Los tres parques de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife albergan a un total de 122 empresas y más de 730 puestos de trabajo, con un potencial de creación de 1.200 empleos más en el corto y medio plazo
“Este es un ejemplo claro de un instrumento estratégico para mejorar, avanzar en la diversificación y en un modelo económico más resiliente basado en el conocimiento”
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, destacó este viernes la importancia de los parques tecnológicos como “instrumento estratégico para avanzar en la diversificación y en un modelo económico más basado en el conocimiento”. Así lo manifestó la consejera durante una comparecencia parlamentaria para informar de la situación actual y perspectivas futuras de los parques tecnológicos en Canarias, en la que recordó que estas infraestructuras, presentes en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, acogen en la actualidad un total de 122 empresas y más de 730 puestos de trabajo, con potencial para la creación de alrededor de 1.200 empleos a corto y medio plazo.
Elena Máñez señaló que estos instrumentos permiten “acometer en el corto plazo inversiones mitigadoras del desempleo”, acciones necesarias en la actual situación “de fuerte recesión económica”, al tiempo que establecen “sólidos pilares para el cambio del modelo productivo canario en el medio plazo”. “Vamos a seguir apoyando su desarrollo para que la I+D+i y la diversificación sean las herramientas que nos permitan llevar a cabo el cambio económico”, afirmó.
La consejera aseguró que a partir de ahora “hablaremos con más frecuencia del trabajo que va a seguir emprendiendo este Gobierno en impulso de la economía del conocimiento”, ya que, subrayó, “podemos mejorar, atraer inversiones y avanzar en una economía más resiliente si ponemos el foco en los pilares adecuados, y los parques tecnológicos son uno de ellos”. “Tenemos buena ciencia y creemos en nuestro potencial”, añadió.
Desarrollo local
En este marco, se refirió también a la contribución de estas infraestructuras al desarrollo local, una cuestión para la que puso como ejemplo el Parque Tecnológico de Fuerteventura, puesto en marcha por el Cabildo Insular con el apoyo de los gobiernos nacional y autonómico. Con 22 empresas implantadas, más de 100 empleos y actuaciones por importe de 20 millones de euros, se ha consolidado “como una agencia insular de innovación y desarrollo que está generando un importante impacto en la isla”, señaló la consejera, quien destacó proyectos como el Canarias Stratoport for HAPS de equipamiento e infraestructura de I+D, “que esperamos que genere más de 200 empleos entre directos e indirectos en su primera fase y más de 500 a medio plazo”; el proyecto Fuerteventura Open iSland, dotado con 6,5 millones de euros y que implantará en 2020 un centro de procesamiento de datos y una plataforma de ‘Internet de las cosas’; o el International Smart for Secutiry and Emergencies Center (ISSEC), un centro para la gestión inteligente y eficiente de emergencias, seguridad y otras misiones de servicios públicos mediante operaciones remotas con aeronaves autónomas, que podría generar al menos otros 500 empleos.
Además, detalló la situación del parque de Gran Canaria, donde solo en el área de edificios polivalentes de Tafira hay instaladas un total de 62 empresas y entidades que contribuyen a generar alrededor de 500 puestos de trabajo. En esta isla se desarrollan, entre otras actuaciones, la adaptación y modernización de la sede en tierra de la Plataforma Oceánica de Canarias, en fase de ejecución y que se prevé que termine este año, y otras en el área experimental de la zona norte, vinculadas a la economía circular, por importe de 2,2 millones de euros, a ejecutar por la Mancomunidad del Norte antes de finales de 2021.
También se refirió al parque de Tenerife, el INTech, que aloja a 38 empresas que emplean a cerca de 100 personas, con actuaciones financiadas por un importe de 16 millones de euros, entre las que se encuentran la urbanización, edificios y equipamiento de los centros tecnológicos NanoTec e IACtec, por importe de 5.743.367 euros.
La consejera adelanta ante el Pleno del Parlamento que el Consejo de Relaciones Laborales pedirá la prórroga hasta diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo en el turismo y los sectores vinculados
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el acuerdo alcanzado con las patronales y sindicatos más representativos del Archipiélago, en el marco del Consejo Canario de Relaciones Laborales, para elevar a la Comisión de Seguimiento Tripartita una propuesta de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo “desde la unidad de acción”, propuesta que, detalló, incorpora entre otras cuestiones la necesidad de permitir la ampliación de los ERTE hasta final de año para el sector turístico y las empresas con actividad “estrechamente vinculada al principal sector productivo de Canarias”.
El Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó hoy mismo elevar a la Comisión Tripartita laboral del proceso de desconfinamiento la prolongación automática hasta el 31 de diciembre de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), tanto en el turismo como en las empresas con actividad estrechamente vinculada al principal sector productivo en el Archipiélago.
Conformado por la administración autonómica junto a las patronales y sindicatos con mayor representatividad (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), el Consejo Canario de Relaciones Laborales consensuó la solicitud de prórroga hasta final de año de los ERTE turísticos y sectores vinculados por tratarse de “una cuestión fundamental dadas las singularidades de las Islas de cara a la reactivación económica”.
