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La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

Considera que, pese a la demora, no hubo dejadez, pasividad ni abandono por parte de la Administración

En cambio, sí reprocha a Función Pública que no contestara la reclamación previa que hizo el opositor, a quien por ello libera del pago de las costas

Julio Pérez cree que, en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación. A su juicio, hay margen para acortar los plazos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por un opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de la plaza del cuerpo administrativo, tras haber superado las pruebas selectivas.

Según recoge la sentencia, datada el pasado 18 de abril, se desestima el recurso “por no concurrir la existencia de dilaciones indebidas o demoras injustificadas en el proceso selectivo”, pues, aunque reconoce que el procedimiento se prolongó más allá de lo establecido por ley, quince meses, no fue por inactividad administrativa ni por dejadez, pasividad o abandono por parte de la Administración.

A juicio del magistrado que firma la sentencia, que puede ser recurrida, Función Pública aprobó dos resoluciones con el objetivo de ampliar el plazo, en 7 meses y 15 días, en un caso, y en tres meses más, el otro, y el recurrente no impugnó ninguna de ellas, ni tampoco una tercera que declaró inhábil el mes de agosto.

Además, considera que la Administración ha dejado constancia expresa de cuáles son las razones en las que se ha amparado y de haber actuado siempre de forma coherente con ellas, y, sin embargo, el recurrente en ningún momento puso objeción a la mismas, a pesar de ser públicas y perfectamente conocidas por una persona que trabaja en la Administración.

Teniendo en cuenta estas premisas, que se pudo reaccionar contra la ampliación de los plazos y la declaración de inhabilidad de agosto, y no se hizo, el magistrado entiende que no ha lugar ahora a reclamar una responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que se hayan podido ocasionar.

“La responsabilidad patrimonial -recoge la sentencia- no puede utilizarse como un medio para evitar la aplicación de resoluciones consentidas por los interesados ni como una vía alternativa a la interposición de los recursos correspondientes para someter a examen la legalidad de dichas resoluciones”.

Tampoco el demandante reaccionó frente al acto de nombramiento y toma de posesión ni instó el reconocimiento de sus efectos retroactivos impugnándolos en tiempo y forma para corregir los efectos de la demora.

No obstante, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sí reprocha a la Administración su actuación por no haber respondido expresamente a la reclamación previa efectuada por el opositor, y, como correctivo a esa mala práctica, le libera del pago de las costas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha considerado que, “en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación”.

En su opinión, “hay espacio para una regulación que respete las garantías y la pureza de los exámenes y evaluación, pero que, a su vez, abrevie trámites y acorte plazos”.

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El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

El Gobierno asegura que la Justicia jugará un papel clave en la reconstrucción de La Palma

La viceconsejera de Justicia recuerda que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica

Carla Vallejo participa en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en la capital palmera, en sustitución de Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en Sevilla

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha puesto en valor este viernes la importancia del Poder Judicial, tanto en la gestión de la emergencia volcánica de La Palma como a la hora de abordar los retos legales de la reconstrucción, y ha recordado que el decreto del 5 de octubre, impulsado por el Ejecutivo autonómico, fue fundamental para dar una respuesta ágil y coordinada a la crisis volcánica.

Carla Vallejo, que ha participado en el ‘Diálogo Institucional: el papel de la Justicia en la reconstrucción de La Palma’, desarrollado en el Espacio Cultural CajaCanarias de la capital palmera, en sustitución del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presente en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada en Sevilla, ha afirmado que “la crisis vulcanológica supuso un reto a todos los niveles y, por supuesto, el reto jurídico no fue ni será nada menor”.

Ha señalado que la Justicia, como servicio público esencial que es, no paró durante la emergencia en La Palma. “Pocos juicios fueron suspendidos. Hubo mucha violencia de género que fue atendida. También dotamos a los órganos judiciales de los medios necesarios para hacer su trabajo, reforzando las limpiezas extraordinarias, los traslados a las sedes judiciales y potenciando la parte tecnológica, actualizando los ordenadores y los sistemas de comunicaciones para facilitar los juicios telemáticos y ser más ágiles”, ha expuesto.

