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El Gobierno de Canarias incorpora seis nuevos helicópteros multifuncionales al Grupo de Emergencias y Salvamento

El Gobierno de Canarias incorpora seis nuevos helicópteros multifuncionales al Grupo de Emergencias y Salvamento

Todos ellos son del modelo Bell 412 EP, que reúne una serie de características más apropiadas a las labores de rescate en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención

Además de prestar un servicio multifuncional, ofrece la posibilidad de localizar personas a través del móvil y cuenta con flotadores y patines que dan mayor seguridad a las operaciones en el mar

El contrato, de cinco años y financiado con fondos europeos, tiene un presupuesto de unos 50 millones de euros, que incluye los costes necesarios para disponer de las aeronaves y su tripulación permanentemente operativas, y las horas de vuelo a realizar

El consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Emergencias ha presentado este jueves, en el helipuerto de La Guancha, uno de los seis nuevos helicópteros multifuncionales que el Gobierno de Canarias ha incorporado al Grupo de Emergencias y Salvamento (GES). Se trata del modelo Bell 412 EP, aeronave que reúne una serie de características que la hacen más apropiada a las labores que se desarrollan en el archipiélago.

Entre las principales novedades de este modelo de helicóptero, que estará en las bases ubicadas en las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura, conviene destacar su capacidad para prestar un servicio multifuncional (rescates en mar y tierra, extinción de incendios y otros servicios de vigilancia y prevención); la posibilidad de llevar a cabo la localización de personas a través del teléfono móvil; y la incorporación de flotadores y patines para dar mayor seguridad a las operaciones de rescate en el mar y en el repostaje de la cesta de incendios.

Igualmente, cuenta con mejoras en los sistemas de los helibaldes para la extinción de incendios -dos bambis por cada una de las seis bases, con sistema electrónico de múltiple descarga y un mecanismo que permite el llenado del dispositivo sin que sea preciso sumergirlo totalmente- y también en las comunicaciones de los rescatadores.

Otra ventaja es que, al ser los seis helicópteros de iguales características, se garantiza la continuidad del servicio, ya que se pueden incorporar personas de la tripulación de cualquiera de las aeronaves, algo que no ocurrió, por ejemplo, durante la pandemia, por tener dos modelos de helicópteros diferentes.

Acompañado del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas; la jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias, Montserrat Román; el director ejecutivo y el coordinador de operaciones de la empresa adjudicataria del servicio (Pegasus), Jesús de la Fuente y Manuel Ferragut, respectivamente; y la tripulación del GES Aire, y después de haber observado el helicóptero, Julio Pérez, ha puesto de relieve que el nuevo equipamiento es fruto de un laborioso proceso -ha felicitado a la Administración y a sus funcionarios-, que ha tenido como fruto el contrato de estos seis helicópteros, durante cinco años por 50 millones de euros.

Ha resaltado que se trata de una inversión en seguridad y, por tanto, de tranquilidad para los canarios de las 8 islas, que permite incorporar novedades técnicas y modernizar y mejorar el equipamiento. El consejero se ha referido igualmente a la cualificación de las personas que prestan este servicio, pilotos, operadores de grúa y rescatadores, y ha recalcado sus características humanas, con una vocación y un compromiso singular con este tipo de labor que hacen. Del mismo modo, ha afirmado que en esta legislatura la seguridad ha sido una de las prioridades del Gobierno.

Un modelo referente

La jefa del Servicio de Protección Civil y Atención de las Emergencias también ha subrayado la importancia del acto por el trabajo desarrollado durante estos años para adecuar estos helicópteros a las circunstancias del archipiélago. Ha hablado de la formación del personal ya cualificado para rescates complicados en tierra y mar, y ha advertido de que en España solo se puede encontrar un servicio similar en Cantabria, donde cuentan con dos aeronaves, por lo que se puede decir que estamos ante un modelo referente.

El coordinador de operaciones de la empresa Pegasus ha hecho hincapié en la excelencia del operativo en un terreno complicado, por parte un personal exigente, que dispone de maquinaria moderna adaptada a las características de las islas.

También ha intervenido Hugo Asensio Álvarez, uno de los pilotos que opera desde la base de La Guancha, quien, tras explicar cómo sería un operativo en el caso de un desaparecido en el Parque Natural de Anaga, ha dicho que forma parte de un equipo muy engrasado para operaciones muy exigentes, que pueden pasar en solo horas de un rescate en el mar a uno en alta montaña.

Durante esta legislatura (2019-2023) el GES ha efectuado 796 rescates en tierra, 856 en mar (muchos de ellos en condiciones difíciles de oleaje, calima y turbulencias de viento racheado) y 264 servicios de extinción de incendios. En total, 1.916 intervenciones en las misiones principales. También se llevan a cabo otras actuaciones como las de detección y seguimiento de episodios de contaminación marina o vuelos preventivos en eventos multitudinarios.