El acuerdo, alcanzado en el marco de la unidad de acción mantenida por el Gobierno con los agentes económicos y sociales desde la declaración del estado de alarma, contempla “que sea la autoridad laboral competente la que pueda determinar la fuerza mayor total o parcial a otros sectores, que no siendo sector turístico, tengan su producción vinculada de forma notoria con la recuperación del sector turístico”. Además, el Consejo Canario de Relaciones Laborales solicita que la causa por fuerza mayor total o parcial se determine por centros de trabajo y no por empresas, “pudiendo mantener la fuerza mayor total aquellos centros de trabajo que no puedan reabrirse por las diferentes restricciones sanitarias, manteniendo las especialidades contempladas en el Capítulo II del Real Decreto-Ley 8/2020, especialmente la exoneración del 100% o del 75%, según los casos”. En centros con ERTE por fuerza mayor total, no computaran los plazos de contrato, ni de paro, ni de los seis meses de salvaguarda del empleo.
Igualmente, el órgano colegiado adscrito a la consejería dirigida por Elena Máñez acordó trasladar a la comisión tripartita que las empresas turísticas o de otros sectores que “por necesidades de mantenimiento de sus establecimientos, cuestiones de gestión de nóminas o de carácter fiscal necesiten recuperar del ERTE de fuerza mayor total a algún trabajador y sus establecimientos no estén generando ingresos por restricciones sanitarias, no se les compute la exoneración de cuotas por una causa mayor parcial, y por lo tanto, no compute a efectos de tiempo las cláusulas de salvaguarda de empleo ni de prestaciones”.
La Comisión Tripartita fue creada por Real Decreto Ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo y está integrada por los ministerios tanto de Trabajo y Economía Social como de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto a las confederaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) más representativas del Estado.
Balance de situación
Durante su comparecencia ante el Parlamento para informar de la situación de la crisis de la COVID-19, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo hizo balance de la actual situación económica, de las previsiones de crecimiento que trabaja este departamento y dio cuenta de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Canarias para “no dejar caer a las pymes y personas trabajadoras autónomas de las Islas”.
Tras expresar su satisfacción “por volver a encontrarnos en esta casa” y agradecer “a todo el equipo del Parlamento el gran esfuerzo que han hecho para mantener la actividad fundamental que realiza esta Cámara”, Elena Máñez afirmó que las medidas y políticas que se han puesto en marcha por parte del Gobierno de España “están haciendo posible que en estos momentos no haya una quiebra social sin precedentes en España”.
La consejera también adelantó que este miércoles la Consejería publicará el primero de los informes de previsiones económicas elaborado por este departamento, un documento del que se extrae un escenario muy variable “que habrá que tomar con cautela”. Así, este estudio trabaja con tres posibles escenarios que se mueven, para 2020, entre unas caídas del PIB del 12% y el 19%, con un escenario intermedio, “el más plausible”, del 15%. Asimismo, el informe apunta a una recuperación económica “en torno a marzo o abril de 2021”, con un crecimiento del PIB del 16,2%.
La Consejería ha movilizado ya casi 22 millones correspondientes a las subvenciones del POSEI y del PDR con el fin de inyectar liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo en los últimos días las ayudas a la industria láctea
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado hoy en la comparecencia telemática ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias las medidas impulsadas por la Consejería para compensar las afecciones de la crisis en el sector, que ha basado su plan de acción en “un diálogo y trabajo directo con las organizaciones agrarias y profesionales, así como con los cabildos, el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Agricultura Europea”.
Vanoostende señaló en la mañana de hoy que la Consejería ha movilizado ya casi 22 millones correspondientes a las subvenciones del POSEI y del PDR con el fin de inyectar liquidez en el sector, habiéndose abonado por ejemplo en los últimos días las ayudas a la industria láctea.
Vanoostende advirtió que el sector “ha tenido que hacer frente al cese de la demanda y la paralización del turismo y de la restauración, afectando a producciones como la flor cortada, el ganado de vacuno de leche, el avícola, el caprino, el de la pesca artesanal y la acuicultura”.
La consejera explicó que otra de las líneas de trabajo se ha centrado en la búsqueda de canales de venta alternativos. “GMR ha trabajado para canalizar una parte de los productos a la gran distribución, además de colaborar con los municipios para la distribución de productos frescos a familias vulnerables. Además, se ha trabajado en campañas que fomentan el consumo del producto local, así como una concreta con ASOCAN para incentivar la compra a domicilio de flores y plantas de Canarias”, sostuvo.