La viceconsejera ha destacado también la rápida respuesta del Poder Judicial a la hora de facilitar las herramientas legales para gestionar la emergencia. Ha explicado que el 5 de octubre, tres semanas después de la erupción del volcán (el 19 de septiembre), ya estaba aprobado un primer decreto ley que planteaba medidas específicas para las personas afectadas, tales como la instalación de notarías en los municipios damnificados.

“Este decreto no solo dio respuesta a la emergencia, sino que se anticipó al futuro”, ha dicho Carla Vallejo, ya que, según ha indicado, esta norma prevé la posibilidad de dictar planes específicos para atender el incremento de litigiosidad relacionado con la crisis o el acceso a la justicia gratuita a las personas que el volcán mermó su capacidad económica.

En la misma línea, ha apuntado que “nos vamos a encontrar con desafíos importantes y no solo en La Palma. Hay conflictos que trascienden la isla y que serán analizados a muchos niveles. Pero ya nos hemos anticipado a ello”, ha subrayado.

Ha querido igualmente destacar el trabajo que la Justicia presta en La Palma. “El sistema funciona en la isla mucho mejor de lo que debería con los medios que cuenta. No obstante, la crisis volcánica ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con medios técnicos e instalaciones para cubrir las necesidades existentes”, ha indicado, a la vez que ha aludido al compromiso de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias de reforzar los servicios del Partido Judicial de Los Llanos de Aridane y los Juzgados de Santa Cruz de La Palma.

“Lo aprendimos en la pandemia, pero quedó certificado durante la crisis volcánica. Los medios técnicos nos garantizan una respuesta más eficaz. El Gobierno de Canarias tiene un compromiso firme de mejorar las infraestructuras en La Palma y la situación del personal, lo cual redundará en el desarrollo de la isla, atrayendo a más y mejores profesionales jurídicos”, ha recalcado Carla Vallejo.

A todo ello debe añadirse el esfuerzo y el compromiso de notarios y registradores, que también supieron poner en marcha servicios inmediatos y ágiles de respuesta a las demandas de los afectados en relación con la documentación y la constancia registral de sus propiedades y derechos.

La reconstrucción, todo un reto

En el citado acto, la viceconsejera ha estado acompañada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, Juan Antonio Rodríguez, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata.

El presidente del TSJC ha comentado que tras el volcán se está viviendo “una situación inédita” en términos jurídicos. Todo “un reto” para el que ha garantizado “el máximo compromiso” por parte de los órganos de gobierno del Poder Judicial con el fin de ofrecer una respuesta rápida y fundamentada a las solicitudes de la ciudadanía y las administraciones.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma ha explicado cómo desde su institución, desde el primer momento, se pusieron al servicio de las personas afectadas por el volcán para asesorarlos en sus demandas.

El presidente del Cabildo palmero ha hecho hincapié en la sensibilidad que están teniendo las diferentes instituciones públicas con la isla. También ha resaltado que, “por primera vez”, se celebre una sala de gobierno del TSJC fuera de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Una muestra más del compromiso, el cariño y la solidaridad que han expresado con La Palma todas las instituciones de España”, ha agregado Zapata.

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Canarias aplaude y participa en el consenso general de Autonomías y Estado sobre actuaciones de Memoria Histórica

Canarias aplaude y participa en el consenso general de Autonomías y Estado sobre actuaciones de Memoria Histórica

Gobierno estatal y comunidades autónomas acuerdan destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad cuenta este año con más de 200.000 euros para esta materia. La II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en Sevilla, concede a las islas más de 65.000 euros

Julio Pérez confía en impulsar en 2022 la exhumación de las fosas descubiertas en las islas y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía. Solicita un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha aplaudido este viernes en Sevilla el consenso general alcanzado por el Gobierno estatal y las comunidades autónomas, en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, para ampliar el número de actuaciones a realizar sobre esta materia y poder destinar parte de los fondos a proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias cuenta este año con más de 200.000 euros para actuaciones en Memoria Histórica, gracias a la financiación propia, que asciende a 149.500 euros, y a los 65.470 euros distribuidos en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática celebrada en la capital hispalense bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y con la presencia del titular de este departamento, Julio Pérez.

