Logo del Gobierno de Canarias

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprueba por unanimidad la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias

La Comisión Técnica de Memoria Histórica aprueba por unanimidad la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias

El propósito principal de este documento es garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

Entre sus grandes objetivos está promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica, y asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática

De ellos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta 35 proyectos, muchos ya en marcha y algunos en un grado avanzado de desarrollo

Antes de su elaboración se planteó un cuestionario, que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años

La Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha aprobado esta semana, de forma unánime, el informe sobre la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, documento que tiene como objetivo principal garantizar el reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

La Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo altamente participativo, en el que se ha procurado recabar la posición y opiniones de expertos, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad en general. Con este fin, antes de su elaboración se planteó un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue respondido por más de 400 personas, siendo uno de los procesos participativos más numeroso de estos últimos años.

Igualmente, se han llevado a cabo talleres con expertos a nivel autonómico y nacional sobre la materia e incluso miembros de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, así como entrevistas individuales con los miembros de la propia Comisión Técnica.

Se ha analizado, también, la respuesta que otros territorios han dado a esta cuestión y, en función de todo ello, se han establecido tres grandes objetivos estratégicos que constituyen los fines a perseguir en este documento.

En primer lugar, promover la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en materia de Memoria Histórica. En segundo, garantizar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer lugar, asegurar el apoyo institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres grandes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, resultados esperados y planificación o cronograma de su desarrollo. Con ellos, lo que se pretende es dar cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Reconocimiento y reparación

Según la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, “no es una estrategia para la confrontación, sino para el reconocimiento y la reparación, que ofrece respuestas a  reclamaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la realidad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y lugares de memoria…)”. Muchas de estas acciones ya se encuentran en marcha y algunas en un grado avanzado de desarrollo.

Con esta estrategia lo que se pretende es coordinar y garantizar el buen fin de todos los proyectos, constituyéndose en la hoja de ruta de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración parte de la obligación contenida en el artículo 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho artículo se establece, en primer lugar, que “el Gobierno de Canarias, a propuesta de las consejerías competentes en materia de memoria histórica, educación y patrimonio cultural, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, en la que se recogerán los objetivos, las prioridades y la financiación que deben regir las actuaciones relativas a la memoria histórica a realizar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

Además, indica que “elaborada la propuesta de estrategia, y antes de su aprobación definitiva por el Gobierno de Canarias, se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista en el artículo 11 de la presente ley, que podrá proponer la incorporación de los objetivos y prioridades que estime necesarios para una mejor coordinación de las actuaciones a realizar por la administración pública de la comunidad autónoma y por las demás entidades públicas y privadas”.

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de necesidades y grado de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, a la vez, plenamente compatibles con los que se contienen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

Junto al consejero Julio Pérez y la viceconsejera Carla Vallejo, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también han asistido a la Comisión Técnica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, y la jefa de la Sección de Mediación de esta Dirección General, Elisa Santiago, que ha actuado como secretaria del citado órgano.

Además, han participado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, vía online; la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez; su homólogo de La Palma, Félix González; el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta segunda y consejera insular de Presidencia, Hacienda y Modernización del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); la profesora adscrita al Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPG) Candelaria González, vía online; la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna (ULL), María Isabel Navarro, vía online; el director del Laboratorio de Genética del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas (IMLCF), José Juan Pestano; y el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, vía online.

Etiquetas

El Gobierno mejora y moderniza su página web, que el año pasado recibió más de 46 millones de visitas

El Gobierno mejora y moderniza su página web, que el año pasado recibió más de 46 millones de visitas

Su propósito es aumentar las prestaciones de la Administración autonómica, con servicios digitales más eficientes, seguros y fiables, así como inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad, a través de un único portal

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios adjudica por casi un millón de euros, procedentes de fondos europeos, el diseño e implantación de un nuevo portal web con servicios más enfocados a la ciudadanía

El proyecto se incluye dentro de los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y su financiación procede de los Fondos Next Generation incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha adjudicado recientemente la mejora y modernización de su página web –gobiernodecanarias.org–, que  el año pasado recibió más de 46 millones de visitas, con el propósito de incrementar las prestaciones que ofrece una administración orientada a la ciudadanía, en la que los servicios digitales sean más eficientes, seguros y fiables, así como inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad.