Por islas, Tenerife se lleva la palma en cuanto a números de intervenciones, 375 rescates en tierra, 294 rescates en mar y 79 incendios. La sigue Gran Canaria, 175 en tierra, 209 en mar y 81 incendios. La Palma registró 95 en tierra, 88 en mar y 68 incendios. Lanzarote es la cuarta con 46 en tierra, 104 en mar y un incendio. Fuerteventura, con 26 en tierra, 95 en mar y cero incendios es la quinta. La Gomera ocupa el sexto lugar con 66 rescates en tierra, 22 en mar y 11 incendios. Y cierra la lista El Hierro con 13 en tierra, 44 en mar y 24 incendios.

El contrato, financiado con fondos europeos, se podrá prorrogar hasta que comience la ejecución del nuevo, y, en todo caso, por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario.

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El Parlamento aprueba por unanimidad dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía

El Parlamento aprueba por unanimidad dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía

En la defensa de su creación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que la ley básica que regula su puesta en marcha pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y de quienes reciben sus servicios, lo que en este caso cobra más importancia

La propuesta para sacar adelante estas dos corporaciones de Derecho Público atañe a cientos de profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad dos proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro.

La puesta en marcha de ambos está amparada en lo establecido en el artículo 190.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 6 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero.

Según ha señalado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, a la hora de defender ambos proyectos de ley ante la Cámara autonómica, con la creación de estos dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía se da cumplimiento a los principios de buena regulación, ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que su creación está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representarán y defenderán los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelarán y protegerán los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.

En este sentido, Julio Pérez ha explicado que la ley básica que regula los colegios profesionales pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y los intereses de quienes reciben sus servicios. Algo que en este caso tiene gran relevancia, porque las personas que acuden a los pedagogos y psicopedagogos son personas en una especial situación de necesidad de atendimiento y compañía.

El consejero ha añadido que son personas que están en el camino del aprendizaje, que están queriendo aprender, que tienen que aprender, y que en ese camino del aprendizaje necesitan una asistencia.

Ha citado a algunos colectivos concretos como el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, a quienes tienen trastornos de déficit de atención, las personas con especiales condiciones o especial historia escolar o quienes han hecho una incorporación tardía al sistema educativo, quienes tienen altas capacidades educativas, que también requieren una atención pedagógica especial.

Todas ellas, ha indicado, tienen que aprender a aprender y, probablemente, aprender sea lo más importante que se hace en la vida, una circunstancia a tener muy en cuenta a la hora aprobar su creación.

Esta iniciativa para poner en marcha estas dos corporaciones de Derecho Público afecta a cientos de profesionales, tanto de la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife. Algunas de sus promotoras asistieron ayer en el Parlamento de Canarias a su aprobación, acompañadas de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra.

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El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

El Gobierno de Canarias mejora las condiciones laborales de los trabajadores de GSC

Julio Pérez y Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de la empresa pública, alcanzan un acuerdo con los representantes de los trabajadores que supone un avance muy positivo para los empleados del 1-1-2 Canarias y del SUC

Entre otras mejoras destacan la formación de nivel para todo el personal, el cambio de modelo en la gestión de localizados, activaciones extras y la regulación de la disponibilidad de los trabajadores

El acuerdo, impulsado tras haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Ejecutivo canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en su calidad de presidente y vicepresidente del Consejo de Administración de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias S.A. (GSC), han alcanzado este miércoles un acuerdo con los representantes del Comité de Huelga de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Andrés Hernández y Lorenzo Galindo, respectivamente, que supone un avance muy positivo en las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa pública que gestiona el CECOES 1-1-2 y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El acuerdo, logrado tras sucesivas reuniones entre ambas partes y haberse iniciado la ejecución de los abonos relacionados con la restitución del 5% de los salarios, es fruto del interés del Gobierno canario por poner de relieve la labor que desarrolla GSC. En él se recogen una serie de compromisos y pactos que surtirán efecto una vez recabada la pertinente autorización y aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuestos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, este acuerdo debe ser un punto de partida para seguir mejorando los servicios de seguridad y emergencias que presta el Gobierno de Canarias, no solo en la parte retributiva sino procedimental. Ha mencionado las complicaciones encontradas para superar el escollo del 5% y las derivadas de lo que supone organizar una empresa que se dedica a las emergencias, y ha agradecido a los trabajadores que, a pesar del conflicto, este no haya repercutido en el servicio que prestan, lo que demuestra su identificación con la labor que desarrollan y que pretenden mejorar sus condiciones laborales, pero continuar trabajando en este servicio público esencial.

El titular de Sanidad también ha resaltado la importancia del acuerdo, por tratarse de un servicio público esencial, una de las prioridades del Gobierno de Canarias, al que se llega tras una reivindicación salarial justa, compleja de resolver, que introduce mejoras desde el punto de vista funcional que redundarán en una mejor prestación del servicio. Con esto avanzamos y hacemos más Canarias, ha recalcado.

Por su parte, los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife, Lorenzo Galindo, y Las Palmas, Andrés Hernández, han valorado de forma positiva el acuerdo, han agradecido la disposición del Consejo de Administración de GSC para alcanzarlo y han mostrado su satisfacción por haber conseguido un objetivo que parecía inalcanzable, como la restitución del 5% de los salarios, y haber avanzado en más cuestiones de regulación del personal de la empresa pública.

