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Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Canarias contará con 8,6 millones para proyectos de innovación tecnológica en Justicia

Se deberán invertir en actuaciones para la transformación del servicio público en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Canarias recibirá este mes de diciembre del Ministerio de Justicia 8,6 millones de euros para proyectos de innovación tecnológica de un total de 63,3 millones que se distribuirán territorialmente entre las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia transferidas para el desarrollo proyectos de inversión considerados prioritarios para la transformación del servicio público de justicia dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se persigue con dichas partidas avanzar en el objetivo de modernización de las Administraciones Públicas y continuar acometiendo los proyectos prioritarios de Justicia 2030 en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Este reparto se suma a los 21 millones que fueron transferidos a las Comunidades Autónomas el pasado mes de abril, según detalla el Ministerio, que concreta que, en total, Justicia recibirá para transformación digital 410 millones euros, en los ejercicios del 2021 al 2023, procedentes de los fondos europeos del MRR, para abordar un programa conjunto de reformas estructurales del servicio público de Justicia.

Los criterios de distribución de los fondos, así como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas del crédito asignado en el año 2021 por el mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia fueron acordados la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia a la que asistieron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, en las que delegó el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, al encontrarse en La Palma debido a la emergencia volcánica en la Isla.

Dichas partidas deberán utilizarse en proyectos de innovación tecnológica. En concreto, y de acuerdo con el programa aprobado entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de justicia, se tendrán que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a Servicios Homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada Comunidad Autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de Ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Así, para el proyecto 0, adquisición de infraestructuras tecnológicas, Canarias recibirá 316.997 euros, mientras que para el proyecto Ciberseguridad, la Comunidad Autónoma obtendrá 2.000.000 de euros. El resto se destinará a los servicios homogéneos, con los que se financiarán las necesidades de los sistemas de gestión procesal para alcanzar un nivel de prestación de servicios homogéneos en todo el territorio estatal.

Los fondos para Servicios Homogéneos se distribuyen en distintos proyectos, y para los mismos Canarias recibirá las siguientes cantidades:

Proyecto 1A. Interoperatividad: 3.900.000 euros

Proyecto 2.Justicia orientada y basada en datos: 1.200.000 euros.

Proyecto 5. Carpeta Justicia: 150.000 euros.

Proyecto 6: Inmediación digital: 300.000 euros.

Poryecto 7. Textualización: 300.000 euros.

Proyecto 8A. MASC ( Expediente y Registro de terceros neutrales):450.000 euros.

Su plazo de ejecución exige tener comprometido el gasto a 31 de diciembre de 2022 y su completa ejecución en noviembre y diciembre de 2023, y los fondos se harán efectivos principalmente a través de licitaciones públicas para mejoras tecnológicas y de programas.

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Canarias dispondrá de 20,4 millones destinados a proyectos de digitalización y conectividad

Canarias dispondrá de 20,4 millones destinados a proyectos de digitalización y conectividad

Los fondos se dirigirán a reforzar la conectividad en centros públicos de referencia, a facilitar bonos para colectivos vulnerables y a impulsar las competencias digitales de la ciudadanía, entre otros

La Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, celebrada ayer con carácter virtual, ha aprobado los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de 500 millones de euros para el periodo 2021-2023 destinados a proyectos de digitalización y conectividad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Del total de los fondos, la Comunidad Autónoma de Canarias gestionará 20,4 millones para reforzar la conectividad en centros públicos de referencia y polígonos industriales, ayudas a las comunidades de propietarios para acometer infraestructuras de telecomunicaciones en edificios construidos antes del año 2000, así como facilitar bonos de conectividad digital y formación para la adquisición de competencias digitales de la ciudadanía.

Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan de  Recuperación  Transformación y  Resiliencia (PRTR) para la gestión de los Fondo de Recuperación “Next Generation EU” , una de las treinta líneas de acción que se identifican es el componente 15 (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando porque el 100% de la población disponga de una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

En el reparto de los fondos europeos que corresponden al Componente 15 y 19 del PRTR acordado entre las comunidades autónomas, a Canarias le corresponden 6,8 millones de euros para la financiación de Actuaciones de Refuerzo de la Conectividad en Centros Públicos de Referencia; 2,45 millones de euros para la financiación de  Actuaciones de Refuerzo de la conectividad en Polígonos Industriales y Centros Logísticos; 1,5 millones para la financiación del Programa de Emisión de Bonos Digitales para Colectivos Vulnerables; 2,48 millones para la financiación de actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios construidos antes del año 2.000, y 7,06 millones para la financiación de Actuaciones para la Adquisición de Competencias Digitales por la Ciudadanía .Inversión que se repartirán entre los años 2021-2023.