Vanoostende puso de manifiesto la importancia de las modificaciones en la normativa de los reglamentos de fondos europeos, para adaptarlas a las circunstancias actuales, con un trabajo coordinado con el Ministerio y la UE. “Para el caso del POSEI, se está redactando la modificación para habilitar el pago de la subvención a las producciones afectadas por la crisis y la simplificación de determinados controles administrativos. En el caso de los PDR, también se está negociando la flexibilización de ayudas y la incorporación de nuevas que permitan compensar pérdidas. Para el sector pesquero, la UE ha establecido la posibilidad de una parada voluntaria de la flota, o bien el mantenimiento de la actividad, en cuyo caso se subvencionarán los excedentes de producción. En la acuicultura, también se cubrirá la pérdida de ventas sufridas durante la crisis”, abordó.
En relación a la activación del sector, para Vanoostende su operatividad pasa por la financiación y la simplificación de la carga burocrática. La Consejería se encuentra trabajando ya en una convocatoria del PDR anticipada de unos 14 millones de euros para la modernización de explotaciones, y de unos 8 para la incorporación de jóvenes al sector. Asimismo, adelantó que se está negociando con el Ministerio y la UE una nueva medida en el PDR para compensar las pérdidas económicas valoradas entre 2,5 y 3 millones de euros.
Para la pesca, la consejera indicó que “hemos mejorado las subvenciones a las cofradías de pescadores, así como una nueva línea de ayudas para el mantenimiento de los puntos de primera venta”.
Por ultimo, la consejera, que hizo un llamamiento a la colaboración de las organizaciones agrarias y profesionales, y de los demás partidos políticos, así como del Parlamento y de la sociedad en general para “entre todos salir adelante y superar cuanto antes esta crisis”, agradeció el “encomiable esfuerzo de todos los hombres y mujeres que dedican su vida al sector primario para asegurar el alimento de la población”.
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia ante la Diputación Permanente el compromiso del Gobierno de España para transferir los fondos del Plan Integral de Empleo y afirma que Canarias contará con “un PIEC COVID-19”
Informa de que en unos días entrará en vigor la ayuda del 30% adicional para autónomos y autónomas y de que se lanzará un paquete de medidas por 20 millones que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, avanzó este martes la puesta en marcha de una estrategia canaria de apoyo a las pymes y el trabajo autónomo para su reactivación económica durante la crisis de la COVID-19, que incluye medidas como la ayuda autonómica extraordinaria del 30% adicional de la base de cotización para personas trabajadoras autónomas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo motivado por la emergencia de la COVID-19 -que adelantó que entrará en vigor “en los próximos días”- y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación, entre otras líneas de actuación. Asimismo, la consejera dio a conocer el compromiso del Gobierno de España para transferir a Canarias los fondos del Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones, que permitirá a la comunidad autónoma contar “con un PIEC COVID-19”, adaptado a la situación generada por esta emergencia sanitaria.
Máñez presentó la estrategia de su departamento durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de la evolución de esta emergencia sanitaria, “una situación inédita en nuestra historia” y que ha supuesto “un reto global, de Canarias y del mundo, ante el que era necesaria una respuesta compartida”. Tras trasladar su pesar por las víctimas de la pandemia, así como reconocer la “inmensa labor, esfuerzo y dedicación” que llevan a cabo las personas que trabajan en el ámbito sanitario, la administración pública y en todos los sectores que garantizan el mantenimiento de los servicios básicos, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado a partir “de la unidad de acción y del diálogo con todos los agentes implicados”.
En este sentido, agradeció “la colaboración permanente de las organizaciones sindicales y patronales, así como todas las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos políticos”. “Hemos mantenido más de cuarenta reuniones con patronales, sindicatos, colegios profesionales y con todos aquellos colectivos afectados por esta emergencia sanitaria”, relató Máñez.
La consejera señaló que, una vez avanzada la respuesta a la emergencia sanitaria, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se sitúa “en la segunda trinchera” de esta crisis para hacer frente a sus repercusiones en lo social, lo económico y en el empleo. Así, subrayó el “impacto diferencial” que la COVID-19 tendrá en un Archipiélago en el que el turismo, uno de los sectores económicos más afectados, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Esta variable, junto al descenso del 66% registrado en marzo en la recaudación por IGIC respecto al mismo mes del año pasado, marca “un hecho diferencial que requiere medidas específicas para Canarias”.
En cuanto a la respuesta del Estado al parón económico motivado por la declaración del estado de alarma, flexibilizando los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para salvaguardar el empleo y a las empresas, además de garantizar las prestaciones a las personas afectadas, destacó que el Gobierno de Canarias ha liderado desde el principio esta propuesta, cuantificada solo en las Islas en “340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de prorrogar esta medida de flexibilización para el sector turístico después del estado de alarma, lo que supondría una inyección de otros 140 millones de euros.
Hoja de ruta en dos fases
Elena Máñez concretó la hoja de ruta puesta en marcha por su Consejería en dos líneas de actuación fundamentales: una primera centrada en gestionar el elevado número de ERTE presentados en Canarias, algo que ha supuesto “un enorme esfuerzo”, al pasarse de tramitar 80 de estos expedientes al año a más de 27.000 en apenas mes y medio; y una segunda fase consistente en una estrategia de apoyo a las pymes y personas trabajadoras autónomas de Canarias.