Entre los trece puntos incluidos en el documento que da forma al acuerdo se encuentra el impulso de la formación de nivel para todo el personal de GSC; la rebaja de la conflictividad laboral, con la resolución de expedientes pendientes de manera pactada con los trabajadores y el establecimiento de un protocolo de mediación; y la modificación de instrucciones para evitar conflictos al establecer turnos.

Cambios organización

También recoge cambios en la organización de las guardias localizadas y las activaciones extra, para garantizar el disfrute ininterrumpido de las horas de descanso semanal, que solo podrá ser suspendido cuando concurran circunstancias de causa de fuerza mayor y tras haber agotado otras opciones; y el derecho a la desconexión digital del trabajador mientras no deba estar disponible.

La empresa va a continuar con los procesos de selección de empleados que se encuentran en curso en la actualidad y publicará otros para una serie de puestos operativos. Además, mantendrá actualizadas las diferentes bolsas y listas de reserva para la adecuada contratación de todas las categorías profesionales.

Igualmente, GSC establecerá un Plan de Riesgos Psicosociales para todo el personal y medidas especiales ante el estrés y la ansiedad dentro de la sala operativa y los recursos aéreos.

Otros puntos que destacar son la incorporación de dos técnicos de atención a la mujer (TAM) en la estructura del actual colectivo; de un gestor de recursos en Tenerife, por incremento de actividad; de personal enfermero de recursos aéreos en el plus de noches; y la actualización de la tasa de reposición para la contratación como indefinidos de dos trabajadores, uno de los cuales cubrirá una plaza que ha quedado libre por jubilación.

Los dos consejeros y los representantes de los comités de huelga de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas han estado acompañados, entre otros, por la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencias, Alicia Álvarez; el gerente de GSC, Juan Ignacio Nieva; y algunos miembros del comité de empresa, Estefanía Ramos, María José Reiriz y José Luis Izquierdo.

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Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Importante paso de la Policía Autonómica con la creación de la primera Unidad Especializada de Violencia e Infancia

Sus miembros, con una formación específica en esta materia y dedicación exclusiva, están adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria

Practicarán las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento y las averiguaciones necesarias para esclarecer aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia

Julio Pérez subraya el valor de esta iniciativa con la que el Gobierno cumple el mandato de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, de poner en marcha una policía especializada en esta materia

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha dado un importante paso con la puesta en marcha de su Unidad Especializada de Violencia e Infancia. Así lo ha resaltado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, con motivo de su presentación en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, pues, según ha dicho, además de ser la primera que se crea en España, una de las razones de ser de este Cuerpo es prestar servicios específicos como estos.

Integrada, de momento, por cuatro agentes, dotados de una formación específica, esta unidad está adscrita al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, el único de España dedicado exclusivamente a la protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, cuyo titular es el magistrado Tomás Luis Martín. Para él, Canarias está dando pasos muy importantes en esta cuestión y se va constituyendo en un lugar referente a nivel mundial en materia de protección a la infancia y a la adolescencia, pues junto a ser la primera comunidad autónoma con una unidad policial especializada en violencia e infancia, la asistencia gratuita a las víctimas menores de edad está funcionando de una forma ejemplar.

La Unidad Especializada de Violencia e Infancia del CGPC tiene dedicación exclusiva a esta materia y está dotada de un alto grado de especialización. Los agentes cuentan con un conocimiento profundo de la Ley Orgánica 8/2021, de 3 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), el tratamiento con personas menores de edad y la toma de declaración de estos. Además, son conocedores de la importancia de dicha declaración, pues puede ser tomada sin la presencia de adulto alguno y, en aras de evitar segundas victimizaciones, ser la única válida para todo un proceso judicial.

Los agentes adscritos al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria son los encargados de practicar las primeras diligencias de comprobación de todos los hechos de los que se tenga conocimiento, con independencia del origen, informando al magistrado del resultado, con el fin de determinar si procede efectuar o no una investigación por existir indicios delictivos.

En aquellos procedimientos en los que se acredite la existencia de algún episodio de violencia contra la infancia o la adolescencia, practican las averiguaciones necesarias para esclarecer los hechos, asegurando la protección de la víctima e involucrando a cuantas administraciones sea necesario. Todo ello bajo el amparo de las instrucciones dictadas por el magistrado, al que tienen que entregar un dossier final para que determine si procede realizar una investigación exhaustiva y qué cuerpo policial debe actuar.

La citada unidad también lleva a cabo las investigaciones y participa en los procedimientos que le sean asignados directamente por el juez, interviene en la formación de primer nivel a otros agentes no integrantes de la unidad, para instruirles en la detección y en los protocolos de actuación en casos de violencia contra la infancia y la adolescencia. Además, asesora al CGPC y a la autoridad judicial en aquellos aspectos de mejora que permitan una mejora aplicación de la normativa y que se encaminen a erradicar la violencia contra la infancia y la adolescencia.

Enorme satisfacción

Durante la presentación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con esta iniciativa el Gobierno de Canarias cumple el mandato de la LOPIVI a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de poner en marcha unidades especializadas en esta materia, lo que, a su juicio, además de ser una enorme satisfacción, tiene una importancia superlativa para el CGPC, que no es una policía integral, sino especializada, a la que se le demandan competencias o funciones específicas como esta.