Tras su licitación, el contrato ha sido asignado, por importe de 906.785,05 euros, a Hiberus, empresa especializada en proporcionar servicios de consultoría de negocio, desarrollo tecnológico, transformación digital y outsourcing. Esta deberá ofrecer el diseño y desarrollo de un portal web con servicios digitales centrados en las personas usuarias, teniendo en cuenta sus necesidades en cada fase del proceso y bajo tres principios: la simplificación de los procedimientos, para lograr una mejor interoperatividad; una comunicación presencial, telefónica y digital eficaz; y la mejora de la experiencia del ciudadano en los servicios prestados.

Según ha explicado la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez –hasta hace tan solo unas semanas al frente de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios que ahora conduce Amaya Conde–, la financiación de este proyecto, que busca también incrementar el número de procedimientos digitales y servicios públicos a implementar en la aplicación del Gobierno de Canarias, objetivos clave del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, procede de los Fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

El alcance de esta mejora digital –que incluye el diseño e implantación de la nueva presencia e interacción digital del Gobierno de Canarias– abarca todos los canales del Ejecutivo canario, para que portales web, sedes electrónicas, redes sociales y aplicaciones móviles sean personalizados, proactivos y de calidad. Además, se incorporarán aquellos servicios y procedimientos que se definan, simplifiquen y digitalicen en el Centro de Impulso y Coordinación del Nuevo Modelo de Servicios Públicos.

De este modo, se dispondrá de un portal web del Gobierno de Canarias que disponga de una metodología de trabajo más ágil, con una mejora del nivel de transparencia y participación de la ciudadanía en las Administraciones Públicas, y que ofrecerá servicios públicos con diversidad de canales, más accesibles para que la experiencia del beneficiario sea proactiva, usable y universal. Para ello, la mejora interna de la presencia digital debe darse desde el inicio de los procedimientos, ha apuntado la viceconsejera.

Álvarez ha señalado que la solución ofertada deberá incorporar todos los productos, soluciones y desarrollos para establecer un marco completo. A la hora de llevar a cabo el plan de acción, se buscará priorizar y optimizar recursos para minimizar los riesgos durante la ejecución del proyecto. El contrato ahora adjudicado tiene una duración de 16 meses, que podrán ser prorrogables hasta un máximo de 24 meses, con cuatro fases establecidas para desarrollar el proyecto.

Su desarrollo será complementario al nuevo diseño del portal web del Gobierno de Canarias presentado hace un año por las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, con el objetivo de hacerlo más moderno, sencillo e intuitivo, mejorando la información y la atención a la ciudadanía, y acercando así la Administración autonómica a toda la población de las islas.

Etiquetas

El Consejo Municipal de Canarias respalda el proyecto de ley de ordenación y coordinación de policías locales

El Consejo Municipal de Canarias respalda el proyecto de ley de ordenación y coordinación de policías locales

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, para afrontar las competencias asumidas tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca el mérito de haber expuesto, durante el proceso de elaboración del proyecto de ley, la necesidad de modificar la situación de las policías locales

La presidenta de la Fecam solicita a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura

Julio Pérez insiste en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría

El Consejo Municipal de Canarias ha aprobado, por mayoría, el proyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación Supramunicipal de las Policías Locales de Canarias, una iniciativa del Gobierno canario que, según ha expuesto el presidente del Consejo, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha sido muy trabajada con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y los ayuntamientos.

En la reunión, presidida por Julio Pérez, han participado la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; y los alcaldes de Puntagorda, Vicente Rodríguez; de Agulo, Rosa María Chinea; de Valverde, Antonio Ramón Chinea; de Agüimes, Óscar Ramón Hernández; y de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha estado acompañado por la concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha estado representado por el edil de Seguridad, Josué Íñiguez Ollero.

Por parte del Gobierno de Canarias también han asistido las viceconsejeras de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez; y de Servicios Jurídicos, Isabel Cubas; y los directores generales de Seguridad y Emergencia, Gustavo de Armas, de la Función Pública, Águeda Márquez; y de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde.