Este dinero permitirá a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad seguir desarrollando a lo largo de 2022 el conjunto de iniciativas que desde el inicio de la legislatura viene llevando a cabo en cumplimiento de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Entre otras, la actualización del mapa de fosas y el registro de personas desaparecidas.

El montante distribuido en la II Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, tres millones de euros, tiene como destino tres líneas de actuación. La primera, que dispone de dos millones, incluye trabajos de localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. La segunda y la tercera, de un millón, agrupan actividades de divulgación de trabajos efectuados y resultados obtenidos y de dignificación de los lugares de enterramiento y promoción de los lugares de memoria asociados a los mismos. Además, a partir de ahora, y tras aprobarlo por unanimidad Gobierno estatal y comunidades autónomas, también se podrán utilizar estos fondos en proyectos de conmemoración o investigación sobre la Constitución Española y la Transición Política y sus protagonistas individuales y colectivos, y de dignificación y recuperación de campos de concentración de la Guerra Civil, la II Guerra Mundial y la Dictadura.

Durante el año 2021, la Consejería dirigida por Julio Pérez ha realizado sondeos con metodología arqueológica en la Palma, en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil Española, y un estudio de localización de posibles víctimas canarias que figuran como desaparecidas, ambos proyectos dentro de la línea uno.

También ha iniciado la elaboración de una base de datos geográfica de fosas y personas desaparecidas, así como la actualización del mapa de fosas de Canarias y el diseño del portal web de Memoria Histórica de Canarias, proyectos destinados a la divulgación de trabajos y resultados de acuerdo con los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Dentro de las actividades llevadas a cabo por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cabe destacar la valoración de la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, y que ahora está pendiente de la elaboración de una ponencia por parte de las personas integrantes del comité derivado de la propia comisión, que deberá ser debatida en los próximos días.

Ha quedado pendiente de efectuar un estudio de geo-radar 3D multifrecuencia en una parcela situada en el municipio de Fuencaliente, en La Palma, con el fin de localizar posibles fosas relacionadas con la Guerra Civil Española.

De cara al año 2022, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro del ámbito de sus competencias, tiene previsto elaborar el adecuado registro del procedimiento de exhumaciones en el sistema SiCAV del Gobierno de Canarias, para permitir su tramitación telemática; promover la realización de las intervenciones arqueológicas que resulten técnicamente viables en las islas, para garantizar la exhumación de todas las fosas del territorio, y actualizar y culminar la publicación del mapa de fosas accesibles a la ciudadanía.

Igualmente, tiene el propósito de actualizar y publicar el listado de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, así como su accesibilidad a la ciudadanía a través de una base de datos que permita contextualizar a las mismas; regular el funcionamiento de las bases de datos de ADN de víctimas del franquismo y de la sustracción de menores, y llevar a cabo acciones concretas de estudio en relación con los menores sustraídos y garantizar la coordinación que debe existir entre la Ley de Memoria Histórica y la Ley sobre los menores robados en Canarias.

Con este objetivo, Julio Pérez ha solicitado que se impulse la creación de un banco de ADN para cumplir las previsiones de la ley canaria sobre menores robados.

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Función Pública anuncia en el BOC la composición de las listas complementarias de empleo de personal interino

Función Pública anuncia en el BOC la composición de las listas complementarias de empleo de personal interino

Su ordenación está ajustada al resultado de la autobaremación efectuada por las personas aspirantes, que será revisada antes de efectuar un nombramiento

Se prevé que estas listas estén disponibles a mediados de mayo, como muy tarde, pues su necesidad es apremiante, sobre todo en algunas especialidades

La convocatoria para la constitución de estas listas se publicó en diciembre de 2021 y a ella se presentaron 49.372 solicitudes

La Dirección General de la Función Pública, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 20 de abril la resolución por la que se constituyen las listas de empleo complementarias de personal funcionario interino relativas a diversos cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades de Administración General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estos listados complementarios están previstos para la selección y nombramiento de personal funcionario interino con destino a las consejerías, organismos autónomos y entidades de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez que se constate que, en las listas de empleo vigentes, no existan o no se disponga de integrantes disponibles.