Del mismo modo, Julio Pérez ha relacionado el paso dado con esta unidad con el papel fundamental que desempeña la Administración de Justicia en su apoyo a los órganos jurisdiccionales, como proveedora de medios para que puedan ejercer mejor su trabajo. También ha vuelto a felicitar al Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria por poner en primer plano la naturaleza singular de sus últimos destinatarios, niñas y niños víctimas de una agresión.

Previamente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha felicitado a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por esta iniciativa, que supone una dotación de medios a un área tan sensible como la protección de menores y a un juzgado que es referente no solo a nivel nacional, sino también internacional. En su opinión, este recurso va a servir para garantizar mayores niveles de protección de la infancia y la adolescencia ante cualquier actuación violenta.

El comisario jefe del CGPC, Luis Santos, ha mostrado también su satisfacción al ver a esta unidad especializada colaborar en una línea estratégica como la que desarrolla el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y comprobar los resultados que está provocando el aumento de efectivos a la hora de prestar un servicio público a la ciudadanía como el que lleva a cabo el CGPC.

Por su parte el titular del Juzgado ha incidido en la idea de que sea la primera unidad policial especializada en violencia e infancia, y solo eso, adscrita a un Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, cuyo cometido no está compartido con otras materias.

A su juicio, es a lo que se tiende en estos momentos, a la hiper especialización de un grupo policial para trabajar las competencias que tiene atribuidas el juzgado, que en este caso son la violencia intrafamiliar, todos los delitos contra la libertad sexual y contra la libertad, y la trata de seres humanos siempre que concurra el requisito de que una de las partes sea menor de edad.

La aprobación de la LOPIVI ha supuesto un grana avance en el ámbito de las garantías legales y defensa de los derechos de los menores ante cualquier acto que pueda atentar contra su integridad física, psicológica o moral. En su capítulo X se centra en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, concepto al que hace mención en una treintena de ocasiones, dotando a todas las instituciones policiales de las mismas obligaciones para con la referida norma.

En uno de los dos artículos de este capítulo, el 49 se refiere a las unidades especializadas y obliga a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, en todos sus niveles (estatal, autonómico, local), a contar con unidades especializadas en la investigación y prevención, detección y actuación de situaciones de violencia contra personas menores de edad y que cuenten con protocolos que permitan una correcta y adecuada actuación ante tales casos, exigiendo que los agentes que la integren reciban formación específica para el tratamiento de este tipo de situaciones.

Julio Pérez ha estado acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y el director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas. Entre las autoridades presentes, además del presidente del TSJC, se encontraban la fiscal superior de Canarias, María Farnés; el titular del Juzgado de Instrucción número 3 y del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Por parte del CGPC, han asistido, junto al comisario jefe, el comisario José Luis de los Reyes; el subcomisario David Pino; el inspector Ramón García; y el subinspector Ángel Acosta.

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Mil cien aspirantes han concurrido al test de las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica del CGPC

Mil cien aspirantes han concurrido al test de las pruebas de selección para 75 plazas de la escala básica del CGPC

Estas plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021

La incorporación de estos candidatos permitirá que el Cuerpo General de la Policía Canaria cuente con 295 efectivos al inicio de la próxima legislatura, 225 más que al comienzo de la presente

Son las primeras oposiciones para el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria sin el requisito de la estatura mínima

Mil cien aspirantes se han presentado este fin de semana al test incluido en las pruebas de selección convocadas por la Dirección General de Seguridad y Emergencias, centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de una resolución publicada el pasado 16 de agosto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), para cubrir, mediante el sistema general de acceso libre, 75 plazas del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Escala Básica, Empleo Policía, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas 75 plazas forman parte de la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, aprobada mediante el Decreto 120/2021, de 2 de diciembre, en cuyo Anexo I establece dicha cifra para el CGPC. Esta convocatoria permitirá que el CGPC cuente con 295 efectivos al comienzo de la próxima legislatura, 225 más que al inicio de la presente.

Los aspirantes deben reunir, entre otros requisitos, tener la nacionalidad española, ser mayor de edad y no exceder la edad establecida para el pase a la situación de segunda actividad con destino, así como estar en posición o en condiciones de obtener el título de Bachiller o Técnico.

Asimismo, deben carecer de antecedentes penales y antecedentes por delitos sexuales, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas y estar en posesión del permiso de conducción de la clase B y A2.

La prueba de test, de 100 preguntas con tres respuestas alternativas, se ha llevado a cabo, de forma simultánea, en las instalaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a cuyas aulas han acudido 688 aspirantes, y de la Universidad de La Laguna, en cuyo aulario se han presentado 412 candidatos.

Una vez superada esta prueba de conocimiento, que es eliminatoria, deberán enfrentarse a un supuesto práctico, un examen de inglés, una prueba física y otra psicológica. Posteriormente, y antes de incorporarse al CGPC, ingresarán en la academia, donde estarán un periodo de cuatro meses de formación.

En estas oposiciones ya está en vigor la orden aprobada, a finales de octubre de 2022, por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que establecía el nuevo cuadro de exclusiones médicas para el acceso y provisión a las diferentes escalas y empleos del CGPC, cuadro que tiene como principal cambio, respecto al anterior, la supresión de la estatura mínima como requisito para el ingreso en el citado Cuerpo, antes estaba fijado en 1,65 metros, para los hombres, y en 1,60 metros, para las mujeres, y también aquellas enfermedades que no impidan el normal desarrollo de las funciones y tareas asignadas a los agentes, como el asma bronquial, las jaquecas y la úlcera gastro-duodenal.

