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Alumnado de las universidades públicas canarias podrá realizar prácticas laborales en el Gobierno de Canarias

Un joven trabaja frente a un ordenador

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe sendos convenios con la ULL y la ULPGC para que el alumnado universitario pueda adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para que el alumnado de ambas instituciones académicas pueda realizar prácticas externas en dependencias y centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objeto de estos acuerdos es dotar al alumnado de un mayor componente práctico a su formación académica, así como adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral.

Julio Pérez ha suscrito estos acuerdos de colaboración con el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y con la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara de la ULL, Gloria Lastenia Hernández, quienes muestran mediante esta firma su deseo de establecer una estrecha colaboración educativa en el ámbito de la realización de prácticas externas de las titulaciones de grado y máster de las universidades canarias, destinadas a la formación íntegra del estudiantado universitario y a la mejora de su empleabilidad.

Así, los convenios comprenden la realización de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en las distintas áreas de actividad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma por parte de estudiantes de Grado y Máster de diferentes disciplinas académicas y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que cursa.

La realización de prácticas formativas externas por parte del alumnado universitario tiene por objeto dotar de un mayor componente práctico a su formación académica, conectando los estudios universitarios con las actividades profesionales y con las salidas laborales existentes. Se trata de un mecanismo de conexión permanente de las universidades con el tejido productivo y el mundo empresarial, así como con el entramado institucional y organizativo de Canarias, al tiempo que se ofrece al estudiantado experiencia en el mundo laboral para su posterior inserción profesional en las ocupaciones del mercado de trabajo adecuadas a los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos en la titulación cursada.

Objetivos

Entre los objetivos de los acuerdos están contribuir a la formación integral de los y las estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico; facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que alumnado universitario habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos; favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas; obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura; y favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

La relación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el o la estudiante que acoge para el desarrollo de prácticas externas no será en ningún caso de carácter laboral. La realización de las prácticas no constituirá mérito para el acceso a la función pública, ni se computará a efectos de reconocimientos de servicios previos. Asimismo, la Administración autonómica, sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público no podrán cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con alumnado en prácticas externas, ni establecer una relación laboral retribuida.

Dado su carácter formativo, de la realización de las prácticas externas no se derivará, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

En este sentido, los y las estudiantes no cumplirán órdenes de trabajo; deberán identificarse como personal externo al centro donde realizan las prácticas; no dispondrán de acceso propio a sistemas, aplicativos ni recursos electrónicos, ni utilizarán medios telemáticos de la Administración; sus tareas serán formativas y no productivas y, en particular, no podrán realizar funciones propias del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni se turnarán con dicho personal y no estarán sujetos a las normas sobre horario de dicho personal ni a los medios de control de horario propios de los mismos.

Los convenios suscritos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de ambas partes, por un período de hasta otros cuatro años adicionales.

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El Gobierno abona hoy a los ayuntamientos 100 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal

El Gobierno abre el proceso para la gestión de ayudas por los efectos del ciclón tropical ‘Hermine’

Se publica la Ley 5/2020, de régimen excepcional del FCFM para 2020, que amplía hasta el 31 de marzo el plazo para que los municipios envíen la documentación necesaria para la elaboración de las auditorías

Asimismo, podrán destinar parte de estos recursos a los gastos por la crisis sanitaria de la Covid-19 y al mantenimiento de los servicios esenciales

En el día de hoy, se publica en el Boletín Oficial de Canarias, la Ley 5/2020, de 25 de noviembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, que contempla, el pago de las cantidades pendientes a cuenta de este instrumento financiero, antes del final del ejercicio,  junto con la publicación de la norma ya aprobada por el Parlamento como ley, el Gobierno hace efectivo el pago de esa cantidad a los ayuntamientos.

Igualmente, se amplían los plazos para la presentación de la documentación para la elaboración de la auditoría y para el acuerdo de toma en consideración de la misma, en coherencia con el diferimiento de los plazos legales de rendición de la cuenta general en un período equivalente a la duración efectiva del estado de alarma, aprobada por el Real Decreto ley 11/2020, y se regula el pago final del Fondo durante el último trimestre del ejercicio, conjuntamente con la distribución definitiva del Fondo correspondiente a 2018.

