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El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

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Abierto el plazo para que los autónomos y autónomas sin actividad por la COVID-19 pidan la ayuda adicional del 30%

Elena Máñez

Las solicitudes se podrán presentar durante dos meses a partir de este miércoles y para ello es necesario tener ya concedida la prestación estatal del 70%, haber cesado la actividad a causa del estado de alarma y estar de alta como autónomo o autónoma a fecha de 14 de marzo

Elena Máñez afirma que la medida, impulsada desde la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias para que puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con mayores garantías”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), abre este miércoles, 6 de mayo, el plazo para la solicitud de la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar para las personas trabajadoras autónomas residentes en Canarias que hubieran cesado en su actividad debido a la emergencia sanitaria de la COVID-19. La convocatoria, que se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html), está dotada con 11 millones de euros y pretende completar la prestación extraordinaria que concede el Estado hasta alcanzar el 100% de la base de cotización. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante dos meses, a través de la Sede Electrónica del SCE (https://sede.gobcan.es/empleo).

Para optar a recibir la ayuda se deberá tener ya concedida la prestación extraordinaria del 70% que otorga el Gobierno de España, un trámite que se tiene que hacer en la mutua colaboradora de la Seguridad Social correspondiente. Este extremo se debe acreditar en el momento de presentar la solicitud, como también se comprobará, a través de la vida laboral, que el o la solicitante de la ayuda estaba en situación de alta en la Seguridad Social como persona trabajadora autónoma en el momento de la declaración del estado de alarma, así como la suspensión de su actividad por esta causa. Además, la actividad empresarial o profesional, así como el domicilio fiscal, deben estar fijados en Canarias.

Certificado digital

Para facilitar los trámites a aquellas personas que aún no tengan certificado digital, necesario para operar por la vía telemática, el Servicio Canario de Empleo ha activado un servicio de asistencia para la obtención del certificado digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), mediante cita previa en el número de teléfono 922 924 070, donde se fijará una hora y un día para acudir presencialmente al organismo que corresponda, que será asignado por el SCE en función del municipio e isla de residencia. Antes de acudir a esta cita, los usuarios y usuarias deben obtener el código de solicitud del certificado en el sitio web de la FNMT, que les será requerido para acreditar su identidad junto con el documento de identidad o, en su defecto, el carné de conducir.

Esta convocatoria de subvenciones forma parte de las medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por la COVID-19 recogidas por el Gobierno de Canarias en el Decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, esta emergencia sanitaria “ha impactado con especial fuerza en el colectivo de personas trabajadoras autónomas, que junto a las pymes representan la base de nuestro tejido empresarial”. La consejera señala que la ayuda adicional del 30%, impulsada desde la consejería que dirige, tiene como objetivo “proteger a los autónomos y autónomas de Canarias que han cesado su actividad debido a la pandemia para que, a medida que vaya pasando la emergencia sanitaria, puedan afrontar la desescalada y recuperación económica con garantías”.

La consejera recuerda que la estrategia de apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas en la crisis de la COVID-19 diseñada por la Consejería, que ya avanzó en su reciente intervención ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, contempla otras medidas para “acompañar en la vuelta a la normalidad a las personas trabajadoras por cuenta propia”, como las orientadas a la digitalización o la dotación de líneas de avales para impulsar su liquidez.

 

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La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

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La Consejería de Economía anuncia a la Fecam un plan extraordinario de empleo por el impacto de la COVID-19

Elena Máñez y Dunnia Rodríguez

El Servicio Canario de Empleo y los ayuntamientos canarios reanudan las contrataciones paralizadas a causa del estado de alarma por la pandemia

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anunció esta semana a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la próxima convocatoria por el Servicio Canario de Empleo (SCE) de un plan extraordinario para los ayuntamientos isleños con el objetivo de afrontar el impacto causado en el mercado laboral por la pandemia COVID-19.

La consejera de Economía, Elena Máñez, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, se reunieron este viernes por medios telemáticos con la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, y el responsable de su comisión de formación y empleo, Antonio Ramón Chinea, para coordinar las acciones entre el organismo autónomo y las corporaciones municipales.