La nueva norma persigue sustituir a la vigente Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, por una nueva disposición legal que afronte los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.

Esta reforma ha reforzado las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, que se detallan en el capítulo VIII del Título V de dicho Estatuto: las competencias autonómicas se proyectan en el establecimiento de políticas de seguridad pública y protección de personas y bienes, la creación, organización y mando de un Cuerpo de Policía Canaria y en la ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías locales canarias.

Tras la reforma, a la Comunidad Autónoma de Canarias le compete, por un lado, la ordenación general, a nivel normativo, de los cuerpos de Policía Local de Canarias, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial, persiguiendo, por tanto, una ordenación de todos los aspectos nucleares afectantes a los mencionados cuerpos. Por otro, es responsable de la regulación de los medios y sistemas que posibiliten la acción conjunta de las policías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en orden a conseguir la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana que tienen confiado.

Tales cometidos no se agotan con la regulación legal, sino que, con el fin de garantizar un margen de flexibilidad normativa, la ley pretende centrarse en los aspectos principales de la regulación, remitiendo al reglamento su desarrollo más pormenorizado.

Julio Pérez ha destacado el mérito de haber expuesto la necesidad de modificar la situación de las policías locales, durante el proceso de elaboración de la nueva ley, que viene a corregir algunos puntos de la actual regulación.

La presidenta de la Fecam, además de agradecer el impulso a esta norma, ha puesto de relieve que, durante su redacción, se ha evidenciado el compromiso de cogobernanza entre administraciones a la hora de buscar soluciones y ha solicitado a los distintos grupos parlamentarios un esfuerzo en su tramitación para que se pueda debatir en el Parlamento antes de que acabe la presente legislatura.

En este sentido, el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que en el Parlamento podrán introducirse cambios en el texto que apruebe el Gobierno canario si así lo acuerda la mayoría.

Etiquetas

El Gobierno quiere reforzar la protección de menores y adictos ante el juego, mayor alejamiento y control de acceso

El Gobierno quiere reforzar la protección de menores y adictos ante el juego, mayor alejamiento y control de acceso

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destaca la importancia de regular una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención y, en algunos casos, temida

Julio Pérez señala que en Canarias hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería con máquinas tipo B1 instaladas y 4.656 máquinas tipo B1 instaladas en dichos establecimientos

En la actualidad, juegos y apuestas generan en las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha defendido este jueves en el Parlamento de Canarias el proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los juegos y apuestas, y ha hecho un llamamiento a las formaciones con representación en la Cámara autonómica para que estudien la propuesta y la perfeccionen durante su tramitación, pero sin perder de vista los principios que la sustentan: protección de los menores, impedimento de la adicción, de la ruina y del daño económico, y regulación y control del acceso al mercado.

Julio Pérez ha explicado que los objetivos del proyecto de ley elaborado por el Gobierno canario, y que ahora debe aprobar el Parlamento, son reforzar las medidas de protección y alejamiento de los lugares concurridos por los menores, que pasa de 50 a 300 metros; el refuerzo de los controles de acceso a la actividad y su ejercicio, pues hoy es demasiado fácil; y la prohibición de la publicidad en aquellos ámbitos en los que el la Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencias, la RTVC y el deporte. Además, se ha referido a la regulación de algunos aspectos de esta actividad, para evitar las malas prácticas.

En su intervención, ha recordado que, hoy en día, en España el juego es una actividad lícita, pero restringida, mirada con prevención por la sociedad y, en algunos casos, temida, de ahí la importancia de su regulación legal. Ha señalado, también, que está regulada, con una especial intensidad, por todos los ordenamientos jurídicos modernos del mundo europeo y no europeo, y que es la única actividad humana en la que una persona puede acudir a la autoridad para que le impida desarrollarla y el Estado está obligado a ello.