Desde la Dirección General de la Función Pública se prevé que estas listas puedan estar disponibles a mediados de mayo, como muy tarde, pues su necesidad es apremiante. En algunas especialidades (psicólogos, por ejemplo) las listas actuales, formadas por quienes han concurrido, pero no superado, a algún proceso selectivo, no tienen ningún candidato o candidata para ser designado en situación de interinidad, mientras que, en esa misma especialidad, en las listas complementarias hay más de mil personas inscritas, que podrían aspirar a ser seleccionadas.

La ordenación de las citadas listas de empleo complementarias queda ajustada al resultado de la autobaremación efectuada por las personas aspirantes en el proceso de presentación de instancias, y las mismas pueden ser consultadas en el enlace https://www.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/sirhusprocsel/listasempleocompl.

No obstante, antes de llevar a cabo el nombramiento, la Dirección General de la Función Pública procederá a la comprobación, tanto del cumplimiento de los requisitos por parte de la persona llamada como de la autobaremación efectuada en la solicitud y la estricta correspondencia con la documentación aportada.

Si tras la revisión de la documentación incorporada junto a la solicitud, se detectase que no está suficientemente acreditada para el cumplimiento de los requisitos generales y específicos necesarios para el acceso al cuerpo, escala y especialidad en el que se participa, o, en su caso, de los méritos alegados y valorados en la autobaremación, previo trámite de subsanación, se resolverá la exclusión o la revisión de la puntuación reflejada en la baremación.

Las sucesivas actualizaciones en la composición u ordenación de las listas de empleo complementarias producto de la revisión que lleve a cabo la Dirección General de la Función Pública serán publicadas en la web señalada anteriormente.

Recordamos que la convocatoria para la constitución de estas listas complementarias se publicó en diciembre de 2021 y a ella se presentaron 49.372 solicitudes, que una vez depuradas se quedaron en 47.626, de las que han sido excluidas 470, debido a que forman parte del mismo cuerpo, escala, y, en su caso, especialidad de las listas vigentes constituidas de conformidad con lo dispuesto en la orden de 3 de marzo de 2011.

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Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

Julio Pérez liga el buen funcionamiento de la Administración pública a la estabilidad de sus empleados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ve la temporalidad como un problema grave, políticamente prioritario, humanamente lacerante y legalmente complejo

Aboga por crear espacios como la jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las Administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, para aprender, coordinar y colaborar en la búsqueda de una solución

Sindicatos y técnicos de la Administración reconocen que estamos en un momento histórico, con una herramienta legislativa cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad del personal interino y laboral

Casi un millar de personas asisten, bien de forma presencial o bien por vía telemática, a una jornada técnica dedicada a buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública

 

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha afirmado este viernes que la excesiva temporalidad en el empleo público es un problema jurídicamente complejo, humanamente hiriente y lacerante para quienes lo padecen y que, por su propia naturaleza, afecta al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas, al tiempo que ha remarcado que su resolución es prioritaria para el actual Ejecutivo.

Julio Pérez se ha manifestado en esos términos durante la inauguración de la jornada ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, centro adscrito a su departamento, y ha señalado que la alta tasa de temporalidad es una situación grave y excepcional, que se produce en todas las administraciones públicas españolas, a la que hay que buscar también una solución excepcional entre todas las partes implicadas para garantizar que el resultado sea jurídicamente estable.

El consejero ha ensalzado la celebración de esta jornada, cuyos objetivos son generar espacios de conocimiento, consenso y seguridad jurídica, respetando criterios diversos ante un problema que afecta al funcionamiento ordinario de la administración. “Este encuentro se ha organizado con la clara voluntad de aprender y no de imponer el criterio de la administración, para generar entendimiento, colaboración y coordinación”, ha enfatizado.

A lo largo de su intervención, ha mencionado los problemas a los que se ha enfrentado la humanidad y, concretamente, el espacio económico y político en los últimos años, y ha asegurado que no se hubieran podido abordar sin administraciones públicas potentes. El consejero ha remarcado que la sociedad demanda buenas administraciones, eficientes y bien organizadas, equipadas y motivadas, y, para ello, ha añadido, es necesario generar estabilidad y resolver el exceso de temporalidad en el empleo público.

