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Transición Ecológica acomete la última fase de las obras en la Balsa de Vicario y la conducción Barlovento-Tijarafe

Balsa de Vicario

El consejero José Antonio Valbuena destaca que los trabajos “transcurren a buen ritmo y con las medidas de seguridad necesarias y exigidas”

La empresa Tragsa es la encargada del proyecto, que tiene un presupuesto de 9.386.263,04 euros

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Aguas, acomete estos días la última fase de las obras en la Balsa de Vicario y en la conexión hidráulica de la laguna de Barlovento con el canal Garafía-Tijarafe, en la isla de La Palma.

El proyecto, encargado a Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa), cuenta con una asignación presupuestaria de 9.386.263,04 euros. El consejero del área, José Antonio Valbuena, destaca que los trabajos “transcurren a buen ritmo a pesar de la situación en la que nos encontramos, y se desarrollan con las medidas de seguridad necesarias y exigidas, priorizando que las personas estén en condiciones óptimas para efectuar su labor”.

Las obras proyectadas se componen de una balsa de materiales sueltos y lámina de impermeabilización interior de PVC, de 1,45 hectómetros cúbicos de capacidad, conectada al canal Garafía-Tijarafe mediante una tubería de gravedad y una impulsión, conectándose con el sistema hidráulico del Valle de Aridane. Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la Balsa de Vicario y en el de la conexión Barlovento-Garafía.

El director general de Aguas del Ejecutivo canario, Víctor Navarro, explica que las obras en la Balsa de Vicario “se encuentran en la última fase del movimiento de tierras, un proceso del que se lleva ejecutado un 60%”, para lo que se están empleando varias retroexcavadoras y perforadoras”.

De forma conjunta, se están realizando los trabajos de refinado y compactación de los taludes, lo que permitirá en las próximas semanas iniciar las siguientes fases en la ejecución de la obra, las de hormigonado e impermeabilización. Navarro apunta que hasta finales de marzo se ha ejecutado un 20% del presupuesto previsto para la actuación en la balsa.

Respecto a la conexión hidráulica entre la laguna de Barlovento y el canal Garafía-Tijarafe, se trata de una conducción de más de 13 kilómetros de tubería de acero galvanizado de 250 milímetros de diámetro, a lo que hay que añadirle la valvulería asociada.

El director general señala que “en el presente encargo se contempla ejecutar 4.425 metros de tubería, de los que solo restan 1.300”. Cabe resaltar que esta tubería discurre por terrenos de orografía abrupta, teniendo que cruzar, mediante sifones, los barrancos de Franceses y Gallegos.

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El presidente de Canarias traslada al Senado su intervención para la reunión de la Comisión General de Comunidades

Ángel Víctor Torres

 Ángel Víctor Torres lamenta que no se haya permitido la comparecencia de los presidentes autonómicos por videoconferencia

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicará mañana, en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, la evolución que ha tenido la pandemia por COVID-19 en Canarias y las medidas que se han ido tomando desde el inicio de la crisis. El jefe del Ejecutivo regional ha remitido por escrito una exposición detallada de la situación actual.

Ángel Víctor Torres lamenta que el Senado no haya aceptado la comparecencia de los presidentes autonómicos por medios telemáticos. El presidente de Canarias ha enviado dos cartas -una a la presidenta de la Cámara Alta y otra al presidente de la Comisión- solicitando poder intervenir por videoconferencia en la Comisión, debido a que aún el país se encuentra bajo estado de alarma y teniendo en cuenta que en el Archipiélago los transportes (interinsulares y con la península) han quedado reducidos al mínimo. El presidente explica que el propio Parlamento de Canarias habilitó desde el 27 de marzo la Diputación Permanente, suspendiendo la actividad presencial para evitar trasladados entre islas. La Cámara Autonómica, con el consenso de todos los grupos políticos, decidió activar sistemas de comunicación telemática para proseguir con la actividad parlamentaria. Torres cree que se podría haber arbitrado idéntica fórmula para el Senado español, “en concordancia con la situación que estamos viviendo tanto en nuestro archipiélago, como en el conjunto del Estado”.