En Canarias, según ha enumerado, hay 299 salones de juego, 30 bingos, 8 casinos, 7.365 máquinas de jugar, llamadas tipo B, 3.443 establecimientos de hostelería de hostelería con máquinas tipo B1 y 4.656 máquinas tipo B1 en dichos establecimientos. En la actualidad, juegos y apuestas generan para las arcas públicas de las islas unos ingresos fiscales de casi 60 millones de euros, de ahí la importancia de establecer unos gravámenes que permitan un aprovechamiento colectivo de las ganancias.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho hincapié en que la nueva norma persigue, fundamentalmente, la salvaguarda de los menores y demás colectivos necesitados de especial protección, y, para ello, entre otras cosas, prohíbe a determinados colectivos el uso de máquinas recreativas con premio en metálico y las de azar, y amplía la relación de personas que tienen prohibida la participación en los juegos.

También prohíbe que el ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) emita publicidad que promueva el juego –tanto presencial como online–, y la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios de apuestas deportivas de competencia autonómica, siempre que la competición, actividad o evento deportivo sea de ámbito municipal, insular, provincial o regional.

Igualmente, suprime la posibilidad de instalar terminales de apuestas en los establecimientos de restauración y establece una distancia mínima de 200 metros entre establecimientos de juegos y de 300 metros entre estos y los centros docentes o de atención a menores.

Con su aprobación se dará cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-0065, sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contras las adicciones, aprobada por el Parlamento de Canarias en diciembre de 2019 y a la disposición transitoria segunda de la Ley 2/2020, de 14 de octubre, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas.

Etiquetas

El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

El Gobierno finaliza la instalación del sistema de grabación Arconte-Áurea en todos los órganos judiciales canarios

La implantación ha tenido lugar en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de la Comunidad Autónoma de Canarias

Este sistema incluye nuevas funcionalidades, orientadas a facilitar el trabajo de los usuarios, con importantes avances, respecto al sistema anterior, y numerosas mejoras en materia de seguridad, aplicando la última tecnología disponible

Los profesionales pueden acceder, a través de la sede judicial electrónica, al servicio de descarga de vistas judiciales para obtener copia de las grabaciones de los juicios o vistas en los que hayan participado

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia destaca el esfuerzo para adaptarse al cambio y la colaboración de los funcionarios, especialmente el cuerpo auxiliar judicial

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha finalizado la instalación de todos los equipos de grabación del sistema Arconte-Áurea, en las 210 salas de vistas y polivalentes, objeto del despliegue, de los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La implantación de este sistema de grabación integrado y de última tecnología, en toda Canarias, por importe de 7.084.111,55 euros, procedentes de fondos europeos, resuelve los problemas derivados de la coexistencia de dos sistemas diferenciados, como ocurría hasta ahora, y permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, para la grabación, almacenamiento y gestión de toda la información generada en los actos judiciales, mejorando, al mismo tiempo, la calidad y seguridad de las grabaciones, al impedir que se produzcan fallos que puedan dar lugar a anulaciones de pruebas o repetición de juicios o vistas.

Por ejemplo, entre sus funcionalidades, Arconte-Áurea permite que el sistema compruebe automáticamente el funcionamiento del equipo. El propio dispositivo avisa si durante la grabación deja de entrar el sonido, para que no se produzca ningún error, y así evitar posibles anulaciones de pruebas.

Además, con Arconte-Áurea, los profesionales pueden descargar todas las grabaciones que se realizan de un procedimiento en el que hayan intervenido, accediendo al área privada de la sede judicial electrónica de Canarias, https://sede.justiciaencanarias.es/sede/. En un futuro próximo, con la plena implantación del expediente judicial electrónico y con el marco normativo preciso, los particulares no profesionales también podrán acceder y descargarse las grabaciones.

Dichas grabaciones cuentan con un marcado o índice de las intervenciones que tienen lugar durante el acto judicial, lo que facilita y agiliza su posterior búsqueda a los abogados, magistrados y demás personas si necesitaran acceder a esa documentación. El sistema también permite convertir a texto el contenido para permitir la búsqueda indexada por palabras, posicionamiento, subtitulado y otras funciones avanzadas.

La instalación de los equipos se ha desarrollado en dos fases. En la primera, se llevó a cabo la sustitución del Arconte 1 por el Arconte-Áurea en todas las salas de vistas y polivalentes de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. En la segunda, en el resto de órganos judiciales del archipiélago.