Sobre la primera, explicó que el volumen de expedientes presentados ha obligado a reforzar la Dirección General de Trabajo con 46 trabajadores y trabajadoras más para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados, aunque operara el silencio positivo tras un plazo de cinco días. Respecto a la segunda etapa, marcada por el apoyo a pymes y autónomos para su reactivación económica, la consejera explicó que se ha diseñado una estrategia que incluye un conjunto de actuaciones, entre ellas la ayuda autonómica del 30% a las personas autónomas y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye incentivos a la contratación y la digitalización de las pymes, entre otras medidas. Así, afirmó que la Consejería trabaja en la reestructuración de su presupuesto “para ponerlo al servicio de la lucha contra el COVID-19”.
Además, anticipó que la Consejería está trabajando en líneas de avales por un importe de más de 100 millones de euros para facilitar la liquidez de pymes y personas autónomas, entre ellas una línea a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de las personas emprendedoras, autónomas y pymes y un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la concesión de préstamos a las pymes.
La consejera también destacó el trabajo llevado a cabo por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que se evidencia en el aumento del 40% en el número de inscripciones realizadas. Asimismo, informó de que el SCE ha puesto a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) treinta trabajadores y trabajadoras para apoyar en los trámites que la entidad estatal determine.
El ITC produce 10.200 pantallas de protección
La consejera aprovechó también su intervención para “poner el valor el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha recurrido a su base de conocimiento en tecnologías aplicadas a la salud para fabricar materiales de protección sanitaria”, actuando además como canal de recepción, entrega y distribución del material recibido de otras entidades colaboradoras externas. Hasta la fecha, el ITC ha producido más de 10.200 unidades de pantallas de protección facial.
“Ahora toca trabajar conjuntamente”, apuntó Máñez. Como dijo la consejera, esta crisis y su impacto singular en Canarias “requieren de un gran acuerdo social y económico en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado desde el primer momento”. En este sentido, recordó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “ya está en ello” y ha tendido la mano a todos los agentes implicados en la emergencia del COVID-19 para cerrar “el gran acuerdo de reconstrucción que Canarias necesita en estos momentos”, un pacto, subrayó, para el que “necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales”. “Nadie en la historia de Canarias se había enfrentado a una situación como esta; trabajemos juntos y juntas para superarla”, concluyó.
Ángel Víctor Torres comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de las gestiones de su Ejecutivo durante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación global del coronavirus
El pacto de amplísimo consenso que plantea el presidente Torres, “con la participación de las administraciones públicas, los partidos políticos y los agentes sociales de Canarias”, debe centrarse
en la defensa de los intereses isleños ante el Gobierno español y la UE, siempre teniendo como eje central “la atención a los más vulnerables”
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, compareció en la mañana de este martes, 14 de abril de 2020, ante la Diputación Permanente del Parlamento Autónomo para informar, a petición propia, de las gestiones que ha realizado su Ejecutivo durante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación en las Islas de la enfermedad COVID-19.
Ángel Víctor Torres, que detalló las actuaciones del Gobierno de Canarias relacionadas con esa pandemia en una sesión especial de la Diputación Permanente por videoconferencia (la primera que se realiza de esta forma en las diez legislaturas autonómicas), planteó como eje central de su intervención dirigida a los portavoces de los siete grupos parlamentarios la necesidad de definir un “gran pacto de reconstrucción, sin que nadie se queda atrás, para salir de la crisis social y económica generada por la COVID-19”, una propuesta que tuvo buena aceptación general entre las formaciones políticas con representación en la Cámara canaria.
Tal y como indicó el presidente de Canarias, esa iniciativa política debe concebirse como un pacto de amplísimo consenso, “con la participación de las administraciones públicas, los partidos políticos y los agentes sociales de Canarias”, y debe centrarse en la defensa de los intereses isleños ante el Gobierno español y la UE, siempre teniendo como eje central “la atención a los más vulnerables”, recalcó Torres.
En su exposición parlamentaria de hoy, el jefe del Ejecutivo canario abordó los principales hitos de la COVID-19 en Canarias, desde el primer positivo confirmado en La Gomera el 31 de enero pasado, pasando por los siguientes que se sucedieron en un hotel del sur de Tenerife y con la posterior extensión de la hoy pandemia a escala global, también en las Islas Canarias, aunque con una de las afecciones más favorables dentro de España.
Torres se refirió en su alocución a todo el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias y a la intensa agenda que se desplegó en el Archipiélago sobre todo tras la suspensión de las clases el 13 de marzo pasado y la posterior declaración del estado de alarma. Desde ese momento, subrayó el presidente de Canarias, la interlocución y la transparencia han sido constantes con los agentes sociales y económicos, sobre todo a través del Consejo Asesor del Presidente y del Comité de Gestión Económica; con los grupos parlamentarios, con los cabildos (Fecai) y con los ayuntamientos (Fecam), aparte de con los alcaldes de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias. A esto se ha unido una relación directa y continua con ministros del Gobierno español y la presencia de Torres en las cinco conferencias de presidentes autonómicos junto al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.
