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Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada en Avilés reparte la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a esta materia

El consejero Julio Pérez insiste en que se sintonicen los cambios normativos con un plan para su implantación efectiva

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad considera esencial modernizar y actualizar el diseño de los edificios judiciales para adaptarlos al nuevo modelo de organización que se implantará

Demanda conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación a poner en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación

Canarias recibirá 15.079.522 euros más de los Fondos Next Generation asignados a mejoras de la justicia, cantidad que se suma a los 10.079.505 ya recibidos el año pasado, según lo ha acordado este viernes el pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrado en Avilés, bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop, y al que han asistido, representado a la Comunidad Autónoma de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, de forma telemática, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de forma presencial.

En dicho encuentro, que se ha desarrollado durante cinco horas, se ha dado el visto bueno a los criterios de distribución y reparto material de la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a Justicia. Para ello, se han fijado 16 proyectos prioritarios, divididos en tres grupos. Proyecto 0, infraestructuras digitales; Proyecto País, iniciativas comunes que garanticen una serie de servicios mínimos e interoperables en todo el territorio, y Proyectos de Iniciativa Autonómica, donde Canarias ha presentado cuatro, por importe de 6.715.456 euros, que han sido aprobados.

En concreto, y de acuerdo con el programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, este dinero se tendrá que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El pleno también ha aprobado el Marco Común de Igualdad, documento que pretende establecer las directrices que deben contener los planes de igualdad que se aprueben en las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia; la propuesta estándar de rehabilitaciones sostenibles, una guía que recoge los criterios a tener en cuenta en relación a la rehabilitación de edificios, y la apertura y accesibilidad del portal de Datos de Justicia.

Además, el Ministerio ha informado del estado de la tramitación de las leyes de eficiencia que tiene previsto aprobar, así como del nivel de implantación del nuevo modelo organizativo, más en concreto del apoyo técnico y la asistencia que se recibirá para el diseño de las oficinas judiciales.

En su intervención, el consejero Julio Pérez ha insistido en la importancia de que la elaboración y aprobación de las nuevas leyes y normas se acompañen de un plan detallado para llevar a cabo su implantación efectiva. Ha recordado que, en algunas reformas anteriores, como la nueva oficina judicial, ha costado años o incluso lustros su implantación. Eso no debería pasar ahora, ha dicho, especialmente a la vista de la importancia de la gran transformación de la justicia que entrañan las reformas proyectadas para la mejora de la eficiencia procesal, digital y organizativa de los juzgados y tribunales.

También se ha referido, como en anteriores conferencias, a la necesidad e importancia de que el diseño de los nuevos edificios judiciales, que en Canarias son varios y en varias islas, se atenga al nuevo modelo de organización de la justicia y no se limite a reproducir o a aumentar los espacios y la distribución tradicionales.

Julio Pérez ha hablado de la necesidad de conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación que podrán ponerse en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación, que, en algunos sitios, como Santa Cruz de Tenerife, suele necesitar una preparación muy laboriosa, a diferencia de otros partidos judiciales, como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, en donde los edificios actuales permiten contar con espacios susceptibles de acoger más órganos judiciales de forma casi instantánea.

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La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Cofarte y Puertos de Tenerife, galardonados por sus prácticas preventivas para frenar la expansión del coronavirus

La Mutua de Accidentes de Canarias entrega a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales en su edición de 2021

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha entregado este jueves a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, en una breve ceremonia, la placa y el diploma con los que reconoce la estrategia de prevención desarrollada ante la COVID-19 por este centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez.

En el acto, celebrado en la sede de esta entidad en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de la MAC, Pedro Alfonso, junto al director gerente de la misma, Javier González Ortiz, y el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, han entregado también a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas preventivas en las empresas en su edición de 2021, y a Cofarte y Puertos de Tenerife la placa y el diploma en reconocimiento a las mejores prácticas preventivas para frenar la expansión de la COVID-19.

Por parte de Ámate recogió el ‘Premio Alberto Guanche’ su presidenta, María del Carmen Bonfante. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Javier Ignacio Mora, y la responsable de Recursos Humanos de Cofarte, Yineth Moleiro, hicieron lo propio con respecto al reconocimiento a las mejores prácticas para frenar la pandemia, recogiendo la placa y el diploma correspondientes.