Según la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, este despliegue ha sido complejo técnicamente, no solo por su coincidencia con la pandemia, que incrementó las necesidades de dotación de sistemas de grabación y de videoconferencias, sino por el cumplimiento de la normativa Covid-19. Por todo ello, la sustitución de un sistema por otro ha sido un proceso arduo, en el que se ha intentado ocasionar la menor perturbación al funcionamiento de la Administración de Justicia.

La sustitución ha llevado aparejada la formación de los funcionarios de esta Administración, que han hecho un esfuerzo para adaptarse al cambio, especialmente el cuerpo de auxilio judicial, lo que ha querido remarcar Ceballos, quien ha destacado que gracias a su colaboración se han producido pocas incidencias.

Etiquetas

Inscritos 639 aspirantes al proceso selectivo de la convocatoria única de policías locales de Canarias

Inscritos 639 aspirantes al proceso selectivo de la convocatoria única de policías locales de Canarias

La primera de las pruebas, que se está llevando a cabo estos días, tiene como fin comprobar la capacidad física de las personas candidatas, a través de distintas disciplinas: salto horizontal, flexiones de brazos en barra, resistencia aeróbica y adaptación al medio acuático

Se desarrollan en instalaciones homologadas deportivamente, que unifican las condiciones de actuación de las personas aspirantes y se cuenta con la colaboración del Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias

En Lanzarote, se ha presentado el 81% de las personas inscritas, porcentaje que supera ampliamente la media registrada en los procesos llevados a cabo por los ayuntamientos, que se sitúa entre un 60 y un 70%

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado el proceso selectivo de la convocatoria única de policías locales de Canarias, que cuenta con 639 personas aspirantes inscritas.

La primera de las pruebas, que se está llevando cabo estos días en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife, y en las dos próximas semanas en Gran Canaria y La Palma, tiene como fin comprobar las capacidades físicas de los aspirantes. Comprende, por orden de ejecución, salto horizontal (1), flexiones de brazos en barra (2), resistencia aeróbica –Test de Cooper = 12 minutos– (3) y adaptación al medio acuático –50 metros estilo libre– (4). Cada una de ellas tiene unos mínimos que reflejan si el candidato es apto o no apto y también permiten ordenarlos a partir de las puntuaciones obtenidas.

Para su realización, se han buscado instalaciones homologadas deportivamente, en las que se desarrollan competiciones por parte de las distintas federaciones, que unifican las condiciones de actuación de las personas aspirantes. Igualmente, se cuenta con la colaboración del Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias, que aporta peritos acreditados mediante formación específica para diferentes procesos selectivos.

Por si en algún momento existiera alguna reclamación sobre la ejecución de las pruebas, una empresa especializada está grabando, con varias cámaras, las actuaciones de las personas aspirantes y, de ese modo, determinar si la medición realizada es correcta o no.

En Fuerteventura, la prueba se llevó cabo el día 13 de febrero, en las instalaciones deportivas de Risco Prieto y en la piscina del Club Deportivo Herbania, de Puerto del Rosario. Se presentaron 15 personas de las 22 inscritas, un 68%. En Lanzarote, se ha desarrollado los días 14 y 15 de febrero, en la Ciudad Deportiva Lanzarote y en el Parque Deportivo Municipal, de Arrecife. Se presentaron 57 de las 70 personas inscritas, un 81%, un porcentaje que supera ampliamente la media de los procesos llevados a cabo por los ayuntamientos, que se sitúa entre un 60 y un 70%.

También en Tenerife, donde hay 323 personas inscritas, se está desarrollado la primera prueba estos días, 16, 17 y 18 de febrero, en el Estadio Municipal Francisco Peraza de La Laguna y en la Piscina Municipal Los Cristianos-Jesús Domínguez “Grillo” de Arona.

En Gran Canaria, con 214 personas aspirantes inscritas, la prueba tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero y 1 marzo, en la Ciudad Deportiva Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que, en La Palma, donde hay 10 personas inscritas, se realizará el 3 de marzo en la Ciudad Deportiva Miraflores de Santa Cruz de La Palma.