No en vano, Máñez destacó que “los ayuntamientos representan una pieza clave en la estructura administrativa como entidad más cercana a la ciudadanía y los impactos de la actual crisis serán diferentes en cada municipio, por lo que debemos adaptar nuestras políticas activas de empleo a las 88 realidades del Archipiélago”.

“También comunicamos a la Fecam que ya estamos preparando con el Ministerio de Trabajo y Economía Social el Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, un PIEC COVID-19, por lo que también aguardamos las propuestas municipales de proyectos capaces de mitigar el impacto social y económico de la pandemia para consensuar las futuras acciones, porque ahora más que nunca debemos acertar en las medidas”, añadió la consejera de Economía.

Por su parte, María Concepción Brito valoró “muy positivamente” el encuentro y manifestó la disposición de la Fecam a “trabajar de manera conjunta con la Consejería y el SCE en propuestas para llevar a cabo acciones en materia de impulso del empleo”.

Selección de personal

De cara al desconfinamiento de la población, el SCE analizó con la Fecam la reciente reanudación de los trámites necesarios para continuar con las contrataciones y los programas adjudicados a los municipios canarios, después de la paralización de las actividades a mediados de marzo como consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España por la crisis sanitaria.

Por tanto, los 88 ayuntamientos inician ahora la selección de las personas desempleadas para su próxima contratación en otros tantos proyectos a cargo del Plan de Empleo Social (PES), adjudicados desde el SCE por un importe total de 30 millones de euros para 2020, además de la implantación de las nuevas medidas de seguridad para el colectivo beneficiado correspondientes a cada actividad laboral para la prevención y contención de la enfermedad por coronavirus.

También trabajan el SCE y los ayuntamientos para reanudar a lo largo de las próximas semanas los programas de formación en alternancia con el empleo (Pfae) conforme permitan las medidas de desconfinamiento por la pandemia COVID-19.

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La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

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Canarias registra hasta el 17 de abril 27.177 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 199.401 personas afectadas

Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

 

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Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, «respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

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Canarias registra hasta el 3 de abril 24.337 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 186.754 personas afectadas

Las pymes de hasta 50 personas empleadas concentran el 98% de las solicitudes: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 18.074 expedientes, el 74,27% del total de los presentados

La Dirección General de Trabajo ya ha tramitado 12.488 expedientes, el 51% del total

Elena Máñez reclama al Estado “un apoyo singular y diferenciado a Canarias para relanzar la actividad económica y atender con garantías el impacto social” de la emergencia sanitaria del COVID-19

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 3 de abril 24.337 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 186.754 trabajadores y trabajadoras afectadas, de los que ya ha tramitado 12.488, el 51% del total. El 98% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 23.848 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 18.074 solicitudes (el 74,27% del total).

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en la importancia de los ERTE para “mitigar el impacto social y económico de la emergencia sanitaria de la COVID-19”, pues permiten “proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”. Además, reivindicó que el Estado “reconozca el impacto diferencial” que esta crisis tiene en el Archipiélago debido al “parón en el sector turístico” y afirmó que Canarias “precisará de un plan específico, un apoyo singular y diferenciado para relanzar la actividad económica y atender con garantías el impacto social” de la emergencia. Asimismo, la consejera ha reiterado por escrito a la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que el Estado “debe respetar los fondos comprometidos en el marco del Plan Integral de Empleo de Canarias” (PIEC).

Los sectores de hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,91% y el 25,93% del total, respectivamente, mientras que las pequeñas y medianas empresas concentran el grueso de las solicitudes con 23.848 expedientes presentados. De los ERTE registrados, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, 23.732 son de suspensión temporal de empleo (el 93,1%), mientras que hay 1.725 de reducción de jornada laboral (el 6,9%).

Sectores económicos

Por grupos de actividad económica, los que mayor número de expedientes acumulan son el de hostelería, con un 32,91% de las solicitudes; seguido por comercio, con un 25,93%; otros servicios, con un 7,89%; transporte y almacenamiento, con un 6,34%; actividades artísticas recreativas y de entretenimiento, con un 4,06%; actividades sanitarias y de servicios sociales, con un 4,02%; actividades administrativas y servicios auxiliares, con un 3,9% y construcción, con un 3,46%.