En su mensaje parlamentario, el presidente de Canarias insistió en la máxima de que, “aportando todos, mejoramos en Canarias”, algo que fue así, y puso algunos ejemplos, en decisiones adoptadas durante la crisis sanitaria, como ocurrió con la petición consensuada de restringir al máximo las conexiones aéreas con las Islas desde el exterior o las interinsulares, medidas que han sido muy útiles para el control de la propagación del virus. Estas actuaciones y otras se han visto impulsadas, recordó Torres, por la suma de apoyos, tanto de los agentes sociales y económicos como de las administraciones públicas canarias e incluso de partidos políticos que no apoyan al Gobierno autonómico.
Torres propone un gran pacto de reconstrucción, para salir de la crisis social y económica generada por la COVID19
El presidente de Canarias recordó que la destitución de la consejera de Sanidad fue “dura” y la atribuyó a la necesidad de “reforzar equipos y de relevar a personas, que era lo que había que hacer para estar todos unidos”. En esta parte de su intervención, Torres valoró el trabajo hecho por la anterior responsable de Sanidad en Canarias, Teresa Cruz.
Aparte de esas medidas adoptadas en medio de la crisis sanitaria, el jefe del Ejecutivo de Canarias se refirió a otras ejecutadas con el consenso de los integrantes del Consejo Asesor del Presidente y de otras administraciones públicas, como fueron, en el primero caso, la necesidad de los ERTE con causa de fuerza mayor y su aprobación en tiempo récord de cinco días, o en el segundo, la petición al Gobierno español de que los remanentes de los cabildos y los ayuntamientos de Canarias se liberen y sean gestionados directamente por estas administraciones públicas. Canarias “ha sido la única comunidad autónoma que ha hecho esa petición en la conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos”.
Junto a todas esas cuestiones, Ángel Víctor Torres garantizó que los fondos que Canarias debe recibir del Estado en cumplimiento del REF y del nuevo Estatuto de Autonomía “se defenderán con todas las fuerzas y tienen que llegar a las Islas”, de la misma manera que se deben mantener partidas como las del PIEC, el convenio de carreteras y otros tantos apoyos singulares del Estado ya reconocidos y necesarios para el desarrollo de Canarias.
Para defender todos esos asuntos, el presidente de Canarias señaló que “haremos lo que sea preciso”, principalmente porque son derechos consolidados por las Islas, a lo que se añade que “Canarias es la región de España más golpeada por las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19” y, por lo tanto, la que requiere de una respuesta “con la máxima fortaleza” para atajar aquellos efectos negativos en el Archipiélago.
De ahí, concluyó Torres, que se proponga una “gran alianza para poder mitigar esos efectos: para diminuir el sufrimiento de la gente” que se verá afectada por la llamada segunda crisis: la social y económica. Primero, debemos “exigirnos nosotros alcanzar esa gran pacto”, para luego pedir a España y a la UE soluciones para las Islas “con el máximo consenso previo logrado en Canarias”, expuso el presidente autonómico.
Ángel Víctor Torres afirmó que “Canarias ha respondido bien a la crisis sanitaria” ocasionada por el coronavirus COVID-19: “Estamos en buenas manos”, dijo, y ahora toca “permanecer unidos en el día después”, en clara alusión a la articulación de ese gran pacto con soluciones para las Islas que cuente con la participación de todos los agentes: administraciones públicas de Canarias, partidos políticos y representantes económicos y sociales isleños.
En su respuesta tras las intervenciones de los portavoces parlamentarios, el presidente Torres subrayó que “siempre ha defendido las singularidades de Canarias y que los fondos de empleo se repongan a las Islas, algo en lo que seremos contundentes”. Además, indicó que los presidentes de las distintas comunidades autónomas “cada vez están más preocupados por la quiebra social” que generará la COVID-19.
Torres añadió a esa afirmación que “Canarias es en esa crisis distinta, la que provoca el virus fuera del ámbito sanitario, el territorio golpeado en el peor momento, en la temporada alta del turismo”, y recordó que la actual situación no solo afecta a las Islas, sino a Alemania, EEUU, al mundo globalizado; también, por lo tanto, a los principales países desde los que nos llega el turismo.
Al tratarse de una crisis global, sostuvo, “la respuesta debe ser global”. Por ello, en el Consejo Europeo del 23 de abril próximo “la UE debe dar una respuesta que complete las decisiones adoptadas por el Eurogrupo”, lo debe significar la posibilidad “de utilizar el superávit de las administraciones públicas y de acudir al endeudamiento”.
Torres dejó claro que los incentivos para atender la nueva crisis y salir de ella “tienen que venir de lo público, lo único que puede responder en estos momentos”. Canarias “dejará de ingresar de aquí al 31 de diciembre unos 1.300 millones de euros” y, por ello, en parte “necesitamos poder gastar el superávit de la Comunidad Autónoma y además hemos tenido que aprobar la formalización de una póliza de crédito de 1.700 millones de euros”, reconoció el presidente de Canarias.