A su juicio, sin solucionar este problema, es muy difícil enfrentarse a otros retos como la digitalización intensiva y excesiva, la regulación del teletrabajo, el establecimiento de una dirección por objetivos, la conciliación de la vida familiar y laboral, mejorar el sistema de movilidad de los empleados y empleadas públicas, su sistema retributivo o su carrera profesional. De ahí que haya insistido en que se trata de una prioridad del Gobierno su resolución.

En el año 2021 -ha señalado- se generó un camino de solución con la aprobación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, que remite su ejecución a las Comunidades Autónomas, genera espacios de negociación y contiene reglas y preceptos que están sujetos a interpretación y que deben ser consensuados.

Por ello, demandó diálogo y concordia a todas las partes implicadas, así como esfuerzo en el perfeccionamiento jurídico que permita una solución jurídicamente estable al exceso de temporalidad, una anomalía, ha recalcado, que no debería haberse producido.

En su presentación de la jornada, a la que se ha inscrito casi un millar de personas, la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, ha explicado que el objetivo del encuentro era buscar soluciones conjuntas a uno de los grandes retos a los que se enfrenta la Administración pública, cuya clave y fuerza son las personas. “La temporalidad en el empleo público es una situación difícil de atajar, pero crucial para logar una administración fuerte y cohesionada”, ha destacado.

La catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia, Remedios Roqueta, ha sido la encargada de analizar la Ley 20/2021, y más en concreto los procesos de estabilización incluidos en la norma, un tema de actualidad y práctica, ha indicado, pues ofrece diversas interpretaciones. Su exposición ha servido para dejar claro el marco jurídico en el que deben moverse las partes implicadas en este procedimiento.

Mesas redondas

A continuación, ha tenido lugar una mesa redonda, moderada por la catedrática en Derecho del Trabajo por la ULL, Margarita Ramos, en la que han participado representantes de los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Empleados Públicos: Cristo Jordán (CSIF), Yolanda Cívicos (IC), Lourdes González (SEPCA), Juan Miguel Suárez (CCOO) y Gregorio Pérez (UGT).

Todos han coincidido en que estamos en un momento histórico para las administraciones públicas, con una herramienta legislativa, que puede ofrecer diversas interpretaciones, pero cuyo espíritu es claro, reducir las altas tasas de temporalidad de las empleadas y empleados públicos. Igualmente, han dejado constancia de que ha llegado el momento de la verdad y que es prioritario fijar las plazas que se van a poner en oferta pública. En opinión de la moderadora, luego, a la hora de diseñar los procesos selectivos, los sindicatos pueden aportar mucho dentro de la negociación.

Ramos ha concluido recalcando que con diálogo y acuerdo se alcanzan mejores soluciones y apuntando que la temporalidad es sinónimo de precariedad, una patología del mercado de trabajo, una anomalía, que impide su involucración.

Posteriormente se ha desarrollado una mesa más técnica, moderada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, en la que han estado presentes  Dolores Alonso, subdirectora de Planificación y Racionalización del Empleo Público del Gobierno de Canarias, José María Cabrera, director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, Virginia Losa, vicesecretaria de la Diputación de Palencia, y Fernando Giner, secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones.

En sus intervenciones también han puesto en valor la oportunidad que se presenta con este proceso de estabilización, de cara a normalizar el funcionamiento de las administraciones públicas y han animado a responsables públicos y sindicales a colaborar para alcanzar un buen acuerdo.

La jornada ha sido clausurada por Manuel Martínez y la directora de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Montserrat García, quienes han agradecido a las personas que han intervenido sus aportaciones y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios la iniciativa para buscar una administración más fuerte y cohesionada, tal y como había planteado su titular, Alicia Álvarez.

En los próximos días se subirá el contenido de la jornada a la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad https://www.gobiernodecanarias.org/apjs/.

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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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El Gobierno pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas

El Gobierno pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia inaugura una jornada sobre Empresa Pública y Sostenibilidad en la que se presenta la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’

El documento tiene como finalidad orientar a las empresas públicas canarias en la estrategia de la triple sostenibilidad: ambiental, social y buen gobierno

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, ha aprovechado este miércoles la inauguración de la Jornada Empresa Pública y Sostenibilidad, organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, para poner en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas.