En su exposición sobre el estado de las Islas con respecto a la crisis de la pandemia por Covid-19, Torres detalla las actuaciones llevadas a cabo desde el principio de la crisis. En ese sentido, relata cómo se actuó desde que se detectó el primer caso de coronavirus en La Gomera el 31 de enero – el primer caso de España-, donde “las cosas, creo, se hicieron bien”. El presidente destaca que se confinó al ciudadano alemán, se estableció quiénes eran los contactos estrechos, se activaron todos los protocolos y finalmente se le dio de alta sin que se produjeran más casos asociados. También explica “las decisiones difíciles” que se tuvieron que tomar cuando se detectó a un turista italiano que dio positivo y que se alojaba en un hotel del sur de Tenerife. El 24 de febrero se decidió confinar a mil personas (huéspedes y empleados) en ese establecimiento y en ese caso, el presidente también defiende que se actuó de manera correcta, “y eso que fue criticado en medios internacionales donde decían que la medida había sido excesiva. Hoy, con el paso del tiempo estamos todos confinados, lo cual demuestra que fue un acierto”, apunta.  A partir de ahí, el presidente de Canarias también destaca la importancia de que en Canarias se restringiesen al máximo las conexiones en aeropuertos y puertos porque “cerrar prácticamente nuestro espacio a otra decisión, que el tiempo ha terminado demostrando que fue un éxito”.

El presidente destaca en su intervención la importancia de haber creado en las Islas un Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, otro Comité Social y también el Comité Económico, para abordar esta crisis.

Sobre la situación sanitaria, Ángel Víctor Torres detallará los datos de incidencia de la Covid-19, que en Canarias son de los más favorables del país. Una circunstancia que ha permitido que este 4 de mayo, tres de las ocho islas puedan adelantarse en el desconfinamiento, iniciando ya ese día la FASE 1. El presidente de Canarias insiste en que los datos favorables se han logrado gracias al compromiso de la población, el respeto por las medidas adoptadas y por el arrojo del colectivo sanitario. Por esa razón recalca en su escrito que “el Gobierno de Canarias no se cansará de reconocer las veces que haga falta el magnífico trabajo y total entrega demostrado por los trabajadores de la sanidad de esta tierra”.

El presidente enumerará las medidas que desde el Ejecutivo se han puesto en marcha desde el inicio de la crisis para aliviar la carga a las familias y a las empresas. En cuanto a las acciones en el ámbito social el Gobierno de Canarias ha eximido del pago de la cuota a las más de 17.000 familias que están en régimen de alquiler social; se ha puesto en marcha el Ingreso Canario de Emergencia, para asistir a decenas de miles de familias a las que la situación de parálisis económica ha dejado en una situación aún más vulnerable; o la activación de un servicio para atender al alumnado de cuota cero de los comedores escolares. Las medidas económicas, por otro lado, contemplan un aplazamiento del pago de impuestos; completar el llamado “paro de autónomos” con el 30% que faltaba para llegar al 100%; o apoyar al sector primario e incentivar la comercialización de productos autóctonos.

Por otro lado, desde Canarias se pone en valor los planes de contingencia que se activaron desde el inicio del estado de alarma para el retorno de los turistas que estaban en las Islas. Asimismo, el presidente destacará las actuaciones y los planes para aminorar los efectos en el sector turístico. En ese aspecto, Torres insiste en que Canarias es la comunidad más afectada porque la crisis ha irrumpido en plena temporada alta turística y porque el 60% de los empleados y empleadas de las islas trabajan en el sector servicios. También destacará la importante merma en la recaudación tributaria que están sufriendo las Islas.

Ángel Víctor Torres considera que “respondemos mejor a la situación que nos golpea si todos aportamos”. Por esa razón, durante esta crisis ha celebrado más de 30 reuniones con los portavoces de los grupos políticos, los cabildos, los ayuntamientos, empresarios y sindicatos, con el objeto de “mantener la unidad de acción en la que siempre he creído y sigo creyendo”.  Fruto de esa comunicación con todos los sectores, apunta Torres, “el viernes 1 de mayo, presentaremos las bases de un Pacto por la Reconstrucción Económica y Social de Canarias”.

En la Cámara Alta, el presidente de Canarias también apelará a esa unidad de acción porque, “no nos equivoquemos en esa lucha: quien es gobierno en una región, es oposición en otra, y no debemos hacer uso partidario del sufrimiento y del dolor de las personas”.

 

El Gobierno se compromete con las entidades sociales para dar respuesta al incremento de la demanda de ayudas

La plataforma del Tercer Sector y los colegios de Trabajo Social de las dos provincias asisten, por primera vez, al Comité de Gestión Social creado por la crisis sanitaria del COVID-19

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha trasladado a las entidades sociales su total respaldo a la labor que desarrollan estas organizaciones para atender a las personas más vulnerables afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19 y que ha situado a muchas hogares de las Islas en grave riesgo de exclusión social.