Como es sabido, Alberto Guanche Marrero (1950-2001) fue, además de profesor de Derecho del Trabajo de la ULL, consejero de Trabajo, Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias durante la primera legislatura autonómica (1987-91) y asesor jurídico de la Junta Directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

Durante ese tiempo, un comité derivado de la propia comisión, integrado por tres personas, analizará su contenido y elaborará una ponencia

Además, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar lo reparos procedimentales que vea oportunos

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha acordado este miércoles darse un mes, para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.

Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este Catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.

Esta decisión ha sido respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.

En la reunión de esta mañana han estado, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González, y la catedrática de Historia del Arte de la ULL, María Isabel Navarro.

Por vía telemática, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam, el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González, el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del Catálogo y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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Justicia pone en marcha un sistema de videointerpretación en lengua de signos en seis juzgados de guardia canarios

La herramienta permite la comunicación fluida en tiempo real y asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el sistema de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias, lo que asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía.

Dicha herramienta está operativa para su uso desde el pasado martes, 15 de febrero, en seis juzgados de guardia que cuentan con dependencias específicas. Concretamente en los juzgados de guardia de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

El sistema SVIsual permite la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en tiempo real, a través de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada persona usuaria. Se establece así una comunicación fluida entre ambas partes, gracias a una plataforma tecnológica que funciona como un centro de llamadas, capaz de integrar simultáneamente audio y vídeo, lo que permitirá que las personas con esta discapacidad puedan ser entendidas por el trabajador o trabajadora y viceversa.

A estos efectos, el puesto de trabajo dispuesto para tal fin cuenta con micrófono, cámara, altavoz y doble pantalla, de manera que una de ellas pueda utilizarse para el uso habitual de trabajo y la otra para mostrar la herramienta de vídeo que posibilitará la comunicación.

El sistema resulta accesible a través de la dirección web justiciaencanarias.svisual.org, que carga un entorno gráfico e incorpora un componente de vídeo (para facilitar la visualización entre la persona discapacitada y el o la agente videointérprete) y un componente de chat, que facilita la comunicación escrita.

Con la puesta en funcionamiento del sistema SVIsual, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comienza a dar cumplimiento a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que señala que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este sistema de videointerpretación se irá incorporando progresivamente al resto de los juzgados de las islas en la medida que sus instalaciones lo permitan.

En concreto, la Ley señala que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente, y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas con discapacidad auditiva y visual. Dicha medida se implementaba con la presencia física de intérpretes de signos, a pesar de las dificultades que existen muchas veces para contar con ellos dada su escasez.

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Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ejecutó el 93,78 % de su presupuesto en 2021

El presupuesto inicial de este departamento se vio incrementado en 5,7 millones de euros procedentes del Gobierno estatal y la Unión Europea

Durante 2021 se efectuaron importantes gastos e inversiones en digitalización y nuevas tecnología

Las actuaciones de emergencia y los servicios de atención telefónica suman algunas de las partidas de gasto más relevantes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, logró ejecutar el 93,78% de su presupuesto en 2021, según refleja el avance del cierre del ejercicio. El año pasado, la ejecución presupuestaria alcanzó los 294.429.805,61 euros, de un total de 313.968.299,42, lo que significa 10,70 millones más que en 2020. El crédito no ejecutado se situó en 19,5 millones de euros, cantidad que se podrá incorporar como remanente en el presente ejercicio.

El presupuesto inicial de este departamento para 2021 era de 308.284.352 euros y se vio incrementado en 5.683.947,42 debido a transferencias procedentes del Gobierno de España y de la Unión Europea, lo que permitió superar los 313,9 millones de euros.

Hay que destacar que la emergencia volcánica en la isla de La Palma, decretada en septiembre de 2021, generó un gasto de unos 4,3 millones de euros aproximadamente y que el capítulo 1 representó el 49,38% del gasto total ejecutado, a la espera del cierre definitivo del ejercicio.