Etiquetas

Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

Julio Pérez: “La dotación de más recursos es importante, pero de nada sirve si no están bien administrados”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad demanda también avances en organización y mejoras en la eficiencia con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor

Destaca que el Gobierno de Canarias ha respondido a la obligación de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil con la creación de dos nuevos juzgados, uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria, ambos con plantilla completa

Resalta, igualmente, que se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos a disposición de la Administración de Justicia para que pueda hacer frente a cargas de trabajo superiores y mantener las altas tasas de resolución

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado, recientemente, que, si bien el incremento en la dotación de recursos es importante, de nada sirve si no están bien administrados. Por ello, ha apuntado que un aumento de los medios humanos y materiales debe venir acompañado de los necesarios avances en organización y mejora de la eficiencia, con el fin de incrementar la productividad y la capacidad de generar valor, siendo este un reto que tanto la Administración Pública como la sociedad deben asumir como prioritario.

Las palabras de Julio Pérez han sido pronunciadas con motivo de la inauguración del Congreso Nacional ‘Reestructuración y Reforma Concursal: un primer examen seis meses después’, celebrado en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Un evento organizado, además de por esta entidad, por los colegios oficiales de Economistas de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, así como por el Aula de Formación del Colegio de Abogados de Las Palmas, y dirigido a profesionales con el fin de analizar el impacto de las reformas llevadas a cabo en la Ley Concursal.

Durante su intervención, el consejero destacó la evolución de la legislación en este ámbito y los importantes cambios producidos en la forma en que la sociedad y las instituciones públicas abordan los procesos de insolvencia, introduciéndose mecanismos tan necesarios como la segunda oportunidad o los procedimientos especiales para personas físicas.

Como responsable del área de Justicia en el Gobierno de Canarias, ha destacado la obligación de su departamento de dotar de medios adecuados a la jurisdicción mercantil, que, como toda la justicia en las islas, aborda cargas de trabajo superiores a las que serían adecuadas y que, sin embargo, mantiene una alta tasa de resolución.

En este sentido, ha dicho que a este compromiso se ha respondido creando en los últimos años dos nuevos juzgados –Mercantil 2, en Santa Cruz de Tenerife, y Mercantil 3, en Las Palmas de Gran Canaria–, dotados de plantilla completa, y se han mejorado los medios materiales y tecnológicos puestos al servicio de la Administración de Justicia.

Junto a Julio Pérez, también han participado en la inauguración el decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, Alcibiades Trancho; el vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Jorge Zurita; y el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Las Palmas Luis Calonge. Entre los asistentes se encontraba la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo.

A lo largo de las dos jornadas en las que se ha desarrollado el Congreso, se han abordado, mediante distintas mesas, diferentes materias. Entre ellas, “Estatuto Jurídico de los agentes intervinientes en el concurso de acreedores. Administración Concursal. Retribución y otras cuestiones discutidas. Otros agentes: principales novedades”; “El Concurso de Persona Natural. El Epi: La buena fe y procedimiento. El crédito público en el Epi. Cuestiones prejudiciales. El tratamiento de la vivienda habitual”; “Procedimiento especial de microempresa: ámbito objetivo y subjetivo. Especialidades procedimentales. Comunicación de negociaciones. Apertura del procedimiento especial. Procedimiento de liquidación”; y “Procedimiento especial de Microempresa (2): procedimiento de continuación: cuestiones. Nombramiento de administrador concursal. Calificación abreviada”.

Además, los participantes han tenido la oportunidad de abordar otros asuntos como “Cuestiones procesales. Principales novedades. Principio de agilidad y eficiencia: reglas de liquidación. El incidente concursal”; “Planes de reestructuración: ámbito objetivo. Extensión. Reglas de cómputo. Efectos. Formación de clases”; y “Planes de reestructuración (2): aprobación y homologación de los planes de reestructuración. Protección de la financiación. Incumplimiento. El experto de la reestructuración. La contratación publica en los supuestos de reestructuración y de concurso de acreedores”.