Tal y como se comprometió la semana pasada con la plataforma del Tercer Sector representada por su directiva, Antonio Rico, de Cruz Roja; Miguel Déniz, de Once, y Caya Suárez, de Cáritas, y los colegios oficiales de Trabajo Social de las Islas – con quien mantuvo una reunión- hoy han participado en el Comité de Gestión Social, encabezado por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres.

«Les necesitamos ahora más que nunca. Es muy importante también que les tengamos como asesores del Gobierno. Nadie mejor que las asociaciones y trabajadoras sociales conoce la realidad social. Por eso es muy importante que igual que ha habido expertos sanitarios en la gestión de la crisis sanitaria, en la gestión social contemos con los mejores expertos y expertas en cuestión social”, aseguró Noemí Santana.

Tanto el presidente del Gobierno de Canarias como la consejera de Derechos Sociales han agradecido a las entidades su inmensa labor durante esta crisis y se han comprometido con ellos a respaldar su acción. En ese sentido, Noemí Santana trasladó que en los próximos días saldrá en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de subvenciones, mediante concurrencia competitiva, para el año 2020, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, por un montante de 6.498.000 euros, lo que supone un incremento del 52% frente a lo destinado en el año 2019 y que ayudará a paliar las consecuencias sociales derivadas del COVID-19. Además, esta convocatoria, y a pesar del estado de alarma sanitaria, se adelanta dos meses con respecto al año anterior.

Según manifestó la consejera de Derechos Sociales, «el respaldo al Tercer Sector no se lo damos solo con palabras y con ánimo: se lo damos ampliando y adelantando ayudas y plazos. Las entidades del Tercer Sector son un brazo que ayuda al Gobierno y vamos a darle músculo ”.

Asimismo, la consejera de Derechos Sociales también trasladó que ya los Ayuntamientos están trabajando en los proyectos que se financiarán con los 12 millones de pobreza, lo que permite, entre otras cuestiones, la contratación del personal para la atención de las familias, dándose respuesta a una de las reivindicaciones de los Colegios de Trabajadores Sociales.

 

Subvenciones para cubrir necesidades de alimentación básicas

 

La consejera también puso sobre la mesa el compromiso del Gobierno de Canarias para que las entidades puedan dar respuesta a las necesidades de alimentación básica de muchas familias. En este sentido, anunció que se destinará un fondo extraordinario de 340.000 euros para esta cuestión que irá destinado a los Bancos de Alimentos de las dos provincias, la ONG Sonrisas Canarias y Cruz Roja Española en las dos provincias.

El Comité de Gestión Social, presidido por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, está conformado por la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra, y la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende. Además, hoy ha participado el director general de Derechos Sociales, Jonás González.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Varios hospitales del SCS participan en un estudio nacional para mejorar las terapias contra la COVID-19

Molina Orosa

El trabajo busca identificar los factores de riesgo para desarrollar neumonía severa en pacientes infectados por COVID-19 y mejorar el conocimiento sobre nuevas terapias eficaces en esta enfermedad

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, en Gran Canaria, los hospitales universitarios Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, y de Gran Canaria Dr. Negrín, el Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote, el Hospital General de La Palma, y el Hospital Nuestra Señora de los Reyes, en El Hierro, adscritos todos ellos a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, participan en un estudio nacional para crear una gran base de datos que trata de ahondar y mejorar los tratamientos contra el coronavirus COVID-19.

Con el objetivo de identificar los factores de riesgo para desarrollar neumonía severa en pacientes infectados por COVID-19 y de mejorar el conocimiento sobre nuevas terapias eficaces en esta enfermedad, estos centros hospitalarios canarios se han sumado al estudio Registro Semi-Covid-19, promovido por la Sociedad Española de Medicina Interna. Se trata de un estudio en pacientes ingresados en los servicios de Medicina Interna por esta enfermedad.

Con este registro, en el que participan otros muchos hospitales del país, se pretende crear una gran base de datos de los registros clínicos de pacientes con COVID-19 que incluye, entre otros, los síntomas principales, los antecedentes personales, tratamientos que se le aplican y su respuesta ante los mismos y la evolución desde su ingreso hasta el alta.

El resultado del registro permitirá analizar perfiles de pacientes individuales y desarrollar terapias personalizadas para reducir la gravedad de la infección por COVID-19. La población del estudio incluye a todos los pacientes ingresados por coronavirus que hayan manifestado su consentimiento informado.