Julio Pérez, responsable del área, ha valorado positivamente estos datos y ha felicitado al equipo directivo y al personal de su Consejería por el esfuerzo realizado para conseguir estas cifras tan importantes en materia económica y que se han plasmado, por ejemplo, en el proceso continuo de modernización y transformación digital de la Administración Pública Canaria, según ha expuesto el titular del departamento.

Un proceso que tiene, entre otros exponentes, la puesta en marcha de la estrategia de transformación digital del servicio público de la administración de justicia en Canarias o la implantación y desarrollo de las herramientas tecnológicas para la gestión digital de los procesos judiciales y la celebración de juicios telemáticos.

A estas actuaciones hay que sumar la implantación del expediente electrónico en los procedimientos de emisión de informes y bastanteos de poderes, avales y otras garantías de la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, así como la dirección por objetivos en la mayoría de los departamentos del Gobierno canario o el importante despliegue del 012, que además de asumir la totalidad de los servicios (previos a la situación de pandemia) ha sumado campañas masivas como la vacunación, siendo un importante valor para llevarla a cabo en el menor tiempo posible.

A lo largo de 2021, también se llevó a cabo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, la implementación de los nuevos portales de participación ciudadana y de datos abiertos de Canarias, el desarrollo de la Red Canaria de Gobierno Abierto y la renovación del portal de transparencia del Gobierno de Canarias.

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La Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, referente de instalación judicial para Croacia

La Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, referente de instalación judicial para Croacia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad participa junto al ministro de Justicia de Croacia en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios

Pérez destaca las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de la infraestructura judicial de la capital grancanaria, así como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha participado hoy, junto al ministro de Administraciones Públicas y Justicia de Croacia, Ivan Malenica, en un seminario web sobre el diseño de la organización judicial para una mejor prestación de servicios. Esta actividad para el intercambio de conocimientos se enmarca en el proyecto Justicia para las empresas en Croacia del Banco Mundial y ha tenido como objeto central el análisis de los estándares de diseño de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

Un seminario en el que se ha explorado la importancia del diseño de la organización judicial para mejorar la prestación de servicios de justicia a la ciudadanía y las soluciones que ofrece la jurisprudencia para afrontar reformas de organización, cumplir con los requisitos del debido proceso y permitir condiciones de trabajo sinérgicas y de colaboración.

Durante su intervención, Pérez ha destacado tanto las capacidades, funcionalidades y posibilidades de crecimiento de dicha infraestructura judicial y su facilidad para incorporar nuevas tecnologías e instalaciones y servicios, como sus valores urbanísticos y su modo de insertarse en la ciudad. El inmueble vanguardista, que ha favorecido la concentración y funcionalidad de las unidades y órganos judiciales de capital grancanaria, ocupa más de 12.800 metros cuadrados con una superficie total construida de casi 90.000 metros cuadrados, así como con casi 11.000 metros cuadrados de espacios libres y plazas exteriores, y su estructura de funcionamiento es más la de una ciudad que la de una pieza única.

Tras considerar un honor y una satisfacción que la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria pueda ser objeto de estudio y pueda servir de modelo para otras ciudades del mundo, Pérez ha expuesto que es un modelo y un objeto de estudio también para el propio Gobierno de Canarias, como referencia básica en el avanzado proceso de diseño y posterior construcción de un equipamiento judicial en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

Visión de futuro

Sobre la futura infraestructura judicial en la capital tinerfeña, ha detallado que, una vez decidido su emplazamiento, está en curso la elaboración de la normativa urbanística necesaria y que en cuanto sea posible se abordará el proceso de definición de la arquitectura que será muy probablemente, ha manifestado, a imagen y semejanza de la que se llevó a cabo, hace casi dos décadas, en Las Palmas de Gran Canaria, con la esperanza de lograr un resultado similar.

Además de destacar las calidades, cualidades y características, ha indicado que la experiencia del uso de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria- inaugurada en enero de 2014- es altamente satisfactoria, y ha resaltado que se forjó con una visión de futuro y con una franca posibilidad de crecimiento y facilidad para incorporar nuevas tecnologías, instalaciones y servicios.

Respecto al impacto de la infraestructura en el área urbana circundante, el consejero ha ensalzado asimismo sus valores urbanísticos y ha explicado que el edificio se inserta en la ciudad y contribuye a mejorarla, a hacerla más vivible y bella, y hace que sea más fácil que sea sentido como propio por todos los habitantes de la ciudad, no solo por las personas usuarias de la infraestructura judicial.

