado una comunicación ocho días antes del apagado, avisando de este cambio y el día anterior al apagado, recordando la forma de acceso y principales ventajas de uso de Atlante Web.

 

 

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Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

Ángel Víctor Torres y Juan Luis Lorenzo Bragado mantienen un encuentro oficial previo al inicio del año judicial

El presidente de Canarias traslada al presidente del Tribunal Superior de Justicia que a finales de septiembre se iniciará el proceso que permitirá construir el nuevo edificio judicial de Santa Cruz de Tenerife

Han puesto en valor la actuación de los poderes del Estado en una situación inédita como la vivida con la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido este jueves de forma oficial al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha compartido con el presidente del TSJC información sobre cuestiones como la próxima puesta en marcha del Juzgado de lo Social nº9 en Santa Cruz de Tenerife con el que, junto al Juzgado de lo Social nº11 y Juzgado de lo Mercantil n33 de Las Palmas, se culminará la creación extraordinaria de unidades judiciales como consecuencia de la crisis sanitaria.

También, el presidente ha trasladado que la semana del 20 de septiembre “se iniciará previsiblemente el procedimiento que permita la construcción del edificio Judicial de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos”, puesto que se habrán iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en esa zona de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para desarrollar el Palacio de Justicia.

El presidente también informó al presidente del TSJC de los proyectos compartidos para la transformación digital o la cooperación institucional en una reunión que ha calificado como “muy fructífera”, coincidiendo en esa valoración con Lorenzo Bragado, que ha agradecido “la predisposición del presidente del Gobierno su colaboración y la comunicación fluida”.

En cuanto al ámbito sanitario y a las medidas para la contención de la pandemia por COVID-19, Ángel Víctor Torres destacó que, si bien, en los últimos meses ha habido medidas que no han sido ratificadas por los tribunales, “otras si lo fueron, como por ejemplo el número máximo de personas por grupo”. El presidente considera que se puede estar en mayor o menor acuerdo, pero que su voluntad “siempre será acatar las decisiones judiciales, porque en eso consiste la separación de poderes”, remarcó.

Torres destacó también que el decreto-ley que entró en vigor el 6 de septiembre y que irá al Parlamento para convertirse en ley, mantiene la ratificación de medidas por parte de la Justicia.

En la misma línea se manifestó el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que puso en valor que “en esta situación realmente inédita ha funcionado el ordenamiento jurídico y los tribunales se han limitado a realizar la labor que constitucionalmente tienen asignada. Debemos felicitarnos por vivir en un Estado de derecho y que cada administración actúe con arreglo a los principios legales y constitucionales”.

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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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Canarias pone en funcionamiento el juzgado Mercantil 3 de Las Palmas y ultima el Social 9 de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha el pasado 30 de junio el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

El Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife estará situado en el Edificio El Cabo, donde hoy está el Juzgado de lo Mercantil 1, que se trasladará junto al Mercantil 2, permitiendo agrupar órganos de la misma jurisdicción en edificios comunes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas, que se inauguró el pasado 30 de junio, y ultima la apertura, para el día 30 de octubre, del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la creación de estos dos juzgados es una respuesta específica del Gobierno de Canarias ante las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha provocado un incremento de la litigiosidad “particularmente notable” en las jurisdicciones social y mercantil. Por ello, el pasado verano se solicitó al Ministerio de Justicia tres juzgados con los que hacer frente a este aumento, poniéndose en marcha el primero de ellos a finales de 2020, cuando se abrió el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas.

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas está ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, en la misma planta que están situados los mercantiles 1 y 2, lo que, como recuerda Vallejo, favorecerá en el futuro su reconversión como Tribunal de Instancia.

En cuanto al Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, estará situado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña, donde está en la actualidad el Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, que se trasladará a la calle Álvaro Rodríguez López, número 19, junto al Mercantil 2.

Este incremento y redistribución de espacios permite a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contar con instalaciones para dos nuevas unidades judiciales, además de resultar una organización más eficiente, por cuanto se agrupa a órganos de una misma jurisdicción y especialidad en edificios comunes.

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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