Dada la emergencia internacional de salud pública por la pandemia causada por la COVID-19, resulta fundamental mejorar el conocimiento sobre nuevas terapias eficaces en esta enfermedad. Y el análisis de la respuesta clínica a los diferentes tratamientos que se aplican recogidos en un gran base de datos, puede ser un punto de partida crítico para identificar posibles nuevos esquemas terapéuticos que sean posteriormente testados.

En España, siguiendo el informe del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), la mayoría de los pacientes hospitalizados por coronavirus son atendidos por unidades de Medicina Interna, lo que hace operativa la recogida de información desde dichos servicios.

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Comercio acomete un estudio para la mejora y acondicionamiento de la Zona Comercial Abierta de Arrecife

lanzarote

El informe incluirá un análisis de movilidad y la propuesta de adaptación al Plan Insular de Ordenación de Lanzarote

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias cuenta con 500.000 euros para la mejora de las zonas comerciales de Arrecife

La Consejería de Turismo Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, ha encargado un estudio a Gestión Urbanística Santa Cruz de Tenerife S.A, (GESTUR-TENERIFE) para impulsar la Zona Comercial Abierta (ZCA) de Arrecife y facilitar su adaptación a la nueva normativa insular.

En concreto, el estudio cuenta con un presupuesto de 50.000 euros e incluye un  análisis de movilidad y una propuesta de adaptación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIOL). El trabajo deberá ejecutarse en un plazo máximo de nueve meses.

La Consejería entiende que para llevar a cabo acciones de acondicionamiento urbanístico comercial que permitan ayudar al sector es necesario disponer de estudios previos que avalen la idoneidad de las propuestas y las soluciones urbanísticas planteadas para cada zona.

En este sentido, la consejera regional Yaiza Castilla indicó que el estudio del plan zonal de Arrecife, es una de las acciones prioritarias del área de Comercio en Lanzarote “con la que esperamos proponer soluciones que alivien la crisis que sufre el sector comercial de la capital insular, especialmente ahora, con la parálisis de la actividad económica como consecuencia de la crisis sanitaria generada por la Covid-19”.

Por su parte, el director general de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias, David Mille, explica que con el desarrollo de las zonas comerciales abiertas “perseguimos la revitalización del comercio tradicional, diferenciándolo y potenciando sus ventajas frente a otros formatos. A día de hoy se siguen necesitando actuaciones por parte del Gobierno que apoyen al comercio asociado y cooperativo y esta es una de nuestras últimas propuestas para la isla de Lanzarote”.

Asimismo, Mille recordó también que el Gobierno de Canarias ha destinado para este año una partida presupuestaria de medio millón de euros para la mejora de los espacios públicos limítrofes a las calles comerciales en Arrecife, con presencia de pequeño comercio.

Ángel Víctor Torres valora de forma positiva el plan de desescalada por fases presentado por Pedro Sánchez

Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres

El jefe del Ejecutivo canario destaca que ha funcionado la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado de forma positiva el plan de desescalada aprobado hoy por el Consejo de Ministros y presentado esta misma tarde por Pedro Sánchez, un proceso de transición por fases y que está sujeto al cumplimiento de una serie de marcadores.

Para el jefe del Ejecutivo canario, ha funcionado la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno Central. “El plan que presentamos en Canarias también era por fases, no establecía fechas, y contemplaba la superación de marcadores”, añadió.

En el plan, que establece la fase 0 a partir del 4 de mayo, contempla que algunos territorios insulares como La Graciosa, La Gomera y El Hierro se adelanten a la fase 1 en esa fecha. “La desescalada comenzará por los territorios insulares, comenzará por Canarias, algo que nos alegra porque el Gobierno de España ha tenido en cuenta la asimetría, el aspecto gradual y la territorialidad, y también la poca contagiosidad”, subrayó.

Una semana después, el 11 de mayo, el resto de las islas y de las provincias también podrán sumarse a esa transición siempre y cuando se cumplan una serie de parámetros. “Y si eso es así es porque las cosas se habrán hecho bien”, señaló, e hizo hincapié en la necesidad de ser rigurosos en todo el proceso. “Todavía tenemos que mantener la guardia y ser conscientes de que el virus está ahí”, concluyó.