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El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

Establecen los protocolos a seguir para continuar realizando autopsias y otros servicios mediante el uso de las instalaciones del centro sanitario palmero

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, subraya el interés por alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurando el desarrollo básico de las tareas y la reducción de los tiempos

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, destaca la importancia de la medida, pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, ha visitado esta semana, junto con el director de Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma que el Servicio Canario de la Salud viene cediendo, para el desarrollo de actividades propias del Servicio de Patología Forense, colaboración que ahora se ha formalizado a través de una resolución conjunta suscrita por la propia Ceballos y la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández.

Esta resolución establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IMLCF-TF), adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de la Salud, para formalizar la cooperación que viene prestando el Hospital Universitario de La Palma a la realización de autopsias, autorizando a dicho instituto el uso de zonas de autopsias y servicios asociados.

En ella se plasma también que, en los supuestos excepcionales en los que no pueda desplazarse a La Palma personal auxiliar adscrito al IMLCF-TF, para realizar autopsias con el médico forense, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma facilita la disposición de una persona técnica en anatomía patológica que realice las funciones de auxiliar de autopsias con disponibilidad horaria para la práctica de las autopsias judiciales, lo que permite reducir los tiempos.

Durante la visita al centro sanitario de La Palma, Ceballos ha apuntado el interés, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de “alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurándose el desarrollo básico de las tareas”.

En este sentido, y con el fin de adecuar las instalaciones del hospital a las nuevas necesidades, se ha comprometido a iniciar el procedimiento para adquirir cuatro cámaras de conservación de cadáveres, así como una campana extractora para manipulación de formol, que serán instaladas en el Hospital Universitario de La Palma, y que, junto a las cuatro cámaras existentes actualmente, serán de uso compartido por parte de dicho hospital y el servicio de patología forense del IMLCF-TF.

Asimismo, Ceballos se ha referido al protocolo de recogida, entrada y salida de cadáveres, así como su custodia, en el IMLCF-TF en la isla de La Palma, que refuerza las garantías legales en la práctica de las autopsias.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha resaltado la importancia de esta resolución conjunta, “pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla, tanto por las mejoras en equipamiento técnico como por el apoyo que los profesionales sanitarios de La Palma prestarán a los trabajadores del Instituto de Medicina Legal cuando no se puedan desplazar a la isla”.

A la visita al Hospital Universitario de La Palma han asistido también el director del IMLCF-TF, Jesús Vega; la directora de Gestión y Recursos Generales del Área de Salud de La Palma, Raquel Alonso; la directora médica de Atención Hospitalaria, Diheva Fernández; y el director de enfermería de Atención Hospitalaria, Javier Jerónimo.

 

Conviene recordar, por último, que el IMLCF-TF tiene como misión asesorar y auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. En esta línea, el Servicio de Patología Forense, como órgano de funcionamiento del IMLCF-TF, tiene encomendadas las funciones de investigación médico-legal, y efectuó 46 autopsias en La Palma en 2022, con un tiempo medio de realización de 24 horas.

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Julio Pérez pone de relieve el comportamiento ejemplar de los condecorados en el Día de la Policía Canaria

Julio Pérez pone de relieve el comportamiento ejemplar de los condecorados en el Día de la Policía Canaria

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad entrega las condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, que incluyen siete medallas, tres placas colectivas y 17 felicitaciones y menciones públicas

Resalta el papel esencial desempeñado por estos servidores públicos durante la pandemia, logrando que su impacto fuera menor al hacer cumplir las normas sanitarias y con el control diario de las más de 300 residencias de mayores de las islas junto al CGPC

La Medalla al mérito policial premia a aquellos funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias que han destacado de forma relevante por su actividad profesional, por su trabajo humanitario o por su notoria entrega al servicio

La Placa colectiva al mérito policial reconoce a uno o varios Cuerpos de Policía Local, unidades operativas o grupos de funcionarios que desarrollen una diferenciada o específica actuación policial, por su decisiva contribución a la dignificación y reconocimiento público de las policías locales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha entregado este viernes, el Día de la Policía Canaria, en el salón de actos del Edificio Múltiples I de Las Palmas de Gran Canaria y acompañado del director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo de Armas, y del concejal delegado de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez Ollero, las condecoraciones del Sistema Canario de Seguridad, en su modalidad de Medalla al mérito policial y Placa colectiva al mérito policial, correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, retomando así una práctica suspendida con motivo de la pandemia de la COVID-19. Las últimas tuvieron lugar en 2018, en La Gomera, y en 2016, en La Palma.

Estas distinciones, concedidas a propuesta de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, tras considerar la valoración e informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, en su sesión celebrada el 21 de octubre, fueron aprobadas por una orden del titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad en la que resolvía conceder siete condecoraciones en su modalidad de Medalla al mérito policial y otras tres en su modalidad de Placa colectiva al mérito policial.

