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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

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La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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La juventud canaria “conoce y sabe lo que es la igualdad entre mujeres y hombres pero no la lleva a la práctica”

El ICI analiza las respuestas de 1.179 chicas y 1.209 chicos de 14 a 29 años, y las opiniones vertidas sobre violencia de género por 86 participantes en 8 grupos de debate y 26 entrevistas

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha presentado el diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género generado a partir del análisis de las respuestas de 1.179 chicas y 1.209 chicos de 14 a 29 años, y las opiniones vertidas sobre violencia de género por 86 participantes en 8 grupos de debate y 26 entrevistas.

Fumero explicó que este diagnóstico ofrece en líneas generales “un panorama positivo” al respecto pero evidencia que la juventud canaria avanza en diferentes velocidades. “Conoce y sabe lo que es la igualdad entre mujeres y hombres -explicó- pero no lo lleva a la práctica, reconocen abiertamente las desigualdades y se posicionan en contra de la violencia de género pero hay datos que nos preocupan mucho y es que el 40% de hombres jóvenes reconoce recurrir a la pornografía como fuente de información sobre las relaciones afectivas y sexuales, se intuye que puede ser mayor el porcentaje, y el 22% ha ejercido violencia”.

En cuanto al conocimiento más cercano de este problema, un 70% de las mujeres jóvenes han vivido o conocen casos de violencia de género, el 20% de ellas declara haberla sufrido, y en torno al 40% considera bastante o muy probable sufrir violencia en el futuro.

Otro de los aspectos que Fumero calificó de preocupante es la generalización de las prácticas de control en la pareja, “las relaciones tóxicas basadas en el control, el acoso sexual, las nuevas formas de violencia, sobreexposición y humillación de las mujeres en los medios digitales; el amplio consumo de pornografía basado en prácticas sexuales de dominación, cuando no denigrantes o abiertamente violentas contra las mujeres, o las prácticas de ligue, que son uno de los principales reductos de exhibición y ejercicio de la masculinidad dominante”.

Como detalla el diagnóstico, los resultados muestran un momento de transición, “un terreno claramente en disputa” entre las inercias y la irrupción de cambios que conducen a discursos y prácticas contradictorias. Se avanza en las percepciones y posicionamientos frente a la violencia y sus raíces, pero “las prácticas aparecen muchas veces estancadas por el peso de las estructuras de dominación”.

De acuerdo a los últimos datos aportados por el INE sobre violencia de género, durante el año pasado (2019) en Canarias 271 chicos menores de 24 años fueron condenados con sentencia firme por casos de violencia de género (31 chicos más que en 2018). 3 de ellos eran adolescentes que todavía no habían cumplido la mayoría de edad.

La directora expuso que, ante los resultados de la encuesta, los retos inmediatos en la materia son “seguir trabajando para consolidar los cambios en el discurso, extenderlos a la totalidad de la población joven, y sobre todo, reforzar o crear las condiciones estructurales para que puedan traspasar la barrera del discurso y permear las prácticas. De las condiciones materiales, sociales y estructurales que se logre interponer para posibilitar la extensión y consolidación de estos cambios dependerá que estas posibilidades se conviertan en una realidad cotidiana libre de violencia de género para la juventud”.

El proceso se inició en verano del 2020

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), inició en verano del año pasado el trabajo de campo para la redacción de un diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo de este diagnóstico ha sido conocer en profundidad cómo vive y entiende la juventud canaria la violencia de género para abordar el trabajo de prevención que se impulsa desde el ICI.

La primera fase de estudio, de carácter cualitativo, se realizó mediante entrevistas y talleres en las que participaron jóvenes de diferentes ámbitos. La segunda fase consistió en la realización de más de 2.000 encuestas que se promocionaron en las redes sociales.

Al cuestionario online se respondía de forma anónima, e iba dirigido a personas de entre 14 y 29 que residieran en Canarias.