Desde el Gobierno de Canarias, se valora mucho que estas líneas de actuación para la recuperación y transformación de la Economía pongan como protagonista a las personas, ya que estos bonos digitales permitirán que las familias más vulnerables puedan acceder a internet en banda ancha en sus casas, y también se les dará formación para el manejo de las TIC. Es muy importante que la recuperación y transformación de la economía sea justa y nadie se quede atrás, según detalla el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, quien asistió a la reunión de la sectorial por vía telemática, en sustitución del Consejero Julio Pérez, que no pudo asistir por estar al frente de la emergencia provocada por la erupción volcánica,

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El SCE y la Fecam firman un Programa de Empleo Social por 35 millones para impulsar la inserción en los municipios

Firma PEES

Elena Máñez y María Concepción Brito suscriben con dos meses de adelanto respecto al año pasado el Acuerdo-Marco de este programa, que permitirá la puesta en marcha de proyectos de empleo por parte de los ayuntamientos de Canarias para contratar a más de 3.000 personas desempleadas

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, firmaron este jueves un nuevo Acuerdo-Marco para la puesta en marcha del Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, con una dotación económica que crece este año hasta los 35 millones de euros, 25 millones a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y otros 10 de fondos de Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento supone, como explicó la consejera, “un esfuerzo presupuestario que nos permitirá reforzar las políticas de empleo dirigidas a las personas que más están sufriendo el impacto de esta crisis”.

El Acuerdo-Marco firmado este jueves, que llega además con un adelanto de 2 meses respecto al año pasado gracias a la aprobación anticipada del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), regula las condiciones y el reparto de los fondos entre los ayuntamientos de Canarias para el desarrollo de proyectos de empleo destinados a la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración, con ingresos bajos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a colectivos vulnerables como el de mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción.

La distribución de los fondos se realiza en función del número de personas desempleadas en cada municipio y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses, con un coste laboral máximo de 1.800 euros por persona al mes. La previsión es superar, como adelantaron las presidentas del SCE y la Fecam, las 3.000 personas contratadas a través de proyectos desarrollados por los ayuntamientos.

La consejera, durante su intervención
La consejera, durante su intervención en el acto de firma del PEES.

“En un año clave como este, en el que las consecuencias de la crisis siguen presentes pero el proceso de vacunación nos ha abierto un horizonte de esperanza, es fundamental suplementar el esfuerzo para dar soporte y una oportunidad a todas aquellas personas con mayores dificultades de inserción”, señaló la consejera. A su juicio, la participación de las personas desempleadas en estos proyectos de empleo social “les permite adquirir una experiencia laboral con la que mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo”.

Como explicó Máñez, este acuerdo entre el SCE y la Fecam es fruto “del trabajo intenso que han desarrollado en los últimos meses los equipos técnicos de ambas instituciones”. En este sentido, destacó la importancia de la cogobernanza a la hora de diseñar “todas las políticas, pero especialmente de aquellas que impactan directamente en las personas”.

Por su parte, en esta línea, la presidenta de la Fecam destacó la utilidad de este acuerdo para reducir el desempleo en el Archipiélago. «Somos conscientes del papel de las corporaciones locales en esta coyuntura, al ser la primera puerta que tocan los ciudadanos y ciudadanas cuando se dirigen a la administración pública, lo que nos convierte en los únicos agentes para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto. María Concepción Brito, que subrayó que este Programa está destinado a mejorar las condiciones económicas y laborales de nuestros municipios y de la ciudadanía, agradeció la implicación de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, así como el trabajo realizado desde la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam.

En el acto también estuvieron presentes la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam, Antonio Ramón Chinea y María Macarena Fuentes.

Plan de Transición Ecológica

Durante su intervención, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció también la próxima puesta en marcha del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), firmado en este caso con la Federación Canaria de Islas (Fecai), y avanzó que este mes ya se producirán los contactos para definir su desarrollo. También el PETE ve aumentado su presupuesto este año, con 5 millones de euros más que en 2020 hasta llegar a los 10 millones en 2021. “Con estas medidas pretendemos dar un apoyo singular a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía”, señaló.