Etiquetas

El Gobierno solo podrá impugnar los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura que sean sobre materias de su competencia

El Gobierno solo podrá impugnar los acuerdos del Cabildo de Fuerteventura que sean sobre materias de su competencia

Julio Pérez señala que los adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno insular no parecen ajustados a derecho, pues un órgano colegiado no puede formarse solo por dos personas

Sí son, dice, indiscutiblemente, contrarios al sentido común y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad hace un llamamiento a los que sí pueden, el Estado o los 21 consejeros restantes, para que actúen y contribuyan a corregir una anomalía democrática y legal

Recuerda que, en los últimos cuatro años, el Ejecutivo canario ha impugnado 48 casos de ayuntamientos y cabildos, 17 de ellos resueltos antes de ir a juicio, y que ahora están examinando la validez de uno que afecta a las competencias de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha explicado este martes, en el Parlamento de Canarias, que el Gobierno canario solo puede impugnar los acuerdos que tratan de materias que son de su competencia, y no otros, y por eso es muy dudoso que pueda ir más allá y controlar el funcionamiento del Cabildo de Fuerteventura sobre cualquier materia.

Julio Pérez ha señalado que los acuerdos adoptados en las últimas sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno del Cabildo de Fuerteventura no parecen ajustados a derecho, a pesar de que tienen algunos informes favorables y también otros desfavorables, ya que van en contra de un principio jurídico básico, que es que un órgano colegiado no puede formarse solo con dos miembros, “dos no hacen colegio”, ha resaltado.

A su juicio, parecen contrarios al derecho o, al menos, son polémicos o discutibles desde el punto de vista legal. Sí son, indiscutiblemente, según ha apuntado, contrarios al sentido común, ya que, en primer lugar, el quórum y las mayorías en primera convocatoria no pueden ser menores que en la segunda, y a las reglas democráticas básicas, dos no pueden gobernar una corporación de 23.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado tanto la incomodidad del Gobierno canario con esta situación como su imposibilidad de intervenir, según sus propios Servicios Jurídicos, y ha hecho un llamamiento al Estado y a los 21 consejeros que ahora mismo integran la oposición, para que actúen y contribuyan a corregir esta anomalía democrática y legal.

Julio Pérez ha insistido en que la Comunidad Autónoma no está legitimada para actuar, pues, si lo estuviera, lo haría, como ha ocurrido, a lo largo de esta legislatura en 48 casos de ayuntamientos y cabildos que afectaban a sus competencias. Diecisiete de ellos han sido resueltos antes de llegar al juicio. Ahora, ha afirmado, los servicios técnicos de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de otra consejería están examinando la validez de uno que sí afecta a la Comunidad, para, si así fuera, formular la impugnación judicial correspondiente.

Etiquetas

Julio Pérez deja clara la posición del Gobierno ante el futuro del Sahara: “defender los intereses de Canarias”

Julio Pérez deja clara la posición del Gobierno ante el futuro del Sahara: “defender los intereses de Canarias”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad asegura que las opiniones no coincidentes sobre este asunto, de los cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo, no impiden que tengan una posición común

Reitera el rechazo del Gobierno a cualquier actuación unilateral de los países vecinos que pueda mermar o poner en riesgo los derechos o los intereses de Canarias, y el apoyo a que las soluciones a los conflictos del Sahara sean de común acuerdo, y en el marco de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional

Respalda la presencia y participación activa de Canarias en los foros, comisiones y grupos de trabajo que estudien y hagan propuestas sobre los intereses canarios, así como la conexión intensa y continua con Asuntos Exteriores para el efectivo cumplimiento de estos objetivos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha dejado claro este martes, en el Parlamento de Canarias, que la posición común del Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, ante el futuro del Sahara Occidental, es “la defensa de los intereses de Canarias”, y que las opiniones no coincidentes sobre esta materia, de los cuatro partidos que apoyan al Ejecutivo, no impiden mantener una posición colegiada acerca de lo que tiene que hacer el Gobierno.

Julio Pérez ha reiterado el rechazo del Ejecutivo canario a cualquier actuación unilateral de los países vecinos al Sahara Occidental, que pueda mermar o poner en riesgo los derechos o los intereses del archipiélago, y ha recordado lo señalado por Torres en este sentido, “ni un milímetro de pérdida de nuestros derechos territoriales”.