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El ICI lanza una campaña sobre el recurso ‘Mascarilla-19’ para llegar a más mujeres víctimas de violencia de género

La directora del ICI, Kika Fumero, argumenta la necesidad de una campaña en medios tradicionales que “permita llegar a muchas más mujeres que, por diferentes motivos, todavía desconocen que pueden pedir ayuda en su farmacia si lo precisan”

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) lanzará a lo largo del mes de diciembre una campaña publicitaria sobre el recurso Mascarilla-19, creado durante el confinamiento para que las mujeres que pudieran estar viviendo una situación de violencia de género, pidieran ayuda en las farmacias y que en Canarias se ha mantenido como un recurso estable. La campaña, que hoy inicia su andadura en redes sociales con el lema “Pide en farmacia mascarilla-19. En la farmacia sabrán que tienen que llamar al 112”, comenzará su difusión en televisión, radio y prensa escrita el próximo 10 de diciembre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

La directora del ICI, Kika Fumero, argumenta que “a pesar de que este protocolo se hizo viral cuando lo pusimos en marcha en Canarias, y tuvo repercusión en numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales, queremos llegar a muchas más mujeres que por diferentes motivos: por brecha generacional, por cuestiones socioeconómicas o sencillamente por que son mujeres con poca o nula asiduidad al entorno digital, todavía desconocen este nuevo recurso y que por tanto pueden pedir ayuda en su farmacia si lo precisan”.

La campaña se compone de anuncios en prensa escrita y digital con las que contempla 318.000 impresiones, vídeos para las redes sociales (Facebook, Youtube e Instagram) con los que se prevé alcanzar más de 70.000 impresiones; en televisiones se emitirán 2.231 pases del anuncio (303 en televisiones auditadas), y en radio un total de 386 cuñas. También incluye la inserción de la imagen fija en soportes exteriores como mupis y marquesinas.

Fumero explica que la creatividad en el anuncio televisivo muestra las farmacias como un espacio seguro y un bucle de mujeres diferentes con el que “hemos querido transmitir el carácter estructural de la violencia de género, las conductas machistas que amparan esta violencia contra las mujeres no entienden de raza, clase, funcionalidad o edad, se reproducen en cualquier ámbito”. “Además -explica- trasladamos la violencia de género a un lugar comunitario, un asunto compartido y no una cuestión personal, concreta e individual”.

En este sentido ahonda que “una de las conclusiones más importantes de la aplicación de Mascarilla-19 durante el confinamiento, y en las que coincidimos responsables de diferentes países donde se aplicó, fue el hecho de que generara mayor conciencia social sobre la violencia de género, y sobre todo, que permitiera que la violencia de género fuera en menor medida un problema privado, de puertas adentro, y pasara a ser un problema colectivo cuya erradicación depende de todas las personas”.

En las cuñas de radio, la campaña capta la atención del oyente jugando con el hecho de que va a escuchar información relevante sobre los síntomas del coronavirus, pero al final revela algunos de los efectos secundarios de vivir con un maltratador. La idea principal es que una medida para proteger del coronavirus, es el uso de la mascarilla, y cómo solicitando una mascarilla 19, también pueden protegerse y ponerse a salvo del maltrato.

“Es evidente que las farmacias son unas perfectas aliadas -asegura la directora del ICI- siempre tenemos alguna cerca y de guardia, son un referente de la salud de las familias y ahora se han convertido en agentes activos en la erradicación de violencias machistas”. “Cuando se implantó el recurso desde algunas farmacias -recuerda- expresaron su miedo a posibles represalias, pero a medida que avanzó y vieron el gran trabajo que podían hacer para ayudar a las víctimas, olvidaron el miedo y sintieron el orgullo de ser agentes que protegen y dan la alarma para ayudar a víctimas”.

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El Hospital Dr. Negrín se suma a la prevención del maltrato en el Día de la Violencia de Género

A través de carteles con mensajes de apoyo a la mujer, profesionales del centro hospitalario y de la empresa CLECE han querido visibilizar este problema de escala mundial que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo

El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se suma a los actos conmemorativos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer que se celebra este miércoles, 25 de noviembre. La iniciativa llevada a cabo en el centro hospitalario parte de la empresa CLECE que ha querido recordar la igualdad de derechos de la mujer.

A través de carteles con mensajes de apoyo a la mujer, profesionales del Hospital Dr. Negrín y de la empresa CLECE han querido visibilizar este problema de escala mundial que afecta a millones de niñas y mujeres en el mundo. Con este gesto se busca además apoyar cambios duraderos en el ámbito legislativo, social y cultural que protejan a la mujer de todo tipo de actos violentos por su género, combatir la discriminación y fomentar la igualdad, de manera que así se pueda reforzar la autonomía y valía de las mujeres víctimas de violencia de género y maltrato.