Ante todas esas realidades, Canarias “necesita un plan acordado” por todos que “sea de posible” ejecución, para cubrir las exigencias sociales y económicas propiciadas por la COVID-19 en el Archipiélago. Se trata, expuso el presidente Torres, de “un gran pacto por la reconstrucción de Canarias que responda a las consecuencias de la emergencia sanitaria y que sume a las medidas económicas y fiscales ya adoptadas en beneficio de empresas, pymes y autónomos o a favor de las personas con alquileres sociales y de familias con escolares de cuota cero, entre otras ya definidas por Canarias. A esas aportaciones se sumará en breve la Renta de Emergencia Social, y ya han contribuido a mejorar otras acciones desarrolladas con éxito, como son la operación de retorno de turistas, previo cese de la actividad turística, o los apoyos activados por la empresa pública GMR con destino al sector primario local.
El presidente de Canarias valoró el resultado de la sesión parlamentaria de hoy y afirmó que el Gobierno autonómico cuenta con un “Parlamento que está a la altura” del momento crítico que se vive. Torres dijo que “vamos a vencer la quiebra social y económica evitando que se queden atrás los de siempre”, en referencia a las personas más vulnerables. El presidente terminó su segunda intervención con un mensaje lleno de optimismo: “Vamos a lograr superar esta crisis como hemos hecho con otras en el pasado”.
La consejera destacó la importancia de la formación y la concienciación para promover el ahorro de agua ante las inclemencias ocasionadas por la sequía y evitar el gasto excesivo
La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, aseguró durante su intervención en el pleno del Parlamento celebrado hoy, martes 10 de marzo, que se garantizará la mejora de la red de riego en la isla de La Palma. Concretamente ya se está trabajando en la zona del Norte (obra Los Sauces) y en la zona Breñas – Mazo, con las obras de Hoya Limpia y San Miguel, ejecutándose un total de dos millones de euros y con tres millones más ya comprometidos para 2020.
La Consejería trabajará de forma coordinada con el Consejo Insular de Aguas y la Consejería de Transición Ecológica, que tiene parte de las competencias en aguas, para acometer las mejoras necesarias en las infraestructuras de regadío.
En esta línea, Vanoostende explicó “se abordará también la redacción de los proyectos para la optimización de la red de riego en las localidades de Puntallana y Barlovento, zonas donde la disponibilidad del agua es primordial para la actividad agrícola y que precisa de intervención ante el estado actual de la red. También esperamos incluir la red de riego de El Paso que permanece a la espera hasta que el Ayuntamiento remita la información que se le ha solicitado”.
La titular de Agricultura señaló en sede parlamentaria que en Tenerife y La Gomera se están acometiendo actuaciones en infraestructuras de riego poco eficientes y que presentan pérdidas de agua, “por lo que este gobierno ha aumentado la partida para asegurar la disponibilidad de este recurso de vital importancia hasta un total de 12 millones, de los cuales ya se han comprometido tres”.
La consejera destacó la importancia de la formación y la concienciación para promover el ahorro de agua ante las inclemencias ocasionadas por la sequía y evitar el gasto excesivo, y recordó que desde el Ejecutivo regional se ha hecho hincapié en la puesta en marcha de diferentes cursos para agricultores, entre los que destacan el de riego por goteo y la optimización del riego en platanera, entre otros.
Daños ocasionados por el temporal
Entre las preguntas formuladas a la consejera en relación a los daños ocasionados por el temporal en cultivos e infraestructuras, Vanoostende explicó que los efectos de viento y calima “afectaron principalmente al cultivo del plátano, aguacate y papa, con pérdidas considerables en producción y productividad, por lo que este gobierno, a la espera de las peritaciones de Agroseguro y las agencias de extensión agraria, valorará la posibilidad de orientar líneas de ayudas a través del PDR”. “Trabajaremos en el seguro colectivo del aguacate, que supondrá un acicate importante para los agricultores y una apuesta decidida por el sector”, concluyó.
Medidas para el sector
En relación a la coyuntura actual a la que se enfrenta el sector primario en España y, por ende, en Canarias, la consejera Alicia Vanoostende valoró la actuación del Gobierno central con la puesta en marcha del paquete de medidas urgentes y la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria. “Se trata de un problema histórico en el que el Gobierno de España se ha posicionado del lado del sector y trabaja coordinadamente con las comunidades autónomas para buscar soluciones”.
El consejero anuncia a los diputados de las siete formaciones políticas representadas en la Cámara regional que el texto incluirá la mayor parte de sus aportaciones y que les convocará en dos semanas para suscribir el Pacto definitivo junto a los agentes sociales y económicos vinculados a la vivienda
El consejero de de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha alcanzado un acuerdo hoy con todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Canarias para cerrar sus aportaciones y consensuar el texto definitivo del Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias. Franquis ha informado a los diputados y diputadas miembros de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que el texto final del Pacto incluirá la mayor parte de sus aportaciones al proyecto inicial que el mismo consejero presentó a las formaciones políticas en diciembre pasado.