Las siete medallas, otorgadas por su destacada actividad profesional, han sido concedidas al comisario jefe del Cuerpo de la Policía Local (CPL) de Santa Lucía, José Luis Herrera (correspondiente al año 2020); al subinspector del CPL de Telde, José Luis Ramos (2020); al inspector del CPL de Las Palmas de Gran Canaria, César Lorenzo Robaina (2020); a título póstumo, al agente del CPL de Santa Lucía Pedro Bruno Henríquez (2020); a los agentes del CPL de Telde Faina Laura Cruz y Armando Jesús Martín (2021); y al oficial del CPL de Telde José Juan Florido (2022).

Las tres placas colectivas, concedidas por su decisiva contribución y meritoria labor colectiva en favor de la dignificación y reconocimiento público de las policías locales, así como en su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas, han sido otorgadas a la Unidad de Medio Ambiente del CPL de Telde (2020); a la Unidad de Atestados del CPL de San Cristóbal de La Laguna (2020); y a la Unidad de Educación Vial del CPL de Las Palmas de Gran Canaria (2020).

Además, a propuesta también del titular de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, se han concedido 17 felicitaciones y menciones públicas a funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias, así como a personas ajenas a dichos cuerpos que, desde su actividad profesional, han destacado en el estudio, promoción, dignificación o colaboración y apoyo a los Cuerpos de Policía Local.

En concreto, a Adrián Méndez y Ángel Benigno Liébana, policías del CPL de San Cristóbal de La Laguna; a Juan Antonio Sánchez, Octavio González y Juan Alberto Álvarez, policías del CPL de Santa Lucía de Tirajana; a Eduardo Jesús Romero y Daniel Baltruschat, policías del CPL de Las Palmas de Gran Canaria; a José Luis del Rosario, policía del CPL de Telde; a José Jiménez, policía del CPL de Tuineje; a Francisco José Ruíz, policía del CPL de Guía de Isora; a Juan José Valencia, Alejandro Javier Gutiérrez y Nicolás Alemán, policías del CPL de La Aldea de San Nicolas.

También han recibido una mención especial los CPL de Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y Vega de San Mateo; la Federación de Empresarios del Transporte Terrestre de Canarias (FET), todos los policías locales de Canarias, por la crisis sanitaria COVID-19, y a todos los CPL involucrados durante la crisis volcánica.

Antes de la entrega, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su satisfacción personal por estar presente en este acto, en el que se condecora a personas que prestan servicios esenciales únicos, y que, además, se ha tenido que suspender en años anteriores.

Julio Pérez ha puesto de relieve el papel fundamental desempeñado por estos servidores públicos durante la pandemia, al conseguir que su impacto fuera menor haciendo cumplir las normas sanitarias y con el control diario de las más de 300 residencias de mayores que hay en las islas, junto al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Ha subrayado también la importancia de este acto, porque se destaca el comportamiento individual de servidores públicos, su ejemplaridad. En este sentido, ha recalcado la frase pronunciada por Obama de que ‘vale más la fuerza del ejemplo que el ejemplo de la fuerza’, cuestión a tener muy en cuenta por las personas uniformadas dotadas de autoridad.

Por su parte, el concejal delegado de Seguridad y Emergencias de Las Palmas de Gran Canaria ha indicado que para él era un honor participar en un acto que reconoce el trabajo de policías locales, pues, según ha dicho, son personas que nos cuidan como si de una familia se tratara.

Reconocer y premiar

Estas condecoraciones y distinciones del Sistema Canario de Seguridad fueron creadas a través del Decreto 55/2007, de 13 de marzo, “con la finalidad de reconocer y premiar públicamente la actuación de los funcionarios pertenecientes a los diferentes Cuerpos de Policía Local de Canarias en el ejercicio de sus funciones, así como de aquellas personas cuya conducta y actuación en aras del estudio, promoción, dignificación o apoyo de la función policial les haya hecho merecedoras de ello”.

El artículo 1 del citado decreto distingue varias modalidades de condecoraciones y distinciones. Así, en su apartado a) define la Placa colectiva al mérito policial como la condecoración “destinada a distinguir a uno o varios Cuerpos de Policía Local, unidades operativas de los mismos o grupos de funcionarios que desarrollen una diferenciada y específica actuación policial, por su decisiva contribución y meritoria labor colectiva en aras a la dignificación y reconocimiento público de las Policías Locales, así como en su misión de defensa, promoción y protección de los derechos y libertades públicas”.

En el apartado b) define la Medalla al mérito policial como la condecoración “otorgada a título individual y destinada a distinguir a aquellos funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias que hayan destacado de forma relevante por su actividad profesional, por su trabajo humanitario o por su notoria entrega al servicio”.

El artículo único Dos. c) del citado decreto atribuye a la persona titular de la Dirección General competente en materia de seguridad y coordinación de policías locales la facultad de conceder, mediante resolución, las felicitaciones y menciones públicas, a funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Canarias, así como a personas ajenas a dichos cuerpos que, desde su actividad profesional, hayan destacado en el estudio, promoción, dignificación o colaboración y apoyo a los Cuerpos de Policía Local.