Las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo en actividades económicas vinculadas al turismo representan el 46,05% del total, con 11.208 expedientes y 109.091 personas trabajadoras afectadas.

La consejera explicó que los ERTE se están tramitando “dentro del plazo establecido de 5 días y remitiéndose al SEPE, dando garantías jurídicas a las personas afectadas y a las empresas”, algo que es posible gracias al “enorme esfuerzo” de los trabajadores y trabajadoras de la Dirección General de Trabajo. Además, agradeció el papel del Observatorio Canario de empleo (Obecan) a la hora de procesar “la ingente información relativa a estos expedientes que ha entrado en menos de un mes, superando con mucho cualquier expectativa anterior a esta crisis”.

Máñez explicó también que comprende que el Ejecutivo nacional necesita liquidez para atender las prestaciones de las personas afectadas por ERTE, pero reclamó que los fondos públicos de formación para el empleo “sean repuestos a Canarias al término de la emergencia sanitaria, ya que son fundamentales para la comunidad autónoma en la que más cayeron las afiliaciones a la Seguridad Social en marzo, con una bajada del -2,44%”.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.

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La Dirección General de Trabajo registra hasta el 26 de marzo 15.119 expedientes de regulación temporal de empleo

El 93,4% de las solicitudes de ERTE presentadas están motivadas por causa de fuerza mayor y ya se ha dado trámite al 38,3% de ellas

Las autorizaciones de los expedientes, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, se llevan a cabo dentro de plazo y las notificaciones llegan a las entidades solicitantes por vía telemática en unos días

Elena Máñez afirma que el Gobierno “seguirá defendiendo las singularidades canarias en esta crisis sanitaria” y destaca como “una cuestión clave” la unidad de acción mantenida con organizaciones patronales y sindicales

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado entre el 13 de marzo, fecha de la suspensión de la actividad docente y académica con motivo de la emergencia del COVID-19, y el 26 de marzo un total de 15.119 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de los cuales 14.120 están motivados por causa de fuerza mayor. Así se extrae de los datos analizados este lunes en la reunión del Consejo Asesor del Presidente, en la que se informó al respecto a las organizaciones sindicales y patronales más representativas.

Las solicitudes de ERTE, que se presentan por centro de trabajo y no por empresa, son en su mayor parte (un 93,4%) suspensiones de las relaciones de trabajo y suspensión de jornada por causas de fuerza mayor, mientras que hay 998 solicitudes (el 6,6%) de expedientes de regulación de empleo por causas productivas y solo un caso de expediente de regulación de empleo extintivo. Las autorizaciones se están llevando a cabo dentro de los plazos establecidos y las notificaciones llegan a las empresas en unos días por vía telemática. Así, hasta el 26 de marzo se ha dado trámite a 5.413 expedientes, un 38,3% del total de las solicitudes de los ERTE de causa mayor.

Como afirmó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, los expedientes de regulación temporal representan ahora mismo “la mejor medida para proteger el empleo, garantizar las prestaciones y evitar el cierre de empresas”, ya que “una vez pase esta situación extraordinaria, las personas afectadas podrán reincorporarse nuevamente a sus puestos de trabajo”. La consejera subrayó la importancia de articular medidas que, como esta, “permitan mitigar el impacto social y económico de la emergencia”.

Unidad de acción

En este sentido, la consejera incidió en que el Gobierno de Canarias “va a seguir defendiendo las singularidades del Archipiélago en esta crisis sanitaria por el gran impacto que está teniendo y va a tener en nuestra economía” e insistió en la importancia “de la unidad de acción mantenida con sindicatos y patronales”, algo que consideró “una cuestión clave”. Así, agradeció a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas “el compromiso demostrado con este esfuerzo compartido para mantener el empleo”, al tiempo que reconoció el trabajo de los empleados y empleadas de la administración pública, “que hacen posible que los ERTE se estén tramitando dentro de plazo, dando garantías jurídicas tanto a las personas afectadas como a las empresas”.

“Aunque la prioridad en esta primera fase es luchar contra el coronavirus, proteger el empleo y evitar cierres es clave para superar este proceso con garantías y afrontar la recuperación económica una vez pase todo”, añadió Máñez.