“Con la reunión de hoy queremos dar un impulso final al texto del Pacto y sumar a todas las fuerzas políticas, sociales, sindicatos, colectivos sociales y empresarios a esta apuesta decidida del Gobierno para que la vivienda no vuelva a ser objeto de un debate político en Canarias, sino que sea una realidad, y este Pacto se convierta en la hoja de ruta de todos los partidos, de todas las instituciones canarias, para cumplir el objetivo que nos hemos marcado que no es otro que el de construir más vivienda pública en los próximos cuatro años”, afirmó Franquis.
El consejero se congratuló de la participación activa de los partidos políticos y de los sectores sociales y económicos más destacados del Archipiélago en materia de vivienda en la redacción final del Pacto que está previsto que se firme en la misma sede parlamentaria en el plazo aproximado de dos semanas, fecha para la que convocó de nuevo a las formaciones presentes en la reunión de hoy.
“La gran novedad con respecto a los primeros encuentros que celebramos para presentar el Pacto hasta ahora es que hemos incorporado, prácticamente en su mayoría, las cuestiones que nos han planteado las formaciones políticas y los colectivos que consideramos que se podían incorporar siempre y cuando se respetasen los límites legales”, añdió Franquis, “lo que hemos hecho es sumar tanto a la parte política como a la económica y social, por lo que el documento se enriquece de forma especial. Hay propuestas muy concretas y otras más globales, pero todas ellas formarán parte definitiva del Pacto y posteriormente del plan de vivienda, el instrumento que recoge los objetivos que nos obligará a cumplir a todos”.
El consejero recordó que el Plan de Vivienda que se llevará al Parlamento tras la rúbrica del Pacto recoge, entre otros objetivos, la construcción, por parte de la Consejería, de 2.200 viviendas públicas entre 2020 y 2023, cantidad que podría incrementarse con las aportaciones de otras instituciones, como los cabildos, o por la iniciativa privada.
“Este es un Pacto al que queremos que se incorpore toda la sociedad canaria y el Plan de Vivienda posterior es el instrumento político, financiero y administrativo para hacer realidad los objetivos que estamos trazando en el Pacto”, indicó Franquis, “por tanto, con el Pacto y el Plan de Vivienda vamos a situar a Canarias en un nivel, a la hora de construir vivienda pública, que no se ha visto en los últimos años, unos años en los que se ha hablado mucho de vivienda, se ha hecho mucha política con la vivienda, pero no se construía. Ahora es el momento de pasar a los hechos y dar respuesta al enorme problema social que vivimos en Canarias con la vivienda, y este Pacto y el Plan van a marcar la hoja de ruta, las previsiones en materia de vivienda que nuestra Comunidad Autónoma no ha tenido nunca”.
Recuerda que el Gobierno ha impulsado “con valentía” la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que le permitirá encajar en la acción ejecutiva cuestiones como el desafío demográfico
En comparecencia parlamentaria sobre el análisis demográfico en cada isla, la consejera apuesta por la ecologización de la economía como un “gran instrumento de desarrollo”
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, señaló este miércoles al envejecimiento poblacional y a la transición ecológica como “los grandes retos de la legislatura”, afirmó que el Gobierno de progreso impulsa “con valentía” una Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 y apostó por la ecologización de la economía como “un gran instrumento de desarrollo socioeconómico para Canarias”.
En comparecencia parlamentaria a petición del Grupo Nacionalista para hablar de análisis demográfico en cada isla y su relación con el desarrollo socioeconómico, Máñez subrayó el papel transversal que juega la Agenda 2030 como “herramienta palanca” de todas las políticas del Ejecutivo autonómico.
“Estamos en un mundo cambiante y tenemos delante grandes retos que afectan a Canarias, pero que se enmarcan en retos globales; esos desafíos son los que este Gobierno está afrontando y para ello se ha marcado una hoja de ruta clara: avanzar en la cohesión social y territorial, prestando atención a la diversidad de nuestras islas”, dijo.
Tras recordar las palabras del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, sobre la voluntad del Ejecutivo de “dejar una Canarias mejor de la que recibimos”, Máñez explicó que el último informe del Consejo Económico y Social (CES) sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico pone de manifiesto un crecimiento vegetativo de la población “que va variando según las islas”, con unas, las occidentales, en las que se produce un mayor envejecimiento de la población, frente a otras, las orientales, con unas tendencias “más dinámicas”. “Este desequilibrio obliga a poner en marcha medidas diversas, atendiendo a esa diferencia”, apuntó la consejera.
En este sentido, manifestó que el reto del envejecimiento de la población implica la puesta en marcha de políticas con mayor inversión y gasto social, así como abordar aquellas cuestiones que garanticen una mejora de la calidad de vida de las personas mayores. “Este Gobierno, y así lo ha demostrado en los presupuestos para 2020, ha hecho un esfuerzo muy importante a la hora de aumentar las partidas para políticas sociales”, afirmó.