Antes de la entrega de las condecoraciones, tuvo lugar una parada policial de 20 agentes del CPL de Las Palmas de Gran Canaria y, a continuación, el pase de revista por parte del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Entre las autoridades presentes se encontraban la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas, Teresa Mayans; el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Jesús María Gómez; el jefe de la 16ª Zona de la Guardia Civil, el general de brigada Juan Hernández; el almirante comandante del Mando Naval de Canarias, José Lago; el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Vicente Reig; el jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea 94, el coronel José Miguel Salvador; el jefe del Grupo del Cuartel General del MACAN, el coronel Fernando Martín; el teniente de la UME José Relinque; el comisario del CGPC José Luís de los Reyes; la comisaria jefa del CPL de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Delia Martín; y el inspector del CPL de Las Palmas de Gran Canaria, Octavio Ramírez.

Además, han asistido las alcaldesas de Telde y Tuineje, Carmen Hernández y Esther Hernández, respectivamente; y los alcaldes de La Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez; Santa Lucía, Francisco José García; y Vega de San Mateo, Antonio Jesús Ortega.

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Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

Julio Pérez: “La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias trata de cumplir la ley: con rigor y sin rencor”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que cumple los mandatos de la ley canaria de Memoria Histórica y la estatal de Memoria Democrática para lograr los fines fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición

Señala que es un plan con un conjunto ordenado de 33 proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, con una metodología que trata de asegurar la corrección técnica y con propuestas concretas que tienen definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento

Confía en que sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido y odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este lunes en el Parlamento de Canarias que la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es un conjunto ordenado de proyectos, elaborado de modo documentado y participativo, para cumplir los mandatos de las leyes de Memoria Histórica y de Memoria Democrática, y para alcanzar, con rigor y sin rencor, los fines y propósitos fijados en ellas: verdad, justicia, reparación y no repetición.

 

Julio Pérez, que ha presentado este documento en la Cámara autonómica, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha resaltado que las actuaciones del Gobierno de Canarias en esta materia, en aplicación de las leyes, podrían ser resumidas en un breve lema “con rigor y sin rencor”, pues, en su opinión, de no ser así, no podrían alcanzarse ni buscarse los objetivos de verdad y de justicia, especialmente.

Durante su intervención se ha referido al marco legal que sustenta esta Estrategia –Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista y Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática–, y a alguna de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo de la presente legislatura, cono la aprobación del reglamento y la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, el protocolo de fosas, el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife y el inicio de otros catálogos.

Ha insistido en la metodología utilizada para elaborar este plan, que trata de asegurar la corrección técnica, como queda constatado en sus páginas 8, 9 y 23, el análisis que se ha desarrollado de los trabajos realizados en otras comunidades autónomas, para identificar sus buenas prácticas y tendencias, y que el documento recoge propuestas concretas de proyectos concretos, con definición, responsables, financiación e indicadores de seguimiento, ya que, tal y como establece la ley, la estrategia requiere una evaluación bianual.

Se ha referido, igualmente, a su la naturaleza ordenada y sistemática de las actuaciones, enmarcadas dentro de tres objetivos, siete líneas estratégicas, dieciséis líneas operativas y 33 proyectos, y ha hecho hincapié en la atención pormenorizada que se presta a colectivos que hasta ahora no habían estado en primer plano, como la comunidad LGTBIQA+.

Julio Pérez ha enumerado alguno de los 33 proyectos que recoge la estrategia, destacando el fomento de la investigación en materia de Memoria Histórica en las universidades públicas canarias y la aportación de materiales a archivos universitarios; la elaboración de un Catálogo de Espacios y Lugares Históricos; la creación del registro de víctimas canarias del franquismo y de la sustracción de menores; la declaración de la excolonia agrícola penitenciaria de Tefía como lugar para el conocimiento de la Memoria Histórica de Canarias; el reconocimiento del Templo Masónico situado en Santa Cruz de Tenerife como memorial de víctimas perseguidas por el franquismo; y la investigación de las sustracciones de Menores en Canarias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha mostrado su confianza en que este documento sirva para generar una mejor convivencia, en la que no haya espacios de oscuridad ni reductos de olvido ni de odio, y, en el futuro, una sociedad en la que no sean necesarias leyes de memoria histórica, porque esta se construya con la verdad y, a través de ella, con justicia. Para ello, ha considerado que la educación y la divulgación deben constituir el eje fundamental.

 

En respuesta a alguno de los diputados que han participado en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad, ha aclarado que esta no es una estrategia para este Gobierno, pues su periodo de aplicación son los dos próximos años, ni tampoco se trata de una política de una ideología determinada pues parte de la neutralidad y es fruto de la participación de muchas personas, más de 400 solo en el periodo abierto en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

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Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

Alumnos de la ULL realizarán prácticas externas en juzgados y tribunales de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe un convenio con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Universidad de La Laguna

El objetivo es que los estudiantes universitarios adquieran una formación integral como profesionales para que en un futuro puedan colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta

Una vez terminadas las prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría

Este curso hay 163 alumnos matriculados en la asignatura Prácticas Externas del grado de Derecho

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha suscrito un convenio –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/052/005.html– con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su presidente por sustitución Rafael Mozo; la ministra de Justicia, Pilar Llop;  y la rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, para que alumnos de este centro de educación superior puedan realizar prácticas externas en juzgados y tribunales, y, de este modo, completar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Esta iniciativa pretende, según el contenido del convenio, que los estudiantes universitarios adquieran una formación que combine la teoría y la práctica, impulsando así su empleabilidad como futuros profesionales, fomentando su capacidad de emprendimiento, creatividad e innovación y dando respuesta al compromiso con la transformación económica basada en la sociedad del conocimiento.