Desde la suspensión de la actividad docente y académica en Canarias el 13 de marzo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha una serie de acciones para agilizar la tramitación de los ERTE, siempre en coordinación con los agentes sociales y económicos, así como con los colegios profesionales, entre ellas la actualización del sitio web de la Dirección General de Trabajo para adaptarla a la realidad derivada del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19; la elaboración de guías prácticas y preguntas frecuentes sobre los ERTE y las prestaciones por desempleo; el refuerzo de las plantillas de la Dirección General para la tramitación de estos expedientes o la implantación de una herramienta digital para el tratamiento masivo de datos.

 

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La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo activa la modalidad no presencial en la formación para el empleo

Elena Mánez

La consejera, Elena Máñez, afirma que esta acción, incluida en el paquete de medidas extraordinarias puesto en marcha por el Gobierno, permitirá “garantizar la formación profesional para el empleo mientras dure la situación de estado de alarma”

“Queremos que una vez pase la emergencia, y esperamos que sea lo antes posible, los trabajadores y trabajadoras de Canarias puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones posibles”, afirma.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha activado los mecanismos para iniciar la formación no presencial en aquellas actividades formativas bajo la gestión de este organismo, una iniciativa que forma parte del paquete de medidas extraordinarias del Gobierno de Canarias para hacer frente a la emergencia del COVID-19. Se trata, como explica la consejera, Elena Máñez, de “garantizar la formación para el empleo mientras permanezca la situación de estado de alarma”.  “Luchar contra el virus es ahora la prioridad, pero también proteger a las personas desempleadas”, de manera que “esta lucha que libramos no va a paralizar la formación profesional para el empleo en Canarias, clave para impulsar la capacitación y cualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras”, afirma.

“Queremos que una vez pase la emergencia, y esperamos que sea lo antes posible, puedan acceder al mercado laboral en las mejores condiciones”, señala.

La medida responde a la suspensión temporal de la formación profesional para el empleo en modalidad presencial como consecuencia de la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, a través del Real Decreto 463/2020, que establece la suspensión de la actividad educativa presencial a todos los niveles y llama a mantener las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y ‘online’ siempre que resulte posible.

Según se recoge en las instrucciones emitidas por la Consejería, el Servicio Canario de Empleo, a través de su Subdirección de Formación, analizará las propuestas formativas alternativas presentadas por las entidades de formación, habiéndose de garantizar en todos los casos “la transmisión del conocimiento y su evaluación para evitar la interrupción de la actividad”. Para ello, el SCE admitirá las solicitudes de formación no presencial siempre que estas hubieran comenzado antes del 13 de marzo de 2020 o tuviesen comunicación de inicio autorizada antes de esa fecha.

Declaración responsable

Asimismo, para acogerse a la metodología formativa alternativa, las entidades deberán elaborar una declaración responsable en la que garanticen la confirmación y acuerdo de disponibilidad de todas las personas del grupo al que va dirigida la acción de formación, así como los medios técnicos y didácticos suficientes que permitan su realización. Además, los usuarios y usuarias deberán disponer, como mínimo, de un número de teléfono y un correo electrónico de atención al que recurrir para resolver problemas o dudas funcionales.

Al terminar la suspensión cautelar de modalidad presencial, las entidades de formación deben proporcionar a las personas participantes que lo requieran la formación práctica relacionada con la formación teórica, así como las prácticas pertinentes. En este sentido, una vez pase el estado de alarma, las entidades de formación podrán ofrecer las prácticas no laborales en sus propias instalaciones, a efectos de que todas aquellas personas afectadas por su suspensión el 12 de marzo puedan finalizar su itinerario formativo.

También se proporcionarán horas de refuerzo presenciales para los alumnos y alumnas que no hayan podido superar las pruebas de evaluación o hubiesen tenido que abandonar la formación a través de medios digitales. En cualquier caso, las ausencias de alumnos y alumnas durante este periodo de suspensión serán consideradas como asistencia a efectos de la liquidación económica, sin que esto implique en ningún caso un aumento del importe de la subvención concedida.

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