En dicha jornada, que ha servido para presentar la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, editada por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Manuel Martínez, ha abogado por lograr “un equilibrio entre la protección del medioambiente, el crecimiento económico y la justicia social”. En este sentido, ha destacado el papel fundamental que deben jugar las administraciones públicas a la hora liderar este modelo e implantar en las empresas públicas estos criterios.

Para el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, “algo sostenible es algo que perdura en el tiempo y estamos viendo que el modelo económico actual, con los criterios actuales, no se está sosteniendo”, pues consumimos cada vez más recursos naturales, contaminamos cada vez más y cada vez hay mayor desigualdad. “Debemos convertirnos -ha apuntado, en referencia a la administración y las empresas públicas- en un modelo a seguir y demostrar que, desde lo público, se puede impulsar el crecimiento económico, respetando el medioambiente y contribuyendo a que las condiciones laborales de nuestros empleados y empleadas públicas sean justas”.

En referencia a la guía, ha indicado que lo que pretende es “iniciar un diálogo entre todos los sectores de la Administración Pública para poner en valor la sostenibilidad”, no solo en lo relacionado con el medioambiente, sino también con el crecimiento económico y la justicia social.

La presentación de la guía se ha desarrollado tras la salutación del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz, y ha corrido a cargo de Raquel Sierra, socióloga y técnica del Área de Proyector de Innovaris SL, que ha expuesto la metodología aplicada en el estudio, Alexis Robles, socio director de Innovaris SL, que ha explicado el contexto y configuración del estudio, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, que ha detallado el resultado y las conclusiones del trabajo.

Marta Saavedra, que ha hecho varias referencias al prólogo de la guía, escrito por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y que pone el acento en la ejemplaridad de lo público, ha manifestado que “las entidades públicas deben autoexigirse en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia bajo un punto de partida: la evaluación del impacto que sus acciones tendrán en el entorno de actuación de sus actividades y en los actores que intervendrán en ellas, pero, sobre todo, cómo llega este impacto a los o las receptores finales”.

A su juicio, “todo lo que está vinculado a la Administración Pública está ligado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que es el pilar fundamental de la sostenibilidad del sector público”.

“Con esta guía consideramos importante no solo potenciar la responsabilidad social del sector público, sino también dar a conocer ejemplos de acciones que ya se están realizando en algunas de las empresas”, ha insistido Saavedra.

Una guía sostenible

La guía, que ha sido impresa en papel reciclado y con tintas ecológicas, y cuya versión digital estará disponible en próximas fechas en la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se divide en cuatro bloques. El inicial cuenta con el prólogo escrito por el consejero Julio Pérez. Tras él se explica la metodología empleada y el objetivo de la elaboración de esta publicación, que no es otro que el de orientar y aportar información de valor para que las empresas públicas mercantiles de Canarias puedan encaminar su estrategia de responsabilidad social organizando los recursos que les permitan impulsar proyectos vinculados a la Agenda Canaria 2030.

La tercera parte de la guía recoge el diagnóstico desde el punto de vista ambiental, social y de buen gobierno de las empresas públicas canarias partícipes en el estudio. En este sentido, el documento indica recomendaciones relacionadas con estos tres ámbitos de la sostenibilidad para que estas entidades avancen en la RSC.

Desde el punto de vista ambiental se recomienda que se tengan en cuenta criterios medioambientales, sociales y de innovación en la contratación pública, a través de la sensibilización y concienciación interna, la formación específica, o la colaboración y transferencia de conocimiento e intercambios de experiencias, entre otros.

Por su parte, desde el punto de vista social y de buen gobierno, los consejos son diversos, entre otros apostar por la integración en la plantilla de las empresas a personas procedentes de colectivos desfavorecidos, avanzar en el fomento del bienestar emocional de los empleados y empleadas, implantar un Plan de Igualdad en la empresa y difundirlo entre las personas empleadas mediante boletines o charlas informativas, o fomentar el consumo responsable y sostenible entre la plantilla de la empresa, entre otros valores.

En el cuarto y último apartado se presentan acciones o proyectos destacados relacionados con la RSC de las empresas que han participado en el estudio.

La guía ha sido elaborada por la consultora Innovaris S.L. a partir del estudio de las empresas públicas mercantiles del Gobierno de Canarias en relación con la experiencia, los proyectos y las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que han desarrollado y que actualmente ejecutan.