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, declaró que “la inmediata ejecución por esta Consejería de lo dispuesto en esta ley es otro ejemplo del compromiso del Gobierno de Canarias con la suficiencia financiera de los ayuntamientos y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”.

Esta Ley, producto de la tramitación parlamentaria del Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, viene a ratificar las decisiones anteriormente adoptadas por el Ejecutivo autonómico con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y previo informe del Consejo Municipal de Canarias. De este modo, a diferencia de otros ejercicios, en los que los ayuntamientos solo recibían un anticipo del 35%, y el resto se transfería cuando se presentaban las auditorías correspondientes a cada entidad, el Gobierno de Canarias estableció un nuevo  pago a cuenta, el mes de julio, de otro 35% del Fondo, al que se unirá ahora este último pago final como medida garantizar la liquidez de los municipios.

Flexibilización del destino del Fondo

Cabe recordar que el FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social -en determinados casos-, así como para gastos de libre disposición.

La nueva norma establece un régimen excepcional del FCFM para este ejercicio en el que, a pesar de que se mantienen los valores de los indicadores contemplados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, estos se configuran solo a los efectos de diagnóstico económico financiero, sin penalizaciones, y se regula un régimen especial del destino de la parte condicionada del Fondo para que pueda ser destinado a diversas políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

Además, los ayuntamientos con una peor situación financiera podrán mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Asimismo, a idénticas finalidades podrán ser destinados los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondientes al ejercicio 2019.

FCFM definitivo de 2018

Por otra parte, el Gobierno de Canarias acordó el pasado 15 de octubre de 2020 la distribución definitiva del FCFM 2018 entre los ayuntamientos previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, por un importe de 12.526.778,88 euros, que ahora se incluye en este pago final.

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El Gobierno examinará por internet a más de 3.000 opositores en colaboración con la UNED

Una persona estudia con un ordenador

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, suscribe un convenio con la UNED a fin de realizar las segundas pruebas para el ingreso por acceso libre en los cuerpos administrativo y auxiliar de la Comunidad Autónoma que en el futuro facilitará la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, una nueva manera de realizar las oposiciones que marca el camino de las siguientes

El convenio es un mecanismo destinado a alcanzar el objetivo del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales

El Ejecutivo compensará el coste de las actividades del convenio que serán asumidas por la UNED, cuantificado en 29.138,40 euros, que abarca tanto el coste tecnológico como la coordinación y dirección del proyecto

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha suscrito un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, a fin de celebrar a través de la plataforma AVEX de la UNED los segundos ejercicios de la fase de oposición correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre, en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por sendas resoluciones de la Dirección General de la Función Pública de 10 y 11 de abril de 2018, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, número 75 de 18 de abril de 2018. Este convenio es el primer paso para introducir una nueva forma de realizar los procesos selectivos que facilitarán la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, lo que constituye una nueva manera de llevar a cabo el proceso que marca el camino de las siguientes, con lo que el Gobierno de Canarias estrena así una modalidad de oposiciones que cambiará la forma en que se realizarán en lo sucesivo.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de Canarias, en la que también se enmarcan, entre otras, la implantación del teletrabajo entre el personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la expansión de las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración autonómica, o el impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Ejecutivo de Canarias con la ciudadanía. Todas estas iniciativas servirán para mejorar la eficacia de las políticas públicas y la eficiencia de la asignación de recursos públicos.

Asimismo, el convenio es una vía que permitirá alcanzar el objetivo contemplado en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales de forma que, además, se permita el mayor despliegue territorial que amplíe las posibilidades de selección a todo el territorio del documento, eje de actuación contenido dentro de la prioridad estratégica Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa de dicho plan.

El convenio detalla que la Plataforma AVEX de la UNED es una aplicación para la realización de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red.

Asimismo, estipula que, con el fin común de colaborar en el diseño y desarrollo de las pruebas citadas, la UNED se compromete, entre otros aspectos, a realizar el diseño y coordinación de la celebración online de estos segundos ejercicios de la fase de oposición, así como poner a disposición de la Dirección General de la Función Pública la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades.