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La DG de Justicia constata un aumento de las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

Aumentan las llamadas por violencia de género coincidiendo con el confinamiento

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, elabora un estudio de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre los primeros resultados, el estudio revela que las llamadas al 016 se han incrementado entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ), Marta Bonnet, participaron hoy en la inauguración de las Jornadas sobre Violencia de Género organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma, acto que presentó el presidente del mismo, Juan Antonio Rodríguez, e inauguró el vicedecano de la institución, José Miguel Jaubert. Entre otros aspectos, Bonnet se refirió al estudio que lleva a cabo la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez, a través de la DGRAJ, de analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano mediante un mapa de datos georreferenciado con el caso de uso de mujeres víctimas de violencia de género. Entre sus primeros resultados, reveló la directora general, figura la constatación objetiva del incremento de llamadas al 016 entre el primer y el segundo trimestre del año, periodo que coincide con el confinamiento que tuvo lugar debido a la pandemia de Covid-19.

Bonnet explicó que, mientras que el primer trimestre se registraron 681 llamadas de la propia usuaria, en el segundo la cifra llegó a 1.045. En el caso de las familias y personas allegadas, se produjeron 292 llamadas en el primer trimestre, por 392 en el segundo trimestre, y las llamadas realizadas por otras personas fueron 57 en el primer trimestre, por 73 en el segundo.

No se trata de datos esperanzadores, afirmó Vallejo, que lamentó que el confinamiento a causa de la pandemia ha exacerbado los aspectos más negativos de la violencia de género, como el secretismo o las conductas machistas que se observan entre la gente más joven.

Por su parte, la directora general indicó que se podría pensar que el periodo de confinamiento o la declaración del estado de alarma supusieron un momento de desaparición de los casos de violencia de género, pero que, en realidad, no fue así. En marzo, cuatro mujeres fueron asesinadas; en abril, en pleno confinamiento, una más; en mayo, otras dos; en junio, una más, y ya en julio la cifra volvió a ascender a cuatro y se multiplicó por dos en agosto, llegando a ochos las mujeres asesinadas. La única víctima mortal de abril lo fue, además en Canarias, remarcó Bonnet.

La pandemia también ha conducido a un fuerte aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas. En efecto, con las medidas de confinamiento en vigor, muchas mujeres se encuentran atrapadas en casa con sus maltratadores, con dificultades para acceder a servicios de ayuda, advirtió Bonnet. Los nuevos datos muestran que, desde el brote de la pandemia, la violencia contra las mujeres y las niñas (y, especialmente, la violencia doméstica) se ha intensificado.

Además, Bonnet, adelantó que la DGRAJ ha encargado al Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres un estudio sobre la perspectiva de género en las normas dictadas en materia de justicia durante el periodo de confinamiento con la intención de verificar el grado de cumplimiento del propio legislador, o del Ejecutivo cuando dicta normas jurídicas y de la observancia de la perspectiva de género. La directora general, que al igual que la viceconsejera, agradeció al Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su invitación a participar en la sesión inaugural de las jornadas, afirmó que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible, tal y como señala Naciones Unidas, apostilló Bonnet.

En este sentido, explicó que, si bien se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como más niñas están escolarizadas, que se obligue a menos niñas al matrimonio precoz, que hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de liderazgo, o que las leyes se están reformando para fomentar la igualdad de género, todavía existen muchas dificultades, como el hecho de que siguen siendo generalizadas las leyes y normas sociales discriminatorias.

Vallejo también se refirió a las conquistas en el terreno legal que permiten hablar hoy día de un importante recorrido en esta materia, a pesar de los malos datos. El hecho de que las normas hayan reconocido la existencia de la violencia de género es, en sí mismo, un paso de gigante en relación al panorama anterior, explicó Vallejo, que repasó algunas situaciones en las que aún queda mucho trabajo por hacer, como la situación de las y los menores, las y los grandes olvidados en estos casos.