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Franquis anuncia que coordinará con el Estado y los cabildos las medidas necesarias en transporte

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda compareció hoy ante la Diputación Permanente del Parlamento canario y anunció que el 8 de mayo se abrirá el plazo de recepción de solicitudes para las ayudas al alquiler de las familias afectadas por el COVID-19 y que la partida se ampliará hasta los ocho millones de euros

Franquis recordó a los diputados que la Consejería ha activado o adelantado más de 21 millones de euros en subvenciones, ayudas o contratos directos con las compañías de transporte público terrestre de pasajeros y las navieras que operan en las islas

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, compareció hoy ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para explicar la gestión que desde su departamento se ha desarrollado para hacer frente a los perjuicios ocasionados por la crisis sanitaria del COVID-19 o coronavirus, y anunciar que va a coordinar con el Estado, en los ámbitos de su competencia, y con los cabildos insulares, todas las medidas necesarias para impulsar la recuperación tras la crisis del sector del transporte y la vivienda principalmente, y favorecer así lo que el responsable regional calificó como “retorno a la normalidad inteligente”, tanto en el plano económico como social del Archipiélago.

En la vertiente más social de la Consejería, la que atañe a Vivienda, Franquis anunció ante los diputados que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) abrirá el próximo 8 de mayo el plazo de recepción de solicitudes para pedir la anunciada ayuda al alquiler de la vivienda habitual destinada a las familias afectadas económicamente por la crisis sanitaria, unas ayudas para las que se va a incrementar un 51% la partida inicialmente prevista de 5,3 millones de euros pasando próximamente a los ocho millones. Todas estas medidas las encuadró el consejero dentro del plan de reconstrucción que el Gobierno de Canarias planifica para que el retorno a la normalidad tras la crisis del COVID-19 se realice con garantías de no dejar a nadie atrás.

El consejero dejó claro en su intervención parlamentaria que la recuperación del transporte en todas sus vertientes va a ser uno de los objetivos primordiales de su Consejería. “Vamos a poner en marcha lo que desde la Consejería hemos llamado el Retorno a la Normalidad Inteligente, eso significa que vamos a conformar un grupo de trabajo con los cabildos insulares para diseñar cómo tiene que ser esa apertura tras la crisis, fundamentalmente en el transporte y conscientes de que este sector va a ser uno de los últimos que se van a incorporar a esa ansiada normalidad ya que la recuperación del servicio de transporte en las islas se tiene que hacer de manera gradual y nuestro objetivo fundamental es que esa recuperación se haga de manera inteligente”, manifestó Franquis.

El consejero, que inició su comparecencia agradeciendo a las empresas y trabajadores del sector de transportes y al sector logístico “el enorme esfuerzo” que están haciendo para que en Canarias no haya problemas de abastecimiento en unas circunstancias tan difíciles como las actuales, explicó a los diputados de la Diputación Permanente en qué consistiría este retorno a la normalidad inteligente para el transporte en Canarias.

“Ese retorno a la normalidad se hará de una manera inteligente porque ya nada volverá a ser igual que antes, y porque habrá que hacerla de acuerdo a una serie de estudios previendo escenarios futuros que, por ejemplo, nos ayuden a definir cómo serán la oferta y la demanda en los próximos meses, ya que habrá que evitar los picos y acumulaciones de pasajeros en horas punta, insistir en las medidas de seguridad y como utilizarlas, y estudios que al mismo tiempo procuren la recuperación del sector”, aseguró Franquis, “y en esa recuperación queremos involucrar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que necesitamos que el Gobierno de España sea la garantía de futuro y que Europa se implique en la solución de esta crisis y en la recuperación económica del sector del transporte en Canarias, aportando recursos porque la realidad es la que es, y hay sectores que están muy parados especialmente el aéreo, pero también el terrestre, que sin duda necesitan por parte de la administración pública recursos y ayuda para salir del trance en el que estamos todos, protegiendo a las rentas y dando liquidez a las empresas”.

El consejero Franquis realizó un repaso a las medidas de restricción de la movilidad que se han aplicado en las islas desde la entrada en vigor del estado de alarma, medidas que han reducido a la mínima expresión la posibilidad de moverse entre islas o con el resto del país, con porcentajes de reducción de pasajeros superiores al 96 y 97% en todas las modalidades. En este sentido, Franquis recordó que ya se está planificando con los cabildos la recuperación económica del sector y que desde la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda se han impulsado varias ayudas para apoyar a las compañías del sector que operan en el Archipiélago.

Una de esas líneas de ayuda fue la contratación ayer mismo por parte del Ejecutivo canario, del servicio de transporte marítimo de viajeros y mercancías entre islas para garantizar una conectividad básica en el Archipiélago, un contrato que supondrá a las navieras que operan en nuestro territorio unos ingresos de 4,4 millones de euros. También se han agilizado el pago de subvenciones que han supuesto una inyección económica de 10 millones de euros a las empresas de transporte terrestre público de viajeros con cargo al Bono Residente Canario, o el adelanto del pago de la bonificación de viajeros residentes a las dos principales navieras de las islas, otro ingreso de más de 7 millones de euros. Franquis también recordó que se va a coordinar con las asociaciones de taxistas de las islas, con los que se reunirá esta misma semana, para planificar las ayudas a este sector del transporte, uno de los más vulnerables de Canarias, que sufre una reducción drástica de su trabajo y del que dependen más de 6.500 familias en el Archipiélago.