Por su parte, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete a velar y prestar el apoyo necesario para el adecuado cumplimiento del diseño y puesta en práctica del sistema de evaluación elaborado por los respectivos Tribunales Calificadores a través de la plataforma de la UNED; poner a disposición de la UNED el contenido de las pruebas a realizar diseñados y elaborados por los Tribunales Calificadores constituidos en cada proceso selectivo, la lista definitiva de aspirantes admitidos, la plantilla provisional y definitiva de respuestas que han de regir la evaluación online en orden a determinar la correcta superación de los segundos ejercicios indicados.

Además, se compromete a hacer una compensación del coste de las actividades objeto del convenio que serán asumidas por la UNED que se cuantifica en 29.138,40 euros, cantidad que resulta de la compensación del coste tecnológico que abarca la preparación y adecuación de la plataforma (24.282 euros) y la coordinación y dirección del proyecto (4.856,40 euros), compensaciones que se abonarán previa justificación por la UNED y certificación correspondiente, por parte del órgano correspondiente de la Dirección General de la Función Pública, de que se ha realizado la actividad.

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Satisfacción en el Gobierno por el inicio de la contratación de las obras de la zona de charcos de Valleseco

Infografía del proyecto litoral de Valleseco

El Consejo de Ministros autoriza el proceso para elegir la empresa que hará la remodelación de esa parte del litoral santacrucero, con un coste de 16,83 millones

Canarias participa en el convenio con 5,4 millones, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aporta 5,7, el Cabildo cuatro y la Autoridad Portuaria 1,5

El Gobierno de Canarias, a través de su portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, mostró hoy su plena satisfacción por la decisión del Consejo de Ministros de ayer, martes 15 de diciembre, de autorizar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a abrir el proceso de contratación, vía concurso público, de la empresa o unión de ellas que ejecutarán las obras de defensa marítima y ordenación de la zona de charcos en el barrio de Valleseco, en la capital tinerfeña. La propuesta la elevó al Consejo de Ministros el departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, con lo que se impulsa una iniciativa pública que pretende generar un espacio de interacción entre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y su ciudad tras la puesta en marcha del proyecto urbanístico Sol y Sombra.

Esa fase de los trabajos cuenta con un presupuesto de 16,83 millones de euros, de los que 5,4 los aporta la Comunidad Autónoma de Canarias. El convenio de colaboración entre las cuatro administraciones participantes, firmado el 21 de noviembre de 2019, en un acto al que asistió el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se completa con los 5,7 millones que destina el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los cuatro que desembolsa el Cabildo tinerfeño y el millón y medio que corresponde a la Autoridad Portuaria.

Estas obras han sido reclamadas durante más de 30 años por los vecinos del barrio de Valleseco. Tienen un plazo inicial de ejecución de 24 meses y permitirán recuperar un espacio abandonado desde hace mucho tiempo para el uso público. Esto dotará a la ciudad y, en concreto, al enclave de Valleseco, de nuevas áreas para el recreo, el ocio y el disfrute del mar, siempre según lo definido por el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y tras el informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de septiembre de 2018. Asimismo, se sigue lo fijado por el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz para Valleseco.

Para la recuperación de esa parte del litoral urbano, se prevé crear diversos diques de defensa que protejan la zona de ocio del oleaje, así como nuevos muelles, áreas de solarium, paseos, jardines y pequeñas edificaciones para servicios a la ciudadanía. La actuación se desarrollará desde la explanada de Capitanía Marítima y la torre de control hasta el muelle que acoge las instalaciones del Centro Insular de Deportes Marinos (Cidemat).

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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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Julio Pérez señala que los voluntarios reconocidos y organizados pueden mejorar la eficacia de los rescates

Julio Pérez se reúne con GEBE Canarias

El consejero de Seguridad se reunió ayer viernes con el Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación de Canarias (GEBE Canarias)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió ayer viernes con el presidente del Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación (GEBE Canarias), José Francisco Guerra, y otros dos representantes de dicha asociación, en la que explicaron la labor que desarrollan y su disposición a colaborar con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pérez destacó la importancia de los recursos que brindan las asociaciones de voluntariado debidamente registradas y ajustadas a la normativa vigente, pues contribuyen a incrementar las posibilidades de éxito en las intervenciones de rescate.