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Las conferencias sectoriales destinan a Canarias 169 millones para formación y políticas de empleo

Yolanda Díaz y Elena Máñez

La consejera, Elena Máñez, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, participaron ayer y hoy en Madrid en la Conferencia Sectorial del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP para el Empleo y en la de Empleo y Asuntos Laborales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social aporta más de 130 millones para políticas activas de empleo, FP y modernización y el Ministerio de Educación más de 39 millones para formación profesional para el empleo

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo autónomo dependiente de la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo, recibirá 169,16 millones de euros del Estado para formación profesional y políticas activas de empleo, tal como se acordó en las reuniones de las conferencias sectoriales del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, y la de Empleo y Asuntos Laborales, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, celebradas este martes y miércoles, respectivamente, en Madrid. De estos fondos, el Ministerio de Educación aporta 39.064.492,45 euros para formación profesional para el empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social un total de 130.098.915 euros para políticas activas de empleo, formación profesional y modernización.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, que asistió a ambas conferencias sectoriales acompañada por la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, subrayó que estos fondos “permitirán impulsar la formación y las políticas de fomento del empleo en un momento crucial para Canarias” y afirmó que contribuyen a “dotar de mayores garantías” al proceso de recuperación que afronta Canarias, un territorio en el que la crisis de la COVID-19 “ha tenido un impacto diferencial en la economía y el empleo”.

A las cuantías aprobadas ahora se sumarán, en el próximo mes, las del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, aún por determinar, y los 42 millones del convenio del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), ya comprometidos por el Consejo de Ministros y que, previsiblemente, llegarán a las Islas incluso con mayor antelación que en 2020.

Elena Máñez y Dunnia Rodríguez, durante la Conferencia Sectorial
Elena Máñez y Dunnia Rodríguez, durante la Conferencia Sectorial

Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo

Durante la reunión de la Conferencia Sectorial se analizaron también los avances en el documento de la nueva Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024, el próximo marco normativo para la coordinación y ejecución de las políticas de activación para el empleo en toda España. En este sentido, la consejera informó de la reciente aprobación por el Consejo de Gobierno, el pasado 11 de marzo, de la Estrategia Canaria de Apoyo Activo al Empleo, en línea con las directrices que marca el documento estatal, y dio cuenta de sus principales objetivos: paliar el impacto de la COVID-19 en el mercado laboral; mejorar las capacidades de las personas trabajadoras hacia sectores emergentes de las economías azul, circular o social; y abordar la transformación del SCE hacia un enfoque centrado en la ciudadanía y las empresas.

Máñez destacó el importante papel que ha jugado el diálogo social en la elaboración de la nueva estrategia canaria, construida desde el consenso con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el marco del Consejo General de Empleo. “Es una estrategia innovadora, adaptada a un contexto económico complicado e impulsada por un Gobierno que apuesta de manera decidida por la transformación de la economía canaria y por la protección de los trabajadores y trabajadoras, las personas autónomas y las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

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Canarias recibirá este año 1,5 millones de euros de fondos europeos para proyectos tecnológicos en Justicia

Julio Pérez, mientras participa en la Conferencia Sectorial de Justicia del 18 de marzo de 2021

Las líneas de actuación de esta partida serán la deslocalización de los puestos de trabajo, la inmediación digital, la atención a la ciudadanía y la ciberseguridad

Canarias recibirá este año 1.462.509 euros del Fondo de Recuperación Europeo Next Generation para la implantación de reformas estructurales en la administración de Justicia en las Islas. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, destinará dicha partida a proyectos tecnológicos como la deslocalización del puesto de trabajo y la mejora de los sistemas de grabación y salas de vistas. Se trata de la parte acordada para 2021, a la que seguirán otras en los próximos años.

El reparto de dichos fondos se acordó este jueves en la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y de la que forma parte el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas con competencias en la materia. En la reunión participaron de manera telemática el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

La Conferencia Sectorial acordó que estos fondos actúen en cuatro líneas. La primera de ellas es la inmediación digital y tiene como objetivo ampliar la posibilidad de realizar actuaciones judiciales telemáticas, en especial juicios, con plena seguridad jurídica. Se busca con ello que, para el año 2022, entre un 30 y un 50% de los órganos jurisdiccionales puedan realizar  sus actuaciones online.