En materia de Vivienda, el consejero recordó las dos medidas fundamentales que su Consejería ha planteado para ayudar a las familias más vulnerables, aquellas que han sido afectadas por despidos, un ERTE o una reducción de jornada, a pagar el alquiler de su vivienda habitual y, en el caso de las VPO, eximirles directamente del pago.

En referencia a la primera de esas ayudas, la que la Consejería está gestionando junto con el Estado para ayudar a pagar el alquiler de su residencia habitual a las familias afectadas económicamente por la crisis, el consejero anunció que el próximo 8 de mayo se abrirá el plazo para que el ICAVI recepcione las solicitudes de ayuda de los hogares con necesidades. “Se trata de una ayuda que será fundamental para dar seguridad a las familias que peor lo están pasando, por eso, y porque queremos beneficiar al mayor número posible de personas vamos a ampliar la partida que teníamos prevista inicialmente de 5,3 millones con 2,7 millones más hasta llegar a los 8 millones de euros que se destinarán a aliviar a miles de hogares de las islas, cuyos ingresos se han visto reducidos, a garantizarles que no van a tener problemas con su actual domicilio”, añadió Franquis.

La segunda línea de ayuda aprobada por la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda es la que exime a las viviendas del parque público dependiente del ICAVI del pago de sus alquileres mientras dure el estado de alarma. “Esta ayuda, que forma parte del Decreto de ayudas sociales aprobado por el Gobierno canario, ya está en vigor, ya que desde el 1 de abril no estamos cobrándole los recibos de los meses de abril y mayo a los inquilinos del parque de la vivienda pública en Canarias, en torno a 17.200 viviendas, familias que no van a abonar el pago de estos dos meses, pero que el Gobierno de Canarias está estudiando ya la posibilidad, si fuera necesario, de poder incrementar esta exención algunos meses más”.

Finalmente, el consejero Franquis se refirió al departamento de Obras Públicas de la Consejería, un área considerada fundamental y que apenas se ha visto afectada por la entrada en vigor del decreto de alarma. “El sector de las obras no se ha visto muy afectado y eso será fundamental para los planes del gran acuerdo de reconstrucción de Canarias que este Gobierno quiere activar en breve”, expresó Franquis, “desde la Consejería no sólo no hemos paralizado obras sino que hemos agilizado los trámites para licitar en pocas semanas proyectos de tanta entidad como la nueva carretera entre Tijarafe y La Punta, que supondrá una inversión de casi 66 millones de euros en la isla de La Palma; las obras del semienlace de Parque Holandés con 2,5 millones en Fuerteventura; y en esta misma isla se va a adjudicar en breve una obra de carreteras que va a permitir otra inversión cercana a los 120 millones de euros. Consideramos que las obras jugarán un papel fundamental en la recuperación del tejido económico y empresarial de las islas tras el coronavirus y desde la Consejería agilizaremos todos los mecanismos que favorezcan la obra pública en las islas como parte esencial del gran acuerdo de reconstrucción”.

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La Consejería de Economía refuerza la prevención de riesgos laborales para hacer frente a la COVID-19

Seguridad laboral

El Icasel amplía hasta los 920.000 euros las ayudas a sectoriales empresariales, sindicatos y asociaciones de personas autónomas para contratar personal técnico con el objetivo de asesorar en la adaptación de los empleos a la pandemia

Máñez subraya la importancia de las acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables en tiempos de la COVID-19 para “una desescalada y reactivación económica seguras para las personas trabajadoras y empresas”

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), ha aumentado hasta los 920.000 euros las subvenciones de este año para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En coincidencia con la conmemoración, este 28 de abril, del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la consejería dirigida por Elena Máñez anuncia este refuerzo, orientado a mejorar el asesoramiento a pequeñas y medianas empresas (pymes), personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena ante la nueva situación generada por la emergencia sanitaria.

