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El Gobierno mejora y moderniza su página web, que el año pasado recibió más de 46 millones de visitas

El Gobierno mejora y moderniza su página web, que el año pasado recibió más de 46 millones de visitas

Su propósito es aumentar las prestaciones de la Administración autonómica, con servicios digitales más eficientes, seguros y fiables, así como inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad, a través de un único portal

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios adjudica por casi un millón de euros, procedentes de fondos europeos, el diseño e implantación de un nuevo portal web con servicios más enfocados a la ciudadanía

El proyecto se incluye dentro de los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas y su financiación procede de los Fondos Next Generation incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha adjudicado recientemente la mejora y modernización de su página web –gobiernodecanarias.org–, que  el año pasado recibió más de 46 millones de visitas, con el propósito de incrementar las prestaciones que ofrece una administración orientada a la ciudadanía, en la que los servicios digitales sean más eficientes, seguros y fiables, así como inclusivos, personalizados, proactivos y de calidad.

Tras su licitación, el contrato ha sido asignado, por importe de 906.785,05 euros, a Hiberus, empresa especializada en proporcionar servicios de consultoría de negocio, desarrollo tecnológico, transformación digital y outsourcing. Esta deberá ofrecer el diseño y desarrollo de un portal web con servicios digitales centrados en las personas usuarias, teniendo en cuenta sus necesidades en cada fase del proceso y bajo tres principios: la simplificación de los procedimientos, para lograr una mejor interoperatividad; una comunicación presencial, telefónica y digital eficaz; y la mejora de la experiencia del ciudadano en los servicios prestados.

Según ha explicado la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez –hasta hace tan solo unas semanas al frente de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios que ahora conduce Amaya Conde–, la financiación de este proyecto, que busca también incrementar el número de procedimientos digitales y servicios públicos a implementar en la aplicación del Gobierno de Canarias, objetivos clave del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, procede de los Fondos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

El alcance de esta mejora digital –que incluye el diseño e implantación de la nueva presencia e interacción digital del Gobierno de Canarias– abarca todos los canales del Ejecutivo canario, para que portales web, sedes electrónicas, redes sociales y aplicaciones móviles sean personalizados, proactivos y de calidad. Además, se incorporarán aquellos servicios y procedimientos que se definan, simplifiquen y digitalicen en el Centro de Impulso y Coordinación del Nuevo Modelo de Servicios Públicos.

De este modo, se dispondrá de un portal web del Gobierno de Canarias que disponga de una metodología de trabajo más ágil, con una mejora del nivel de transparencia y participación de la ciudadanía en las Administraciones Públicas, y que ofrecerá servicios públicos con diversidad de canales, más accesibles para que la experiencia del beneficiario sea proactiva, usable y universal. Para ello, la mejora interna de la presencia digital debe darse desde el inicio de los procedimientos, ha apuntado la viceconsejera.

Álvarez ha señalado que la solución ofertada deberá incorporar todos los productos, soluciones y desarrollos para establecer un marco completo. A la hora de llevar a cabo el plan de acción, se buscará priorizar y optimizar recursos para minimizar los riesgos durante la ejecución del proyecto. El contrato ahora adjudicado tiene una duración de 16 meses, que podrán ser prorrogables hasta un máximo de 24 meses, con cuatro fases establecidas para desarrollar el proyecto.

Su desarrollo será complementario al nuevo diseño del portal web del Gobierno de Canarias presentado hace un año por las direcciones generales de Modernización y Calidad de los Servicios y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, con el objetivo de hacerlo más moderno, sencillo e intuitivo, mejorando la información y la atención a la ciudadanía, y acercando así la Administración autonómica a toda la población de las islas.

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El Consejo de Relaciones Laborales pide mantener las actuales exoneraciones a empresas en la prórroga de los ERTE

El órgano, constituido por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, insta también a la Comisión Tripartita Laboral a blindar que el cobro de prestaciones por ERTE no compute como tiempo consumido de paro

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano integrado por el Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales y empresariales con mayor representación en las Islas, ha reclamado, en una carta dirigida esta semana a la Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral, que la próxima prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) mantenga el actual sistema de exoneración de cuotas empresariales, recogido en los artículos 1 y 2 de la disposición adicional primera del IV Acuerdo Social en Defensa del Empleo.

Como se explica en la misiva, una eventual modificación de este modelo “podría causar un daño al tejido empresarial canario y, por lo tanto, al empleo”, debido al impacto diferencial que está teniendo la crisis de la COVID-19 en Canarias por la mayor dependencia del sector turístico, en especial del turismo extranjero. Según el Consejo, un cambio a la baja en el criterio aplicado para las exoneraciones “sería lesivo para los intereses sociales y económicos del Archipiélago”.

Además, el órgano insta a la Comisión Tripartita a “aclarar” el artículo 8.7 del Real Decreto Ley 30/2020, ya que considera que se deja abierta la posibilidad de dejar de aplicar el actual “contador a cero” a las prestaciones por desempleo derivadas de un ERTE, que permite que estas no computen como tiempo consumido de paro, lo que según el Consejo de Relaciones Laborales supondría un claro perjuicio para las personas trabajadoras en esta situación.

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Canarias registra hasta el 17 de abril 27.177 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 199.401 personas afectadas

Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

 

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Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, «respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

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