La línea de puesto de trabajo deslocalizado busca ampliar el concepto tradicional de teletrabajo a una modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el desempeño del puesto de trabajo puede desarrollarse, cuando las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación, reuniendo las condiciones de seguridad necesarias.

Por su parte, la línea de atención ciudadana y cita previa habilitará un nuevo canal de atención a la ciudadanía y profesionales, que permita prestarla de manera ordenada mediante sitios web corporativos de cita previa, para la selección del día y turno para la prestación del Servicio Público de Justicia, canal conectará con los restantes de atención ciudadana basados en la inmediación digital.

Por último, está la línea de ciberseguridad, con la que se pretende establecer un servicio de seguridad gestionado destinado a proporcionar protección a las Administraciones y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad, buscando sinergias con otros organismos europeos en esta materia.

Así mismo, la Conferencia Sectorial también ha aprobado por unanimidad un protocolo de teletrabajo que elaboraron los integrantes de la Comisión y que se constituyó en grupo de trabajo, entre los cuales estaba Canarias.

El protocolo permitirá la regulación de la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y su fin es la creación de un marco de seguridad jurídica para promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia, la transformación digital y el incremento de la sostenibilidad, así como para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de los funcionarios de la Administración de Justicia.

Como explica la viceconsejera de Justicia, la necesidad de regular estos parámetros se ha puesto “muy de manifiesto” con la actual crisis sanitaria y para su implantación será necesaria, previamente, pasar por negociación sindical.

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El Estado destina 716.000 euros más a Canarias para mantener el empleo de personas con discapacidad

Darias, Santana y Rodríguez

Los fondos adicionales del Ministerio de Trabajo se distribuyen entre las comunidades autónomas para financiar el aumento al 55% del salario mínimo interprofesional de las subvenciones a los centros especiales de empleo.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, asistieron en Madrid a la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales acordó este martes, en Madrid, la distribución entre las comunidades autónomas de casi 20 millones de euros de fondos adicionales para financiar el aumento del 50 al 55% del salario mínimo interprofesional de las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad severa contratadas en centros especiales de empleo, de los que 716.724,16 euros corresponden a Canarias.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias; el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, asistieron al septuagésimo sexto encuentro del órgano de cooperación entre las administraciones estatal y autonómicas, celebrado en la sede del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Con la participación de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, y de la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, la reunión concretó el proyecto adelantado durante la anterior edición de la conferencia sectorial, a mediados del pasado julio, sobre el incremento de carácter extraordinario y únicamente para 2019 del porcentaje de las ayudas en favor de la continuidad de los puestos de las personas con discapacidad severa en centros especiales, unas subvenciones vinculadas a la cuantía retributiva mínima y beneficiadas del alza este año hasta los 900 euros mensuales.

Sensibilización en materia de violencia de género

Carolina Darias explicó que en la reunión de la Conferencia Sectorial también se abordaron proyectos “de presente y de futuro” que el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, quiere poner en marcha en colaboración con los distintos servicios regionales, entre los que destacó, por su importancia, una iniciativa “para la sensibilización de los empleados públicos en materia de violencia de género”. “Tenemos un largo camino que recorrer en 2020 y estamos trabajando ya en la definición de los proyectos del área de Empleo para el próximo ejercicio”, manifestó la consejera.

Actualización de certificados de profesionalidad

Además de consultar el Plan de Política de Empleo 2020 y los avances en el desarrollo del Plan de Choque por el Empleo Joven y del Plan Reincorpora-T, tras un acuerdo con el Injuve para la contratación de mediadores juveniles, la Conferencia Sectorial también debatió acerca de la actualización de los certificados de profesionalidad mediante un proyecto de real decreto y una veintena de órdenes ministeriales.

Con informe positivo del Consejo General de Formación Profesional, las propuestas normativas comprenden un total de 163 certificados de profesionalidad, entre los que se incluye el establecimiento de una acreditación correspondiente a la familia Electricidad y electrónica y la actualización o modificación de otro título marítimo-pesquero a través de un real decreto y diversas variaciones en los restantes certificados de múltiples familias mediante 21 órdenes ministeriales.

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