Bonnet afirmó que la pandemia de la Covid ha puesto de manifiesto aún más el desequilibrio entre las mujeres y los hombres, y señaló que, según las Naciones Unidas, las mujeres desempeñan un papel desproporcionado en la respuesta al virus como trabajadoras sanitarias en primera línea y como cuidadoras en el hogar. El trabajo de cuidados no remunerado de las mujeres ha aumentado de manera significativa como consecuencia del cierre de las escuelas y el aumento de las necesidades de los ancianos. Además, también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan mayoritariamente en mercados laborales inseguros. Explicó que cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, especialmente en trabajos domésticos o itinerante, como la venta de productos, lo que las expone aún más a caer en la pobreza.

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La viceconsejera de Justicia participa en la presentación del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote

El acto tendrá lugar de manera telemática con unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, presentará el próximo 28 de octubre el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre gracias a una subvención concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez. Con motivo de este acto se celebrarán, de manera telemática, unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género.

En dichas jornadas se contará con tres ponencias que analizarán y expondrán la organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de Lanzarote, la normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al finalizar cada ponencia habrá turno para el debate entre ponentes y asistentes.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas; y el juez decano del Partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz. Posteriormente tendrá lugar la primera de las tres ponencias del día que versará sobre El Nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife: Organización y Funcionamiento y en la que participa la psicóloga-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, Daura Hernández.

La siguiente ponencia la dará la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien hablará sobre El futuro reglamento de Puntos de Encuentro Familiar, que en la actualidad se está elaborando tras haber estado abierto a consulta ciudadana. Por último, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Silvia Muñoz, cerrará la jornada con su conferencia Punto de Encuentro y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las jornadas, que son gratuitas, están dirigidas principalmente a profesionales jurídicos, aunque también están abiertas a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que que puedan tener interés en el funcionamiento, gestión, fines y objetivos de los puntos de encuentro familiar. Para asistir a ellas hay que completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.jornadaspuntodeencuentroarrecife.com.

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote está situado en el barrio de Altavista, en Arrecife, y está gestionado por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia, a través de una subvención de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Durante este 2020 la Consejería ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales en Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura, que se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En todos estos centros, las prestaciones de los servicios corren a cargo de ONG especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

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Los IML incorporan a diez profesionales de la psicología para atender a víctimas de violencia de género

La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

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Noemí Santana detalla las acciones impulsadas por el Gobierno canario contra la violencia machista

Durante el pasado mes el servicio de violencia del 112 registró 1.527 llamadas, 319 más que en enero y 128 más que en julio

La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, manifestó en comparecencia parlamentaria, su preocupación por los últimos datos registrados en Canarias en cuanto al número de llamadas al 112 por violencia de género e informó que agosto “ha sido el mes con más llamadas de este año al Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género”. A lo largo del pasado mes, este servicio telefónico registró un total de 1.527 llamadas, 319 más que en enero y 128 más que en el pasado mes de julio.

En cuanto a la tipología, la mayoría (1.032) el 68% del total de llamadas, fueron de emergencia lo que supone peligro inminente para la víctima. Estos datos suponen que respecto al mes de enero, las llamadas de emergencia han aumentado un 34% y respecto a mes anterior de julio un 12%.

El acumulado del año registra 10.450 llamadas al 112 desde enero, una media de 43 llamadas diarias. El 52% se registraron en las islas orientales y el 48% en islas occidentales.

La consejera,que recordó que este año ya han sido asesinadas tres mujeres en las islas y 95 desde que se iniciara el cómputo oficial en 2003 a consecuencia de la violencia machista aseguró que “nunca se habla lo suficiente de violencia machista, nunca, mientras siga muriendo asesinada una sola mujer”.

Respecto al presupuesto que su departamento dedica en materia de igualdad la consejera hizo alusión al incremento de la partida presupuestaria en este año para el ICI del que ya se ha ejecutado más del 70% y la creación de la Viceconsejería de Igualdad que está trabajando con todos los colectivos y en el marco de la Estrategia de Transición igualitaria ya aprobada por el Gobierno.