Por su parte, Guerra explicó que la asociación mantiene un convenio de colaboración con SOS Desaparecidos y está registrada en el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Cuenta con 37 efectivos operativos a la fecha, además de otros adicionales dados de alta, organizados en equipos que se relevan en el desarrollo de las tareas que se les encomienda.

Entre otros aspectos, detalló que GEBE Canarias cuenta con una unidad de búsqueda nocturna que trabaja en el caso de desapariciones de personas mayores o niños y niñas, situaciones en la que paralizar las labores debido a la nocturnidad entraña un peligro adicional a la propia desaparición.

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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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Justicia destaca y felicita a los jueces de Las Palmas por la mejora de la atención a la infancia en los tribunales

Julio Pérez, Carla Vallejo y Marta Bonnet, tras el acto del premio de Calidad de la Justicia

El consejero Julio Pérez afirma en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria por la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia que la justicia no tiene por qué ser áspera ni distante, y menos aún cuando se ven involucrados niños o niñas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, remarcó ayer viernes en el acto de entrega del premio de Calidad de Justicia al partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria que el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la adaptación de los espacios, la dotación de medios y la formación necesaria para mejorar la atención a la infancia en el ámbito judicial ya que, explicó, la justicia no tiene por qué ser áspera, distante, fría ni lejana, y menos aun cuando se ven involucrados niños o niñas.

El consejero felicitó a los jueces de Las Palmas, en la persona de su Decano, el magistrado Oscar González, por el premio conseguido, y les animó a continuar, en el deseo de que además sirvan de ejemplo a otros operadores jurídicos que deben tratar con niños y niñas y no siempre logran hacerlo como lo están haciendo los juzgados y tribunales de Las Palmas.

Al acto acudieron también la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, y el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar Gonzalez, entre otros.

Como iniciativas concretas de este último año promovidas o apoyadas por el Ejecutivo autonómico, cabe destacar la apertura de Salas de Lactancia para su uso por los profesionales y la ciudadanía que acceda a las instalaciones judiciales; las obras para la instalación y adecuación de la oficina de asistencia a las víctimas del delito, contando con espacios adecuados de espera para familias y menores, y la organización de las jornadas formativas y divulgativos Los menores en el contexto de la violencia machista, celebrada los días 12 y 13 de noviembre.

El Consejo General del Poder Judicial realiza una convocatoria anual para la concesión de este premio con el que se pretende reconocer a los órganos judiciales, las oficinas o administraciones relacionadas con la Administración de Justicia por sus actividades de mejora de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

En la convocatoria de este año, el Decanato de las Palmas de Gran Canaria presentó como candidatura al premio el proyecto, iniciado desde 2017, que culminó con la elaboración de las Prácticas y Guía de buen trato a la infancia en la Administración de Justicia del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, y que finalmente ha sido reconocido con este galardón. Se encuadra en una serie de iniciativas destinadas a mejorar el tratamiento y la atención que, principalmente a las víctimas menores de edad, se ofrece en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, así como a las y los menores que deben acudir a los juzgados de familia.

Al respecto, Pérez destacó la importancia que tiene la cantidad de recursos asignados a la justicia para alcanzar su finalidad, pero sobre todo, la calidad del servicio mismo que se presta, que debe tener como norte la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía.

No hay que olvidarse de los recursos que precisan quienes prestan este servicio, indicó, pero hay que tener muy presente la calidad que deben recibir las ciudadanas y los ciudadanos, añadió en referencia a la iniciativa que recibió el galardón. También destacó que no se trata de un proyecto nuevo, sino que es una iniciativa desarrollada bajo distintos equipos, y no solo el actual, por lo que puso en valor la continuidad dada hasta la consecución del resultado conseguido.

En este sentido, el Gobierno ha dado su apoyo y sostén económico a distintas iniciativas del decanato que incluyen, entre otras, la elaboración del protocolo de actuación en caso de víctimas o testigos menores de edad; la puesta en marcha de la Sala Gesell para declaraciones y exploraciones de menores; el protocolo de acompañamiento Vía libre a la infancia; la adaptación del lenguaje de los documentos que deben entregarse a la víctima a través de la técnica de lectura fácil; la aprobación e inicio de las obras de la casa de la infancia en los institutos de medicina legal, y el proyecto divulgativo y formativo dirigido al alumnado de los Colegios de Las Palmas Aprendiendo en Justicia.

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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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