El Plan de Actuación del Icasel contaba inicialmente con un presupuesto de 400.000 euros para 2020 destinado a subvenciones a organizaciones sectoriales para la contratación de técnicos en prevención de riesgos laborales. Dada la situación generada por la emergencia sanitaria, se ha aumentado esta cuantía hasta los 920.000 euros para llegar a más organizaciones y, por lo tanto, a un mayor número de pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena, impulsando la formación en políticas preventivas para combatir la COVID-19. Por otro lado, el Plan incluye también líneas de apoyo al mantenimiento financiero de las acciones a realizar por las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales de las confederaciones empresariales y sindicatos más representativos, con subvenciones por importe de 1.000.000 de euros.

Como explica Elena Máñez, aumentar los esfuerzos para la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la COVID-19 “es fundamental de cara a una desescalada y reactivación progresiva de la actividad económica segura para nuestros trabajadores y trabajadoras”. Para ello, apunta, este refuerzo del Plan de Acción en Prevención de Riesgos Laborales del Icasel permitirá acometer “medidas encaminadas a prevenir y controlar el coronavirus en los lugares de trabajo a través de la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas”. “Estas acciones de capacitación y formación sobre prácticas de trabajo saludables durante la crisis de la COVID-19 nos permitirán garantizar que la reincorporación progresiva a los puestos de trabajo se produce con garantías de seguridad para las personas trabajadoras y las empresas”, afirma.

De acuerdo con el lema Detengamos la pandemia: La seguridad y salud en el trabajo puede salvar vidas, elegido este año para la jornada mundial por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Icasel centra su esfuerzo en abordar el brote de enfermedades infecciosas en el mercado laboral, no solo con la sensibilización general de la ciudadanía sino mediante la adopción de prácticas concretas para la recuperación y adaptación de la actividad económica a lo largo de las próximas semanas.

Precisamente, la entidad dependiente de la Dirección General de Trabajo también difunde en su web (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) las nuevas directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores, elaboradas por el Gobierno de España con la colaboración de las comunidades autónomas. Ya publicó el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSTT) los documentos correspondientes a la construcción, el comercio, el transporte o la industria, entre otros sectores, con las orientaciones para aplicar las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19.

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Agricultura expone su hoja de ruta para el sector durante la crisis sanitaria

La Consejería ha movilizado ya casi 22 millones correspondientes a las subvenciones del POSEI y del PDR con el fin de inyectar liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo en los últimos días las ayudas a la industria láctea

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado hoy en la comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias las medidas impulsadas por la Consejería para compensar las afecciones de la crisis en el sector, que ha basado su plan de acción en “un diálogo y trabajo directo con las organizaciones agrarias y profesionales, así como con los cabildos, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Agricultura Europea”.

Vanoostende señaló en la mañana de hoy que la Consejería ha movilizado ya casi 22 millones correspondientes a las subvenciones del POSEI y del PDR con el fin de inyectar liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo en los últimos días las ayudas a la industria láctea.

Vanoostende advirtió que el sector “ha tenido que hacer frente al cese de la demanda y la paralización del turismo y de la restauración, afectando a producciones como la flor cortada, el ganado de vacuno de leche, el avícola, el caprino, el de la pesca artesanal y la acuicultura”.

La consejera explicó que otra de las líneas de trabajo se ha centrado en la búsqueda de canales de venta alternativos. “GMR ha trabajado para canalizar una parte de los productos a la gran distribución, además de colaborar con los municipios para la distribución de productos frescos a familias vulnerables. Además, se ha trabajado en campañas que fomentan el consumo del producto local, así como una concreta con ASOCAN para incentivar la compra a domicilio de flores y plantas de Canarias”, sostuvo.

Vanoostende puso de manifiesto la importancia de las modificaciones en la normativa de los reglamentos de fondos europeos, para adaptarlas a las circunstancias actuales, con un trabajo coordinado con el Ministerio y la UE. “Para el caso del POSEI, se está redactando la modificación para habilitar el pago de la subvención a las producciones afectadas por la crisis y la simplificación de determinados controles administrativos. En el caso de los PDR, también se está negociando la flexibilización de ayudas y la incorporación de nuevas que permitan compensar pérdidas. Para el sector pesquero, la UE ha establecido la posibilidad de una parada voluntaria de la flota, o bien el mantenimiento de la actividad, en cuyo caso se subvencionarán los excedentes de producción.  En la acuicultura, también se cubrirá la pérdida de ventas sufridas durante la crisis”, abordó.

En relación a la activación del sector, para Vanoostende su operatividad pasa por la financiación y la simplificación de la carga burocrática. La Consejería se encuentra trabajando ya en una convocatoria del PDR anticipada de unos 14 millones de euros para la modernización de explotaciones, y de unos 8 para la incorporación de jóvenes al sector. Asimismo, adelantó que se está negociando con el Ministerio y la UE una nueva medida en el PDR para compensar las pérdidas económicas valoradas entre 2,5 y 3 millones de euros.