Casi 800.000 euros en ayudas directas a mujeres con orden de alejamiento y sin recursos. La consejera informó que el ICI ha abonado en ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género (artículo 27 de la ley 1/2004 ) 771.904,38 euros en el último año, desde agosto de 2019 a agosto de 2020, lo que supone 200.000 euros más que en el mismo periodo del año anterior (de agosto 2018 a 31 julio 2019 se abonó 511.317 euros por el mismo concepto).

Reforzamiento a las mujeres víctimas. Noemí Santana repasó las acciones impulsadas en este año a través del Instituto Canario de Igualdad (ICI) que dirige Kika Fumero y destacó entre otras, la campaña Mascarilla-19 que, ha sumado a las farmacias para dar cobijo a las mujeres víctimas y “ha permitido a la ciudadanía tomar consciencia de este grave problema social”.

“Mascarilla-19 se ha convertido en un emblema internacional y ha situado a Canarias como ejemplo de la lucha contra la violencia de género” aseguró al tiempo que anunció que se quedará como recurso añadido en Canarias a los ya existentes.

En la misma línea señaló que junto al protocolo Mascarilla-19, el ICI ha impulsado este año diferentes acciones para reforzar la información y protección de las mujeres como el Plan de seguridad para víctimas de violencia de género durante el confinamiento por el Covid-19”,cuatro guías, que cuentan con el sello de la Asociación Lectura Fácil, y que contienen información específica para mejorar la protección de las mujeres con indicaciones para las propias mujeres pero también para el entorno.

En este periodo se ha actualizado la app Redvican y se ha editado la Guía Red de Apoyo sobre servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Canarias que reúne todos los recursos insulares y municipales.

Recordó también la aprobación de un nuevo protocolo institucional que ya se ha empezado a aplicar en los actos de condena tras los feminicidios, el decálogo dirigido a mejorar el tratamiento informativo de la violencia de género en los medios de comunicación y la elaboración de un estudio sobre la percepción de la violencia de género que tiene la juventud.

 

 

 

 

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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El ICI insta a la alcaldía de Puerto del Rosario a proteger a la trabajadora que ha denunciado acoso sexual

En una carta remitida al alcalde del municipio, Juan Jiménez, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, afirma que el Ayuntamiento debe proteger a la víctima de violencia de género y prevenir la realización de hechos como los denunciados

“El Ayuntamiento no solo debe proteger a la víctima de violencia de género poniendo en marcha los mecanismos legales y las actuaciones procedentes para poner fin a la situación vulneratoria; sino que, además, debe prevenir que hechos como los denunciados se produzcan”.

Con esta contudencia se manifiesta la directora del Instituto Canario de la Mujer, Kika Fumero, en una  carta remitida al alcalde de Puerto del Rosario, Juan Jiménez, en la que le insta a proteger a una trabajadora del Ayuntamiento que acusa a un concejal de acoso sexual.

En la carta remitida al alcalde, la directora del Instituto Canario de la Mujer manifiesta “la más profunda preocupación generada por los hechos acontecidos en esa Corporación en relación con la presunta comisión de un delito de acoso sexual por parte de un miembro del equipo de gobierno, del que ha sido víctima una mujer que, hasta hace pocos días, en que se produjo su cese, ha estado vinculada con el Ayuntamiento por un contrato de personal eventual y de los que se han hecho eco ampliamente los medios de comunicación isleños”.

Ante esta situación, el ICI ha instado al alcalde de Puerto del Rosario a que, como medida cautelar, “acuerde la suspensión en el ejercicio de las responsabilidades de gobierno que tiene atribuidas el cargo público denunciado mientras se sustancia el correspondiente procedimiento judicial que, según los medios, ha iniciado la víctima”.

En la misiva, la directora del ICI recuerda que la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género incluye en su ámbito de aplicación y, por lo tanto, conceptúa como violencia de género todas las manifestaciones de violencia ejercida sobre las mujeres por el hecho de serlo que implique o puedan implicar daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

“Es, por tanto, indispensable que el Ayuntamiento adopte medidas dirigidas a proteger a la mujer/trabajadora, víctima de violencia de género, incluso, con carácter cautelar, poniendo en marcha protocolos específicos, si la institución dispone de los mismos, o las medidas procedentes para evitar que se sigan produciendo los actos a los que se hace referencia en los medios de comunicación como institución pública y como parte empleadora”, subraya Fumero.

 

 

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