El consejero ha reconocido a las personas que contribuyeron en la ejecución del proyecto judicial de Las Palmas de Gran Canaria, entre las que ha nombrado al equipo de arquitectos, en la persona de José Antonio Sosa, y al funcionario de larga experiencia Joaquín García Gómez, quienes han participado en el seminario web.

Seminario Web

Durante el mismo, se ha descrito la Ciudad de la justicia de Las Palmas desde las perspectivas del poder judicial, el arquitecto y la empresa constructora. Respecto a la perspectiva judicial, se ha centrado en el vínculo entre la modernización de los tribunales y sus beneficios para la prestación de servicios de justicia, mientras que el arquitecto ha presentado los conceptos impulsores del diseño para la materialización de la Ciudad de la Justicia y los impactos del proyecto en el área urbana circundante.

En cuanto a perspectiva de la construcción, se ha ofrecido una visión general del proceso de construcción y su gestión sobre el funcionamiento de los juzgados durante la construcción, así como los retos y lecciones aprendidas y extraídas del proceso.

 

 

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Gobierno y TSJC impulsan su cooperación y coordinación

Gobierno y TSJC impulsan su cooperación y coordinación

La sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife ha acogido, este lunes, la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), un encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En el mismo, han participado, además, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano, y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández Cordobés, el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, y el magistrado del Consejo del Poder Judicial en Las Palmas, José Antonio Morales. Durante la reunión se han analizado asuntos comunes que afectan a ambas instituciones. En la imagen, todos los participantes en el encuentro.

 

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Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Se deberán invertir en actuaciones para la transformación del servicio público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Canarias recibirá este mes de diciembre del Ministerio de Justicia 8,6 millones de euros para proyectos de innovación tecnológica de un total de 63,3 millones que se distribuirán territorialmente entre las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferidas para el desarrollo proyectos de inversión considerados prioritarios para la transformación del servicio público de justicia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se persigue con dichas partidas avanzar en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas y continuar acometiendo los proyectos prioritarios de Justicia 2030 en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Este reparto se suma a los 21 millones que fueron transferidos a las Comunidades Autónomas el pasado mes de abril, según detalla el Ministerio, que concreta que, en total, Justicia recibirá para transformación digital 410 millones euros, en los ejercicios del 2021 al 2023, procedentes de los fondos europeos del MRR, para abordar un programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia.

Los criterios de distribución de los fondos, así como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas del crédito asignado en el año 2021 por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia fueron acordados la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia a la que asistieron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, en las que delegó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, al encontrarse en La Palma debido a la emergencia volcánica en la Isla.

Dichas partidas deberán utilizarse en proyectos de innovación tecnológica. En concreto, y de acuerdo con el programa aprobado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de justicia, se tendrán que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a Servicios Homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada Comunidad Autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de Ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Así, para el proyecto 0, adquisición de infraestructuras tecnológicas, Canarias recibirá 316.997 euros, mientras que para el proyecto Ciberseguridad, la Comunidad Autónoma obtendrá 2.000.000 de euros. El resto se destinará a los servicios homogéneos, con los que se financiarán las necesidades de los sistemas de gestión procesal para alcanzar un nivel de prestación de servicios homogéneos en todo el territorio estatal.

Los fondos para Servicios Homogéneos se distribuyen en distintos proyectos, y para los mismos Canarias recibirá las siguientes cantidades:

Proyecto 1A. Interoperatividad: 3.900.000 euros

Proyecto 2.Justicia orientada y basada en datos: 1.200.000 euros.

Proyecto 5. Carpeta Justicia: 150.000 euros.

Proyecto 6: Inmediación digital: 300.000 euros.

Poryecto 7. Textualización: 300.000 euros.

Proyecto 8A. MASC ( Expediente y Registro de terceros neutrales):450.000 euros.

Su plazo de ejecución exige tener comprometido el gasto a 31 de diciembre de 2022 y su completa ejecución en noviembre y diciembre de 2023, y los fondos se harán efectivos principalmente a través de licitaciones públicas para mejoras tecnológicas y de programas.

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