Las empresas públicas que han participado en el estudio han sido el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, Cartografía de Canarias (GRAFCAN), Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. Unipersonal (GESPLAN), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Promotur Turismo Canarias, Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN), Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A. (VISOCAN). Así mismo, también ha sido partícipe del estudio la entidad pública Radio Televisión Canaria S.A, que, pese a ser independiente de la Administración y del Gobierno, aceptó la invitación a realizar la encuesta y entrevista.

Tras la presentación de la guía, ha tenido lugar una mesa redonda, bajo el título ‘RSC, buen gobierno y sostenibilidad en las empresas públicas’, en la que han participado el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, su homólogo de Empleo, Gustavo Santana, la responsable de Información no Financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Elsa Castillo, la project manager de Sostenibilidad y RSC de Forética, María Ordovás, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización-UNE, Paloma García.

La clausura de la jornada ha correspondido al viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.

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El Gobierno edita una guía de responsabilidad social corporativa para sus empresas públicas mercantiles

El Gobierno edita una guía de responsabilidad social corporativa para sus empresas públicas mercantiles

Cuenta con recomendaciones y propuestas de acción práctica para unas entidades que juegan un papel clave en la prestación de servicios a la ciudadanía

A través de este documento, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reafirma su voluntad de seguir contribuyendo a la difusión de estrategias alineadas con la sostenibilidad para Canarias

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha editado una ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, cuyo objetivo es orientar hacia el buen gobierno a todos aquellos que ostentan responsabilidades en las empresas públicas de esta Comunidad Autónoma.

Tal y como apunta en su prólogo el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ese buen gobierno se ha de manifestar en “perseguir el bien común y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, concienciando y haciendo partícipes a empleados y empleadas del reto al que se enfrentan, a la vez que se logra la confianza de la población, gracias a una gestión transparente y un comportamiento ético ejemplar”.

En opinión de Julio Pérez, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las empresas públicas, y así se hace constar en la guía, “es un pilar fundamental para la sostenibilidad del sector público, debido al relevante papel que juegan” en la prestación de servicios a la ciudadanía. Por eso, subraya, “a la vez que se les exige calidad, hay que demandarles ejemplaridad social, económica y ambiental en el desarrollo de su labor”.

Para la realización de esta guía, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana invitó a todas las empresas públicas mercantiles del Gobierno de Canarias a participar en un estudio efectuado, durante 2021, por la firma Innovaris SL, sobre la experiencia, los proyectos y las acciones de RSC que han desarrollado y que actualmente ejecutan, lo que permitió desarrollar un diagnóstico de partida para la elaboración del citado documento.

Con dicho estudio, se buscaba conocer el estado de las empresas públicas de Canarias en relación con la responsabilidad social, económica y ambiental, para así facilitar el desarrollo e impulso de diferentes acciones que permitan cumplir con los requisitos de la Agenda 2030 canaria y nacional en materia de RSC.

En este sentido, la ‘Guía de Responsabilidad Social para la Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’ cuenta con recomendaciones y propuestas de acción muy prácticas, que sirven de orientación a quienes gestionan las políticas de actuación del sector público, bajo la premisa de los contenidos que recoge la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, además de la experiencia de las buenas prácticas de algunas de las empresas analizadas.

Este documento, que reafirma la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de seguir contribuyendo a la difusión de estrategias alineadas con la sostenibilidad para Canarias, será presentado el próximo miércoles, en una jornada que tendrá lugar en el Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 10:00 horas, a la que es posible asistir, bien de forma presencial, previa inscripción en gobiernoabierto@gobiernodecanarias.org, o bien a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

La jornada será inaugurada por el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, junto con la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz, que se encargarán de la salutación a los asistentes. La presentación de la guía correrá a cargo de Raquel Sierra, socióloga y técnica del Área de Proyector de Innovaris SL, que hablará de la metodología aplicada en el estudio, Alexis Robles, socio director de Innovaris SL, que expondrá el contexto y configuración del estudio, y Marta Saavedra, que dará cuenta del resultado y conclusiones del trabajo.

