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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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Torres recibe el compromiso de la ministra de Trabajo de prorrogar los ERTE el tiempo que sea necesario

Reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo

El presidente de Canarias se muestra satisfecho tras reunirse con Yolanda Díaz en Madrid y deja claro que los ERTE seguirán beneficiando al turismo de las Islas y a los subsectores ligados

El jefe del Ejecutivo regional pide unidad a la patronal, sindicatos y partidos para lograr el mejor acuerdo posible en la mesa sectorial de este viernes

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha recibido hoy el compromiso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se han aplicado en Canarias y en el resto de España desde el estado de alarma se prorrogarán el tiempo necesario desde este 30 de septiembre, día en que expiran.

El jefe del Ejecutivo canario se reunió en la tarde de este martes con Díaz, una cita que calificó de “muy importante” por la receptividad de la ministra a sus peticiones, que están en sintonía con las de la patronal hotelera y de los sindicatos y centradas, sobre todo, en que los ERTE duren el tiempo necesario mientras la pandemia por la Covid-19 siga afectando a la economía, con especial repercusión en el turismo en una región como la canaria, tan dependiente del sector servicios. Además, defendió que los trabajadores beneficiarios no vean reducido su salario del 70% actual al 50%, lo que pasaría al consumirse los primeros 180 días, una propuesta que fue bien recibida por parte del Ministerio.

Reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo
Un momento previo al inicio de la reunión de Ángel Víctor Torres con la ministra de Trabajo.

Aseguró que la situación de la pandemia no debe hacer que sean los trabajadores los más sacrificados y, por eso, confía en que la nueva reunión prevista para este viernes entre el Gobierno central, la patronal y los sindicatos permita un acuerdo definitivo sobre esos dos aspectos. Además, recalcó que los incentivos a las empresas deben adaptarse a la demanda en cada momento. A su juicio, los ERTE han de durar el tiempo preciso “hasta que haya una situación normalizada. Esa es la mejor noticia de la reunión de hoy”, subrayó.

El presidente recordó que el real decreto ley en plena desescalada recogió una mención específica a los ERTE en Canarias por el gran peso del turismo en las Islas. Lo relevante ahora – continuó – es que haya unidad desde las Islas y recordó, en este sentido, que cuando así se ha actuado desde el Archipiélago, es cuando mejores resultados se han obtenido ante cualquier negociación en Madrid. Por eso, pide a los partidos, la patronal y los sindicatos que aboguen por sumar en unas circunstancias y tiempos especiales.

Sobre la afección al turismo, recordó que se trata de un ámbito económico “multisectorial” y, por eso, cree que los ERTE deben beneficiar a todos los perjudicados por esta situación general.

Para el presidente canario, resulta clave, asimismo, que haya nuevo presupuesto estatal y lamentó que, desde que se aprobó el nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas, así como el nuevo Estatuto de Autonomía, en octubre de 2018, no se haya dispuesto de unas cuentas generales del Estado que permitan desarrollar esas dos normas clave, por lo que también pide unidad y altura de miras para que se respalde esa Ley en el Congreso. «Son momentos de arrimar el hombro, echarnos una mano y pensar en las personas que están sin empleo en Canarias», dijo.

 

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El SCE aprueba el acuerdo marco con la Fecam para los planes extraordinarios de empleo frente a la COVID-19

Reunión Consejería Economía

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo contempla 30 millones para la contratación de 5.250 personas paradas por los municipios con cargo a los fondos estatales del PIEC 2020 y en el marco del Pacto para la Reactivación ante la pandemia por coronavirus

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes el acuerdo-marco de colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para el desarrollo de los planes extraordinarios durante el periodo 2020-2021 por importe de 30 millones de euros en favor de la contratación de 5.250 personas en riesgo de exclusión social, paradas de larga duración o como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Bajo la presidencia de la consejera de Economía, Elena Máñez, el órgano colegiado de participación y programación del SCE, integrado por las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad junto a la administración autonómica, avaló el documento para su posterior firma con la Fecam en el marco de las acciones financiadas con cargo al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), aprobado por el Consejo de Ministros con 42 millones a mediados de julio.

A principios de agosto, dos meses antes con respecto al pasado año, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, suscribieron el convenio para la transferencia de los fondos del PIEC con el objetivo de impulsar las políticas activas de empleo necesarias ante la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, en cumplimiento así también del conjunto de medidas previstas en el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

En concreto, el Consejo General de Empleo emitió el preceptivo informe favorable al acuerdo-marco para que los ayuntamientos, mancomunidades o entidades dependientes realicen proyectos con una duración máxima de doce meses correspondientes a una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social, dotado con 20 millones, y a un nuevo Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (Pecovi), provisto con 10 millones para prevenir la expansión del coronavirus en los municipios canarios.

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del órgano colegiado a través de medios telemáticos el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, junto a representantes de las patronales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO).

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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La Mesa Técnica de Hostelería aprueba los criterios de seguridad laboral ante la COVID-19 en el sector hotelero

Mesa Técnica de Hostelería

El documento, consensuado por las patronales sectoriales, los sindicatos más representativos, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Canarias, está dirigido principalmente a las pymes del sector alojativo turístico y ofrece orientación en materia de prevención de riesgos laborales para empresas y personas trabajadoras

La Mesa Técnica de Hostelería aprobó este lunes el documento de criterios orientativos en prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 en el sector hotelero de Canarias, un documento dirigido principalmente a las pymes del sector del alojamiento turístico y que ofrece orientación, tanto a empresas como a personas trabajadoras, sobre la prevención y protección frente a la COVID-19, así como sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en la nueva normalidad. Como explicó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos criterios “han sido consensuados desde el diálogo social para facilitar a las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen una menor capacidad organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, la adaptación a la nueva situación generada por la pandemia”.