Ha resaltado el respaldo de los cuatro partidos que conforman el Gobierno a la presencia y participación activa de Canarias en los foros, comisiones y grupos de trabajo que estudien y hagan propuestas sobre los intereses canarios, hecho que está ocurriendo, así como la conexión intensa y continua con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el efectivo cumplimiento de estos objetivos y estar permanentemente informados sobre estas materias.

Igualmente, ha hecho hincapié en que las opiniones no coincidentes tampoco han impedido mantener un punto de unión como es el apoyo a que las soluciones al conflicto del Sahara sean de común acuerdo y en el marco de las resoluciones de la ONU y del Derecho Internacional.

El también portavoz del Gobierno canario ha indicado que el futuro del Sahara no es el único asunto en el que discrepan los socios del Ejecutivo, pero esas diferencias, ha dicho, “no nos impiden gobernar ni haber proporcionado estabilidad y contribuido a mejorar la situación de Canarias”.

Etiquetas

Transparencia impulsa la elaboración de planes de responsabilidad social en las entidades públicas del Gobierno

Transparencia impulsa la elaboración de planes de responsabilidad social en las entidades públicas del Gobierno

Además de evaluar la contribución y alineamiento de la estrategia de cada una de ellas con esta materia, imparte varios talleres prácticos y formativos

Ha planificado una jornada de presentación para mañana, que contará con el apoyo de la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias y la consultora Innovaris.

En abril de 2022 editó una Guía de Responsabilidad Social Corporativa para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias, que recoge recomendaciones y propuestas de acción práctica para estas entidades que juegan un papel clave en la prestación de servicios a la ciudadanía

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado los trabajos destinados a prestar apoyo a las entidades públicas del Gobierno de Canarias en la elaboración de sus planes de responsabilidad social, un documento que facilitará a dichas empresas llevar a cabo diferentes acciones que les permitan cumplir con los requisitos de la Agenda Canaria 2030 en materia de responsabilidad social, más allá de su misión de contribuir al bien común.

Según la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, el apoyo se va a materializar a través de un proceso evaluativo de la contribución y el alineamiento de la estrategia de cada una de las empresas públicas con la responsabilidad social, y mediante la impartición de varios talleres prácticos y formativos. Para ello, se utilizará una metodología colaborativa y participativa, con el propósito de promover la comunicación y que la transformación del sector público contribuya al desarrollo sostenible.

Igualmente, ha recordado que tanto el Gobierno de España como el de Canarias están impulsando medidas que permitan alinear sus ejes de actuación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, así como con las distintas líneas que la Unión Europea ha aprobado referidas a diferentes cuestiones asociadas a este plan, tanto en materia de sostenibilidad como en aspectos relacionados con las actividades de reporte de información no financiera, buen gobierno o asociadas al impacto de las políticas públicas.

Con el objetivo de dar continuidad a los trabajos realizados por todas las empresas públicas del Gobierno de Canarias en el diseño de sus planes de responsabilidad social, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana ha planificado una jornada de presentación que contará con el apoyo de la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias y la consultora Innovaris.

Ya el pasado mes de abril, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad editó, a través de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, una Guía de Responsabilidad Social para Empresas Públicas Mercantiles de Canarias, que recoge recomendaciones y propuestas de acción práctica para estas entidades que juegan un papel clave en la prestación de servicios a la ciudadanía, con el objetivo de orientar hacia el buen gobierno a todos aquellos que ostentan responsabilidades en las empresas públicas de esta comunidad autónoma.

Esta jornada, que se celebrará en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife mañana, miércoles 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas, permite la asistencia tanto presencial como vía online. Será inaugurada por el viceconsejero de Presidencia del Ejecutivo canario, Antonio Olivera, y contará con la participación de los directores generales de Transparencia y Participación Ciudadana y de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible, Marta Saavedra y David Padrón, respectivamente, así como con el CEO del Grupo Innovaris, Alexis Robles, y el coordinador de Área de la citada consultora Sergio Suárez.

Etiquetas