También está prevista una mesa redonda, bajo el título ‘RSC, buen gobierno y sostenibilidad en las empresas públicas’, en la que participarán el viceconsejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Manuel Martínez, su homólogo de Empleo, Gustavo Santana, la responsable de Información no Financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Elsa Castillo, la project manager de Sostenibilidad y RSC de Forética, María Ordovás, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización-UNE, Paloma García.

La clausura de la jornada la llevará a cabo el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.

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Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Abierto el plazo de inscripción para una jornada que analiza la evolución y marco jurídico del empleo público

Contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021

CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT intervendrán en una mesa redonda sobre la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público, moderada por la catedrática del Derecho del Trabajo de la ULL Margarita Ramos

Organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, puede seguirse tanto de forma presencial como a través streaming

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, ha organizado, en colaboración con la empresa LA LEY Formación, una jornada que, bajo el título ‘El empleo en el sector público: el gran reto para las administraciones’, pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público, y, en especial, el Decreto 14/2021, de 6 de julio, y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. El plazo de inscripción, tanto para asistir de forma presencial, con un aforo limitado a 200 personas, como vía streaming, ya está abierto.

La jornada, que tendrá lugar el viernes 22 de abril, a partir de las 9:00 horas, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, será inaugurada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, y contará con la presencia, entre otros, de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, quien disertará sobre los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Autora del Manual de Derecho del Empleo Público, editado en 2021 en Valencia, Remedios Roqueta ha sido vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo (2008-2017) y magistrada suplente de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (2008-2014).

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Intersindical Canaria (IC), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (SEPCA), Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT). En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

Esta iniciativa, según la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, forma parte de los encuentros, reuniones y jornadas organizadas por este centro directivo con el objetivo de “fomentar la formación permanente, la reflexión y el debate sobre temas de interés para la administración”.

A su juicio, la situación de la temporalidad necesita de un análisis y reflexión conjunta de la Ley 20/2021 (y del Real Decreto-ley 14/2021), pues “su aplicación es compleja, porque tiene muchas aristas, y es vital que se haga con garantías”. De ahí que el propósito de estas jornadas sea “contribuir a despejar dudas y avanzar en los criterios que van a trasladarse a los procesos de estabilización”.

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El Gobierno publica la lista provisional de los funcionarios admitidos y excluidos en el concurso de méritos

El Gobierno publica la lista provisional de los funcionarios admitidos y excluidos en el concurso de méritos

Se han presentado 1.711 solicitudes para los 4.723 puestos ofertados

Función Pública señala que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba este proceso

La Dirección General de Función Pública, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha aprobado y publicado la lista provisional del personal funcionario admitido y excluido en el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A dicho concurso, en el que se han ofertado 4.723 puestos de trabajo de todos los cuerpos y escalas que conforman la Administración Pública, se han presentado 1.711 solicitudes, que han generado 137.795 registros, pues cada una de ellas puede aspirar a diferentes puestos. El plazo para la subsanación de errores, antes de la publicación de la lista de definitiva de admitidos y excluidos, finaliza el 27 de abril.

En esta ocasión, las personas participantes, además de descargar los ficheros en formato excel u odt, podrán utilizar un aplicativo que les permite consultar directamente en la web si han sido admitidos o excluidos y, en este caso, si es posible cambiar la situación subsanando errores detectados o rectificando las incorreciones observadas.

Según Función Pública, este concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas hacía más de diez años que no se convocaba, debido a la complejidad del procedimiento, podría estar resuelto definitivamente a finales de junio, toda vez que el tribunal de baremación ya ha iniciado su trabajo. A la vista de las reclamaciones y renuncias presentadas, y visto el informe-propuesta de la comisión de evaluación, la Dirección General de la Función Pública adjudicará definitivamente los puestos convocados mediante una nueva resolución.

Conviene recordar que este concurso de méritos fue convocado por la Dirección General de Función Pública el pasado 28 de junio de 2021, a través de una Resolución que fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) dos días después, que también recogía las bases específicas que rigen el mismo. Entre ellas, que la solicitud se debía formalizar exclusivamente vía telemática, a través de la sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que el plazo de presentación era de quince días hábiles, que comenzaban a contarse a partir del 13 de septiembre de 2021.

Hay que tener en cuenta que la celebración de este concurso, postergado largamente, como ya se ha dicho, fue uno de los primeros compromisos del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo mediante el Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

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