Elena Máñez situó también la pobreza como un indicador clave a la hora de avanzar en la cohesión territorial y social de Canarias, un componente que, manifestó, “a este Gobierno le duele profundamente y constituye uno de los ejes de nuestra política económica”. Así, consideró que tener crecimiento económico y que este hecho no haya servido para reducir las tasas de pobreza, del 20,8% en 2018, “justifica todas las medidas que el nuevo Gobierno de progreso está poniendo en marcha”.
“Llevamos 8 meses de Gobierno y estamos en el proceso de diseñar esas estrategias que van a ser claves para los procesos de cambio y transformación social que queremos abordar: la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible va a ser una herramienta palanca para el resto de las políticas”, apuntó.
La consejera, Elena Máñez, adelanta que el anteproyecto se someterá en breve a información pública y se abrirá una consulta con los agentes sociales y económicos para contar con una norma “de máximo consenso»
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes que el Gobierno de Canarias está agilizando la tramitación del Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, que en breve saldrá a información pública y que, a partir de ese momento, se abrirá una ronda de consultas con los agentes sociales y económicos implicados para lograr “un amplio consenso” en torno a la nueva norma, que recordó que es “una reivindicación histórica”. “Este Gobierno cree profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, afirmó.
Máñez recordó que las cooperativas “encarnan las ideas de solidaridad, cooperación, igualdad y progreso social que defiende este Gobierno de progreso”.
La consejera, tras considerar que “urge que Canarias cuente con esta ley”, explicó que el anterior anteproyecto, iniciado la pasada legislatura y que no llegó a tramitarse en el Parlamento de Canarias, “fue objeto de reparos del Consejo Económico y Social de Canarias” (CES). Unas cuestiones, detalló, que ahora “hay que analizar de manera rigurosa”.
Una vez efectuada la consulta pública y subsanadas las apreciaciones hechas por el CES, la Consejería remitirá al Parlamento un Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias “actualizado y que cuente con un amplio consenso de la sociedad canaria y de los agentes sociales y económicos”.
“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social, impulsar esta ley es vital”, concluyó la consejera.
Máñez adelanta que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo prepara ya la redacción del documento marco para los próximos dos años, que contará con los agentes económicos y sociales
Destaca la importancia de las cualificaciones profesionales en un contexto de ecologización de la economía que “abre nuevas oportunidades de generar crecimiento económico y empleo»
La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este viernes, durante su comparecencia en comisión en el Parlamento de Canarias, que el departamento que dirige ya está planificando la redacción de la nueva Estrategia Canaria para la Activación del Empleo, un documento marco para los próximos dos años en cuya elaboración se contará “con la participación de los agentes sociales y económicos”. Así, la consejera abogó por vincular la nueva estrategia a las nuevas economías circular, verde y azul, una “ecologización de la economía” que abre “nuevas oportunidades a la hora de generar crecimiento económico y empleo, pero también nos plantea nuevos retos”.
Durante su intervención, destinada a explicar las acciones en materia de cualificaciones profesionales puestas en marcha por la Consejería, Máñez explicó que los cambios sociales de los últimos años; la dificultad para conseguir un empleo; la reestructuración del mercado de trabajo y las innovaciones tecnológicas, entre otras cuestiones, han provocado que “los sectores productivos demanden una mejora de las cualificaciones profesionales del activo humano”. “Las competencias de hoy igual no nos valen para los trabajos de mañana y las nuevas competencias pueden quedar desfasadas con mucha rapidez”, apuntó.
Como relató la consejera, el Instituto Canario de la Cualificaciones Profesionales, con el objetivo de cumplir con la mejora de la cualificación profesional del tejido productivo de Canarias, ha llevado a cabo dos convocatorias de evaluación y acreditación de competencias profesionales durante el año 2019, procedimientos en los que participaron alrededor de 1.158 personas trabajadoras provenientes de diferentes familias profesionales, como administración y gestión, hostelería y turismo, actividades físicas y deportivas, seguridad y medio ambiente o comercio y marketing, entre otras. “Estos procesos de acreditación se llevan a cabo desde el año 2010 y hasta la fecha se han realizado 19 convocatorias, dando oportunidad de acreditar sus competencias a más de 10.000 personas”, añadió.
Elena Máñez señaló que la nueva Estrategia para la Activación del Empleo en Canarias “estará respaldada por un amplio diálogo social, el mismo que ha marcado la acción del Gobierno desde el comienzo de la legislatura” y permitirá dar un nuevo impulso a las políticas activas de empleo, en la línea de garantizar un empleo de calidad para la ciudadanía de Canarias, con una orientación clara hacia la ecologización de la economía canaria.
La consejera recordó que el Gobierno de progreso se ha fijado “el compromiso compartido de no dejar a ninguna persona atrás”, lo que implica “reducir las desigualdades cronificadas en nuestra tierra, mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, ampliar las oportunidades disponibles en el ámbito del empleo, reducir la brecha de género y por supuesto, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.