Para la pesca, la consejera indicó que “hemos mejorado las subvenciones a las cofradías de pescadores, así como una nueva línea de ayudas para el mantenimiento de los puntos de primera venta”.

Por ultimo, la consejera, que hizo un llamamiento a la colaboración de las organizaciones agrarias y profesionales, y de los demás partidos políticos, así como del Parlamento y de la sociedad en general para “entre todos salir adelante y superar cuanto antes esta crisis”, agradeció el “encomiable esfuerzo de todos los hombres y mujeres que dedican su vida al sector primario para asegurar el alimento de la población”.

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La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, visita el centro de llamadas del 012

“Hemos venido a agradecer el esfuerzo que están realizando en la gestión  del Ingreso Canario de Emergencia”, afirmó la responsable de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

El servicio de atención telefónica 012 ha atendido hasta las 12 de este mediodía unas 5.600 llamadas y se han tramitado 3.300 peticiones de ayuda a través de la vía telefónica y telemática.

“Queremos felicitar a las trabajadoras y trabajadores del 012 por la gran labor y el esfuerzo que están haciendo” aseguró la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, en el transcurso de la visita que efectuó hoy martes, 28 de abril, a las instalaciones en Gran Canaria de este servicio telefónico del Gobierno canario, donde, desde ayer 27 de abril, se atiende a las personas solicitantes del Ingreso Canario de Emergencia, una prestación impulsada por el Ejecutivo con el fin de ayudar a las familias que no cuenten en la actualidad con ningún tipo de ingreso económico.

“En el primer día de puesta en marcha del proceso de solicitud, el 012 atendió a más de 3.500 llamadas, de las cuales 1.684 fueron para solicitar la ayuda y unas 1.800 para solicitar información. Esta cifra demuestra la utilidad del 012 como herramienta para gestionar estas prestaciones”, afirmó Santana, quien estuvo acompañada por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y por la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra. Hasta el mediodía de hoy, la cifra de llamadas atendidas fue de 2.150, de las que 1.428 fueron de información y 722 solicitudes presentadas.

“La puesta en marcha del Ingreso Canario de Emergencia es una expresión conjunta del esfuerzo político Gobierno”, dijo la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien subrayó igualmente el esfuerzo del personal que atiende el 012.

Noemí Santana en visita el centro de atención del 012.

“Nuestra previsión es llegar con esta ayuda excepcional a unas 38.000 familias, lo que supone en torno a 100.000 personas que no cuentan con ningún tipo de ingreso y cuya situación que se ha visto agravada el confinamiento generado por el Covid-19”,  explicó la responsable regional de Derechos Sociales.

A esta ayuda pueden acceder las personas que constituyan unidades de convivencia en las que concurran circunstancias que las coloquen en un estado de extrema necesidad como consecuencia de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 al carecer de recursos económicos suficientes para subsistir. Para ello, deben de ser personas mayores de 18 años, estar empadronadas y no contar con ningún otro ingreso ni tengan derecho a otra prestación. La persona solicitante será el titular de la prestación y como beneficiarios, su unidad de convivencia.

La ayuda, que es una ayuda única y se abona en un solo pago, consta de diversas cuantías según el número de personas que componen las unidades de convivencia: de 1 persona, 367,02 euros; de 2 personas, 415,30 euros; de 3 personas, 453,94 euros, y de 4 o más personas, 478,09 euros.

Para tramitar la solicitud de la ayuda, la ciudadanía puede utilizar el número de atención a la ciudadanía del Gobierno de Canarias 012 y vía telemática a través de sede electrónica, si la persona cuenta con clave para poder hacer el trámite. Posteriormente, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud comprobará los datos aportados por las personas solicitantes y sus unidades de convivencia recabando la información a través del cruce de datos con otras consejerías o administraciones para acreditar la carencia de recursos económicos suficientes. En el caso de recibir la prestación y que a posteriori se demuestre que no tenía derecho, el beneficiario deberá reintegrar la cantidad percibida.

Plazos de presentación

Para la solicitud de la ayuda, se ha establecido varios plazos. Del día 27 de abril al 4 de mayo, familias con dos o más menores y familias monoparentales y monomarentales.

Del 5 al 11 de mayo, familiar con un menor, y del 12 al 16 de mayo, el resto de personas y familias que cuenten con los requisitos.

 

 

 

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