Los criterios de prevención han sido elaborados por las entidades que integran la Mesa Técnica de Hostelería, esto es, las organizaciones empresariales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer); las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España y, por parte del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo; la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la Consejería de Sanidad.

La consejera recordó que el turístico es el sector económico con más peso en nuestra comunidad autónoma, aportando el 35% del PIB y el 40% del empleo, por lo que resulta “fundamental que las empresas del sector mantengan actualizados sus planes de prevención de riesgos de laborales durante la crisis de la COVID-19”. En este sentido, señaló que si bien los grandes grupos hoteleros suelen contar con personal propio dedicado a la seguridad laboral, en muchos casos, las pequeñas y medianas empresas del sector no cuentan con planes específicos adaptados a su actividad, por lo que este documento “pretende ayudarlas a que establezcan sus protocolos de actuación, medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo y a saber cómo actuar ante un contagio, con el objetivo principal de proteger la salud de las personas trabajadoras”.

Esta medida, explicó, viene a dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias en lo referido al impulso de medidas de apoyo y asesoramiento a las empresas, trabajadores y trabajadoras en prevención laboral y sanitaria, al tiempo que contribuye a que Canarias “se consolide como referente mundial en prevención de riesgos laborales ante la COVID-19, reforzando la sensación de destino seguro y dando todas las garantías a las personas trabajadoras del sector”.

Además, en esta misma línea, recordó que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ya destina, en el marco del Plan para la Reactivación, más de 1.900.000 euros en subvenciones a las organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas para la contratación de personal técnico y refuerzo de sus oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales.

En la reunión participaron, además de la consejera, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Elirerto Galván, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, así como representantes de la Consejería de Sanidad, de las organizaciones empresariales sectoriales y de los sindicatos más representativos.

 

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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El Consejo General de Empleo amplía su oferta formativa y se adapta al mercado laboral derivado de la COVID-19

Elena Máñez

El Servicio Canario de Empleo refuerza su programación un 12,5% con respecto a 2019 hasta ofrecer 2.084 acciones este año, con prioridad a las personas sin trabajo

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este martes un incremento del 12,5% en las acciones de formación profesional para 2020 y una adaptación de la oferta al mercado laboral derivado tanto de la pandemia de COVID-19 como del proceso de transición ecológica.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General del SCE emitió el informe preceptivo a favor de la actualización para este año de la oferta de formación profesional para el empleo correspondiente al periodo 2019-2021, a partir de las propuestas de los agentes socioeconómicos y del tratamiento de las especialidades de transición ecológica.

“Desde esta consejería seguimos trabajando en el diálogo social para buscar los mejores acuerdos posibles con sindicatos y patronales, porque en estos momentos necesitamos la unidad de acción para dar la mejor respuesta posible a la crisis excepcional que atravesamos”, destacó Máñez tras la reunión telemática del Consejo General de Empleo, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de las organizaciones sindicales y confederaciones empresariales con mayor representatividad

Dos centenares de acciones más

En concreto, el documento aprobado por el Consejo General del SCE contempla 233 acciones más en su oferta formativa, dirigida con prioridad a las personas desempleadas, al aumentar desde 1.851 en 2019 hasta 2.084 actuaciones para este año.

Además, la oferta del SCE incluye 145 especialidades consideradas de transición ecológica, programadas en 265 acciones a lo largo de 2020, como las nuevas cualificaciones en Huella de carbono de producto y organización o Modelos de negocio en la economía circular.

También se incorporan otras especialidades en respuesta a la actual demanda del mercado laboral, marcado por la crisis sanitaria a causa de la enfermedad por coronavirus, como Transformación logística en un entorno de industria 4.0, Gestión de llamadas de teleasistencia o Asistencia a la investigación de mercados.

Igualmente, la sesión extraordinaria del Consejo General de Empleo emitió un informe favorable al convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Gran Canaria para el inicio del plan de empleo en la isla derivado de la situación sobrevenida por la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

También informó a favor de otro acuerdo de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Tenerife para la coordinación de las actuaciones en materia de empleo de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), además de propuestas de adendas a los convenios con diversas entidades para los programas experimentales de la convocatoria 2018-2019.

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El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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Los agentes sociales y económicos respaldan la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción propuesto por Torres

Comité de Gestión Económica

En la reunión del Comité de Gestión Económica celebrado este lunes abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro acuerdo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes una nueva reunión del Comité de Gestión Económica en el que participa una representación de los agentes sociales y económicos de las Islas, quienes han mostrado su respaldo a la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una alianza que el jefe del Ejecutivo planteó por primera vez en la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

En la reunión de hoy, en la que también participan el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la consejera de Turismo, Industria y Comerio, Yaiza Castilla, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro Pacto para afrontar la crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

El acuerdo, que incluye un programa con medidas específicas, persigue articular una estrategia común con las iniciativas aportadas desde todas las áreas del Gobierno y desde todos los sectores económicos y sociales del Archipiélago, con la finalidad de minimizar en lo posible el impacto sobre nuestra economía, una de las más golpeadas por el freno del sector turístico y los servicios, y que en esa salida de la crisis nadie se quede atrás.

Según ha manifestado el presidente en varias ocasiones, la idea es que pueda ser elevado al Parlamento de Canarias y aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación y análisis de los grupos parlamentarios, organizaciones y colectivos. En ese sentido, el presidente ya ha presentado las líneas generales del acuerdo a los grupos parlamentarios, los representantes de la Fecam y la Fecai y en esta ocasión también a los agentes sociales y económicos para su análisis y para recoger sus aportaciones.

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