El deseo de las instituciones firmantes del convenio es la organización de prácticas externas en juzgados y tribunales, por considerar que esta actividad puede resultar de gran interés para la formación integral de profesionales que en un futuro pudieran colaborar o dar servicio a la Administración de Justicia, lo que redundará en una mayor calidad de esta.

En concreto, las prácticas externas –curriculares y extracurriculares–, en los juzgados y tribunales de la Comunidad Autónoma de Canarias, están dirigidas al alumnado matriculado en la asignatura de Prácticas Externas de estudios oficiales de grado o máster que imparte la ULL y siempre de titulaciones relacionadas con profesiones de la Administración de Justicia. En el caso concreto del grado de Derecho este curso hay 163 alumnos matriculados en dicha asignatura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete, dentro de sus competencias, a facilitar la realización de estas prácticas, así como el acceso del alumnado a las sedes de los juzgados y tribunales. Por su parte, corresponderá a la ULL, a través de la persona que ejerza la dirección de la asignatura de Prácticas Externas, proponer a los estudiantes que vayan a desarrollarlas.

Confidencialidad

Estos deberán mantener el secreto y confidencialidad en materia de medios, procesos o de aquellas actuaciones judiciales o administrativas de las que pudieran tener conocimiento durante las prácticas, incluso una vez finalizadas estas.

Una vez terminado el periodo establecido de prácticas, recibirán un certificado expedido por el juzgado o tribunal, donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades llevadas a cabo y el nivel alcanzado a juicio de la persona o personas encargadas de la tutoría.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la función pública, ni podrá computarse a efectos de antigüedad o de reconocimiento de servicios prestados en el conjunto de las administraciones públicas.

Este convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestación económica para ninguna de las partes. Para su adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación se ha creado una comisión integrada por dos miembros de cada una de las instituciones firmantes que se reunirá al menos una vez al año.

Asimismo, la ULL se compromete, en función de su disponibilidad, a prestar su colaboración al Ministerio de Justicia y al CGPJ mediante la cesión de aulas, con ocasión de la celebración de pruebas correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso o acceso de personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia y de acceso a las carreras judicial y fiscal.

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Canarias se prepara para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción

Canarias se prepara para implantar los procedimientos de la nueva ley de protección de informantes de corrupción

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad inicia los trabajos dirigidos a establecer los mecanismos previstos en esta norma que entró en vigor el lunes

La ley proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea o que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave

Una de las claves de esta normativa es la implementación de canales de información de situaciones de corrupción

El Gobierno de Canarias ha iniciado ya, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, los trabajos destinados a implantar los procedimientos y mecanismo previstos en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción –https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con–, que ha entrado en vigor este lunes 13 de marzo.

Según ha explicado la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, esta ley tiene como finalidad proteger, frente a las represalias que puedan sufrir, a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

Esta ley, que proviene de una directiva europea de 2019 sobre la seguridad de aquellas personas que informan sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, los conocidos como whistleblower, pretende amparar a los ciudadanos y ciudadanas que denuncien posibles irregularidades y corrupción en la Administración pública y en la empresa privada. Con este propósito, prohíbe las represalias contra el denunciante y protege a intermediarios, compañeros o familiares del mismo.

En su implantación trabajan ya, entre otros centros directivos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, y la Secretaría General Técnica.

Dentro de las claves de esta normativa, Conde ha destacado la implementación de dos canales de información de situaciones de corrupción, uno interno y otro externo. Estos deben diseñarse, establecerse y administrarse “de forma segura, de modo que se garantice la confidencialidad de la identidad del informante”.

El interno es para todos aquellos trabajadores del sector público, trabajadores de empresas que hayan contratado con el sector público, personas en programas de formación, etc., que puedan estar en conocimiento de prácticas que pudieran ser corruptas. El externo es para cualquier persona en conocimiento de actos de corrupción, que podrá ser propio de la Comunidad Autónoma o ser el que la Autoridad Independiente de Protección del Informante del Estado implemente. Estos canales deberán garantizar tanto la información verbal como por escrito.

Están obligados a implementar canales internos el sector público y las empresas que tengan más de 50 empleados, y las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. En el caso de los municipios de menos de 10.000 habitantes podrán compartir el sistema y los recursos entre sí o con otras administraciones.

La ley también obliga a disponer de un canal interno de información a los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que gestionen fondos públicos, con independencia de su número de trabajadores.

Respecto a las sanciones, establece multas de entre 1.001 y 300.000 euros en el caso de las personas físicas, y entre 100.000 y el millón de euros si se trata de personas jurídicas, las que cometen una infracción. Por ejemplo, impedir o dificultar una denuncia, no cumplir con el derecho de confidencialidad o por practicar represalias puede suponer una multa de 50.000 euros.

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